"A la vista de la legislación nacional y de los principios que informan el derecho comunitario, entendemos que por parte de los poderes legislativo y ejecutivo regional, oposición socialista en la Asamblea Regional incluida, se está incurriendo en dejación de funciones y en una posible vulneración de la legalidad comunitaria, con el consiguiente perjuicio para el interés público, consideración que sustentamos sobre los siguientes razonamientos:
A.- TOLERANCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
De la lectura de los artículos 230, 236, 245 y 247 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, en adelante Texto Refundido, se desprende:
B.- CONFIGURACIÓN DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL DISTINTA DE LA CONCESIÓN OTORGADA.
Que a tenor de lo dispuesto en los artículos 220, 224 y 239 del Texto Refundido, en la Directiva 2004/18/CE, en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea sobre las concesiones en el Derecho Comunitario (2000/C 121/02) y en el Manual SEC-95, las características fundamentales de la concesión de obras son:
2.- Asunción por el concesionario de los riesgos de explotación;
3.- Asunción por el concesionario de los riesgos financieros.
En consecuencia, la concesión de este aval a la Sociedad Concesionaria significa la desaparición del elemento riesgo de dicho contrato, característica que diferencia cualquier concesión de obras de otras figuras contractuales. A la misma conclusión llegamos cuando analizamos la operación desde la óptica de los criterios SEC-95, vistas las consecuencias de ésta sobre la contabilidad pública.
C.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE COMPETENCIA.
Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea, son incompatibles con el mercado común:
1.- Las ayudas de Estado que falseen o amenacen falsear la competencia
Debemos entender que el citado aval constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común, como lo era el aval otorgado por la República Portuguesa a EPAC. Al igual que aquél antecedente fue declarado ilegal en virtud de la Decisión 97/762, es de temer que en el presente caso ocurra lo mismo. Una Decisión con similar pronunciamiento obligará a la supresión y recuperación del aval, so pena de exponer al Reino de España a ser condenado por incumplimiento, como proponía el Abogado General que fuese condenada la República Portuguesa en el Asunto C-404/97.
Considerándonos indefensos frente a la frivolidad con la que nuestra clase política, oposición incluida, dilapida los recursos públicos aprovechándose de la inactividad de las instituciones encargadas de su defensa, comunicamos nuestra intención de denunciar los hechos ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, último recurso para la defensa de los intereses generales de la Región de Murcia.
Ante la hipótesis de que la Comunidad Autónoma de Murcia fuese obligada por las autoridades comunitarias a retirar el aval, y ante la eventualidad de una posterior demanda que planteasen las entidades financiadoras (Caixa, Banco Espirito Santo, Dexia, ICO, u otras), esperamos de los medios de comunicación la difusión de esta nota, con la finalidad de que dichas entidades no puedan esgrimir el desconocimiento de las circunstancias concurrentes".
8 comentarios:
¿Dónde hay que apuntarse?
Lo mismo digo
¡Que imterpretación más ajustada a derecho!Que los promotores de la misma lleguen hasta el final. De lo contrario pagaremos todos los Murcianos semejante desvarío.
Yo tambien.¿Dónde hay que apuntarse?
Cuando se realice alguna reunión me avisar,correo Crespocristob@gmail.com
Interesante noticia
!Con un par de narices! !Ole por iniciativas como estas para 2010! Leña a los que quieran aprovecharse de lo público y de todos.
Buena iniciativa, ánimo.
Parece que la sociedad de esta región está despertando por fin. Terminamos 2009 movilizándonos contra la destrucción del Arrabal de la Arrixaca de Murcia, paralizándolo, aunque algún político se quiera colgar la medalla ahora, y comenzamos 2010 con esta otra noticia. Ya somos multitud los parados de la región como para que la clase política siga invirtiendo en sus caprichitos, de los que no quiere saber ni AENA, en vez de hacerlo en generar empleo, jugando con el dinero de todos.
Y que se investigue también también el proyecto del macro puerto de El Gorguel, que huele a negociete de los de siempre con la excusa del "bien común".
Feliz Año Nuevo pero, sobre todo, a los que han decidido poner fin al silencio de los corderos y a los independientes que publicáis estas noticias que otros medios silencian para no perder "contraprestaciones"...
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