CARTAGENA.- La Comunidad Autónoma ha presentado un recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, al que se ha adherido
el Ayuntamiento de Cartagena, para que precise si la reciente sentencia
en la que anuló el nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbana
(PGMOU) afecta solo a los trámites de aprobación definitiva de esta
normativa, realizados en 2011 y 2012; o si no valen ni esos hitos ni las
aprobaciones inicial (de 2009) y provisional (de 2010) y, en
consecuencia, hay que empezar de cero en la revisión del plan de 1987 y
dar por vigente esta última norma.
Según fuentes judiciales consultadas por 'La Verdad', siguiendo el criterio de la Dirección
General de Urbanismo los letrados de la Comunidad han presentado un
recurso de aclaración de la sentencia dictada el 20 de mayo por la Sala
de Lo Contencioso Administrativo del TSJ. Los magistrados dieron la
razón a Emasa Constructora SA, que pidió anular la nueva ordenación de
los usos del suelo en el Plan Parcial Rambla (la zona pendiente de
urbanizar frente al Estadio Carthagonova) y del municipio en su
conjunto.
La promotora inmobiliaria de la que es dueño el conocido empresario
Tomás Olivo, uno de los principales propietarios de terrenos
urbanizables en Cartagena, logró que el TSJ tumbara tanto la orden de
diciembre de 2011 por la que la Comunidad autorizó al Consistorio la
aprobación definitiva del nuevo plan, bajo la condición de corregir una
serie de deficiencias, como el visto bueno definitivo otorgado por el
Ayuntamiento cinco meses después.
El TSJ consideró que la administración regional incurrió en un error
de forma, al dar su visto bueno al documento sin que se hubieran
subsanado antes los fallos observados; y que, en todo caso, hay
numerosas y graves deficiencias de contenido en el documento propuesto
para ordenar los usos del territorio durante un periodo de unos treinta
años.
Aunque siguiendo las instrucciones de la exalcaldesa, Pilar Barreiro,
el Ayuntamiento ya tenía redactado un recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, el Consistorio ha dejado en suspenso ese trámite ante
el paso dado por el Gobierno regional de pedir una aclaración al TSJ
sobre el alcance de la resolución que dictó el mes pasado.
Las administraciones y Emasa mantienen la posibilidad de recurrir
ante el Supremo si la respuesta del TSJ no les convence. En todo caso,
la Comunidad y el Ayuntamiento intentan evitar que las decisiones
adoptadas desde 2012 sean 'papel mojado', ya que podrían surgir
conflictos con particulares, empresas y entes públicos.
Llegado el caso, según fuentes municipales el Consistorio podría
renunciar al recurso en el Supremo o mantenerlo de forma temporal para
ganar tiempo. La idesa sería mantener vigente el plan actual y tratar de
corregirlo antes de que el Supremo se pronunciara, siempre según lo avanzado hoy por 'La Verdad'.
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