MURCIA.- La secretaria de Infraestructuras y Movilidad
del PSRM, María José Lajarín, puso de manifiesto que, en materia de
transporte público, "los Gobiernos de Valcárcel y Cámara, andan
desaparecidos y con miedo a dar la cara, pues está quedando muy claro
que les importa más el beneficio de los gestores de Latbus que el de los ciudadanos".
Lajarín denunció que Valcárcel "está consintiendo que sea una empresa privada, Latbus, la interlocutora ante los ciudadanos de un servicio público", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
"El presidente debería incluir al director adjunto de Lat-Bus en su Gobierno, como portavoz",
ironizó, "pues ha llegado un momento en que toda la información de lo
que se debe o no se debe hacer en las concesiones de transporte público,
de las incidencias, de cómo se aplican las tarifas, etc. nos llega
siempre a través de esta empresa privada"
Asimismo, criticó que los gestores de Latbus "se atrevan a
dar clases de moralidad a los demás y pretendan aparecer como máximos
defensores del interés público, cuando anuncian, entre otras cosas, el
despido de 25 trabajadores por presuntos incumplimientos en los
servicios mínimos y la presunta lesión del derecho a la movilidad de los
ciudadanos".
Y es que, para la responsable socialista, la empresa de autobuses
"no está en la mejor posición para dar lecciones de ética a nadie, pues
salvo que el consejero Sevilla nos diga lo contrario, tiene
abierto un expediente sancionador por infracción muy grave de la
legislación del transporte terrestre que se incoó cuando ésta decidió
unilateralmente incumplir las tarifas".
Lajarín considera que "no se puede consentir que un concesionario
de servicio público no pague a los trabajadores, ni a la Hacienda
Pública, ni a la Seguridad Social; que no renueve la flota de autobuses
(requisito que fue imprescindible para que le renovaran la concesión),
que suba las tarifas y pongan y quite bonos cuando les interesa, y como
premio, va Valcárcel y les amplía el plazo de cumplimiento dos años
más".
"Pero, como se ve que a nuestro presidente no le parece
suficiente, va y hace algo todavía mucho más serio. Cuando la
Administración no permite a ninguna empresa contratar con ella si tiene
deudas pendientes con las arcas públicas, el Gobierno, a través del PP
en la Asamblea Regional, y bordeando el procedimiento para saltarse los
controles jurídicos, cambia la Ley de Subvenciones para permitirle a Latbus no pagar, pero sí poder seguir cobrando subvenciones", señaló Lajarín.
En su opinión, "sería muy interesante conocer la opinión de las
organizaciones empresariales sobre esta discriminación legal a favor de Latbus, cuando a cualquier contratista se le exige estar al corriente de sus obligaciones, por muy mal que esté económicamente".
"A estas alturas, Valcárcel debería explicarnos a todos los
ciudadanos qué es lo que pasa con esta empresa que la hace más especial
que las demás", finalizó.
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