La sentencia del
Alto Tribunal confirma en su integridad la resolución de la Audiencia,
que condenó también por los mismos hechos al arquitecto Francisco Cavas y
al exinterventor municipal Miguel Pérez y rechaza los recursos de
casación presentados por todos ellos.
El Supremo confirma que los
acusados participaron en distintas operaciones tendentes a evitar la
pública concurrencia en los contratos municipales con el fin de que los
mismos fueran adjudicados directamente a la mercantil "P.A., S.L.", de
la que Cavas era administrador único y representante legal.
La
Audiencia, en la sentencia que ahora se ve ratificada por el Tribunal Supremo,
condenó, en todos los casos, como autores de un delito de prevaricación,
a Daniel García, José Saura y Santiago Meroño a diez años de
inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Por su parte,
Cavas fue condenado, como cómplice, a cinco años y seis meses de
inhabilitación especial, y Pérez, igualmente como cómplice, a seis años y
seis meses de inhabilitación para ejercer el cargo de interventor.
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