El listado, confeccionado a partir de las aportaciones realizadas por 22 asociaciones de memoria histórica, diez particulares y varios gobiernos autonómicos y ayuntamientos, es sensiblemente inferior al que entregó el pasado día 6 la plataforma denunciante, que elevaba el número de desaparecidos a 133.708.
Tras Andalucía, con 32.289 víctimas, el mayor número de víctimas se contabiliza en Castilla y León, con 12.979; Extremadura, con 10.266; Aragón, con 10.178; País Vasco, con 9.459, de las cuales 8.650 han sido aportadas por el Gobierno de esta comunidad; Castilla-La Mancha, con 7.067; Galicia, con 4.396; y la Comunidad Valenciana, con 4.345. La cifra correspondiente a esta última región contrasta con la que ofrecieron las asociaciones de memoria histórica, que la elevaban a 28.892.
A continuación se sitúan Navarra, con la identidad de 3.431 personas; Madrid, con 2.995; Cataluña, con 2.400; La Rioja, con 2.007; Baleares, con 1.777; Asturias, con 1.246; Murcia, con 855; Cantabria, con 850; Ceuta, Melilla y el norte de África, con 464; y Canarias, con 262. Además, el auto contabiliza a 7.000 víctimas fallecidas en otros territorios.
Por provincias, la que registra un mayor número de desaparecidos es Málaga, con 7.797. A continuación se sitúan Córdoba (7.091), Zaragoza (6.779), Granada (5.048), Burgos (4.800), Toledo (3.970), Huelva (3.805), Navarra (3.431), Sevilla (3.257) y Jaén (3.253).
No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que estos listados deben ser "contrastados, analizados y renovados para completarlos y actualizarlos al máximo, excluyendo e incluyendo los nombres que día a día se identifican o los que están llegando a la causa y para cuyo fin se arbitrarán los medios necesarios".
De igual modo, argumenta que el sistema de desaparición forzada fue "utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la fecha".
En su auto, Garzón declara extinta por fallecimiento la responsabilidad del general Francisco Franco Bahamonde y otros 34 jefes militares que participaron en la sublevación militar, entre los que se encuentran los miembros de la Junta de Defensa Nacional que asumió el poder en los primeros meses de la Guerra Civil.
Este organismo tenía como presidente al general de División Miguel Cabanellas Ferrer, y como vocales a los generales Emilio Mola Vidal, Andrés Saliquet Zumeta, Gonzalo Queipo de Llano, Miguel Ponte Manso de Zuñiga, Fidel Dávila Arrondo, Germán Gil y Yuste, Luis Orgaz Yoldi, los coroneles Federico Montaner Canet y Fernando Moreno Calderón y el capitán de navío Francisco Moreno Fernández.
Asimismo, incluye a los integrantes de la Junta Técnica del Estado Español que actuó entre el 3 de octubre de 1936 y el 30 de enero de 1938 y a los miembros de los cinco primeros gobiernos de Franco, que se extendieron hasta el 18 de julio de 1951.
Además de los citados militares el juez Garzón cita a Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro de Interior, Gobernación y Asuntos Exteriores; Nicolás Franco Bahamonde, hermano del dictador y secretario general del Estado; José Luis Arrese y Magra, ministro de Vivienda y secretario general del Movimiento; Juan Yagüe Blanco, ministro del Aire; Agustín Muñoz Grandes, ministro del Ejército, secretario general de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y responsable de la División Azul.