MURCIA.- La empresa de estiba cartagenera, SESTICARSA, presidida por Adrián Ángel Viudes Viudes, también presidente de la Autoridad Portuaria local, ha sido condenada más de 20 veces en los juzgados de lo social y ha sufrido más de 50 actas sancionadoras de la Inspección de Trabajo en los últimos cinco años, recuerda hoy 'El Confidencial'.
Este doble récord, sin parangón en España, se debe a la 'guerra' que el máximo responsable de las dársenas cartageneras libra contra los estibadores de la empresa Sociedad Estatal de Estiba del Puerto de Cartagena (Sesticarsa),
que tenía que haber sido privatizada el año pasado, cosa que no ha
podido realizarse por las numerosas irregularidades que la rodean, según
el propio presidente.
Actualmente, Sesticarsa es la única empresa similar de todos los puertos del Estado español que sigue siendo pública: todas las demás han pasado ya a manos privadas de acuerdo con la nueva Ley de Puertos de 2010. Pero la singularidad más llamativa de la relación de la Autoridad Portuaria de Cartagena con los empleados de Sesticarsa es la serie continuada de condenas en juzgados de lo social y sanciones de la Inspección de Trabajo cosechada por aquélla en los últimos cinco años.
La última acta sancionadora fue enviada el 18 de enero pasado por el director territorial-jefe de inspección provincial de Murcia, Diego Martínez Rafecas, y notificada a primeros de febrero, y es relativa al incumplimiento del convenio colectivo por utilizar trabajadores ajenos a Sesticarsa, lo que se conoce como “prestamismo laboral”, y por no poner al frente de trabajos específicos a un capataz homologado. En ella “la sanción se aprecia en su grado máximo” y también “una intencionalidad [de la empresa presidida por Viudes] manifestada en la persistencia del comportamiento” irregular durante varios meses de 2012 y a pesar de las denuncias interpuestas por los trabajadores.
Actualmente, Sesticarsa es la única empresa similar de todos los puertos del Estado español que sigue siendo pública: todas las demás han pasado ya a manos privadas de acuerdo con la nueva Ley de Puertos de 2010. Pero la singularidad más llamativa de la relación de la Autoridad Portuaria de Cartagena con los empleados de Sesticarsa es la serie continuada de condenas en juzgados de lo social y sanciones de la Inspección de Trabajo cosechada por aquélla en los últimos cinco años.
La última acta sancionadora fue enviada el 18 de enero pasado por el director territorial-jefe de inspección provincial de Murcia, Diego Martínez Rafecas, y notificada a primeros de febrero, y es relativa al incumplimiento del convenio colectivo por utilizar trabajadores ajenos a Sesticarsa, lo que se conoce como “prestamismo laboral”, y por no poner al frente de trabajos específicos a un capataz homologado. En ella “la sanción se aprecia en su grado máximo” y también “una intencionalidad [de la empresa presidida por Viudes] manifestada en la persistencia del comportamiento” irregular durante varios meses de 2012 y a pesar de las denuncias interpuestas por los trabajadores.
Esta es la última de la larga serie de no menos de 50
actas sancionadoras contra Sesticarsa que se complementan con una
lista paralela de 20 sentencias de juzgados de lo social de Cartagena, convertidas en firmes en el TSJ de Murcia, por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Entre esas sentencias figuran varias por persecución sindical, por fraude a la Seguridad Social al no haber cotizado horas extraordinarias
realizadas por los estibadores portuarios, y varias por incumplimiento
de normativa laboral y de convenio colectivo, según la documentación a
la que ha tenido acceso El Confidencial.
El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, viejo militante de UCD que pasó después al PP, fue nombrado en 1996 por Puertos del Estado, a poco de producirse el triunfo de José María Aznar
en las elecciones de ese año. A partir de 2001 cambió la legislación.
Desde entonces, su nombramiento es propuesto por el presidente de la
Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y ratificado por el ministro de Fomento de turno. Viudes lleva ya en el cargo oficial mejor remunerado de la Región de Murcia un total de 17 años.
Durante los últimos siete, tras decidirse la privatización progresiva de las viejas sociedades estatales de estiba y desestiba con la nueva Ley de Puertos, se ha desatado la guerra judicial y laboral con los trabajadores de Sesticarsa, con el resultado descrito de un largo rosario de condenas en lo social y sanciones laborales contra la empresa y el puerto de Cartagena.
Durante los últimos siete, tras decidirse la privatización progresiva de las viejas sociedades estatales de estiba y desestiba con la nueva Ley de Puertos, se ha desatado la guerra judicial y laboral con los trabajadores de Sesticarsa, con el resultado descrito de un largo rosario de condenas en lo social y sanciones laborales contra la empresa y el puerto de Cartagena.
Además, la Autoridad
Portuaria de Cartagena fue sancionada en 2008 con 3.005,06 euros por
infracotizaciones de cuotas de horas extraordinarias a la Seguridad
Social de 1.445.596,09 euros. La dirección de Sesticarsa interpuso
recurso contencioso-administrativo para evitar el pago de esa deuda.
Otro caso llamativo es el incumplimiento hasta en 34 ocasiones durante
el primer trimestre de 2012 de la obligación empresarial de designar un
capataz para determinadas labores. O la anulación en septiembre de 2008
del despido de un trabajador afiliado al sindicato Coordinadora Estatal
de Trabajadores del Mar (CTM) que había faltado al trabajo tras sufrir
un accidente de trabajo.
La guerra de los cien años
En este contexto el proceso de privatización de Sesticarsa, participada al 51% por la Autoridad Portuaria y al 49% por capital privado no se ha podido realizar. La sociedad cartagenera ha quedado como caso único en España, puesto que, desde el 1 de enero de 2012, las 27 sociedades de estiba están transformadas en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) respectiva de cada puerto, de propiedad privada totalmente.
Un escrito del 20 de mayo de 2011, firmado por Adrián Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de Sesticarsa, informa a los delegados sindicales de CTM de que no se puede completar la privatización porque “depende de la resolución del proceso contencioso administrativo que la Sociedad tiene interpuesto como consecuencia de la denuncia por horas extraoridnarias”, cuya “sentencia tendrá como consecuencia la adaptación de Sesticarsa en Sagep, o la disolución de la misma”.
Para Cayetano Jaime Moltó, dirigente local de IU, “Viudes ostenta el liderazgo en toda España de sentencias condenatorias firmes relativas a la violación de derechos fundamentales, fraude a la Seguridad Social e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y la propia Inspección de Trabajo”.
La guerra de los cien años
En este contexto el proceso de privatización de Sesticarsa, participada al 51% por la Autoridad Portuaria y al 49% por capital privado no se ha podido realizar. La sociedad cartagenera ha quedado como caso único en España, puesto que, desde el 1 de enero de 2012, las 27 sociedades de estiba están transformadas en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) respectiva de cada puerto, de propiedad privada totalmente.
Un escrito del 20 de mayo de 2011, firmado por Adrián Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de Sesticarsa, informa a los delegados sindicales de CTM de que no se puede completar la privatización porque “depende de la resolución del proceso contencioso administrativo que la Sociedad tiene interpuesto como consecuencia de la denuncia por horas extraoridnarias”, cuya “sentencia tendrá como consecuencia la adaptación de Sesticarsa en Sagep, o la disolución de la misma”.
Para Cayetano Jaime Moltó, dirigente local de IU, “Viudes ostenta el liderazgo en toda España de sentencias condenatorias firmes relativas a la violación de derechos fundamentales, fraude a la Seguridad Social e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y la propia Inspección de Trabajo”.
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