MURCIA.- El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del
Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, ha defendido que la Ley de
Aguas se publicó un día antes de la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) y no se aplicó, entre otras cosas, porque su
redacción admitía "muchas interpretaciones" según diversos juristas;
mientras que el plan parcial de Joven Futura se aprobó un día antes de
la llegada del informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)
sobre la disponibilidad de recursos hídricos en la zona.
En una
rueda de prensa, Navarro ha considerado que se trata de una "polémica
interesada" que los grupos políticos de la oposición están llevando a
cabo "en relación a la cooperativa Joven Futura" y a la sentencia del
Tribunal Supremo que anula la reclasificación de los terrenos sobre los
que se asienta.
Navarro ha admitido que la sentencia del Tribunal
Supremo dice que no existe un informe de recursos hídricos respecto a la
modificación 50 del PGOU, y ha reconocido que el Ayuntamiento cumplirá
con la sentencia desde un punto de vista "formal", lo que implica
someter el plan al informe de la CHS, que actualmente confirma un
suministro de agua suficiente, por lo que asegura que no habrá
"afectación a los vecinos".
El concejal ha recordado que el PGOU
se aprobó el 24 de junio de 2005 y solo un día antes, el 23 de junio, se
había aprobado la modificación de la Ley de Aguas en el Boletín Oficial
del Estado (BOE). No obstante, Navarro explica que esta modificación
podía tener "muchas interpretaciones" y, de hecho, hay informes
jurídicos que señalaban que "no era aplicable en ese momento porque
requería un desarrollo reglamentario, y que esos informes eran
preceptivos pero no vinculantes".
"Es decir, existían muchos
informes jurídicos que aludían a la no aplicación del informe de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)", destaca Navarro. A su
juicio, "todo el mundo puede entender que era muy complicado hacer una
interpretación como la que ahora ha hecho el Tribunal Supremo, diez años
después".
Además, destaca que todos los informes "estarían ya
hechos" en el momento de producirse la modificación de la Ley de Aguas,
porque se trata de un expediente "voluminoso". La firma del consejero se
hizo un día después, por lo que "ya estarían todos los informes hechos,
que requieren un tiempo en prepararse y tramitarse".
Tras la
modificación del PGOU, el Ayuntamiento procedió a la redacción del Plan
Parcial, que fue aprobado el 24 de noviembre de 2005 y el informe de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) llegó "después de su
aprobación definitiva".
Por ello, cuando se aprobó el Plan
parcial, "no había ningún informe contrario de la CHS". Además, critica
que el informe del organismo está "condicionado", ya que gobernaba el
PSOE que, en ese momento concreto "estaba bloqueando los desarrollos
urbanísticos en el Levante español en relación al agua porque estaba
construyendo las desaladoras".
La CHS, según Navarro, decía en
2005 que a corto plazo "habría recursos hídricos" aunque en ese momento
no los habría. Con todo, defiende que los hechos y la realidad "han
demostrado que existen recursos hídricos". De hecho, según la empresa
municipal de agua, "constan datos de alta de 1.349 contratos y que se
suministran 371.027 metros cúbicos".
Además, Navarro indica que la
propia CHS cambió el criterio y señala que, a partir de 2012, los
recursos disponibles pueden totalizar un volumen de más de 100
hectómetros cúbicos la demanda actual, posibilitando el abastecimiento
de una población superior al millón de habitantes, lo que "da la razón
sobre la existencia de esos recursos hídricos".
Por ello, cree que
las acusaciones por parte de la oposición son "absolutamente
interesadas y con falta de ética", aunque se ha comprometido a cumplir
la sentencia desde un punto de vista "formal".
En
primer lugar, Navarro ha desmentido que él fuera director general de
Urbanismo o que el actual alcalde, José Ballesta, fuera consejero de
Obras Públicas en el año 2005, que es cuando se aprobó la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan parcial de la
zona de Joven Futura.
En este sentido, ha recordado que Ballesta
era rector de la Universidad de Murcia ese año, mientras que el propio
Navarro no fue director general de Urbanismo hasta 2007, por lo que este
extremo, "reiterado por la oposición", es "falso". No obstante,
sostiene que las personas que, en su momento, ostentaron dicha
responsabilidad "pueden estar muy tranquilos".
En cuanto al
entonces gerente de la Urbanizadora Municipal del Ayuntamiento de Murcia
(Urbamusa), Roque Ortiz, defiende que tampoco tenía "ninguna relación"
porque en aquel momento llevaba dos meses en el cargo y porque Urbamusa
es una empresa urbanizadora y mixta que "lo único que hace es redactar
el proyecto por encargo" pero "no tiene ninguna responsabilidad en la
tramitación", algo que corresponde al Ayuntamiento y a la Comunidad.
En
segundo lugar, ha lamentado que se están "reabriendo" mensajes
"demagógicos" que apuntan a que la construcción de la cooperativa Joven
Futura estaba "favoreciendo la especulación". Al contrario, Navarro ha
defendido que "lo único que hay son unas viviendas para jóvenes" y tanto
el Ayuntamiento como la Comunidad tomaron una decisión "valiente" para
"facilitar una vivienda que hoy están disfrutando más de 1.500 jóvenes
del municipio".
"No sabemos dónde está la especulación ni el
pelotazo, lo que sí sabemos es que esto lo único que hace es perjudicar a
los vecinos", según Navarro, quien ha pedido a la oposición que "ya
está bien de seguir mezclando y confundiendo a la opinión pública".
Ha
destacado que el Equipo de Gobierno se está "dejando la piel" para
"resolver problema", y en este caso se ha reunido con los vecinos, que
"saben perfectamente que la sentencia no afecta a las licencias
concedidas ni a la urbanización que ya está ejecutada", por lo que
"basta ya de confundir y de alarmar".
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