El político del PP, López Ayala, acumuló un patrimonio millonario a su nombre y al de testaferros

MURCIA.- El alcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López Ayala, del Partido Popular, el principal imputado en el 'caso Valley' de presunta corrupción, ha logrado acumular un espectacular y millonario patrimonio, tanto a su nombre como al de supuestos testaferros, que ha quedado parcialmente al descubierto merced a la investigación desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial de la Jefatura de Murcia, adelata hoy 'La Verdad'.

Aunque los agentes consideran que no han conseguido sacar a la luz todo el patrimonio de López Ayala, debido a que éste habría creado «una estructura opaca» mediante la constitución de «multitud de sociedades, que se han ido transmitiendo sus participaciones constantemente, y se ha usado a familiares, personas de confianza y testaferros» con el fin de «dificultar la identificación del verdadero titular de los bienes y derechos», no por todo ello el resultado deja de ser sorprendente.

Según consta en los informes aportados al Juzgado de Instrucción nº 4 de Cieza, que investiga presuntos delitos de falsedad documental, malversaciones de caudales públicos, fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y pertenencia a organización criminal, entre otros, el primer edil de Villanueva sería propietario de al menos 18 bienes inmuebles. Entre ellos destacan un chalé en Villanueva de 439 metros cuadrados construidos, dos casas y un piso más en esa localidad, dos apartamentos de 120 m2 en La Manga, un local comercial en Archena de 313 m2, siete plazas de garaje en La Manga y Archena, cuatro fincas rústicas...

Solo el valor catastral de esos bienes ya supera los 900.000 euros, aunque los expertos fiscales consideran que para establecer el valor real de un bien inmueble hay que multiplicar esa cifra por cinco o por seis. Lo cual significa que el patrimonio del alcalde bien podría estimarse entre los cinco y los seis millones de euros.

Los mismos informes establecen que el político popular, que sigue al frente de la Alcaldía pese a que en mayo del año pasado fue detenido como presunto líder de una trama que se estaría lucrando con dinero de las arcas públicas, también habría manejado grandes cantidades de dinero en efectivo. 

«Uno de los datos más llamativos son las cantidades de dinero en efectivo que se han canalizado por sus cuentas bancarias», señalan los investigadores, que añaden que «el simple ingreso en efectivo de tales proporciones de dinero (ya no solo en cuanto al montante, sino en cuanto al porcentaje respecto de los ingresos totales) puede ser constitutivo de una conducta de introducción de fondos procedentes de las actividades delictivas investigadas».

El multimillonario patrimonio acumulado por el alcalde de Villanueva del Río Segura, una localidad de apenas 2.400 habitantes, no parece corresponderse con el nivel de ingresos oficiales de la unidad familiar. 

Así, López Ayala ha venido declarando unas percepciones brutas anuales de entre 53.538 y 75.318 euros entre 2007 y 2011, y solo de 8.137 euros en 2012. Por su parte, los ingresos oficiales de su esposa han oscilado en esos años entre los 18.366 y los 31.304 euros.

Los investigadores han constatado, sin embargo, que López Ayala manejaba desde la sombra, supuestamente, un gran número de sociedades, negocios y empresas de asesoramientos en el Valle de Ricote, y que es titular o copropietario de ocho firmas: Gesaldi Gestiones Contables SL, Archena Futuro 2006 SL, López Ayala José Luis SLNE, Gescom & Desem Informática SL, Gescom Seguros y Financiación SL, Promociones El Golgo SL, Gescom Mar Menor SL e Infomur Gescom Informática SL.

El alcalde de Villanueva, señala la Policía Judicial, estaría situado «en la cúspide de la estructura jerárquica desde la que se han cometido las diversas conductas delictivas, y ha sido el director (con colaboradores más o menos directos) de las actividades mediante las que se han venido blanqueando los capitales procedentes de los delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública y de alzamiento de bienes, entre otros, que se han cometido».

Y concluyen: «Su participación como organizador discurre paralela a su condición de principal beneficiario de la ocultación de bienes llevada a efecto».

La 'Operación Valley' se desencadenó en mayo del año pasado y hasta el momento acumula más de una treintena de imputados.