MURCIA.- La Fiscalía del TSJ ha denunciado por presunta
corrupción al exconsejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y
a otras 20 personas por las obras de la desalinizadora de Escombreras.
Entre los denunciados por el Ministerio público figuran también varios funcionarios y representantes de distintas empresas que habrían participado en los presuntos hechos delictivos.
Para el fiscal, en torno a esta planta se llevaron a cabo numerosas maniobras en perjuicio del erario público, algunas de las cuales girarían en torno a la constitución de una empresa pública, en 2006, que fue la encargada de adquirir las instalaciones en ese valle industrial de Cartagena.
A la vista de la investigación de la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, administración desleal y prevaricación.
La planta costó unos 117 millones de euros y el contrato de alquiler del Gobierno de Murcia lo obliga al pago de 600 en un plazo de 25 años, hasta 2034.
De acuerdo con la denuncia, de lo investigado hasta ahora podrían deducirse una serie de indicios que es preciso corroborar, por lo que se solicita que el juez proceda a la apertura de diligencias con ese fin.
De ser admitida a trámite la denuncia, han dicho hoy fuentes judiciales, el juez en el que finalmente recaiga el asunto por reparto podría reclamar al Gobierno de Murcia el expediente de la desalinizadora y llamar a declarar a los denunciados.
Si así fuera, esta infraestructura sería objeto de una doble investigación, ya que desde el pasado septiembre el Parlamento autonómico se ocupa de investigar los entresijos de su construcción y todo lo que la rodeó.
Entre los denunciados por el Ministerio público figuran también varios funcionarios y representantes de distintas empresas que habrían participado en los presuntos hechos delictivos.
Para el fiscal, en torno a esta planta se llevaron a cabo numerosas maniobras en perjuicio del erario público, algunas de las cuales girarían en torno a la constitución de una empresa pública, en 2006, que fue la encargada de adquirir las instalaciones en ese valle industrial de Cartagena.
A la vista de la investigación de la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, administración desleal y prevaricación.
La planta costó unos 117 millones de euros y el contrato de alquiler del Gobierno de Murcia lo obliga al pago de 600 en un plazo de 25 años, hasta 2034.
De acuerdo con la denuncia, de lo investigado hasta ahora podrían deducirse una serie de indicios que es preciso corroborar, por lo que se solicita que el juez proceda a la apertura de diligencias con ese fin.
De ser admitida a trámite la denuncia, han dicho hoy fuentes judiciales, el juez en el que finalmente recaiga el asunto por reparto podría reclamar al Gobierno de Murcia el expediente de la desalinizadora y llamar a declarar a los denunciados.
Si así fuera, esta infraestructura sería objeto de una doble investigación, ya que desde el pasado septiembre el Parlamento autonómico se ocupa de investigar los entresijos de su construcción y todo lo que la rodeó.
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