martes, 8 de junio de 2010

Que paguen los que menos tienen / Alicia Poza *

Hay maestras y maestros que enseñan a los niños, médicos que atienden a los enfermos, hay maquinistas que conducen los trenes, bibliotecarias que nos prestan los libros, carteros que nos traen el correo a casa, policía que vigila las calles, bomberos que apagan los incendios.Todas estas personas trabajan cotidianamente para nosotros. De ellas dependen los servicios y bienes públicos. Ellas sustentan el llamado Estado de bienestar.

A nosotros nos parece que es lo más natural del mundo, pero no es así. No es algo que haya caído del cielo. Ha sido el fruto de la lucha de muchas generaciones de trabajadores y trabajadoras que han dado su vida por el reconocimiento de unos derechos sociales y laborales comunes para toda la ciudadanía.


Y todavía hoy, en las zonas más pobres del planeta, hay muchos países que carecen de estos servicios y derechos. No tienen escuelas, ni hospitales, ni transportes públicos, ni una policía que garantice la paz en las calles. Y debido a ello, la gente muere de hambre, de enfermedad y de violencia. El grado de civilización y de desarrollo humano de una sociedad depende del grado de desarrollo de sus servicios públicos. Pero no puede haber unos servicios públicos de calidad sin impuestos que los financien y sin empleados que los atiendan.

Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, comprobamos que hay unas diferencias enormes. La media de empleados públicos en la UE de los 15 es el 14% de la población activa; en Dinamarca llegan al 26,2%, en Suecia al 21,1% y en Finlandia al 18,7%; mientras que en España llegan sólo constituyen el 9,3%. Estas diferencias mantienen una relación inversamente proporcional con las cifras de desempleo: cuanto más empleo público, menos desempleo. Así, a comienzos de 2010, la tasa de desempleo era del 9% en Suecia, 8,9% en Finlandia y 7,5 en Dinamarca, mientras que en España era del 18,9%. Si tuviéramos una proporción de empleados públicos similar a la de los países nórdicos, nuestra tasa de desempleo sería de las más bajas de Europa.

Está claro, pues, que en términos comparativos el Estado de bienestar español es muy reducido, tanto en el número de empleados como en el porcentaje de gasto social en relación con el PIB, que es también de los más bajos de la UE de los 15. Ante tales datos, ¿cómo es posible que se pretenda combatir la crisis económica reduciendo todavía más el gasto público español, y en particular el gasto social, cuando sería necesario aumentarlo precisamente para poder salir de la crisis?

Dicen que el recorte social es necesario para reducir el déficit público, y que el déficit hay que reducirlo para calmar a los mercados, cuando todo el mundo sabe que son precisamente los mercados los que están en el origen de la crisis, y sobre todo los mercados especulativos y financieros (bancos, fondos de inversión, etc.). Sin embargo, las grandes potencias occidentales (EE UU y la UE) y los máximos organismos financieros internacionales (FMI, BM, BCE), en lugar de 'apretar el cinturón' a los grandes especuladores y establecer impuestos globales a las rentas de capital, están exigiendo a los Estados que reduzcan sus servicios públicos y sus gastos sociales, es decir, que sean los trabajadores y trabajadoras , los ciudadanos con menos recursos, quienes paguen los excesos especulativos de los más ricos.

Y lo más escandaloso es que haya tantos políticos, economistas, periodistas, tertulianos, etc., exigiendo toda clase de sacrificios a los trabajadores, a los pensionistas, a las empleadas y empleados públicos, a las personas dependientes, a las madres recién paridas y a los sindicatos que los representan y los defienden legítimamente. Sin embargo, esos mismos predicadores del ajuste duro para los más débiles, no dicen ni palabra contra los paraísos fiscales, ni contra las altas tasas de evasión de impuestos, ni contra las reducciones y exenciones fiscales a las rentas y patrimonios más altos, ni contra el hecho de que los servicios públicos se financien cada vez más con los impuestos de las rentas salariales, es decir, con los impuestos que sí pagamos los trabajadores, los empleados públicos y los inmigrantes.

Como ha dicho con todo descaro Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo, y uno de los mejores conocedores de eso que llaman los mercados, «hay clases y hay lucha de clases, y mi clase está ganando esta lucha». Porque los Estados que se llaman democráticos, en lugar de redistribuir la riqueza de arriba hacia abajo, la están redistribuyendo de abajo hacia arriba. Y luego se sorprenden de que los ciudadanos pierdan la confianza en sus gobernantes y los sindicatos convoquemos manifestaciones y huelgas generales.

(*) Alicia Poza es portavoz de STERM-Intersindical

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Se podrá decir mas alto, pero no mas claro.

Anónimo dijo...

Y encima, el Gobierno Regional murciano pretende regalar 200 millones de euros a la concesionaria del aeropuerto de Corvera, a sabiendas de que es un negocio ruinoso, como estamos viendo con el de Ciudad Real.