MURCIA/BARCELONA.- La Región de Murcia tiene 10,2 jueces y magistrados por cada 100.000
habitantes, la tercera tasa más baja de España, junto a la de Valencia, y
casi un punto por debajo de la media de España, según señala un estudio
elaborado por la Cátedra Observatorio Social y Económico de la
Justicia, impulsada por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
El informe radiografía el estado actual de la organización judicial
en Cataluña y aporta datos relativos a los órganos judiciales, personal,
volumen de asuntos, medios materiales y la calidad de la Justicia.
Según informa hoy la UAB en un comunicado, la ratio más alta de
plazas de jueces y magistrados por habitante es la de Asturias (14,1);
seguida de Cantabria (12,8), Galicia (12,1), Canarias (12), Castilla y
León (11,9), Baleares (11,7) y La Rioja (11,5).
El resto de comunidades oscila entre los 8,8 jueces por cada 100.000
habitantes de Castilla-La Mancha y los 10,7 de Madrid, Aragón (10,6),
Andalucía (10,5), País Vasco (10,4), Murcia y Comunidad Valenciana (10,2
cada una), Extremadura y Navarra (10,1).
El estudio también alerta de las consecuencias del proyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial, que tramita actualmente el Gobierno, y que
prevé el traslado de algunos asuntos a juzgados de partidos judiciales
diferentes a los que correspondería por competencia territorial, en
función de la carga de trabajo.
Esta medida no afectaría a los asuntos del ámbito civil, que
continuarán siendo resueltos en los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción más próximos, pero sí a los de los ámbitos penal y social.
Según el comunicado, el presidente del Consejo de la Abogacía
Catalana, Abel Pié, se ha mostrado contrario al nuevo proyecto de Ley
Orgánica del Poder Judicial, que deja "en manos del presidente de la
Sala de Gobierno el reparto de asuntos, que hasta ahora se regían por
unas normas legales de competencia territorial", lo que pondría en
peligro la justicia de proximidad, a su juicio.
Además de Abel Pié, en la presentación del informe han participado
los codirectores de la citada cátedra, Manuel Cachón, catedrático de
Derecho Procesal, y Enric Fossas, catedrático de Derecho Constitucional;
la decana de la facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater, y el
conseller de Justicia, Germà Gordó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario