López insta al Consejo de Gobierno a que adopte las medidas y las
decisiones procedentes para reponer la zona del denominado proyecto de
Puerto Mayor a la situación anterior a 16 de diciembre de 1988,
declarando la caducidad de la concesión concedida a dicha empresa y
reparando los daños medioambientales causados en la zona.
El
diputado socialista recuerda en su moción que el 4 de julio de 1975, el
Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó una resolución por la
que se autorizaba a la mercantil Puerto Mayor, S.A., a que ejecutara la
construcción y explotación de un puerto deportivo en la costa del mar
Mediterráneo de La Manga del Mar Menor, en el 'El Estacio', situado en
el término municipal de San Javier.
Se otorgaba de esa forma una
concesión administrativa por un plazo de cincuenta años, debiendo
desarrollarse las obras según un proyecto que databa del año 1973, obras
que por distintas razones fueron prorrogadas hasta en dos ocasiones,
sufriendo distintas vicisitudes por razón de procedimientos judiciales
que de una u otra forma dilataron cualquier actuación sobre el proyecto.
López
señaló que con nuestro Estatuto de Autonomía en vigor, se aprobó el
traspaso a nuestra Comunidad Autónoma de las competencias en materia de
aeropuertos y puertos deportivos, fijando en esa relación de
competencias la concesión de Puerto Mayor.
Posteriormente, en resolución de 16 de diciembre de 1988, el director general de Carreteras
de la Región autorizó a Puerto Mayor a una prórroga de sesenta meses
para realizar las obras con un nuevo proyecto reformado.
Esta
resolución fue anulada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad en
fecha 22 de junio de 1989, y anulada a su vez por la Sentencia 410/1996
de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de Murcia, que tras
la intervención de la Dirección General de Costas del Ministerio de
Fomento y un largo proceso judicial ha devenido finalmente en el mandato
imperativo que pesa sobre el Gobierno regional, de proceder a la
declaración de nulidad de oficio de la referida resolución de diciembre
de 1988, así como la conocida resolución dictada por la Dirección
General de Calidad Ambiental de fecha 9 de octubre de 2.003.
López
denuncia que transcurridos 39 años, "la falta de acción del Gobierno
regional del PP y su complicidad con la irregular situación que ha
vivido este proyecto ha llegado al punto de haber agotado todos los
plazos y posibilidades y declarar la caducidad de la concesión, dejar
sin efecto las resoluciones que permitieron la realización de las obras
en la zona en cumplimiento de las sentencias que así lo indican, así
como exigir la reparación de los daños medioambientales irrogados".
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