MURCIA.- Los sindicatos CCOO y UGT, así como la
Plataforma de Afectados por Hipotecas de la Región, han presentado este
miércoles en el registro de la Delegación del Gobierno un total de
10.500 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación
en pago y alquiler social. Tienen hasta el 31 de octubre para recoger
500.000 firmas y que el Congreso debata la dación en pago.
Los pliegos de firmas se encuentran en las diferentes sedes de las
entidades, pudiendo encontrar esa información en la página web 'www.quenotehipotequenlavida.org',
con posibilidad de la firma electrónica con el DNI electrónico o el
certificado digital, donde esta mañana tenía registradas cerca de 65.000
firmas, según ha comentado el miembro de la Plataforma, Paco Morote.
No obstante, independientemente de los pliegos oficiales que se
hagan para la recogida de firmas, se realizarán anexos con las mismas
características para que aquellos extranjeros no nacionalizados puedan
también firmar, ya que la ley no recoge que este colectivo pueda
participar en la ILP.
En esta línea, Morote ha explicado que el acto de hoy "es la
primera fase de la entrega de firmas que se vienen recogiendo desde el
21 de abril en Murcia".
Al hilo, ha destacado que "en mes y medio se han recogido 9.525
firmas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cartagena,
Yecla y Murcia con la colaboración de Consumur, La Intersindical e IU". A
éstas hay que sumar las recogidas por CCOO y UGT.
Desde la Plataforma han acudido al Registro de la Delegación del
Gobierno "para presentar, de forma pacífica y democrática, esta ILP
contra una ley que violenta a las familias al ser expulsadas de sus
casas por culpa de una crisis que no han provocado".
Morote ha calificado de "canallada" lo ocurrido ayer en Las Torres
de Cotillas, donde consiguieron paralizar un desahucio. Se trataba de
una vivienda que "se la había adjudicado un particular por 37.000 euros y
después por 150.000 euros pasó a ofertársela a la familia".
Al mismo tiempo, ha denunciado públicamente una "sensación de
inseguridad jurídica que promueve la Administración de Justicia, ya que
en los últimos tiempos ya no señala los desahucios con fecha lugar y
hora, sino que los da en un plazo de 15 días y lo que se genera ante las
familias es una sensación de angustia, porque no saben en qué momento
se producirá este hecho".
Por ello, ha anunciado su intención de pedir una entrevista con el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Juan
Martínez Moya, dado que "se ha mostrado partidario de la dación". En esa
cita, reclamará que los órganos judiciales que practican este método
"dejen de hacerlo, porque es inconstitucional y antijurídico".
La Plataforma está realizando talleres dirigidos a atender a las
personas que así lo solicitan y que se encuentran en esta situación. "Se
les hace ver, ha explicado, que no son culpables de la situación que
están viviendo, les hacemos ver que son estafados y vemos qué situación
jurídica tiene cada uno de los casos y después negociamos, si lo
requiere, con el banco o le hacemos presión".
Semanalmente acude una media de 35 personas, según ha comentado
Morote, quien ha cifrado en 68 el número de desahucios que han
conseguido paralizar.
Por su parte, Charo González, responsable de Mujer, Política
Social e Inmigración de CCOO, ha precisado que desde CCOO se han
recogido un millar de firmas, por lo que no ha dudado en afirmar que
esta iniciativa "está teniendo muy buena acogida".
Desde UGT, la responsable de Relaciones Institucionales, Manuela
Hernández, ha advertido que "esto acaba de empezar", ya que tienen la
intención de "recoger el doble de lo que hemos presentado hasta ahora".
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