MURCIA.- La esposa del que fuera gerente de
Urbanismo de Murcia Ángel Lajarín, uno de los imputados en el conocido
por el caso Umbra sobre presunta corrupción urbanística, percibió de la
empresa constructora Fadesa 61.559 euros como empleada de la misma.
Así se recoge en el listado que, a requerimiento del juez que investiga
los hechos, ha enviado la inmobiliaria, en el que Ana María C. aparece
en el listado que contiene los nombres de todos sus trabajadores.
La mujer de Lajarín aparece en la columna
de "Anticipos" con la cantidad 39.000 euros, y en la de "Varios,
personal", con la citada suma de 61.559 euros.
También a
requerimiento del magistrado que dirige las investigaciones, Fadesa ha
entregado en el Juzgado el acta del consejo de administración celebrado
en La Coruña en febrero de 2007, así como la referida a la sesión que en
la misma fecha mantuvo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
El instructor acordó la aportación de estos documentos en un auto
dictado el pasado 9 de febrero, en el que indicaba que consideraba
necesario disponer de los mismos "en relación con un bonus que recibió
la esposa del imputado señor Lajarín".
En el acto del consejo no
figura referencia alguna a este tema, pero sí se alude a los bonos en la
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Así, se indica
en esta que fueron concedidos con el propósito "de compensar el esfuerzo
y dedicación de quienes han contribuido de modo decisivo a hacer
posible el intenso proceso de creación de valor para la compañía y sus
accionistas durante estos últimos años".
Y añade que esa remuneración extraordinaria benefició a un total de 805 personas, cuyos nombres no se recogen en el documento.
Fadesa es una de las empresas investigadas en el caso Umbra por su
participación en uno de los convenios urbanísticos que están bajo
sospecha.
Los requerimientos que le fueron hechos por el Juzgado
tratan de determinar, a instancias del fiscal Anticorrupción de Murcia,
si la esposa de Lajarín pudo beneficiarse, supuestamente, por la
condición de gerente de Urbanismo de su esposo.
Tirón de orejas a Castillejos
La Audiencia Provincial de Murcia anuló nueve autos sucesivos de prórroga del secreto del caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad, en dos resoluciones que, al estimar los recursos de varios imputados, critica tanto al juez instructor como al fiscal.
Las resoluciones de la Audiencia señalan que la insuficiencia de motivación de los autos dictados por el magistrado que instruye las diligencias, David Castillejos, era de tal magnitud que no pudo pasar desapercibida al fiscal, «que es el garante máximo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del principio de legalidad».
Señala la sala, que estima así los recursos presentados por el propietario del Club Real Murcia y promotor urbanístico Jesús Samper y del igualmente imputado Renato del Noce -a los que se adhirieron otros encausados-, que los autos de prórroga del secreto de las actuaciones ni motivaban ni cumplían mínimamente con la propia función jurisdiccional». Llegó a comentar que «para dictar este tipo de autos no hace falta un juez, y es obvio que esta no es la garantía legalmente exigida».
Para el tribunal, las resoluciones del instructor no estaban motivadas porque se limitaban a decir que «no habiendo variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones, procede prorrogar dicha medida por tiempo de un mes».
Todas estas consideraciones del tribunal se plasman, en los autos notificados ahora a las partes, por remisión a otros dictados con anterioridad en el mismo sentido. Los magistrados deciden así, en esta ocasión, declarar nulos un total de nueve prórrogas del secreto acordadas entre junio de 2012 y enero de 2013.
El caso Umbra, que fue abierto por unas diligencias incoadas en el año 2008, tras de esclarecer si hubo actuaciones delictivas en torno a los convenios urbanísticos aprobados para la expansión norte de la ciudad de Murcia y en otras actuaciones relacionadas con la misma.
Tirón de orejas a Castillejos
La Audiencia Provincial de Murcia anuló nueve autos sucesivos de prórroga del secreto del caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad, en dos resoluciones que, al estimar los recursos de varios imputados, critica tanto al juez instructor como al fiscal.
Las resoluciones de la Audiencia señalan que la insuficiencia de motivación de los autos dictados por el magistrado que instruye las diligencias, David Castillejos, era de tal magnitud que no pudo pasar desapercibida al fiscal, «que es el garante máximo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del principio de legalidad».
Señala la sala, que estima así los recursos presentados por el propietario del Club Real Murcia y promotor urbanístico Jesús Samper y del igualmente imputado Renato del Noce -a los que se adhirieron otros encausados-, que los autos de prórroga del secreto de las actuaciones ni motivaban ni cumplían mínimamente con la propia función jurisdiccional». Llegó a comentar que «para dictar este tipo de autos no hace falta un juez, y es obvio que esta no es la garantía legalmente exigida».
Para el tribunal, las resoluciones del instructor no estaban motivadas porque se limitaban a decir que «no habiendo variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones, procede prorrogar dicha medida por tiempo de un mes».
Todas estas consideraciones del tribunal se plasman, en los autos notificados ahora a las partes, por remisión a otros dictados con anterioridad en el mismo sentido. Los magistrados deciden así, en esta ocasión, declarar nulos un total de nueve prórrogas del secreto acordadas entre junio de 2012 y enero de 2013.
El caso Umbra, que fue abierto por unas diligencias incoadas en el año 2008, tras de esclarecer si hubo actuaciones delictivas en torno a los convenios urbanísticos aprobados para la expansión norte de la ciudad de Murcia y en otras actuaciones relacionadas con la misma.
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