MURCIA.- El abogado Diego De Ramón ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra la consejera Adela Martínez Cachá por no suspender el contrato de gestión de 7RM a Secuoya.
Las acciones que denuncia penalmente el abogado murciano son por el presunto delito de “prevaricación por omisión”, es decir, por la dejación total de actuación tras saber que Secuoya, la productora que gestiona el canal autonómico, ocupa de forma ilegal el edificio de la antigua televisión de Molina, Thader, donde ha procedido a instalar la sede de la televisión autonómica sin ningún título jurídico válido.
Dado que la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno regional se encuentra vacante por la dimisión de su anterior titular, Juan Carlos Ruiz, las funciones han sido asumidas por Adela Martinez Cachá, quien es conocedora por diferentes vías de la mencionada ocupación totalmente ilegal de las instalaciones donde se desarrolla la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que son sede de la actual concesionaria de la gestión de 7RM, productora que está ostentando el local sin respaldo legal de uso dado que la petición de alquiler que la empresa hizo al administrador concursal no fue autorizada por el juzgado de lo mercantil nº 1 de Murcia, según resolución judicial de fecha 28 de mayo, a pesar de lo cual iniciaron desde ahí sus emisiones el pasado día 1 de junio.
Es obvio que el adjudicatario del servicio debe cumplir el requisito indispensable de tener en propiedad o en uso las instalaciones comprometidas en su proyecto, cosa que en este caso no se da, y es por ello que la Consejería debería haber suspendido ya el contrato al adjudicatario.
En su denuncia, Diego De Ramón solicita que se abran diligencias de investigación y que se requiera a la Comunidad Autónoma para que aporte las noticias publicadas al respecto en los medios de comunicación, para que se presenten los escritos o peticiones recibidas por parte de terceros sobre esta situación, así como, también, el documento administrativo de adjudicación de la concesión y el pliego de condiciones y clausulas técnicas.
Dado que la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno regional se encuentra vacante por la dimisión de su anterior titular, Juan Carlos Ruiz, las funciones han sido asumidas por Adela Martinez Cachá, quien es conocedora por diferentes vías de la mencionada ocupación totalmente ilegal de las instalaciones donde se desarrolla la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que son sede de la actual concesionaria de la gestión de 7RM, productora que está ostentando el local sin respaldo legal de uso dado que la petición de alquiler que la empresa hizo al administrador concursal no fue autorizada por el juzgado de lo mercantil nº 1 de Murcia, según resolución judicial de fecha 28 de mayo, a pesar de lo cual iniciaron desde ahí sus emisiones el pasado día 1 de junio.
Es obvio que el adjudicatario del servicio debe cumplir el requisito indispensable de tener en propiedad o en uso las instalaciones comprometidas en su proyecto, cosa que en este caso no se da, y es por ello que la Consejería debería haber suspendido ya el contrato al adjudicatario.
En su denuncia, Diego De Ramón solicita que se abran diligencias de investigación y que se requiera a la Comunidad Autónoma para que aporte las noticias publicadas al respecto en los medios de comunicación, para que se presenten los escritos o peticiones recibidas por parte de terceros sobre esta situación, así como, también, el documento administrativo de adjudicación de la concesión y el pliego de condiciones y clausulas técnicas.
El abogado requiere, así mismo, la información de cómo fue valorado el requisito de poseer las instalaciones comprometidas para la televisión autonómica cuando el contrato de arrendamiento obtenido sobre el local se encontraba condicionado a la aprobación judicial y por tanto era ineficaz.
El escrito solicita finalmente los informes jurídicos sobre la adjudicación y los nombres del equipo técnico que ha intervenido en todo el procedimiento y se ha encargado de la supervisión, vigilancia o fiscalización de la adjudicación del contrato de gestión de 7RM.
El escrito solicita finalmente los informes jurídicos sobre la adjudicación y los nombres del equipo técnico que ha intervenido en todo el procedimiento y se ha encargado de la supervisión, vigilancia o fiscalización de la adjudicación del contrato de gestión de 7RM.
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