MURCIA.- El fiscal pide ocho años y seis meses de
cárcel para el exdirector general de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero y
el exsubdirector general del mismo departamento José María Ródenas, a
los que acusa de prevaricación por la reclasificación de terrenos
protegidos de La Zerrichera, en los que se proyectaba una urbanización
con miles de viviendas y varios campos de golf en el municipio de
Águilas. En su escrito de acusación el fiscal propone la apertura de
juicio oral tras un proceso que lleva diez años en los tribunales, según adelanta hoy 'La Opinión'.
También
pide cuatro años y seis meses de prisión para el exdirector general de
Calidad Ambiental Antonio Alvarado. Al exalto cargo de la consejería de
Medio Ambiente lo considera «autor de un delito continuado de
prevaricación por emisión de la declaración de impacto ambiental e
inductor o cooperador necesario en la aprobación definitiva de la
reclasificación del proyecto» y de «falsedad en documento público».
La
pena solicitada para Juan Ignacio Gelabert, que era jefe de servicio de
la dirección general de Calidad Ambiental, se queda en cuatro años.
Aunque
también acusa a Encarna Muñoz, que fue directora general del Medio
Natural, de un delito continuado de prevaricación, propone para ella la
inhabilitación para cargo público durante un periodo de diez años.
Recuerda
que la Unión Europea había concedido a laCconsejería de Agricultura,
Agua y Medio ambiente en 2002 una subvención para la conservación de la
zona de especial protección de aves (ZEPA) denominada Sierra de
Almenara, Las Moreras y Cabo Cope, dento de la cual se encuentran los
terrenos de La Zerrichera, al tratarse de un espacio que acogía a
poblaciones de águilas en peligro de extinción en la Región.
El
ministerio público añade que «la triple protección medioambiental,
urbanística y territorial» del suelo llevó al exdirector general del
Medio Natural, Carlos Brugarolas, a rechazar cualquier actuación
urbanística, al considerar que sería «incompatible con la conservación
de los valores naturales de la zona». Este informe dio pie a que el
ayuntamiento de Águilas archivara en diciembre de 2005 el proyecto que
había presentado el empresario Trinitario Casanova, presidente entonces
del Grupo Hispania y promotor de la urbanización.
Sin embargo, el
fiscal sostiene que Antonio Alvarado y Encarna Muñoz consiguieron
reactivar el proyecto, contando con la colaboración de Juan Ignacio
Sánchez Gelabert, jefe del servicio de Calidad Ambiental, y forzaron «de
modo arbitrario e ilógico la apertura de un expediente de
reclasificación urbanística municipal a fin de poder dictar una
evaluación de impacto ambiental» y de utilizar artimañas para sacar
adelante la tramitación.
A Manuel Alfonso Guerrero y a José María
Ródenas los responsabiliza de elevar al entonces consejero de Obras
Públicas, Joaquín Bascuñana, la orden por la que se aprobaba
definitivamente la modificación del Plan General de Águilas «para
calificar como suelo urbanizable sectorizado terrenos del paraje de La
Zerrichera". Añade que el consejero desconocía «la injusticia y
arbitrariedad de la decisión».
Sin embargo, tras la aprobación
definitiva del proyecto en el ayuntamiento de Águilas y con los terrenos
vendidos ya por el Grupo Hispania, el entonces director de Calidad
Ambiental tuvo conocimiento de las denuncias presentadas por la vía
penal y envió una nueva notificación al Consistorio dando «carpetazo» al
asunto y diciendo al alcalde que era necesario aprobar previamente el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Almenara.
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