MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha
explicado que con la eventual sociedad pública que su Departamento
baraja para asumir las autopistas en problemas se busca evitar que estas
vías quiebren y su deuda compute en el déficit.
"El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las
autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa
responsabilidad va al déficit", detalló Pastor.
"Estamos ante un gravísimo problema y hay que darle una salida, y
una salida razonable para todos", añadió la ministra en declaraciones a
la Cadena Ser.
Así, la titular de Fomento confirmó que su Departamento estudia la
constitución de una empresa pública dependiente de Fomento para que
asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de
quiebra y su correspondiente deuda, un total de unos 3.500 millones de
euros.
"Estamos trabajando con el sector para ver las distintas salidas
(al problema) y ésta es una de las propuestas que están sobre la mesa",
aseguró la ministra, que reconoció que las dos líneas de ayudas que se
habían articulado para las vías, los créditos participativos y las
cuentas de compensación, constituyen "un parche para hoy, pero no la
solución al problema".
Pastor recordó que las causas de la situación de estas vías es la
caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las
expropiaciones. "Algunos tribunales decidieron que un metro cuadrado de
esos terrenos valía lo mismo que un metro cuadrado en la Gran Vía",
apuntó al respecto.
De la decena de autopistas con problemas económicos y financieros,
seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata
de tres radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La
Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también
figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas
Por contra, la ministra Fomento rechazó que el Gobierno sopese
imponer peaje en las autovías actualmente libres de pago directo para el
usuario. "Tenemos un sector de transporte, con muchos pequeños
transportistas, en una situación que, en caso de imponer ese servicio
(peaje), les llevaría a cerrar la empresa", argumentó.
1 comentario:
Pues yo pienso que el estado-administración no tienen responsabilidad patrimonial alguna por mucha concesión que haya dado. Que diría Valcarcel si por la misma regla de tres tiene que rescatar el Aeropuerto de Corvera. Si a los concesionarios no les salen las cuentas, que entreguen las autopistas a los bancos en dacción en pago o les ejecuten las hipotecas, no se trata de insolventes como los desahuciados, tienen bienes con los que responder. Lo de socializar las pérdidas debe estar ya recogido en el codigo penal.
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