La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia rechaza la querella contra juez y fiscal del caso 'Umbra'

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia no ha admitido la querella presentada por Joaquín Peñalver, imputado en el caso 'Umbra' de presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, contra el juez David Castillejos y el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano.

   En un auto notificado este viernes, la Sala entiende que los hechos "no constituyen delito alguno" y se acuerda el archivo de las actuaciones. La resolución no es firme, por lo que se podrá interponer un recurso de súplica dentro de los tres días siguientes a la notificación.

   La querella, presentada José Muñoz Clares en representación de Peñalver, criticaba la "nula instrucción" a cargo del fiscal Anticorrupción y el juez instructor del caso. Según la querella, entre los motivos que la justificaban estaba la crítica hacia que el secreto de sumario se hubiera prorrogado cinco años "al margen de toda racionalidad y contra los intereses del querellante".

   Y es que, recogía, "fueron voluntariamente ocultados a las partes para entorpecer aún más su defensa, como ocurrió, por otra parte, con determinadas fotografías incautadas junto con el ordenador de uno de los imputados, que fueron ocultadas para filtrarlas a la prensa en un momento, entre junio y julio de 2013, en que el caso Umbra se había ido desmontando y amenazaba ruina. Esa ocultación hubiera sido imposible si el secreto se hubiera alzado a su debido tiempo o, mejor, no se hubiera".

   Entendía el letrado que todo ello obedece a "un plan trazado desde la opacidad del secreto con la finalidad de eliminar la defensa que pudiera provenir de los imputados, a los que hasta el momento de levantar el secreto se oculta documentación destinada a reforzar el peso de las imputaciones, documentación que de haber sido incorporada a tiempo habría sido conocida al levantarse parcialmente el secreto en diversas ocasiones".

   Del mismo modo, el querellante consideraba que "se habían acreditado violaciones conscientes y sistemáticas de la práctica procesal legalmente establecida, tanto en lo relativo a la declaración de secreto como en lo referente a sus sucesivas prórrogas, así como la existencia de documentos que, al amparo del secreto, se mantenían como durmientes y han ido apareciendo misteriosamente una vez que el forzado alzamiento del secreto ha impedido a los querellados seguir actuando a su antojo en una instrucción dirigida conscientemente a producir la más radical indefensión de los imputados".