MADRID.- Uno de los peritos judiciales que analizó este miércoles las presuntas
irregularidades en la concesión de préstamos al exdirectivo de CAM Juan
Ramón Avilés, cuestionó «el exceso» de financiación que recibió para una
promoción inmobiliaria que «no vendió un colín».
Así lo ha
expuesto el perito cedido por PwC Javier López durante su intervención
en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional
contra Avilés y el ex director general Roberto López Abad, para los que
la Fiscalía reclama dos años y medio y cuatro años de prisión,
respectivamente.
En la jornada de este miércoles declararon hasta
cinco peritos –dos propuestos por el fiscal, procedentes del Banco de
España y de PwC y tres de parte de las defensas–, que han discrepado en
sus conclusiones sobre la regularidad de los créditos que se otorgaron a
la sociedad inmobiliaria de Avilés La Vereda de Sucina.
Así, el del designado por el Banco de España José María Ruiz cuestionó esos préstamos, concedidos para construir 174 viviendas y 228 garajes y varios locales porque era finalista para un proyecto promotor, por lo que debía destinarlo para las actividades establecidas y en la forma pactada para luego desaparecer. Y dado que incumplió las condiciones en el estado de la promoción ligadas a la disponibilidad del préstamo, Avilés perjudicó a la entidad, ya que dispuso de 10,5 millones de euros cuando solo debía usar unos 5,6 millones.
Sin embargo, al emplearlo para otras partidas -puesto que repartió parte del préstamo del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref) en cuentas de su esposa e hijo-, incumplió esa obligación.
"Un préstamo promotor no es una cuenta de crédito de la que el empresario puede disponer. Esta ligado a un proyecto, al final desaparece y quedan unos clientes subrogados", sentenció el técnico.
De ahí que haya hecho hincapié en que "la primera irregularidad" que se cometió fueron "mayores disposiciones de crédito de las permitidas".
Además, el experto añadió que parte del dinero que se le prestó fue a parar al pago de intereses de los préstamos a partir de marzo de 2009.
"En el momento en que dispone de más liquidez para responder a ese préstamo, tendría que haber cesado como miembro de la Comisión de Control de CAM", pues este perito cree que debería haber entrado en situación de morosidad.
Ruiz explicó que antes de que el FROB tomara los mandos de la Caja, los préstamos estaban calificados como normal, pero a partir de ese momento se clasifican como dudosos y se provisionan por 4,9 millones, que es la cantidad en la que cifra el "quebranto" causado a la caja.
A ello añadió que el perjudicado actual es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que tuvo que inyectar 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell por el precio simbólico de un euro.
En todo ello coincidió el perito de PwC, que criticó que CAM diera financiación a "una promoción que no vendía un colín".
Así, el del designado por el Banco de España José María Ruiz cuestionó esos préstamos, concedidos para construir 174 viviendas y 228 garajes y varios locales porque era finalista para un proyecto promotor, por lo que debía destinarlo para las actividades establecidas y en la forma pactada para luego desaparecer. Y dado que incumplió las condiciones en el estado de la promoción ligadas a la disponibilidad del préstamo, Avilés perjudicó a la entidad, ya que dispuso de 10,5 millones de euros cuando solo debía usar unos 5,6 millones.
Sin embargo, al emplearlo para otras partidas -puesto que repartió parte del préstamo del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref) en cuentas de su esposa e hijo-, incumplió esa obligación.
"Un préstamo promotor no es una cuenta de crédito de la que el empresario puede disponer. Esta ligado a un proyecto, al final desaparece y quedan unos clientes subrogados", sentenció el técnico.
De ahí que haya hecho hincapié en que "la primera irregularidad" que se cometió fueron "mayores disposiciones de crédito de las permitidas".
Además, el experto añadió que parte del dinero que se le prestó fue a parar al pago de intereses de los préstamos a partir de marzo de 2009.
"En el momento en que dispone de más liquidez para responder a ese préstamo, tendría que haber cesado como miembro de la Comisión de Control de CAM", pues este perito cree que debería haber entrado en situación de morosidad.
Ruiz explicó que antes de que el FROB tomara los mandos de la Caja, los préstamos estaban calificados como normal, pero a partir de ese momento se clasifican como dudosos y se provisionan por 4,9 millones, que es la cantidad en la que cifra el "quebranto" causado a la caja.
A ello añadió que el perjudicado actual es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que tuvo que inyectar 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell por el precio simbólico de un euro.
En todo ello coincidió el perito de PwC, que criticó que CAM diera financiación a "una promoción que no vendía un colín".
Por el contrario, los peritos de Avilés destacaron que las
condiciones de la financiación otorgada al acusado «eran razonables»,
pero «no puede obligar a la gente a comprar pisos».
Cuando es consciente de que no los va a poder vender, "se toman medidas adecuadas para promover la venta y se piden préstamos para esas actividades, encaminadas a promoverla", destacó para concluir que "Avilés actuó diligentemente" y que no provocó "quebranto" alguno a la entidad.
Las acusaciones declinaron este miércoles hacer preguntas sobre el asunto de las dietas que percibieron los miembros de la Comisión de Control de la participada de CAM Tenedora de Inversiones (TI) por las que los dos exbanqueros están siendo también juzgados.
No obstante, el perito de PwC sí ha hecho una mención a ellas al poner en duda el sistema de "utilizar las participadas" por parte de los órganos rectores de CAM para aumentar sus retribuciones.
El FROB suspendió las dietas
Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendieron las dietas cobradas por varios miembros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras su intervención porque "no tenía sentido mantenerlas", según han declarado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés.
Benicio Herrán y Tomás González, que han declarado como testigos, han asegurado ante el tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios, que se inclinaron por suprimir la existencia de la Comisión de Control de la Tenedora de Inversiones y Participaciones, sociedad participada por CAM, cuyos componentes cobraban estas remuneraciones, porque no era lógico que continuara existiendo, ya que dependía de los órganos de control de una caja que estaba intervenida.
Ambos se han mostrado "sorprendidos" por la cuantía de las retribuciones que se ingresaba a 19 integrantes de la CAM que también percibían dietas de asistencia por pertenecer a la Comisión de Control de la propia caja. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exdirector general López Abad de crear el ente con la intención de inflar las remuneraciones, que llegaron a alcanzar el millón y medio de euros.
"Las cantidades eran varias veces más que las cobradas en la comisión central", ha precisado uno de ellos. No obstante, los administradores han declinado valorar si la comisión de TI era o no necesaria, al carecer de elementos para opinar sobre ello.
Los dos testigos han explicado ante la Sala la situación de la caja, de la que se hicieron cargo a partir de junio de 2011 que fue posteriormente adquirida por el Banco Sabadell por un euro. "La entidad estaba en pérdidas y al final hubo que venderla. Algo se debió hacer mal con anterioridad a nuestra llegada", ha indicado uno de ellos.
González se ha referido, además, a la concesión a Avilés, entonces presidente de la Comisión de Control, de créditos por importe superior a los 18 millones de euros, que Anticorrupción considera también irregulares.
El administrador ha concretado que, a su llegada, los préstamos estaban al día salvo en una de las operaciones, en situación de morosidad por el pago de intereses. "Faltaban documentos y otras muchas cosas como tasaciones o datos de la situación patrimonial", ha dicho, mientras ha insistido en que "todo era de palabra" y en que nunca llegaron a recibir una propuesta escrita de Avilés de reestructuración de su deuda, que se encontraba a punto de entrar en una situación problemática ante la falta de venta de las viviendas y locales de la promoción La Vereda de Sucina.
"Me generó extrañeza", ha agregado el testigo, que ha puesto de manifiesto que daba la sensación de que "todo" lo hacía la CAM sin solicitud de los administradores del grupo Avilés.
Cuando es consciente de que no los va a poder vender, "se toman medidas adecuadas para promover la venta y se piden préstamos para esas actividades, encaminadas a promoverla", destacó para concluir que "Avilés actuó diligentemente" y que no provocó "quebranto" alguno a la entidad.
Las acusaciones declinaron este miércoles hacer preguntas sobre el asunto de las dietas que percibieron los miembros de la Comisión de Control de la participada de CAM Tenedora de Inversiones (TI) por las que los dos exbanqueros están siendo también juzgados.
No obstante, el perito de PwC sí ha hecho una mención a ellas al poner en duda el sistema de "utilizar las participadas" por parte de los órganos rectores de CAM para aumentar sus retribuciones.
El FROB suspendió las dietas
Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendieron las dietas cobradas por varios miembros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras su intervención porque "no tenía sentido mantenerlas", según han declarado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés.
Benicio Herrán y Tomás González, que han declarado como testigos, han asegurado ante el tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios, que se inclinaron por suprimir la existencia de la Comisión de Control de la Tenedora de Inversiones y Participaciones, sociedad participada por CAM, cuyos componentes cobraban estas remuneraciones, porque no era lógico que continuara existiendo, ya que dependía de los órganos de control de una caja que estaba intervenida.
Ambos se han mostrado "sorprendidos" por la cuantía de las retribuciones que se ingresaba a 19 integrantes de la CAM que también percibían dietas de asistencia por pertenecer a la Comisión de Control de la propia caja. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exdirector general López Abad de crear el ente con la intención de inflar las remuneraciones, que llegaron a alcanzar el millón y medio de euros.
"Las cantidades eran varias veces más que las cobradas en la comisión central", ha precisado uno de ellos. No obstante, los administradores han declinado valorar si la comisión de TI era o no necesaria, al carecer de elementos para opinar sobre ello.
Los dos testigos han explicado ante la Sala la situación de la caja, de la que se hicieron cargo a partir de junio de 2011 que fue posteriormente adquirida por el Banco Sabadell por un euro. "La entidad estaba en pérdidas y al final hubo que venderla. Algo se debió hacer mal con anterioridad a nuestra llegada", ha indicado uno de ellos.
González se ha referido, además, a la concesión a Avilés, entonces presidente de la Comisión de Control, de créditos por importe superior a los 18 millones de euros, que Anticorrupción considera también irregulares.
El administrador ha concretado que, a su llegada, los préstamos estaban al día salvo en una de las operaciones, en situación de morosidad por el pago de intereses. "Faltaban documentos y otras muchas cosas como tasaciones o datos de la situación patrimonial", ha dicho, mientras ha insistido en que "todo era de palabra" y en que nunca llegaron a recibir una propuesta escrita de Avilés de reestructuración de su deuda, que se encontraba a punto de entrar en una situación problemática ante la falta de venta de las viviendas y locales de la promoción La Vereda de Sucina.
"Me generó extrañeza", ha agregado el testigo, que ha puesto de manifiesto que daba la sensación de que "todo" lo hacía la CAM sin solicitud de los administradores del grupo Avilés.
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