MADRID.- La diputada nacional y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro
(PP), ha manifestado este jueves durante su declaración como imputada ante el
magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que la tramitación
del proyecto urbanístico 'Novo Carthago' se hizo "de acuerdo a la Ley y
por mayoría de la Corporación", por lo que rechaza que se la pueda
acusar de un delito de prevaricación administrativa. Su defensa se apresta ya a pedir el sobreseimiento de las actuaciones.
Barreiro ha señalado que todas las actuaciones del Ayuntamiento sobre el citado proyecto urbanístico no tendrían sentido por sí mismas porque sin el posterior respaldo de la Comunidad Autónoma ninguna modificación podría haber salido adelante.
También que nunca no recibió indicaciones, presiones, órdenes o sugerencias por parte del entonces presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ni de ninguna otra persona. Y que no se han llegado a desproteger los terrenos.
Barreiro ha señalado que todas las actuaciones del Ayuntamiento sobre el citado proyecto urbanístico no tendrían sentido por sí mismas porque sin el posterior respaldo de la Comunidad Autónoma ninguna modificación podría haber salido adelante.
También que nunca no recibió indicaciones, presiones, órdenes o sugerencias por parte del entonces presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ni de ninguna otra persona. Y que no se han llegado a desproteger los terrenos.
Barreiro estuvo declarando durante
aproximadamente una hora en la que la mayoría de preguntas fueron
realizadas por el fiscal, según ha explicado la propia alcaldesa al
término de la comparecencia. "Ha quedado
todo aclarado", ha afirmado con voz algo temblorosa.
Barreiro ha explicado al magistrado que no todos los terrenos sobre los que se pretendía construir 'Novo Carthago' estaban protegidos por la legislación medioambiental, sino solo la franja costera, situada a orillas del Mar Menor. Y aclarado que lo que se iba a construir allí era el campo de golf y que algunos informes apuntaban a que era más favorable para la zona, desde un punto de vista ambiental, el mencionado campo de golf que mantener la situación existente sobre esos terrenos.
Barreiro ha explicado al magistrado que no todos los terrenos sobre los que se pretendía construir 'Novo Carthago' estaban protegidos por la legislación medioambiental, sino solo la franja costera, situada a orillas del Mar Menor. Y aclarado que lo que se iba a construir allí era el campo de golf y que algunos informes apuntaban a que era más favorable para la zona, desde un punto de vista ambiental, el mencionado campo de golf que mantener la situación existente sobre esos terrenos.
Igualmente, ha explicado que
aportará un mapa de la zona que le ha sido requerido por el ministerio
fiscal. Anteriormente rechazó declarar ante el magistrado que instruye la causa en el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, porque era al
Supremo al que correspondía la competencia dada la condición de aforada
Abadía elevó a finales del pasado mes de septiembre
una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este
procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la
diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la
causa.
En su resolución apreciaba la posible concurrencia de
indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una
modificación urbanística arbitraria, en función de intereses
particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la
sala".
En esta causa se investiga una
presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción
del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles
y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de
especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos
eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de
protección del trasvase (NUPT).
En la exposición elevada al alto
tribunal, el magistrado concretaba los indicios racionales de
criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30
días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de
que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito.
"Finalizado el plazo concedido, en escrito presentado por Barreiro
declinó la posibilidad de comparecer a declarar como imputada por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y
del medio ambiente, y tráfico de influencias.", añadía.
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