La
visita de Rato al ministro Fernández Díaz ha provocado un gran revuelo
en la opinión. No ha faltado el habitual aguafiestas recordando que si
tan esperpéntica cita se hubiera producido en cualquier otro país
europeo, el ministro habría dimitido ya o estaría destituido entre la
rechifla general. En España, no. Que un presunto delincuente acuda a una
reunión "cordial" con el ministro del Interior no tiene nada de
extraño. Es posible que Rato busque consejos, información privilegiada o
haya ido a chantajear a la autoridad con la cantinela de que si no le
ayudan, canta. Todo es posible porque la reunión, ha sido secreta. ¿Y no
dimite el ministro?
Claro
que no. Esto es España. Rajoy enviaba SMS de aliento a otro presunto
delincuente tras saberse ya que lo era y no dimitió. De Guindos tambien
recibió a Granados cuando era público que este tenía cuentas en Suiza y
era carne de presidio. Y tampoco dimitió. Esperanza Aguirre tenía tanta
amistad con el jefe de la patronal, Díaz Ferrán, hoy en la cárcel por
presunto chorizo, que este la consideraba cojonuda. La tal cojonuda tiene
también amistad con otro de estos empresarios neoliberales que viven de
mamandurrias y enchufes proporcionados por sus amigos políticos. Y más
aún, sus gobiernos estaban literalmente repletos de delincuentes o
presuntos delincuentes que hasta se espiaban entre sí y ella misma se ha
salvado de un juicio por un hit & run de típica pija por los pelos. Y no dimite.
En
España, hoy, no hay mayores diferencias entre gobernantes y
delincuentes o presuntos delincuentes. Están mezclados. Son lo mismo. Es
un gobierno de delincuentes o presuntos delincuentes, apoyado en una
partido que más parece partida de malhechores. Son granujas que cometen
todo género de tropelías, desde cobrar sobresueldos (caso de Rajoy y
varias docenas más de chupones de la vida pública durante veinte años) a
imponer comisiones, falsificar documentos, estafar, malversar... toda
una ristra de delitos. El país vive gobernado por una trama de presuntos
mafiosos con redes delictivas po doquier y no dimite nadie, ni se da
explicación alguna, ni nadie comparece en el Parlamento, aunque solo sea
para que el pobre Pedro Sánchez deje de hacer el ridículo pidiendo
comparecencias que nunca se aceptan porque no tiene valor para presentar
una moción de censura.
No
dimiten y no entienden por qué se arma este revuelo. Los hijos y nietos
de Franco creen que el país es su cortijo, que no deben explicaciones a
nadie, que pueden hacer lo que les dé la gana, delinquir, ayudar o
encubrir a los delincuentes, saltarse la ley cuando les parece. Y ¿por
qué actúan así? Porque descienden directamente de Franco, otro
delincuente que, habiendo ganado una guerra, trató durante 40 años el
país como tierra conquistada y la población como vencidos a los que se
podía someter a todo tipo de ultrajes, sevicias y saqueos. Para Franco
no había ley. La ley era su voluntad. Para sus descendientes ideológicos
y biológicos, tampoco. La ley no reza con ellos. Solo con Mas y los
catalanes rebeldes. Y si reza, se cambia de un plumazo. Los fondos
públicos son suyos y, cuando se los apropian indebidamente, en realidad
reponen existencias para pagarse cacerías en el África, chalets en
Baqueira, cocaína en fiestas o retiros millonarios, mientras el conjunto
de la población pasa necesidad. No haber perdido la guerra, pringaos.
La
teoría de las puertas giratorias es insuficiente. Estos del PP no
eligen entre dos opciones: gobierno y empresa privada sino entre tres:
gobierno, empresa privada y delito. Y no necesariamente consecutivas.
Pueden ser simultáneas.
Esta
explicación de la herencia de Franco con un gobierno de presuntos
delincuentes es lo que aclara que puedan darse episodios tan delirantes
a la par que bochornosos, como ese ex-ministro (el peor de Educación de
la democracia) nombrado embajador ante la OCDE para que vaya a hacer
arrumacos a su señora a costa de los contribuyentes que, siendo
españoles, son súbditos a los que cabe esquilmar sin pestañear o, encima
insultándolos. Eso también es lo que explica que un obispo viva en un
palacio siempre a costa del erario, que un presidente del Tribunal
Supremo pase fines de semana a cuerpo de rey con su novio y a costa de
los contribuyentes, que un presidente de comunidad autónoma deficitaria
sistemáticamente viaje a visitar a su novia también a
cuenta de los ciudadanos, que una concejala del PP cargue su lencería a
los fondos públicos, que cuatro enchufados llevaran veinte años cobrando
fabulosa pastuqui por no hacer nada en el IFEMA, siempre a costa de los
contribuyentes.
Sumen
cientos de otros casos en ayuntamientos, Comunidades (especialmente la
andaluza, en donde el robo sistemático cambia al color socialista pero
es igualmente indignante) empresas públicas, autónomas, fundaciones,
ministerios. Decenas, cientos de mangantes y delincuentes con o sin
cargo público, sinvergüenzas que llevan veinte años enriqueciéndose y
habrán dado con la causa de la crisis y la ruina de España.
No es una crisis. Es una estafa.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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