El Consejo General expresó su "más rotundo rechazo" a la actual regulación y a la contenida en el proyecto de ley actual, ya que esta entidad considera que es "inexplicable e inadecuada en un momento en que la transparencia y los mecanismos de control deben reforzarse por el Estado y las comunidades autónomas para evitar la corrupción municipal".
Asimismo, entiende que "es necesario establecer las garantías necesarias para el ejercicio de estas labores de control con objetividad, imparcialidad y neutralidad evitando que se puedan producir presiones o coacciones".
Para esta entidad, "sin este ejercicio de responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma no puede garantizarse el control interno de los ayuntamientos" y aseguró que alguna autonomía "no puede mirar para otro lado ante hechos como los que se han producido y pueden llegar a producirse en cualquier momento".
3 comentarios:
Esta fachada me suena...
Habría que recordar a secretarios e interventores que en su toma de posesión juran ante el Ayuntamiento que es ante quien responden y no ante la Comunidad Autónoma y todo aquello que no sea responsabilidad municipal debe ser competencia de la Justicia ordinaria. Entiendo la propuesta en el sentido de que las tropelías que puedan cometer estos funcionarios públicos nadie espere que puedan ser sancionadas por el concejal o alcalde de turno al que precisamente dan cobertura y se juegan el puesto con sus intervenciones. Tu me firmas y yo te encubro, es el pacto de canallas que normalmente se establece. ¿Y quien hace de instructor a la hora de abrir expediente al secretario o al interventor, tu subordinado?
Lo normal es que cambie la ley y pasen a ser funcionarios de designación directa por el gobierno central. Ni siquiera por la autonomía de turno, que también se las traen.
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