MADRID.- El fiscal ante el Tribunal Supremo ha pedido que se archive las dos querellas presentadas ante la Sala de Lo Penal, por un abogado y un particular, contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) por su decisión de trasladar a Lorca la causa abierta contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.
El fiscal, en el informe entregado en el Tribunal Supremo, señala que no existe ningún indicio de que el
anterior presidente del TSJ, Juan Martínez Moya; su sucesor, Miguel
Pasqual del Riquelme, y el también magistrado Enrique Quiñonero
prevaricaran cuando acordaron enviar la querella del fiscal superior de
Murcia a los juzgados de Lorca, para que fuera en estos donde se
investigaran los hechos.
La querella del fiscal superior de Murcia acusaba al exalcalde de
Puerto Lumbreras, después consejero de Cultura y ahora presidente de la Comunidad Autónoma de haber dictado
resoluciones prevaricadoras durante la tramitación del concurso para las
obras del auditorio de la localidad.
Así mismo, el fiscal del Supremo señala que, según el Código Penal,
para que pueda atribuirse un delito de prevaricación es preciso no solo
que se dicte una resolución injusta, sino que su autor sepa que lo es.
Añade que los tres magistrados contra los que se querellaron el
abogado José Luis Mazón y un particular lo único que hicieron fue
realizar una valoración jurídica en torno a la jurisprudencia del alto
tribunal sobre el citado delito.
Las querellas se presentaron contra el entonces presidente del TJS,
Juan Martínez Moya, y el también magistrado Enrique Quiñonero por formar
la mayoría de la sala que acordó enviar la causa a Lorca y que contó
con un voto particular del tercer magistrado de la sala, Manuel Abadía.
La inclusión en la denuncia del sucesor de Martínez Moya al frente
del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, fue debida a que éste magistrado
ya formó parte del tribunal al desestimar un recurso de súplica
interpuesto por la fiscalía, por el traslado del caso a los juzgados de
Lorca.
Por otra parte, el Supremo ha designado ya a los cinco magistrados
que integrarán el tribunal que deberá resolver sobre la admisión a
trámite de las dos denuncias o sobre su archivo, como pide el fiscal.
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