Las normas anticorrupción presentadas al Parlamento por Rajoy
constituyen un nuevo insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Prueba
que esto es así el que el PP de la Región de Murcia, infectado de la
cabeza a la cola, no se siente concernido. Peor aún: en el ayuntamiento
de Murcia, el mismo día y a la misma hora, hacían piruetas para esquivar
resoluciones de elemental compromiso ético, y el diputado por Murcia y
comisionado de Economía, Martínez Pujalte, emitía declaraciones en su
línea habitual de ensalzar a los chorizos, en este caso a la del Jaguar
invisile, disculpada incluso por Rajoy en sede parlamentaria.
Nadie en
Murcia se considera obligado a dimitir a resultas de esa nueva
normativa, en la que los diputados siguen sin tener que explicar los
motivos y gastos de sus viajes y demás monaguerías, pues en caso de
tener que hacerlo el propio presidente del Gobierno se vería en un apuro
a sumar al de los sobresueldos en cajas de puros.
Lo que sí parece claro con este formulario es que intentarán levantar
en peso a los jueces y fiscales que prolonguen sus diligencias de
investigación en los más intrincados casos sin que esto derive en
refuerzos para la dotación de la Justicia o de normas para la
agilización burocrática de los requerimientos judiciales a otras
instancias del Estado, como Hacienda, por ejemplo, o una política
realmente efectiva desde España y desde Europa contra la opacidad de los
paraísos fiscales, a donde han ido a parar a través de los tesoreros
del PP las comisiones ilegales recaudas por ese partido.
Ni siquiera,
tras las setenta normas anticorrupción, se ven obligados los populares a
dar explicaciones sobre la financiación en negro de la compra o
reformas en sus sedes.
De entre toda la retahíla, el punto más gracioso es el que determina
que “los militantes del partido habrán de participar en la elección de
los órganos de dirección”. Pues bien, todo lo demás es tan auténtico
como esto.
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