MURCIA.- Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia en funciones, verá su procesamiento por presunta prevaricación cometida con el
plan parcial Nueva Condomina parece que en cuestión de días, según fuentes
próximas al 'caso Umbra', que sostienen que el magistrado David
Castillejos está ultimando en este momento la redacción del escrito.
Según las mismas informaciones, en el escrito de unos 100 folios por el
que se transformarán las diligencias previas en procedimiento abreviado
-el equivalente al procesamiento- acompañarían a Cámara el presidente
del Real Murcia, Jesús Samper, que fue el principal beneficiario del
proyecto urbanístico, y un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de
Murcia, varios de ellos antiguos responsables de la Gerencia de
Urbanismo.
Este inminente paso procesal, confirmado por 'La Verdad' en fuentes
contrastadas próximas al asunto, significa que el titular del Juzgado de
Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, concluye que la
investigación ha permitido confirmar los indicios de delito contra
Miguel Ángel Cámara y el resto de quienes resulten procesados. Una
circunstancia que sitúa al político del PP a un solo escalón de sentarse
en el banquillo, pues previsiblemente en el mismo auto el juez instará a
las distintas partes a pedir la apertura de juicio o, al contrario, a
reclamar el sobreseimiento de la causa.
Todo apunta a que esa apertura de juicio será solicitada por el
Ministerio Público y por la mayor parte de las acusaciones particulares,
con la excepción probablemente de la acusación que representa al
Ayuntamiento de Murcia, sobre la que resulta difícil prever qué postura
va a adoptar. Recientemente, esta parte ha sido señalada por el fiscal
por estar actuando en apariencia como aliada de la defensa de los
imputados en lugar de estar ejerciendo como verdadera acusación, por lo
que ha reclamado que sea expulsada del procedimiento.
Las diligencias sobre Nueva Condomina conforman una de las cuatro
piezas separadas en la que se divide el 'caso Umbra' de supuesta
corrupción urbanística. Es, sin duda, la pieza clave de la investigación
judicial, ya que el convenio urbanístico suscrito entre el Consistorio
de Murcia y la presidencia del Real Murcia fue el primero de los
reputados como ilegales y el que acabó sirviendo de guía y orientación
para otros cinco planes parciales, situados todos ellos al norte del
municipio de Murcia, que también se encuentran bajo sospecha.
El germen de Nueva Condomina hay que buscarlo en el protocolo que el
alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el Real Murcia suscribieron en
1999, por el que el primero se comprometía a impulsar un proyecto
urbanístico que sirviera para conseguir fondos con los que asegurar el
futuro de la entidad grana. Ese documento ha sido calificado siempre
como «secreto» por el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ya que
no se le dio publicidad alguna en su día. Incluso el propio juez
Castillejos, durante el interrogatorio a Cámara, le advirtió
expresamente de que ese compromiso que había adoptado podría constituir
un delito de tráfico de influencias, aunque algunos datos apuntan a que
podría estar prescrito.
Por lo que se refiere a la supuesta prevaricación que se habría
cometido en la tramitación del plan Nueva Condomina, ésta vendría
derivada de varias presuntas irregularidades, como la consistente en
haber autorizado a los terrenos de Samper un aprovechamiento urbanístico
tremendamente elevado, del 0,63 m2/m2. Este índice, según viene
sosteniendo el Ministerio Fiscal desde el principio, se encuentra muy
por encima de la edificabilidad máxima permitida por el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) que estaba vigente en esa época -años 2002 y
2003-, que era del 0,40%. De esta forma, a Samper se le habría permitido
construir un 60% más de lo que la ley permitía.
A ello habría que sumarle otras presuntas ilegalidades, como haberle
eximido del pago al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento, que es
ineludible por ley, y que solo acabó abonando después de un juicio
promovido por otra sociedad que tenía intereses en la misma zona.
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