MURCIA.- Un centenar de sacerdotes, religiosos y
misioneros de la Diócesis de Cartagena en la Región de Murcia han
suscrito un documento en el que denuncian la situación que viven
centenares de familias al verse afectadas por el desahucio de sus
viviendas al no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas a causa
del paro y de la crisis económica. El documento también cuenta con el
apoyo de la Asamblea General de Cáritas Diocesana de Cartagena,
celebrada hace tres semanas.
El manifiesto, que lleva por título 'En el nombre de Dios, ¡Basta
ya de desahuciar a las familias!', ha sido presentado este jueves mañana
en rueda de prensa en la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en el barrio de
Los Rosales de la pedanía de El Palmar. Un barrio, precisamente, muy
castigado por la crisis y donde se han evitado varios desahucios gracias
a la intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que
se constituyó hace unos meses.
El acto ha contado con la presencia del párroco de Los Rosales,
José Tornel, así como varios sacerdotes diocesanos, Juan Francisco
Ortega, que intervino en la rueda de prensa, José Luis Bleda y Joaquín
Sánchez. Asimismo participaron varias religiosas, entre ellas Sor Juana
Peñalba, Hija de la Caridad y muy implicada en Cáritas, y otras de la
Institución Teresiana y de las Carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna.
También intervino el religioso salesiano José Miguel Gambín,
misionero durante 25 años en Malí.
En su escrito, dirigido a "los políticos, banqueros y a todos
aquellos que participan directa o indirectamente en el desahucio de
viviendas", los firmantes aseguran que "la vivienda no es sólo ladrillo y
cemento, es un hogar donde se ha materializado un proyecto familiar, es
un espacio en el que todo adquiere un significado afectivo y
existencial: el amor de la pareja, los momentos felices y duros, el
nacimiento de un hijo. Es el lugar vital donde la familia encuentra el
cariño, el descanso y la tranquilidad".
Tras recordar que "las familias han ido pagando sus hipotecas
mientras alguno de sus miembros ha tenido un trabajo", el paro "ha
supuesto no poder cumplir con la cantidad mensual establecida" y
provocado "que los bancos y cajas de ahorros, a través de demandas
judiciales para desahuciar, estén provocando un sufrimiento a la
sociedad en aras de sus beneficios".
Los sacerdotes y religiosos denuncian que "los bancos y las cajas
han recibido muchísimo dinero público para tapar sus agujeros" y que
"las demandas judiciales tienen amparo legal en una Ley Hipotecaria que
no defiende ni ampara a la persona ni a la familia".
Muchas familias, prosiguen, "han sido echadas a la calle, con el
agravante de no concederles la dación en pago (cancelación de la
hipoteca con la entrega de la vivienda), lo cual las deja sin futuro. No
pueden volver a reiniciar sus vidas. ¿Qué futuro -se preguntan- pueden
darles a sus hijos si están en paro, o con un trabajo precario, y además
con una deuda de miles de euros?".
Por ello, piden "a los bancos y cajas que no ejerzan la demanda de
desahucio, sino que busquen soluciones con las familias y las
administraciones, que permitan a las familias poder seguir disfrutando
de su hogar. En este sentido, valoramos el trabajo y el compromiso de
las plataformas de afectados por la hipoteca".
También reclaman a los jueces, secretarios judiciales, comisiones
judiciales y fuerzas de orden público "una gran sensibilidad y respeto
ante estas situaciones" y que "sus actuaciones no supongan un mayor
sufrimiento a las familias. Que no olviden que echar a una familia a la
calle sepulta la dignidad humana, por muy legal que sea".
Asimismo, exigen "a los gobernantes que estén al servicio de los
ciudadanos y del bien común, ya que es escandalosa la sumisión de la
política a la economía. Que cambien ya la ley, que paralicen los
desahucios ante esta situación social, concedan por ley la dación en
pago y se establezca el alquiler social".
Recuerdan diversos textos de la Doctrina Social de la Iglesia, así
como la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, así como la
Carta de los derechos de la familia de 1983, al referirse a que "la
familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar
y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente
sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de
la comunidad". Les exigimos, por tanto, a los políticos, que protejan a
las familias.
El escrito, al que esperan que se sumen más sacerdotes y
religiosos de toda la Diócesis de Cartagena, finaliza con la petición de
que "todos pongamos en el centro de nuestras actuaciones y decisiones a
la persona y su dignidad, porque el ser humano no es mercancía, sino
que es el centro y fin de toda la vida económica y social" (Caritas in
Veritate, 25), pues, concluyen, "desde la fe cristiana consideramos a
cualquier persona imagen de Dios y por tanto, merecedora de respeto,
justicia y fraternidad".
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