MURCIA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 3
de Murcia, por auto notificado este lunes, ha acordado el
sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del exdelegado del Gobierno y exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, en relación al 'caso Zerrichera', sobre presunta corrupción urbanística en torno a esta finca protegida de Águilas, según han informado fuentes del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
La misma medida ha sido acordada con respecto a la que
fue secretaria general de esa consejería María Reyes Sánchez, el
exalcalde de Águilas Juan Ramírez, la esposa de Marqués, María Jesús
Miedes, y José López, exconcejal de Agricultura de este municipio.
El
auto indica que aunque los informes
aportados a la causa sobre el patrimonio del exconsejero y exdelegado
del Gobierno -que está defendido por el abogado Jaime Peris Riera-
reflejan que "alcanza considerables dimensiones", no se ha acreditado
que tenga un origen ilícito.
Y añade que no está
probado que responda a la "hipotética recepción de ingresos económicos
vinculados a la toma de decisiones dependientes de los órganos
administrativos que dirigía, y favorables a la actuación urbanística de
La Zerrichera".
El juzgado añade que de las
actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no se desprende tampoco ningún
dato objetivo que permita fundar un juicio de probabilidad sobre la
existencia de presiones directas o indirectas por parte de Marqués sobre
sus subordinados dirigidas a la recalificación de los terrenos que
habrían permitido la urbanización de esa finca.
Por
el contrario, sí se considera necesario mantener la imputación que pesa
sobre exaltos cargos de Urbanismo del Gobierno de Murcia, entre ellos,
José María Ródenas, que fue subdirector general de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, y Antonio Alvarado, exdirector general de
Calidad Ambiental.
También se mantiene para Manuel
Alfonso Guerrero, que fue director general de Vivienda; Encarnación
Muñoz, exdirectora general del Medio Natural, y Juan Ignacio Sánchez,
jefe de servicio de Calidad Ambiental, en algunos casos por
un presunto delito de prevaricación y, en otros, por un
presunto delito de prevaricación y un delito de falsedad documental.
De la citada resolución se da traslado a las acusaciones
particulares personadas, para que, en su caso, soliciten la apertura del
juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la
causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La resolución no es firme y cabe recurso de reforma y/o apelación.
Sin embargo, la semana pasada el magistrado-instructor de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia,
Manuel Abadía, decidió tomarle declaración el martes día 18, en calidad
de imputado por el proyecto urbanístico Novo Carthago (Cartagena).
En estas diligencias se recogía la imputación de Marqués por
delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; una causa en
la que también se encuentra imputado el consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran
abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los
presuntos delitos de prevarización, ordenación del territorio y del
medio ambiente, y tráfico de influencias.
El resort 'Novo Carthago' consistía en la construcción de hoteles y
más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de
especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos
eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de
protección del trasvase (NUPT).
1 comentario:
Y entonces el ganador es.....
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