Las leyes sobre regeneración democrática impulsadas por el anterior
Gobierno, presidido por Alberto Garre, provocaron la indignación del
presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, quien debió leerlas como
enmiendas a su modo de gobernar en la larga etapa que protagonizó desde
San Esteban. Esta es la razón de que la última de aquellas iniciativas,
el Estatuto del Cargo Público, saltara del orden del día de la Asamblea
Regional cuando estaba a punto de votación, una vez que se hizo público
que Garre no sería el candidato del PP en las autonómicas. A esto, en
jerga parlamentaria, se denomina ‘dejar que decaiga’.
Se entiende bien que este Estatuto resultara molesto, pues regula,
entre otras cosas, si los altos cargos del Gobierno pueden o no realizar
viajes de placer a cargo de empresas privadas (farmacéuticas o no) o
qué tipo de regalos pueden aceptar directa o indirectamente. También
impone la declaración de bienes e intereses de los responsables
políticos, establece las dietas e indemnizaciones a que tienen derecho,
las ocupaciones incompatibles tras el periodo de gestión para evitar las
‘puertas giratorias’, el cobro por cesantías, el veto al acceso a
políticos condenados por corrupción… En fin, los principios éticos que
han de presidir las ejecutorias públicas, con la inclusión del tipo de
sanciones para quienes no las observen.
Pues bien, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ha recuperado este
proyecto en su primera tanda legislativa enviada al Parlamento murciano.
Aplausos. Lo que no se entiende bien es que haya que empezar por el
principio, es decir, a recabar informes para avalar la propuesta cuando
la anterior ya aparecía arropada por los del Consejo Económico y Social y
el Consejo Jurídico. Bastaría con que el Grupo Popular presentara el
texto ‘decaído’ como proposición de ley e introdujera en el trámite las
enmiendas necesarias para modificarlo si es que pretendiera hacerlo. De
este modo, el Estatuto podría ser aprobado en quince días, mientras que
si se empieza desde cero habrá que esperar varios meses. A no ser que de
lo que se trate sea de borrar la huella de Garre.
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