CARTAGENA.- La diputada del PP, Alicia Jiménez, ha desmentido este miércoles en la
Asamblea que la Comunidad "fomente el enchufismo" en la elección de los
altos cargos del Servicio Murciano de Salud (SMS) y para ello ha
aportado datos como que de los 100 altos cargos que hay, solo siete personas
ocupan un puesto con un contrato laboral ajeno a la administración, por
lo que más del 90 por ciento son funcionarios de carrera.
Jiménez ha realizado estas declaraciones en el debate de la
proposición de ley para regular la selección del personal directivo de
las instituciones sanitarias del Servicio Murciano de Salud (SMS). El
documento presentado por el Grupo Parlamentario Popular, y que ha
recibido duras críticas de los grupos de la oposición, seguirá con su
trámite parlamentario habitual después de haber sido rechazadas las
enmiendas a la totalidad de PSOE e IU-Verdes.
Según los populares,
el objetivo de la proposición de ley es el de "regularizar y aumentar
la transparencia" a la hora de elegir a los altos cargos del SMS. Si
bien, desde el PSOE, su portavoz, Begoña García Retegui, considera que
"los altos cargos se seguirán nombrando a dedo".
Retegui plantea
que lo primero que debería realizar la Comunidad Autónoma sería un
estatuto jurídico de los cargos directivos. "Eso es lo que mandata el
estatuto básico del empleado público, que en la Región de Murcia no se
ha hecho", ha advertido la socialista.
Tanto IU-Verdes como el
PSOE han denunciado que esta proposición de ley "viene a consolidar una
práctica de ilegalidad que se viene produciendo en el nombramiento del
personal de los servicios de salud porque en el Servicio Murciano de
Salud se ha seleccionado personal directivo sin tener en cuenta la
legalidad".
La portavoz de los socialistas ha achacado al PP que
en los últimos años no se ha publicado en el Boletín Oficial de la
Región la convocatoria para ocupar dicha plaza "y ahora nos dicen que se
va a cumplir la ley, pero que los cargos se van a seguir nombrando a
dedo", ha señalado Retegui, quien piensa que "los funcionarios que
posean los requisitos deberían ser los que ocupen esos puestos
directivos".
Por su parte, durante el debate parlamentario, el
portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante ha expresado su sorpresa
ante la ausencia de la consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, en el
debate de totalidad y ha indicado que "la única pretensión del PP es
enchufar a los comisarios políticos en el SMS, con la única exigencia de
tener el carné de afiliado al Partido Popular".
El parlamentario
también ha manifestado su sorpresa porque en lugar de plantear esta
proposición de ley desde el Gobierno autonómico como un proyecto de ley,
con el preceptivo informe del Consejo Económico y Social (CES) y el
Consejo Jurídico, o mediante la figura del decreto ley, "se recurra al
grupo parlamentario Popular para que este haga el trabajo sucio y, en
consecuencia, no asumir el coste que tiene una decisión de esta
naturaleza".
Por contra, desde el PP, Alicia Jiménez, ha
desmentido las afirmaciones de los grupos de la oposición y ha achacado a
la ley de la salud pública aprobada por el PSOE en el año 1994 ,y que
pretenden modificar, la culpa de que "no haya habido transparencia en
esto".
Según la popular, con la nueva normativa se publicarán las
convocatorias en el boletín oficial para la libre concurrencia del
personal estatutario fijo del Servicio Murciano de Salud "y para que las
personas que reúnan las capacidades puedan concurrir a esos puestos"
Durante
el debate parlamentario también han estado presentes representantes del
Sindicato de Profesionales de la Sanidad, que, según ha constatado su
secretario, Antonio Martínez, "lo que pretenden hacer es un atentado
contra la Constitución".
El portavoz del Sindicato de
Profesionales de la Sanidad ha asegurado que "es un día triste para los
funcionarios, que somos testigos de la tropelía del parlamento". Los
representantes sindicales denuncian que "cualquier persona sin mérito
pueda acceder a puestos directivos del SMS".
Martínez ha afirmado
que "el problema del SMS no es el 90 por ciento de los funcionarios que
ocupan cargos directivos, como han aclarado desde el PP, sino "el tanto
por ciento restante que ya está colocado y para los que se justifican
que se han designado a dedo y para los que no se ha respetado esas
condiciones de igualdad, mérito y capacidad".
También vendrán los desahucios
El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado su proposición de Ley sobre Vivienda, que iba a debatirse ayer en la Asamblea, para elaborar un texto alternativo con IU-Verdes en el que recogerán las propuestas de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca.
Al retirar los socialistas la proposición de ley, tampoco se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, lo que retrasaría la aprobación del documento en materia de vivienda preparado por los populares. No obstante, desde el PP, su portavoz en la Asamblea, Severa González, indicó que su partido ha registrado en la Asamblea su proposición de ley sobre vivienda, así como una solicitud para reducir el plazo de trámite parlamentario «y que las fechas no varíen mucho».
El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, y el portavoz de IU-Verdes en la Asamblea, José Antonio Pujante, explicaron que la retirada de la proposición se debe a que han decidido incluir de manera conjunta en el documento medidas «que ayuden a solventar las dramáticas situaciones que provocan los desahucios, que no paran de crecer en la Región».
Entre las medidas que han incluido PSOE e IU en dicho documento se incluye una garantía de la Administración al acceso sin restricción a los suministros básicos «vitales para los ciudadanos que afectados pro la crisis han perdido su empleo».
Además, la proposición de PSOE e IU incluye medidas específicas en relación a las entidades bancarias y la bolsa de viviendas deshabitadas que, según dicen, «deben ser puestas a disposición de los ciudadanos que han perdido su casa por la crisis».
El portavoz adjunto popular, Víctor Manuel Martínez, consideró «uno de los actos más miserables de esta legislatura» la retirada de la proposición de ley de vivienda del PSOE. La portavoz González recordó que ya retiraron su propuesta de Ley de Transparencia.
También vendrán los desahucios
El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado su proposición de Ley sobre Vivienda, que iba a debatirse ayer en la Asamblea, para elaborar un texto alternativo con IU-Verdes en el que recogerán las propuestas de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca.
Al retirar los socialistas la proposición de ley, tampoco se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular, lo que retrasaría la aprobación del documento en materia de vivienda preparado por los populares. No obstante, desde el PP, su portavoz en la Asamblea, Severa González, indicó que su partido ha registrado en la Asamblea su proposición de ley sobre vivienda, así como una solicitud para reducir el plazo de trámite parlamentario «y que las fechas no varíen mucho».
El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, y el portavoz de IU-Verdes en la Asamblea, José Antonio Pujante, explicaron que la retirada de la proposición se debe a que han decidido incluir de manera conjunta en el documento medidas «que ayuden a solventar las dramáticas situaciones que provocan los desahucios, que no paran de crecer en la Región».
Entre las medidas que han incluido PSOE e IU en dicho documento se incluye una garantía de la Administración al acceso sin restricción a los suministros básicos «vitales para los ciudadanos que afectados pro la crisis han perdido su empleo».
Además, la proposición de PSOE e IU incluye medidas específicas en relación a las entidades bancarias y la bolsa de viviendas deshabitadas que, según dicen, «deben ser puestas a disposición de los ciudadanos que han perdido su casa por la crisis».
El portavoz adjunto popular, Víctor Manuel Martínez, consideró «uno de los actos más miserables de esta legislatura» la retirada de la proposición de ley de vivienda del PSOE. La portavoz González recordó que ya retiraron su propuesta de Ley de Transparencia.
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