¿Demasiados funcionarios? / Viçenc Navarro *

Existe una visión bastante generalizada en los foros conservadores y liberales (y también en algunos foros de izquierdas) de que el sector público en España está sobredimensionado. Es decir, se considera que la Administración Pública es demasiado grande, percepción que se ha incrementado a raíz del aumento del gasto público invertido (por parte de las CCAA y de los municipios) en crear ocupación en los servicios públicos como parte de la respuesta del Estado español a la crisis actual.

Así, en los últimos días, han aparecido dos artículos, uno en El País, en la edición de Cataluña (titulado “Funcionarios”, 17-06-09), y otro en El Periódico (titulado “La cifra de funcionarios se acerca a la de empresarios”, 15-06-09), que señalaban la alarma de que el número de lo que tales artículos definen como funcionarios es casi idéntico al número de empresarios y autónomos en España. Estos artículos son representativos de una percepción bastante generalizada que requiere una corrección.

Tales tesis, y la evidencia que utilizan para apoyarlas, son erróneas. En primer lugar, lo que se define en aquellos artículos como funcionarios no lo son. Las cifras que tales artículos citan corresponden al número de personas que trabajan en los servicios públicos (tanto del Gobierno central y autonómico como del municipal), incluyendo los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social) y los servicios generales (como correos, transportes públicos y servicios de seguridad, entre otros).

Estos empleados tienen varios tipos de contratos, siendo el funcionarial la minoría (un 28%). Es lógico que el número de personas que trabajan en el sector público sea mayor que el número de empresarios y autónomos. Ello ocurre en todos los países de la UE-15 (el grupo de países que tiene semejante nivel de desarrollo al nuestro).

En realidad, España es el país europeo donde esta relación empresarios y autónomos versus empleados del sector público favorece más al primer grupo. Así, mientras que en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%).

En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington. Una situación semejante ocurre, por cierto, en Cataluña, donde el número de empleados en el sector público es incluso menor. En contra de lo que dicen aquellos artículos, el problema que tenemos en España es el opuesto al que tales reportajes denuncian: el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.

La mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado, consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la UE. Es sorprendente que ello sea motivo de orgullo por parte de dirigentes del Gobierno socialista español.

Una de las causas de esta subfinanciación del Estado español (sea central, autonómica o municipal) es el enorme fraude fiscal que, según los propios técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

Para hacernos una idea de lo que estas cifras significan, tenemos que saber que España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos.

La mayoría de este fraude procede del mundo empresarial y financiero; según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).

Esta actitud está dañando la calidad de vida de las clases populares de España y de sus CCAA. Estas últimas tienen la responsabilidad de gestionar sus estados del bienestar con unos fondos que son claramente insuficientes. La cifra que el Estado ha citado para cubrir sus déficits (9.000 millones de euros) es, a todas luces, insuficiente. Mientras, continúa la filosofía de no aumentar los impuestos (excepto en tabaco e hidrocarburos).

Esta situación, si continúa, es potencialmente inestable políticamente. Es bien conocida la situación de que, a mayor desigualdad, mayor criminalidad y mayor descohesión social. España, que es después de EEUU el país con mayores desigualdades de renta en la OCDE, es también el que se gasta más en policía y seguridad, siendo, después de EEUU, el país que tiene un porcentaje mayor de tal gasto (2,1% del PIB y EEUU 2,2%).

En contraste, Noruega con un 0,9%; Suecia con un 1,3%; y Dinamarca con un 0,9%, son los países que tienen menos gasto en policía y seguridad, y tienen menos desigualdades.

España debiera corregir las excesivas desigualdades sociales mediante políticas fiscales progresivas, con incremento notable de su Estado del bienestar, escasamente desarrollado. Esto implicaría una mayor carga fiscal sobre los sectores más pudientes de la población, con corrección del enorme fraude fiscal, incrementándose así la protección social, que permitiría una reducción de la excesiva protección policial.

No hay duda de que España requiere una reforma de la Administración Pública, pero no en el sentido de reducir el excesivamente bajo empleo en su sector público.

(*) Catedrático de Políticas Públicas