MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Murcia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto, en
representación del sargento del Equipo de Delincuencia Organizada y
Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil, J.A.C., contra la sentencia
dictada por el Tribunal del Jurado, en abril de 2014 que le condenaba
por cohecho, al considerar probado que se benefició de su condición de
guardia civil para sacar documentación de una operación antidroga que
filtró a dos 'narcos' a cambio de 120.000 euros.
Dicha
resolución, ahora confirmada íntegramente, condenaba al recurrente, en
la fecha de los hechos sargento de la Guardia Civil con destino en
Melilla, como autor responsable criminalmente de un delito de cohecho
-con la atenuante analógica de dilaciones indebidas- a la pena de un año
y seis meses de prisión.
Además, fue condenado a siete años de
inhabilitación especial para cualquier tipo de empleo y cargo público,
especialmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad; y multa de 15.000
euros, según la sentencia.
El TSJ desestima igualmente el recurso de la defensa de prescripción
del delito de cohecho por el que se condena al acusado, ya que no se le
acusa formalmente de dicho delito hasta el 17 de febrero de 2011,
momento en que el Ministerio Fiscal interesa la incoación de un
procedimiento ante el tribunal del Jurado por presunto delito de
cohecho; así como el motivo de dilaciones indebidas.
Por todo ello, el TSJ desestima íntegramente el recurso de apelación, y en consecuencia, a la confirmación de la sentencia recurrida
y a la imposición de costas por parte del recurrente. Frente a esta
resolución cabe recurso de casación por infracción de ley y por
quebrantamiento de forma.
Durante siete años no podrá ejercer
cualquier tipo de empleo y cargo público, y especialmente las que
afectarían a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. La multa impuesta es
de 15.000 euros, con dos meses de responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago y al pago de una tercera parte de las costas.
Se considera probado que el procesado se aprovechó de su condición de
sargento-jefe del EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandancia de Melilla, y del acceso que tenía a toda la documentación
que se volcaba en una base de datos policial.
Así, fue
progresivamente sacando documentos de la operación, conociendo que dos
de las personas a las que se investigaba en las diligencias judiciales,
bajo el secreto sumarial, eran los dos narcos.
Debido a que este
guardia civil estaba atravesando serias dificultades económicas,
contactó telefónicamente con los narcos y les dijo que podía sacarlos de
ese "lío" y de la causa judicial abierta a cambio de 120.000
euros, de los que se tiene constancia que recibió 9.000 euros.
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