El exconsejero murciano Juan Carlos Ruiz declarará mañana como imputado en la 'operación Púnica'

MURCIA.- El exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia Juan Carlos Ruiz declarará mañana, lunes, como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la causa en la que se investigan las actividades de la red de corrupción 'Púnica', informaron fuentes jurídicas.

Ruiz, que dimitió tras su imputación, tendrá que dar cuenta ante el juez instructor y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García de la adjudicación de al menos un contrato que el Instituto de Turismo de la Región realizó con las empresas del presunto 'conseguidor' de la trama Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).

En su declaración ante el juez, Esther Gutierréz, secretaria de dirección de las empresas de la trama, reconoció que presentó varios documentos ante el Instituto de Turismo para la obtención de la concesión administrativa. Al no acordarse de la Consejería en la que presentó los papeles, Velasco le advirtió: "¡No juegue conmigo, ¿eh?, que me está intentando cabrear!. ¡Porque creo que debe de pensar que yo soy idiota o algo parecido!".
Ruiz dimitió el pasado 2 de junio tras defender su inocencia y asegurar en una comparecencia pública que tenía "la conciencia tranquila" y que desconocía los cargos que se le imputan en el procedimiento, que continúa secreto.

La imputación del consejero se sumó a las de la exdirectora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez; el exconcejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura; y la exdirectora del INFO, Reyes Samper, que presentaron su dimisión.

En el marco de esta operación contra la corrupción se efectuaron también dos detenciones en la Región de Murcia, la del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y la del exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia Jesús Norberto Galindo.

Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el juez Velasco.