MURCIA.- El que fuera director general de Calidad
Ambiental del gobierno murciano Antonio Alvarado, imputado en el caso
Novo Carthago, de presunta corrupción urbanística, asegura en un escrito
incorporado a la causa que una funcionaria que denunció presiones a
favor del proyecto es visitante "asidua" de la Fiscalía.
Esa
afirmación se contiene en un escrito en el
que se reclama diversa información en un intento de demostrar que esta
funcionaria de la Comunidad Autónoma, María Jesús Ros, puede actuar por
venganza al haber perdido varias demandas que entabló contra el
ejecutivo regional.
Para Alvarado, esta funcionaria, que denunció
haber recibido presiones para facilitar la recalificación urbanística
exigida por un macroproyecto promovido junto al Mar Menor y que ha
declarado como testigo en la causa, además de someterse a un careo con
otro imputado consejero regional, pudo actuar de forma espuria al hacer
esas afirmaciones.
En el escrito, presentado como recurso de
apelación contra una resolución del instructor de la causa, reitera su
petición de que sean aportados a la misma diversos documentos que tienen
que ver con todo lo relacionado con esta funcionaria.
Así,
demanda que se reclamen, entre otras pruebas, "todas las declaraciones
realizadas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia hasta el día de hoy por María Jesús Ros".
Igualmente
pide que se admita como prueba los datos que reclamó y referidos a las
oposiciones en las que participó esta funcionaria y las funciones que
desarrolla.
Por otra parte, el magistrado que lleva a cabo las
investigaciones ha puesto en conocimiento de las partes personadas en
las mismas el informe enviado por el Banco Sabadell sobre las cuentas en
las que figuraba el nombre de otro imputado, el exconsejero regional y
exdelegado del Gobierno, Francisco Marqués.
El documento corrobora
la información facilitada por éste en rueda de prensa, al asegurar que
las cuentas con movimientos de dinero e imposiciones eran de titularidad
de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo -empresa de la que fue
gerente- y del Servicio Murciano de Salud, y en todas ellas solo estaba
como "autorizado".
Finalmente, las partes han tenido también
conocimiento de un escrito del Puerto de Alicante en el que, en
respuesta a un requerimiento hecho por el juez instructor, señala que la
embarcación por cuya titularidad se interesó es propiedad de una
empresa de Rojales (Alicante).
No hay comentarios:
Publicar un comentario