MADRID.- El Tribunal de Cuentas se ha mostrado
dispuesto a atender las peticiones de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que el pasado martes instó al
organismo a estudiar la posibilidad de que se haya incurrido en
sobrecostes en otras líneas del AVE diferentes de la Madrid-Barcelona y
que analice la contratación realizada por Adif entre 2011 y 2013.
"Por supuesto estamos abiertos a atender las peticiones de la
Comisión", señaló el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez
de Miranda, tras explicar que
tradicionalmente el Tribunal ha hecho informes sobre la gestión de
infraestructuras ferroviarias.
Álvarez de Miranda se mostró dispuesto a hacer esta investigación
siempre que se incluya en el programa de fiscalizaciones y aprovechó
para defender el esfuerzo que está haciendo el Tribunal para mejorar su
labor. En concreto, recordó que en 2013 se incrementó un 50% la labor de
fiscalización, con 59 informes aprobados y lo mismo en ámbito de
sección de enjuiciamiento.
"Además, hemos recuperado el tiempo perdido en la fiscalización de
partidos políticos e iniciado los trámites para la aplicación de
procedimiento sancionador que la ley prevé", señaló Álvarez de Miranda,
tras recordar, además, que todo esto se ha conseguido con un personal
menor, que se ha esforzado mucho para elevar su rendimiento.
En este sentido, el presidente del Tribunal denunció la falta de
personal para cumplir con determinados cometidos como la fiscalización
de partidos, que requeriría más gente para evitar retrasos. Hasta ahora,
se está supliendo la falta de personal con la adscripción temporal de
funcionarios de otros destinos, aunque el problema se empezará a
solucionar con las futuras ofertas públicas de empleo.
"Esperamos que a final de estos ejercicios estemos totalmente en
disposición de abordar estas tareas sin ningún tipo de retrasos", indicó
Álvarez de Miranda, tras asegurar que la adscripción temporal es una
medida "coyuntural e insuficiente" que sólo está permitiendo al Tribunal
"salir del bache".
Pese a la falta de personal, aseguró que en el último Pleno del
Tribunal se aprobaron dos procedimientos sancionadores a partidos
políticos derivados de informes de 2009, 2010 y 2011 y que en el Pleno
de junio se valorará la apertura de otros procedimientos sancionadores.
En ese mismo Pleno se aprobarán unos ocho informes, entre los que
figura el de la contabilidad de los partidos en el año 2012, uno de la
Universidad a Distancia (UNED) y otro de Seguridad Social. En total, el
Tribunal tiene un programa de fiscalizaciones en marcha de más de 90
informes. El objetivo, según Álvarez de Miranda, es acabar el año
aprobando un volumen de informes cercano al de 2013, lo implicaría unos
60 informes.
Preguntado por si el Tribunal hará un nuevo informe sobre las ayudas
que ha recibido la banca durante la crisis económica, Álvarez de
Miranda advirtió de que el coste global del rescate tardará tiempo en
determinarse "de forma precisa", puesto que los calendarios de ayudas
financieras están establecidos para los próximos 4, 5 y 6 años.
Sin embargo, admitió que se podría hacer una mejor aproximación
del coste que la de abril, cuando se cifró en 107.914 millones de euros
los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración
de entidades financieras, como consecuencia de las actuaciones
realizadas entre 2009 y 2012.
Dicha cifra es superior en un 75% a la de los 61.400 millones
anunciada por el Banco de España, porque el Tribunal de Cuentas decidió
contabilizar otras partidas adicionales como son los Esquemas de
Protección de Activos (EPA) concedidos al Banco Sabadell por la
absorción de Caja de Ahorros del Mediterráneo o a CaixaBank por el Banco
de Valencia, entre otros. Los EPA suman 28.666 millones.
Asimismo, tiene en cuenta, por ejemplo, las líneas de crédito
comprometidas por valor de 16.300 millones o el coste del informe de
Oliver Wyman que alcanzó los 37,9 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas señalaba también en su informe que el
principal receptor de recursos públicos no ha sido Bankia, sino la Caja
de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que totaliza 24.861 millones, frente a
los 22.426 del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. El tercero
es el Banco de Valencia con 17.868 millones.
Preguntado por si echa de menos más poder sancionador, Álvarez de
Miranda aseguró que el Tribunal trabaja con los poderes que tiene y
consideró que la falta de competencias no puede ser excusa para no
cumplir sus funciones.
Sin embargo, reconoció que el trabajo podría desarrollarse de
forma "más completa y con mejores resultados" si los medios fueran
mejores, y se mostró partidario de dar al Tribunal de Cuentas
competencias para poder obtener la colaboración de terceros en las
investigaciones que se llevan a cabo.
Estas colaboraciones, según explicó, son muy "necesarias" para
llegar a conclusiones "verdaderamente sólidas", puesto que se
colaboraría con organismos relacionados con el órgano fiscalizado, como
proveedores, acreedores o el propio Ministerio de Hacienda o la
Seguridad Social.
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