MURCIA.- Las trece empresas de la Región de Murcia que trabajaron en la construcción del nuevo aeropuerto y afectadas por el impago de sus contratos por parte de una subcontrata de Sacyr han visto un rayo de luz en su angustiosa situación tras la intervención en el conflicto de la constructora que preside Luis del Rivero, según 'La Verdad'.
Ginapefe, la subcontrata morosa, reconoció el pasado viernes la existencia de la deuda, que asciende a 299.896,07 euros, y se comprometió a abonar una parte en los próximos días, según informó ayer uno de los afectados.
Este avance se produjo en una reunión celebrada el pasado viernes entre el abogado de las empresas murcianas, Ginapefe y un representante de Sacyr, principal accionista de la concesionaria del aeropuerto y al mismo tiempo constructora del mismo. Las tres partes tiene previsto volver a reunirse esta semana para concretar el pago.
En caso de que no se produzca el pago, las empresas acreedoras han decidido presentar una demanda judicial contra Ginapefe.
En caso de que no se produzca el pago, las empresas acreedoras han decidido presentar una demanda judicial contra Ginapefe.
Uno de los afectados criticó que, casi un mes después de que le comunicaran el problema, la Consejería de Obras Públicas aún no se haya puesto en contacto con ellos.
Las empresas perjudicadas, algunas de ellas amenazadas por la quiebra, son en su mayoría de maquinaria pesada, pero también hay un taller mecánico y hasta una cafetería de Corvera en la que los trabajadores de la sucontrata dejaron sin pagar las comidas.
Carta de la Consejería
Carta de la Consejería
La Consejería de Obras Públicas ha instado a la sociedad concesionaria del nuevo aeropuerto, Aeropuertos de la Región de la Murcia, S. A. (Aeromur), que lidera la constructora Sacyr, a que resuelva los dos frentes abiertos en las últimas semanas: la falta de acuerdo con el centenar de propietarios afectados por las expropiaciones de terrenos y el impago de los contratos a trece empresas murcianas por una subcontrata de Sacyr.
Con respecto a las expropiaciones, la Consejería ha requerido a la concesionaria a través de una carta para que, en el plazo de diez días, firme los convenios de adquisición de mutuo acuerdo, y le recuerda que deberá pagar intereses por el retraso en la fijación del justiprecio.
La Consejería de Obras Públicas medió además entre Sacyr y la subcontrata morosa, Ginapefe, S. L., para que el pasado viernes se reunieran con los representantes de las empresas acreedoras y trataaran de llegar a un acuerdo para el pago de los casi 300.00 euros que se les adeudan.
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