LORCA.- El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ha denegado al Ayuntamiento de Lorca la
autorización para pedir un crédito bancario por 12,7 millones de euros
con el que devolver a promotores urbanísticos el dinero que adelantaron
por convenios suscritos en 2005 y que no han llegado a desarrollarse,
después de acumular varias sentencias judiciales que le condenan a
reintegrar parte de ese dinero.
El consistorio realizó la
solicitud a Hacienda hace dos meses al sumar cuatro sentencias en contra
por las irregularidades de los convenios, que le obligan a devolver el
dinero que los promotores adelantaron a cuenta de la recalificación como
suelo residencial de suelo inadecuado para desarrollo urbano, además de
los intereses y las costas judiciales.
Solo con las cuatro
sentencias actuales en contra el consistorio tendrá que devolver 2,24
millones de euros, aunque ya han sido recurridos y se encuentran en la
vía judicial 11 de los convenios y el consistorio teme que sean
recurridos los 17 y que todas las sentencias serán desfavorables.
Si
se diera esa circunstancia el Ayuntamiento tendría que asumir la
devolución a promotores urbanísticos de 12,7 millones de euros, según
recordó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Luis Amador.
El
edil del PP ha expuesto que el plan de ajuste a que está sometido el
Consistorio le obliga a pedir autorización al ministerio para cualquier
operación de endeudamiento y ha señalado que, en este caso, Hacienda ha
argumentado, para denegar el crédito, que el ayuntamiento no cumpliría
el requisito de liquidar el ejercicio anterior con un nivel de deuda
inferior al 110 por ciento de sus ingresos corrientes.
La negativa
del Ministerio ha obligado al Consistorio a replantear la situación y a
solicitar una nueva autorización, esta vez para un préstamo por 2,24
millones de euros, la cantidad exacta que suman las condenas firmes y
dejará la solicitud de los 10,5 millones restantes condicionada a que el
ayuntamiento reciba el fallo judicial del resto de casos pendientes.
Aunque
el consistorio «seguirá luchando jurídicamente» para evitarlo, Amador
se ha mostrado poco optimista sobre la resolución judicial de los casos y
ha recordado que en un solo pleno municipal en 2005, con el voto en
solitario del PSOE, fueron aprobados 17 de esos convenios que preveían
la construcción de 87.000 viviendas en distintos puntos del territorio
municipal, aunque ninguno de ellos llegó nunca a desarrollarse.
El
concejal ha defendido que «tenemos que proponer soluciones
responsables» y ha convenido que el crédito por 2,24 millones de euros
es la más viable en la actualidad, aunque también ha reconocido que, de
momento, el consistorio no maneja «un plan B» para dar solución al pago
de la deuda con los promotores urbanísticos.
Al respecto, el
edil de Economía ha indicado que, de acuerdo con el informe realizado
por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento sobre los efectos
y consecuencias de la devolución de las cantidades abonadas por los
convenios urbanísticos, el Consistorio Municipal encontraría graves
problemas en esta área tales como la imposibilidad de sanear el
remanente de tesorería, perdida de autonomía financiera, además de
generar continuas tensiones de liquidez.
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