No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los
menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las
excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros
como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora
quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué.
Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al
ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin
previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de
terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad.
Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del
ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a
considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en
susurro.
Es
una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y
el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo
puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en
perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente
represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica
de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los
últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a
base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios
escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación
restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de
control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y
amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación
pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las
calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de
información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera
Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías
durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan
competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima
autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más
lógico del mundo.
La
represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las
pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su
reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que
nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a
todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas.
La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al
descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las
políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán.
Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito
de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste
especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con
Junqueras, por ejemplo.
Son
prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una
sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la
vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas
prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las
redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos,
entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo.
Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí,
pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la
reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la
policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de
estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de
sus claves, de sus textos.
El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED
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