Las compañías y los millonarios que buscan proteger sus operaciones y aminorar sus cargas fiscales, tienen ocultos unos 7,3 billones de dólares en los centros financieros de ultramar en todo el mundo. Pero ahora estos paraísos comienzan a ser cuestionados como nunca antes.
Durante su cumbre en Londres, el G-20 advirtió que los países que se niegan a compartir información financiera enfrentarán sanciones duras. Ante la crisis económica los países más ricos indicaron que no tolerarán la imprecisión de las operaciones.
Algunos de estos paraísos capitalizan su confidencialidad, otros, como las Islas Vírgenes Británicas ofrecen registros comerciales para que los negocios puedan declarar que tienen su sede en las islas y de esta forma eviten pagar impuestos en los países donde realizan sus operaciones.
La cantidad de dinero involucrado en esos paraísos es sorprendente. Entre 30 y 40% del comercio mundial es facturado fuera del país donde realmente se realizan las operaciones, de acuerdo con la Red de Justicia Fiscal, con sede en Londres.
Tan sólo en Estados Unidos 100.000 millones de impuestos se pierden cada año por abuso de sistemas fiscales de ultramar, según el senador estadounidense Carl Levin, que ha apoyado dos iniciativas que ayudarían a poner un fin a estos paraísos fiscales.
Según el Boston Consulting Group, unos 7,3 billones de dólares circulan por los centros financieros de ultramar.
Existen diferentes tipos de paraísos fiscales, la característica de muchos es que no han implementado estándares fiscales internacionales de una forma sustancial. Estos paraísos están en una lista gris.
Otros se niegan a cooperar con los recaudadores de otros países y con la implementación de estos estándares, por lo tanto entran en una lista negra, como es el caso de Filipinas, Uruguay, Costa Rica y el territorio malayo de Labuan.
Las jurisdicciones en la lista negra podrían perder el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Muchas islas del Caribe están en la "lista gris", en la que también se incluye Monaco, Liechtenstein, Panamá y Bermudas.
Estos países serán vigilados y podrían enfrentar sanciones por no implementar substancialmente los estándares fiscales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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