El TSJRM declara ilegal la cantera del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia

MURCIA.- Al cabo de 34 años, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha declarado ilegal una cantera propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, que obtuvo licencia municipal en los estertores del franquismo, en 1974, siendo alcalde de Murcia el actual secretario general y ex presidente de los empresarios regionales, Clemente García García.

La sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJM, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Quiñonero Cervantes, establece que “la licencia es para lo que es; es decir, la instalación de trituración y clasificación de áridos”, y no está incluida en ella la explotación de la cantera, denominada ‘El Zacacho’, como reclamaba el propietario de la misma, director gerente y propietario de la sociedad Áridos del Mediterráneo S.A. (ARIMESA), Pedro García Balibrea.

Desde que en 1974 comenzó la explotación de la cantera declarada ahora ilegal, ARIMESA ha destruido hectáreas de monte para extraer la piedra que no estaba autorizada a sacar. En su momento, la licencia fue otorgada por el Ayuntamiento de Murcia pues el lugar pertenecía a ese término municipal.

Al producirse la segregación de Santomera, en 1978, y la constitución de su municipio, los sucesivos consistorios ya democráticos en manos tanto del PSOE como del PP han hecho la vista gorda sobre lo que se hacía en 'El Zacacho', a pesar de las reiteradas denuncias de vecinos afectados por la actividad ilegal y de grupos ecologistas.

Esa extracción ahora declarada ilegal definitivamente ha sido objeto, además, del inicio de procedimientos penales en curso por delito ecológico.

La sociedad propietaria de ‘El Zacacho’, ARIMESA, cuyo accionista principal es el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, ha argumentado en todos los procedimientos que la extracción de piedra estaba incluida en la licencia municipal de 1974, cosa que queda ahora desmentida por la sentencia firme y que no admite recurso del TSJM, que tiene fecha del 30 de abril de 2008.

Arrastra un expediente desde 1994

Además, la sentencia establece que la planta de producción de hormigón incluida en ‘El Zacacho’ carece igualmente de cualquier tipo de licencia: ni municipal, ni de las Consejerías de Industria o de Medio Ambiente. De hecho, la Comunidad Autónoma abrió expediente al respecto en 1994.

Item más, a ‘El Zacacho’ la Consejería de Ordenación del Territorio le abrió otro expediente urbanístico por carecer de licencia de obras para instalar oficinas y otros edificios en suelo no urbanizable, en marzo de 1996.

Sorprendentemente, ‘El Zacacho’ no ha cesado su actividad extractiva e incluso ha ampliado instalaciones, a fecha de la sentencia del TSJM, el 30 de abril pasado. Las consejerías de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente quedaron subsumidas en la de Desarrollo Sostenible en la última remodelación del gobierno regional murciano del PP, sin que haya tomado cartas en el asunto a fecha de hoy.

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Práctica suspensión de pagos del Servicio Murciano de Salud por la crisis fiscal

MURCIA.- El Servicio Murciano de Salud (SMS), dependiente de la Consejería de Sanidad, se encuentra en una práctica suspensión de pagos, según se deduce de sendas informaciones que hoy publican "La Verdad" y "La Opinión".

Un buen número de empresas y profesionales autónomos que abastecen y trabajan para el Servicio Murciano de Salud llevan meses, muchos incluso desde finales del pasado año, sin cobrar cantidades importantes de dinero, lo que les pueden obligar a cerrar.

Los problemas financieros que arrastra desde hace años este organismo público, dependiente de la Consejería de Sanidad, se han acrecentado en el 2008 y han alcanzado a la mayoría de los 2.000 proveedores con que trabaja.

Algunos implicados aseguran que desde el pasado mes de enero no se pagan las facturas de los productos y servicios prestados, e incluso, algunas de las empresas afectadas han amenazado con dejar de suministrarles. Más de una decena de empresas murcianas, que trabajan con el SMS, han visto peligrar su estabilidad.

El director general de Régimen Económico del Servicio Murciano de Salud, Andrés Carrillo, ha reconocido que se ha producido «alguna demora en el pago», aunque considera que la situación «no es especialmente dramática».

Según las explicaciones de Carrillo, el Servicio Murciano de Salud podría llevar unos ocho meses sin pagar a sus proveedores. «Nosotros pagamos a seis meses religiosamente», indica este alto cargo, «pero ahora hay un retraso de un par de meses».

Los contactos mantenidos entre las consejerías de Sanidad y Hacienda para resolver este problema han permitido que el Servicio Murciano de Salud reciba una transferencia de fondos con la que responder a los acreedores.

El director de Régimen Económico asegura que «el próximo mes comenzaremos a pagar».

Los problemas de liquidez del Servicio Murciano de Salud no son nuevos. En julio del 2005, Iberdrola amenazó veladamente con cortarle el suministro si no se le pagaba una deuda acumulada de más de tres millones de euros por el recibo de la luz, y el ejercicio del 2006 cerró con una deuda a corto plazo con acreedores de 270 millones de euros, según la auditoría de las cuentas de dicho año.

El peor año

Andrés Carrillo señala que el problema de la financiación sanitaria es común a todas las comunidades autónomas, pero más grave en las regiones del arco mediterráneo a causa del incremento de población que registran cada año y por el que no reciben más dinero del Estado.

«Hay tensiones financieras claras», indica el director general, y «este año está habiendo más dificultades a causa de la crisis económica».

Es evidente que la caída del consumo y de la actividad inmobiliaria ha reducido los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma, pero también la Consejería de Sanidad se ha embarcado en gastos no presupuestados, agravando la anemia económica crónica que padece, según revela "La Verdad".

El pasado mes de febrero, semanas antes de las elecciones generales, firmó un acuerdo con los sindicatos para aplicar la semana laboral de 35 horas que incluía un jugoso incremento salarial, cuyo coste el PSOE cifra en unos 90 millones de euros y que supondrá la contratación de unos 800 profesionales más.

Aguirre, Valcárcel, dos comportamientos en un mismo partido / Juan Redondo

Ha tardado mucho Esperanza Aguirre en manifestar su opinión con el cierre del congreso nacional del PP en Valencia. A los dos consejeros de la Comunidad de Madrid que Rajoy puso en los órganos de dirección del partido, les ha enseñado rápidamente la puerta de la calle, con la disculpa de que en etapas de crisis hay que reducir gastos.

La “baronesa” no parece muy “marianista” y encaja mal los resultados cuando no favorecen sus gustos. Qué diferencia con Ramón Luis Valcárcel, a pesar de que en algunos tiempos formaron cierto frente interno en el PP.

El presidente murciano ha sabido evolucionar del “aznarismo” al “marianismo”, y a pesar de la escasa presencia de populares murcianos en los órganos de dirección del PP ha regresado tan contento de Valencia, porque el partido ha apostado por el centro reformista.

Porque Valcárcel sabe sacrificarse por el interés general de los populares y es generoso y comprensivo con las decisiones de Génova, incluido el nombramiento de De Cospedal como secretaria general del PP. Valcárcel entiende desde hace años la paz por territorios y ha hecho de la Región de Murcia el gran feudo popular, como se demuestra cada vez que llegan las elecciones.

En este sentido es el vasallo modélico; aquí tanto Aznar como Rajoy son casi hijos adoptivos de la Región, se aceptan los “paracaidistas” que toquen y tampoco se es exigente a la hora de marcar cuota de poder o tener un gran peso específico en Génova. Nunca será una persona con una ambición política grande fuera de la Región, como puede ser el caso de Esperanza Aguirre o Francisco Camps ahora, o como en otros tiempos fueron Zaplana o Acebes. De ahí que sea una persona cómoda y valorada por los dirigentes nacionales de turno, porque no es problemático ni conflictivo.

Si el mes que viene hace algunos retoques en el Gobierno, no será por ajustes derivados del Congreso de Valencia, ni tampoco buscará la disculpa de Aguirre por reducir consejerías debido a la crisis económica. En sus más de trece años de gobierno, Valcárcel se ha distinguido, al contrario que otros barones, por no dejar cadáveres políticos en el camino (Megías puede ser la excepción), ni por crearse enemigos internos. Es una forma de perpetuarse en el poder regional.

Basuras alicantinas en la frontera de Murcia

Aunque con retraso, el Ayuntamiento de Murcia ha reaccionado ante el macrovertedero que quiere instalar la Diputación de Alicante en la frontera con la Región. Llevaban ya medio año los vecinos de Zeneta quejándose a la corporación por la intención alicantina de poner la planta en la finca de La Pistola, en término municipal de Orihuela, donde se verterán los residuos de 26 municipios alicantinos.

Ahora parece que la corporación que preside Cámara reacciona con contundencia en contra del proyecto. Coincide que la Diputación y la mayoría de los ayuntamientos están gobernados también por los populares y que los responsables de la construcción son Cespa y Ortiz, dos empresas que también trabajan en la Región.

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Viudes revela el interés de Puertos de Estado por el proyecto de nueva dársena en El Gorguel

CARTAGENA.- El economista liberal Adrián Ángel Viudes Viudes, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, ha revelado que el ente público "Puertos del Estado" es favorable a que se amplíe el puerto cartagenero con la construcción de una nueva dársena para contenedores a Levante dadas las dificultades de ver la posibilidad de hacerlo a Poniente por cuestiones de puro interés militar.

Después del respaldo recibido por parte del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia para sus proyectos frente a la Cala de El Gorguel, en el término municipal de La Unión, con fuerte y creciente contestación ciudadana y política de ecologistas y grupos de la sociedad civil, Viudes revela ahora algo que se suponía pero en sentido contrario: que no tenía el visto bueno del Gobierno central a sus pretensiones de nueva expansión tras terminar su ambicioso proyecto anterior, la dársena de Escombreras.

En ese sentido, el consejo de administración del Puerto de Cartagena ha aprobado hoy solicitar oficialmente al Ministerio de Fomento la autorización para este proyecto, con una inversión prevista de 1.500 millones de euros, y que sea declarado de interés general para adscribirlo a la Autoridad Portuaria en el mismo plano que las actuales dársenas de Cartagena y Escombreras.

La petición está avalada por una docena de estudios favorables de viabilidad y rentabilidad de la nueva dársena de El Gorguel y se acompaña de las respectivas cartas de intención de varios inversores privados ya interesados en la concesión de su construcción y posterior explotación al ser esta la fórmula considerada más idónea en tiempos de fuertes restricciones presupuestarias públicas.

La Autoridad Portuaria, que espera contar con estas nuevas instalaciones para el año 2015, dice que el tráfico de mercancías se ha incrementado durante el 2008 un 27,49%. El puerto recibió en los primeros cinco meses del año 11,7 millones de toneladas, frente a las 9,3 del mismo periodo en el 2007.

Imputaciones

En otro orden de cosas, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Cartagena ha citado a declarar como imputados a los cinco miembros del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del puerto de Cartagena (Sesticarsa) por un supuesto delito continuado de fraude a la Seguridad Social, según informaron fuentes judiciales a "La Opinión".

El presidente de dicho consejo es también Adrián Ángel Viudes. Los otros cuatro imputados son el secretario del consejo y gerente de Sesticarsa, Alfredo Fresneda, así como los otros tres consejeros de la sociedad de estiba, el actual director del Puerto, Pedro Vindel, Antonio Pelegrín y José María Fernández.

El juzgado actúa a raíz de la denuncia remitida por el ministerio Fiscal que, a su vez, recibió un escrito de la dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia con un informe sobre anomalías observadas en la cotización por parte de Sesticarsa de las horas extraordinarias sumadas por sus trabajadores entre los años 2003 y 2006.

Fue el sindicato de Coordinadora, el mayoritario en el sector de la estiba y que mantiene un conflicto permanente desde hace dos años con Sesticarsa y el propio Adrián Ángel Viudes, el que denunció esta situación en la Inspección Provincial de Trabajo, que tras requerir a la sociedad de estiba el pago de la cantidad adeudada, sin éxito, ha recurrido a la Fiscalía.

Supuesto descarado tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Los Alcázares

LOS ALCÁZARES.- «En el examen he fallado seis preguntas a propósito para disimular». El aparejador José Ramón G.H., conocido por el apelativo de Pochi, iba sobrado en el concurso oposición convocado por el Ayuntamiento de Los Alcázares para cubrir la plaza de arquitecto técnico municipal. Tan sobrado como para fallar seis preguntas a conciencia, que se dice pronto. Claro está que Pochi estaba bien asesorado. Como dice la sabiduría popular: «Quien tiene padrino se bautiza». Y él llegaba apadrinado nada menos que por el arquitecto municipal Mariano Ayuso.

Conversaciones intervenidas por los investigadores de la Operación Ninette contra la corrupción en Los Alcázares demuestran cómo se las gastaban el citado Ayuso, y también el ex alcalde Juan Escudero (en la imagen), cuando de echarle una mano a un conocido se trataba. No instalaban enchufes; acometían auténticas instalaciones eléctricas. El problema es que algunos de esos favores, cuando se mete el Código Penal de por medio, pueden acabar siendo rebautizados como tráfico de influencias. Y eso no suele augurar ya nada bueno, según cuenta "La Verdad".

A los ejemplos, que son los que valen. Primer ejemplo. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal intervienen una conversación, el día 14 de agosto del 2007, entre Mariano Ayuso y el citado Pochi. El arquitecto municipal informa a su amigo de que «ya tiene preparadas las preguntas del primer temario, que no sabe si se las habrán hecho llegar ya a Pochi, porque él lo habla con Juana. Pochi le indica que le dijo que en cuanto las tuviera se las enviasen a su correo electrónico. Mariano continúa diciendo que cree que las habrán preparado Bea y Juana, no Isabel. Que ha quedado con Juana en que se ven con el total (de las preguntas) el lunes 21. Mariano le pregunta cómo las lleva y si le ha dado tiempo a prepararlas. José Ramón contesta que ha sacado más temario y que de la parte de Mariano las tiene casi todas. Mariano le recuerda que eran, menos diez temas, los penúltimos. Pochi lo confirma».

Las conversaciones entre ambos vuelven a repetirse los días 21, 22 y 23 de agosto. «Mariano le informa de la nota del primer examen, de que han aprobado Pochi y otras dos personas. José Ramón le comunica a Ayuso que en el examen falló seis preguntas a propósito (se supone que se habían hecho con las preguntas del primer examen y de que lo había hecho para disimular un poco)», resume la Policía en uno de sus informes al juzgado.

El arquitecto municipal le informa de que el nuevo examen se hará el 20 de septiembre y de que las preguntas que caerán se sacarán por sorteo. (...) Para ese siguiente examen, Ayuso le propone varias opciones a José Ramón para partir con ventaja y asegurarse de que se queda él con la plaza de arquitecto municipal. La primera opción sería que José Ramón le propusiera dos temas que se supiera perfectamente y los otros opositores no, y Mariano, si tiene la posibilidad, los propondría para el siguiente examen. La segunda opción es que, si el sorteo se hace momentos antes del examen, Ayuso podría enviarle un mensaje con los temas sacados en el sorteo y así poder mirárselos unos instantes antes del examen. La tercera opción sería que Pochi escriba todo lo que pueda, pasando Mariano Ayuso a inflar su nota por la parte que le corresponde corregir».

No estaba mal la ayuda ofrecida. Pero es que incluso iba más allá. «La cuarta opción es que, si se quedara en blanco, José Ramón haría el examen más tarde en otro sitio y luego darían el cambiazo».

Visto lo visto, sería lícito preguntarse cuál de los métodos se utilizó, pero quizás no lo sería tanto interrogarse sobre el resultado. Huelga decir que José Ramón aprobó la oposición y que actualmente ejerce como arquitecto técnico municipal.

Los investigadores consideran que los esfuerzos de Ayuso por colocar en el Ayuntamiento a su amigo iban más allá de un mero favor, y que con ello pretendía probablemente seguir asegurándose una influencia en el Consistorio por si él, como acabó ocurriendo, era expedientado y separado de su responsabilidad.

Ejemplo dos. Conversación del 4 de septiembre del 2007 entre el jefe de Protección Civil de Los Alcázares, Sergio Gil, y el ex alcalde Juan Escudero. El primero le pide que hable «con Encarna (la alcaldesa) para el tema del zapatico, para lo de la Policía, para lo del Zapata, que salen las plazas ya, que se acaba mañana, y los exámenes son dentro de diez o doce días».

Sergio Gil le insiste: «Tienen que nombrar el tribunal, y yo no estoy en el tribunal. Como es de la Policía..., son todos funcionarios. Ya no hay concejales, ni alcaldes dentro del tribunal tampoco».

Sigue la conversación. El jefe de Protección Civil no está dispuesto a dejar un resquicio abierto. «Lo que hay que hacer es coger a la alcaldesa y decirle que meta al chico como sea», resume.

Unos días después, vuelve a la carga. Y le reprocha a Escudero: «No te has preocupado de ver el tema de las oposiciones de ese zagal, con el Zapata». El ex alcalde lo desmiente: «Sí, se lo dije ya a Encarna». Y Sergio se excusa por sus insistencia: «Es que yo no estoy en el tribunal, sabes, y ella tampoco está en el tribunal... y no hay ni un solo concejal en el tribunal... Entonces, a ver a quién nombran de tribunal, porque el truco del tema ése es el tribunal».

Tercer ejemplo. Conversación del 5 de septiembre del 2007 de Escudero con el concejal Francisco Javier Carrasco. El primero explica que «acaba de atender a Jesús H., el hijo del Pescadilla, que no es de los que dan follón, y que le ha dicho que cuando tengamos un hueco vamos a contar contigo. Escudero le dice a Carrasco que le dejará el sobrecico que me ha dejado, con el curriculum, para que cuando llegue la hora que resolvamos el tema de la ampliación del servicio, para llevar máquinas de limpieza, para llevar camiones... Éste es muy buen zagal, no es sindicalero. Yo le he dicho que eres tú el que lleva el tema».

Ejemplos de ese tipo hay unos cuantos. Pero no todo iba a ser dar. Si en algún momento hay que pedir, pues se está más que cualificado para hacerlo. Así, llega el momento en que Escudero (26-9-2007) habla con un tal Paco y le explica que uno de sus hijos «está tercero en la lista para acceder a la Universidad» y le pregunta «si se puede hacer algún chanchulleo, desde el punto de vista de que se amplíen dos o tres plazas más, para que pueda entrar». El tal Paco queda en hacer una consulta y por la tarde le llama. «No hagas ninguna gestión más, que mañana por la tarde sabremos si tu hijo entra o no, aunque hay muchas posibilidades de que entre».

Cadena de favores, se llama eso.

El Obispado se siente respaldado por el Vaticano tras admitirle su recurso la Signatura Apostólica

MURCIA.- El Obispado desveló en una nota de prensa que la Signatura Apostólica se declaró competente para «conceder la suspensión pedida» de la orden del Secretario de Estado del Vaticano, que instó a la Diócesis a retirar el recurso administrativo civil interpuesto ante el Consejo de Gobierno con el objetivo de que éste reconociese la titularidad de la Iglesia sobre la UCAM.

Después, y una vez que el Gobierno regional reconociese esa titularidad, el Obispado retiró el recurso ante la Signatura Apostólica.

En una nota de prensa, la Diócesis recordó todo el proceso vivido hasta el momento en su enfrentamiento con José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio y la Fundación Universitaria San Antonio.

En el comunicado, el Obispado asegura que «aclarada la cuestión de fondo relativa a la titularidad de la UCAM en el fuero civil» y tras la «desaprobación canónica de los nuevos Estatutos», la Iglesia «desea ajustar a Derecho, canónico y civil, el ser y el funcionamiento de la Universidad Católica y el modo en que la Fundación Universitaria San Antonio gestiona la autónoma personalidad jurídica, pública y eclesiástica» que es la UCAM.

El Obispado vuelve a tender una mano a Mendoza y muestra su interés por «llegar a soluciones acordadas» desde «la verdad y la justicia» y en la línea del «bien público de la Iglesia» y la disciplina eclesiástica.

Por todo ello, el Obispo, «habiendo respetado en todo momento el Derecho Canónico y las leyes justas del ordenamiento civil» pide a los fieles «sus oraciones para una pronta y feliz resolución de los problemas pendientes».

Reig Pla resalta que siempre ha actuado «en comunión absoluta y obediencia al Santo Padre».

En el recorrido por los acontecimientos que se han ido precipitando en los últimos tiempos, el Obispado insiste en que en todo momento ha tratado de llegar a soluciones consensuadas.

Así, asegura que tras recibir los polémicos Estatutos, «rogó en sucesivas cartas» a José Luis Mendoza que explicase sus posiciones y argumentos, pero no recibió «respuesta concreta alguna» del presidente de la Universidad Católica.

La Diócesis asegura que la Signatura Apostólica le otorga la titularidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, anulando así la decisión de la Secretaría de Estado vaticana a través de la carta del cardenal Tarcisio Bertone enviada al presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.

El comunicado establece el comienzo del problema en junio de 2007 cuando el obispo, Juan Antonio Reig Pla, pidió unos informes jurídicos, tanto desde el punto de vista jurídico como canónico, a la UCAM para establecer si los estatutos de la Católica “no son conformes a derecho, tanto por razones formales como de fondo”.

En este documento se afirma que el obispo quería solucionar el problema de titularidad de la Universidad de “modo cordial, fraterno y discreto, pero que no recibió respuesta concreta”.

Posteriormente, y tal y como expresa el comunicado, el Gobierno regional aprobó esos estatutos y el Obispado “reprobó canónicamente dichos estatutos y presentó un recurso administrativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Región” y se dio cuenta a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Esta Secretaría de Estado instó al obispo a que retirara este recurso administrativo en el plano civil, pero Reig Pla decidió presentar un recurso a la Signatura Apostólica, solicitanto la suspensión de la decisión de la Secretaría de Estado.

Dicho Tribunal estimó oportuno aceptar este último recurso, que anulaba la carta del Secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, que le daba la titularidad a la Fundación San Antonio.

Esta decisión se produjo antes de que el Consejo de Gobierno de la Región resolviera el pasado 30 de mayo el recurso administrativo civil presentado por el obispo, en el que se decía que la titularidad era de la Diócesis, acogiéndose al dictamen del Consejo de Estado de 1997.

Este comunicado relaciona también la situación vivida en Murcia con la de Ávila, en donde también se tomó como base el dictamen del Consejo de Estado respecto a su Universidad Católica.

Aún así, el Gobierno regional apunta en sus recomendaciones que se debe solucionar este problema a través de la vía contencioso administrativo, revisando así el decreto de erección de la Universidad, realizado en 1996. En este sentido, el Obispado tendría dos meses para comenzar los trámites, y en este comunicado no se asegura que no se vaya a realizar.

Una jueza de Madrid también investiga

Por otra parte, la titular del juzgado de instrucción número 39 de Madrid, Belén Hernández Sánchez, ha incluido en la investigación de las supuestas irregularidades en la venta de terrenos de Defensa la adquisición por parte de la Universidad Católica de Murcia del antiguo cuartel del barrio de Los Dolores en Cartagena, informó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país a "La Opinión".

La magistrada examina la gestión del que fuera director de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa (GIED), el general de brigada Juan Antonio Miguélez Paz, así como del ex jefe de gestión de patrimonio de este organismo, el teniente coronel José Luis Bastabad, ambos imputados por supuestos delitos de prevaricación y fraude en las ventas de parcelas desafectadas y enajenadas por el ministerio de Defensa.

En concreto el juzgado madrileño tramita la denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la venta de la antigua vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia en al año 2000.

No obstante, las fuentes citadas indicaron que la titular ha incluido en la instrucción de este caso la denuncia remitida por un particular sobre anomalías en la operación de venta de los terrenos de Cartagena en enero del año 2003, cuando el general Miguélez Paz seguía al frente de la GIED.

Tanto en los casos de las parcelas de Tarifa como en el de Cartagena, el Ministerio de Defensa ejecutó las transacciones mediante una venta directa, después de que salieran a subasta en dos ocasiones y quedarán desiertas.

La UCAM, que pretende que el antiguo cuartel de Los Dolores se convierta en su futuro campus en la ciudad portuaria para impartir carreras como Medicina o Arquitectura, pagó cerca de cuatro millones de euros por una parcela de más de 143.000 metros cuadrados catalogada como equipamiento militar, aunque el avance del Plan General de Ordenación Urbana del ayuntamiento de Cartagena contempla que en estos terrenos, además de un campus universitario, se podrán construir en torno a quinientas viviendas.

La investigación de este juzgado madrileño se suma a la que lleva a cabo la Fiscalía Especial Anticorrupción contra la UCAM después de que el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas le remitiera una denuncia en la que se apreciaban "indicios constitutivos de ilícitos penales".

La CAM cotizará en Bolsa el 23 de julio

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) prevé salir a Bolsa desde el 23 de julio a un precio de entre 5,84 y 7,30 euros, tras recibir la 'luz verde' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas, informó hoy el organismo supervisor.

De este modo, la caja se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.

La OPS comenzará el próximo 1 de julio y se prolongará hasta el día 18, ambos inclusive, y de acuerdo con la horquilla de precios indicativa, el valor de mercado total de la emisión se elevaría a entre 3.600 y 4.500 millones de euros. El precio minorista quedará fijado el 21 de julio.

La oferta está dirigida a inversores minoristas, con un tramo del 65,5%; a inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), con el 31%; y a empleados, con el 3,5%.

El consejo de administración de la caja aprobó el pasado mes de mayo la emisión de cuotas para "abrir una ventana" a su expansión, así como para reforzar los recursos propios y la estructura financiera de la entidad para dar cobertura al crecimiento de su negocio.

La CAM promoverá su oferta de cuotas participativas en el mercado nacional, y éstas cotizarán en las bolsas de valores españoles, en las plazas de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, al tiempo que se incorporarán al mercado continuo.

Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50 millones de cuotas participativas de dos euros de valor nominal cada una, por un importe nominal total de 100 millones de euros. Esto representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.

De esta forma, el importe de la emisión se elevará previsiblemente a 328 millones de euros, y la prima de emisión ascenderá a 228 millones de euros, de los que 80,9 millones se destinarán al fondo de reserva de los cuotapartícipes y 147,1 millones a las reservas generales de la CAM.

La CAM subraya en el folleto que realiza la mayoría de sus actividades en España, por lo que su evolución futura se podrá ver afectada por la de la economía doméstica, mientras que los mayores costes financieros de la competencia por la captación de recursos se reflejarán en su cuenta de resultados.

Advierte además a los posibles inversores de que el impacto de una tasa de morosidad creciente sobre sus resultados puede ser "muy significativo". Los créditos dudosos representaban en marzo el 0,96% del total de crédito a clientes, con un nivel de cobertura del 108%.

Para el diseño de la operación, la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general de la operación se ha contado con los servicios de Lehman Brothers (entidad coordinadora global), Analistas Financieros Internacionales (AFI) como asesores, y como entidades colocadoras Ahorro Corporación y Gestión de Activos del Mediterráneo (Gesamed).

Empleados del Popular expresan al banco su inquietud ante la operación de compra por un inversor desconocido

MADRID.- Los trabajadores del Banco Popular han expresado a la dirección de la entidad su inquietud por las repercusiones que podría tener en la estabilidad laboral del banco el interés del grupo mexicano Blueprime de comprar el 20% de la entidad, informaron hoy fuentes sindicales.

Representantes sindicales se reunieron con el presidente del Popular, Ángel Ron, y miembros de la dirección del banco, quienes les informaron de que desconocen la identidad de los inversores a quienes representa la sociedad Blueprime.

Desde el Popular resaltaron a los sindicatos que por ahora Blueprime sólo ha realizado una oferta de compra sobre el 3,5% del capital en manos del empresario Trinitario Casanova, y que la entidad no está preocupada por un interés que podría quedarse en rumores de mercado.

Tras estas reuniones con miembros del banco, los responsables sindicales indicaron a Europa Press que los trabajadores no están preocupados en exceso por las informaciones aparecidas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la prensa, pero que mantienen el contacto permanente con la dirección del Popular por si hay novedades.

"Les hemos expresado la preocupación, pero como el que oye llover, ellos no transmiten ninguna preocupación y apuntan a la prensa para explicar los rumores, dicen que no tienen conocimiento de nada o no quieren tenerlo", explicó un representante de UGT.

Por otra parte, el sindicalista incidió en que la prima de más del 50% que podría estár dispuesto a pagar el grupo inversor mexicano para hacerse con el 20%, la misma que ha ofrecido a Casanova por su participación, es "muy elevada y no se explica por razones de mercado".

Según los expertos consultados, este sobreprecio no tiene una explicación obvia, porque las acciones cotizan mucho más baratas en el mercado, por lo que podría apuntar a una estrategia enfocada a participar en la gestión del banco.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha solicitado más información a Blueprime para conocer "quien está detrás" de la sociedad, que el lunes confirmó su acuerdo con Trinitario Casanova para adquirir su 3,5% en la entidad y que mantiene negociaciones con otros accionistas del banco para alcanzar el 20%.

No obstante, Casanova necesita la autorización de un acreedor pignoraticio para llevar a cabo la venta. Entre las posibilidades de Blueprime para llegar al 20% se encuentra Ramchand Bhavnani, que posee el 4,99%, y Américo Amorín (7,5%), aunque ambos han manifestado su intención de permanecer en el capital.

Además, Blueprime podría negociar con Allianz, que posee un participación del 9,56%, Dresdner Holding (5,931%) o Nicolás Osuna (3,905%), mientras que la sindicatura de accionistas cuenta con el 14,469% del capital social del Popular.

(Casanova, a la derecha, con el consejero Bascuñana)

La CNMV aprueba el folleto de emisión de cuotas participativas de la CAM

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de oferta pública de suscripción (OPS) de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuyo volumen de emisión ascenderá a 328 millones de euros si el precio definitivo de las mismas se sitúa en la media de la banda de precios prevista, informó hoy el organismo supervisor.

De este modo, la caja valenciano-murciana se convertirá en la primera entidad en emitir este tipo de instrumentos financieros, similares a las acciones pero sin derechos políticos, y someterse a la valoración del mercado.

El consejo de administración de la caja aprobó en mayo la emisión de cuotas participativas y resaltó entonces que servirá para "abrir una ventana" a su expansión.

La emisión de cuotas participativas de la CAM (acciones sin derechos políticos que cotizan en Bolsa) ha topado con la ambigüedad de la ley de cajas de la Comunidad Valenciana. Un artículo de la norma, el 52, deja en manos de la Generalitat el modo en que deben repartirse los beneficios de las cajas de ahorros, del mismo modo que recae en la Administración autonómica la aprobación definitiva del presupuesto de obra social.

El matiz legal, que hasta ahora había pasado desapercibido, puesto que las ganancias de las cajas se destinan a fondos propios, reservas, inversiones y la propia obra social, ha generado dudas entre los analistas financieros y los inversores por temor a injerencias del poder político, según publicaba hoy el diario "Información".

El artículo 52 de la Ley Valenciana de Cajas de Ahorros establece que "corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas la autorización, en su caso, de los acuerdos adoptados por la asamblea general relativos a la distribución del excedente [beneficios] obtenido y el presupuesto anual para la obra benéfico-social" de estas entidades.

Juristas citados por "Cinco Días" interpretan que el gobierno autonómico puede decidir sobre la remuneración de las cuotas. De modo general, los gobiernos autonómicos no se inmiscuyen en el reparto de los beneficios de las cajas, pero experiencia tiene la CAM sobre la interferencias pasadas del Consell en la proporcionalidad de la obra social.

La sola posibilidad de que el poder político ejerciera la menor influencia en la salida a Bolsa de la CAM se mira de soslayo por muchos inversores, sobre todo los internacionales.

Murcia no cuenta para José Blanco / Juan Redondo

De que sirve que Pedro Saura intente cambiar de discurso y de estrategia y se desgañite con su “murcianismo exigente”. De que sirve que los alternativos de Javier Mármol se esfuercen en impulsar el socialismo murciano para intentar acercarlo a la sociedad. Si luego para quién manda en la organización del PSOE, la Región no existe entre sus prioridades inmediatas.

José  Blanco lo ha dejado muy clarito en vísperas del congreso federal de los socialistas. Sus objetivos prioritarios son trabajar para impulsar el PSOE en Madrid, Castilla-León y la Comunidad Valenciana. Ramón Luis Valcárcel tras el congreso popular de Valencia puede estar tranquilo y disfrutar de las vacaciones, ya que los socialistas parece que no tienen ganas de incordiar aquí.

Los argumentos de Blanco recogen que en estas tres comunidades hay posibilidades de cambio entre el electorado e incluso ganar las autonómicas de 2011 y el partido hará un esfuerzo de renovación para responder a las necesidades y desafíos de la sociedad. En ambas el porcentaje de los socialistas se sitúa en torno al 40%. La Región de Murcia, con porcentajes inferiores y con una brecha de cerca de treinta puntos a favor de los populares parece una causa perdida, ya que aquí los revolcones del PP son seguidos desde hace quince años y van "in crescendo".

Con el todopoderoso José Blanco tirando prácticamente la toalla para las esperanzas de los socialistas murcianos, a estos les queda la posibilidad de trabajar para poco a poco acortar esas largas diferencias o esperar que las huestes populares se desgasten o se aburran de estar tantos años en San Esteban y en las alcaldías de los principales municipios. Y las palabras de Blanco no dan mucha moral al personal del PSRM.

De todas formas estás apreciaciones no duraran más de tres semanas, porque cuando se celebre el congreso regional a partir del 18 de julio, aparecerá por aquí José Blanco y algún otro representante de la dirección federal del PSOE y dirán que Murcia es prioritaria, que desde el Gobierno Central y desde el partido se hará un esfuerzo muy importante y que los populares aquí tienen los días contados. Lo de siempre, en Madrid, una cosa y luego aquí, otra.

Y Martínez Andreo sigue reflexionando en Totana

Concluida la etapa congresual, los populares vuelven a la actividad pública, dejada en un segundo plano por las tensiones internas previas al conclave de Valencia. Aquí sigue pendiente del tema de Totana, con el todavía alcalde, Martínez Andreo, centrado en su profunda reflexión personal.

Tras la retirada del apoyo por parte de la dirección regional del PP, se ha reactivado la plataforma de los vecinos por la continuidad de Pepe, como recogen en sus pancartas.

En el PP no quieren que se alargue la salida de Martínez Andreo. Se mueven con tiento porque el grupo municipal popular no está abiertamente por la labor de dejar en la estacada al edil imputado en la “Operación Tótem”, que en unas semanas tendrá que declarar ante el TSJ.

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IU+LV solicita reformar el reglamento de la Asamblea Regional para expulsar al diputado Juan Morales

CARTAGENA.- El diputado de IU+Los Verdes, José Antonio Pujante, ha presentado una iniciativa para la reforma del reglamento de la Asamblea Regional con el fin de que miembros de la Cámara imputados por delitos de corrupción no dispongan de las prerrogativas que les concede este documento.

En esta situación se encuentra el diputado y ex alcalde de Totana, Juan Morales, que pasó al Grupo Mixto tras ser expulsado del Grupo Popular al estar imputado en un caso de corrupción urbanística.

Pujante (en la imagen) hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo esta modificación ante "los casos de corrupción política y urbanística" en los que están implicados cargos públicos de la región de Murcia, "incluido algún representante del Parlamento", indicaron fuentes de la coalición de izquierdas en un comunicado de prensa.

En este sentido, se refirió al diputado Juan Morales, que quedó adscrito de forma automática al grupo parlamentario Mixto tras ser expulsado del PP por su presunta implicación en la operación Tótem, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en Totana.

Pujante anunció además que, con el propósito de poner en marcha esta reforma, ha convocado a la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea.

Además, el diputado de IU+Los Verdes ha presentado otra moción en la que solicita la dotación de "más medios materiales y humanos" de la Fiscalía y la de las Unidades especiales de investigación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para "luchar" contra la corrupción en la Región de Murcia.

Andreo: «Que se vaya de ahí Morales, que no quiero detenciones en el Ayuntamiento»

TOTANA.- A Juan Morales le dieron los siete males cuando, el 26 de noviembre del 2007, a primera hora de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron a detener a varios vecinos de la localidad. Se había iniciado la Operación Tótem y el ex alcalde no debía de tener la conciencia muy tranquila, y además hubo de acordarse del refrán que dice aquello de «cuando las barbas de tu vecino veas cortar...», porque lo primero que hizo fue llamar a su abogado y pedirle asesoramiento. Estaba convencido de que su detención era cuestión de minutos, según revela hoy "La Verdad".

Así lo relató el abogado Javier C.A., también imputado en la Operación Tótem, cuando más tarde, él mismo, después de diversos avatares, se vió en la tesitura de tener que prestar declaración ante los citados agentes de la UCO. «Juan Morales -explica el abogado- le llama desde la Secretaría del Ayuntamiento de Totana (en la imagen) y le pide que vaya para allá. Que desconoce el motivo de por qué éste estaba en la Secretaría. Que llega allí y habla con Morales. Que estaba allí por el asunto de asesorarle por causa de la detención inminente de Morales que se iba a producir».

«Posteriormente -continúa su relato-, cuando el declarante se encontraba en la Secretaría con Juan Morales, llegó Antonio Morales Cánovas y les preguntó qué está pasando y le explican lo que sucede. Laura (la secretaria municipal) les dice que se marchen, porque es posible que la Policía Judicial vaya al Ayuntamiento a registrar (lo hizo tres días más tarde). En ese momento, el dicente llamó al actual alcalde, Martínez Andreo, para comunicarle que estaba en el Ayuntamiento con Juan Morales, y Andreo les dice que se marchen inmediatamente, que no quería detenciones en el Ayuntamiento».

No es necesario que les animen más. Ambos salen del edificio consistorial casi a la carrera. «Morales estaba bastante nervioso. No sabía si ir a su casa de La Charca, si ir a Murcia... Estaba alterado. El declarante no conocía si existían motivos para una detención inminente de Morales. Que quiere hacer constar que no es penalista y que tuvo que consultar detalles sobre el particular. No conocía si a Morales, como aforado, lo podían o no detener, registrar el vehículo, o incluso a él mismo. Luego (el letrado) aclara que a él sí que podían».

Juan no quería que su abogado le abandonase, bajo ningún concepto. Le pide que lo acompañe a la urbanización La Charca, «por si está allí la Policía para detenerlo. Ingenuamente, el declarante aceptó acompañarle hasta su casa. Que realmente no valoró los hechos y que quizás debía haber hecho otra cosa». Llamó a su despacho para que le facilitaran teléfonos de abogados penalistas y llamó a José María Caballero, «a quien comentó la situación y (le pidió) que si podía representar a Juan Morales, quedando en hablar posteriormente».

En la casa, mientras el letrado esperaba en el salón, el ex alcalde recorría diversas dependencias. «Debajo de la mesa del salón -sigue explicando el abogado-, entre periódicos, había varios documentos de los que (el declarante) desconoce su contenido, que Morales metió en una maleta negra junto con ropa, y el propio Morales la sacó de la casa. Que además Juan Morales entró en la cocina y salió con una bolsa de basura de color violeta. Como Morales llevaba las manos ocupadas, le entregó la maleta al manifestante para que se la llevara, a los efectos de poder estudiar su contenido con José María Caballero y preparar su posible defensa. Que el declarante le estaba asistiendo en ese momento, pero que no quería llevar ese asunto».

El detalle de la bolsa de basuras que portaba el ex alcalde de Totana es particularmente importante, por cuanto los agentes de la UCO que le iban siguiendo ese día, con gran discreción, la recuperaron del contenedor y en su interior hallaron un documento hecho trozos, que lograron recomponer.

Este documento era un reconocimiento de deuda de 3,6 millones de euros, firmado por el grupo promotor gallego Inmonuar, en favor de la firma Nubia Inversiones, y que era el método que Morales, su amigo Gabriel Martínez y dos intermediarios habían concebido, supuestamente, para asegurarse el cobro de una millonaria comisión.

Cuando compareció ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Julián Pérez Templado, el ex alcalde no fue capaz de ofrecer una explicación coherente sobre las razones por las que tenía copia de ese documento en su poder.

Tras sacar los papeles de su casa y entregárselos al abogado, ambos se dirigieron hacia Murcia, cada uno en su coche. La mala suerte sorprendió al letrado, ya que Morales atravesó sin problemas un control de la Guardia Civil, pero no así Javier C.A., a quien los agentes dieron el alto y le hicieron abrir el maletero. Cuando vieron la maleta, le preguntaron de quién era, y él respondió que era de Morales, «que es diputado regional, aforado, y que por eso no la pueden abrir».

El guardia civil, sin embargo, la abrió, vio su contenido y llamó a otros agentes, que no tardaron en presentarse en el lugar, a la vez que Morales regresaba a ese mismo sitio. El abogado le preguntó entonces: «Juan, ¿esta maleta es tuya?. Y Juan le dijo que sí, que es suya, y lo reconoce delante del agente. Juan, a indicación de alguien, se marcha del lugar».

Siguen llegando guardias civiles al lugar, éstos de la UCO, y precintan la maleta. Permiten que el abogado se marche. «Se ve con Morales en la gasolinera de Totana y quedan a comer en un restaurante de carretera llamado La Paz. Que mientras se desplazaban, el dicente llama a José María Caballero y ya no llegan a comer, que se desplazan al despacho de caballero, y allí le presenta a Morales y en ese momento Caballero se hace cargo de su asistencia jurídica».

El letrado concluye su declaración afirmando que, «a pesar de la insistencia de Morales en volver a llamarle algún día, él le deja claro que no quiere volver a hablar con él».

Las garantías ofrecidas por los bancos españoles ponen en entredicho la labor del BCE

LONDRES.- Los colaterales aceptados como garantía por el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de proporcionar liquidez a los bancos españoles, de los que algunos, como las titulizaciones hipotecarias, podrían haber tenido que ser valorados a un precio teórico por su iliquidez en la presente coyuntura del mercado, podrían no haber sido valorados apropiadamente por la entidad presidida por Jean Claude Trichet, lo que implicaría un "subsidio ilegal" a dichos bancos, según afirma el economista Willem Buiter en el diario 'The Financial Times'.

"Existe la creciente sospecha en los mercados de que el BCE esta subsidiando a algunos bancos de la eurozona a través de la ventanilla de descuento o en las operaciones de recompra (repos), mediante la sobrevaloración o el sobreprecio de los colaterales de escasa liquidez que éstos ofrecen al Eurosistema", afirma Buiter, quien actualmente es profesor de Economía Política europea en la prestigiosa 'London School of Economics', tras haber sido economista jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD).

En este sentido, el economista señala que en 2007 se produjo el colapso de la burbuja de precios de la vivienda y del sector de la construcción en España, que llegó a representar un 18% del PIB del país. Asimismo, indica que este año los bancos españoles, "muy expuestos" al sector de la construcción e inmobiliario, informaron de que han utilizado unos 46.000 millones de euros de sus activos "a menudo sin liquidez" como garantía en las subastas de liquidez del BCE.

"El sector de la construcción en España es un cadáver flotando en el agua y los precios de la vivienda están bajando, lo que expone a los bancos al riesgo de 'negative equity' para los tenedores de sus hipotecas. Como resultado, algunas de las garantías ofrecidas por los bancos españoles al Eurosistema han resultado ilíquidas y han tenido que ser valoradas a precios teóricos, e incluso algunos de estos activos podrían haber resultado no comercializables, como las hipotecas", señala el economista.

De este modo, Buiter señala que, de acuerdo con el manual del BCE, los activos no comercializables reciben un valor en función de un precio teórico o de la cantidad pendiente, por lo que si los bancos centrales optan por una valoración vinculada a la cantidad pendiente, los activos no comercializables podrían estar sujetos a mayores descuentos.

En este sentido, el economista apunta que los instrumentos de deuda no comercializables respaldados por hipotecas se encuentran sujetos a un descuento del 20% en su valoración.

"En el mercado circulan historias referentes a que el colateral ilíquido o no comercializable ofrecido por los bancos españoles había recibido un precio de no más de un 5% por debajo de su valor nominal. Si fuera cierto, probablemente representaría una sobrevaloración salvaje de los colaterales ofrecidos por los bancos españoles y un subsidio ilegal por parte del Eurosistema a estos bancos españoles", afirma Buiter.

El cumplimiento efectivo de la función de prestamista de último recurso de los bancos centrales requiere que durante una crisis de liquidez la institución emisora preste libremente a cualquier institución que no tenga liquidez, pero no a las insolventes, con una tasa de penalización, lo que resulta fundamental a la hora de frenar el riesgo moral y limitar las imprudencias en el futuro, señala Buiter.

Por esta razón, el economista advierte de que el problema fundamental es que, incluso aunque se conozcan los descuentos aplicables, no se puede precisar si el BCE o los bancos centrales nacionales de la eurozona están subsidiando a las entidades cuando estas ofrecen como garantía activos ilíquidos o no comercializables que requieren la asignación de un precio teórico.

Buiter subraya la importancia de la disponibilidad pública tanto de la metodología empleada por el Eurosistema a la hora de fijar un precio para los colaterales de escasa liquidez ofrecidos por las entidades, como de los precios teóricos actuales asignados a factores específicos con colaterales sin liquidez o no comercializables para evitar la opacidad del proceso.

"Siempre pido lo mismo. Primero, la inmediata publicación del modelo o modelos utilizados para computar los precios teóricos de los instrumentos financieros ilíquidos o no comercializables, y en segundo lugar, la publicación, con un retraso apropiado para garantizar la confidencialidad comercial, de los actuales precios y valoraciones de cada asunto específico de colaterales ilíquidos ofrecidos al Eurosistema. Una información que aún no es de dominio público", señala Buiter, quien considera que no existe justificación alguna para esta ausencia de información pública, puesto que el BCE y los distintos bancos centrales nacionales "juegan con dinero público".

"El comité de de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento europeo debería exigir al BCE la información respecto a estos precios

La CNMV investiga operaciones en torno al Banco Popular

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) reconoció ayer miércoles que está investigando las recientes operaciones en torno al Banco Popular.

El regulador ha solicitado a la sociedad Blueprime, que el lunes pasado dio los primeros pasos para adquirir un 20% del capital de Banco Popular, más información sobre sus planes en el banco y sobre quién es su cliente final, dijo el miércoles una portavoz.

"Hemos pedido a Blueprime que amplíen la información. Una de las cosas que les hemos pedido es que identifiquen al cliente final, al comprador, lo antes posible", dijo una portavoz del supervisor.

La sociedad Blueprime, que según algunos medios representa a un grupo de inversores mexicanos, anunció el lunes haber acordado la compra de un 3,5% de Popular en manos del especulador murciano Trinitario Casanova (en la imagen) a un precio sensiblemente superior al de mercado, de 14,20 euros por acción, y agregó que estaba ultimando la adquisición de participaciones adicionales en manos de otros accionistas minoritarios.

Sin embargo, el propio Casanova reconoció un día después del anuncio en un comunicado al regulador bursátil que antes de vender su participación del 3,5% en el banco necesita autorización de un acreedor ya que sus acciones están pignoradas (entregadas en prenda como garantía).

Las acciones de Banco Popular cedían ayer miércoles en la Bolsa.

Al mercado no acababa de encajarle la operación tal como estaba planteada pues en el comunicado del lunes Blueprime no había dicho quiénes eran los compradores ni tampoco se explicaban las razones de una prima tan elevada, que superaba el 50% sobre el precio del cierre del viernes pasado.

Blueprime tendría que requerir además la preceptiva autorización del Banco de España para poder adquirir una participación significativa en una entidad financiera española.

El CES no ve razonable que coexistan el aeropuerto de San Javier y el de Corvera

MURCIA.- El último informe del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia, hecho público hoy, no considera razonable ni ventajoso para la Comunidad Autónoma que coexistan los aeropuertos de San Javier y el que se está construyendo en Corvera, por lo que insta a las administraciones a que lleguen a una solución consensuada.

La memoria socioeconómica del año 2007 del CES considera que el actual aeropuerto de San Javier "no reúne los requisitos adecuados para satisfacer la demanda del transporte aéreo de la Región", y estima necesario que se tenga en cuenta la situación laboral de sus trabajadores y la oferta de mano de obra del nuevo aeropuerto.

En materia de infraestructuras, se reclaman mejoras en la red secundaria, donde hay una intensidad de tráfico y de accidentes destacadas, y se apuesta por la dársena de El Gorguel acompañada por la conexión intermodal por carretera y ferrocarril en ese punto del puerto de Cartagena, así como la creación de una zona de actividad logística.

La Memoria Socioeconómica y Laboral del CES de 2007 considera «desfavorable» la competencia entre dos aeropuertos en la Región, teniendo en cuenta que se trata de una comunidad uniprovincial con casi 1,5 millones de habitantes.

Aena ha venido realizando fuertes inversiones en San Javier durante los últimos años e incluso va a seguir metiendo dinero en la ampliación del aeródromo.

El CES, a tenor de las dificultades de San Javier para su expansión y sus limitaciones de uso por su titularidad militar, indica que no se puede entender una competencia entre dos aeropuertos con una distancia tan escasa entre ambos.

El órgano consultivo se quejó de que en los últimos años, coincidiendo con el impulso de un nuevo aeropuerto, el de San Javier haya hecho inversiones significativas y no antes. No obstante, insistió que, a su juicio, ese aeropuerto no reúne los requisitos adecuados para satisfacer la demanda de transporte aéreo de la Región.

El CESRM reclamó también, en materia de infraestructuras, mejoras en la red secundaria, donde se registra una intensidad media de vehículos y de accidentes «destacada».

Con respecto al ferrocarril, aboga por la necesaria conexión con Madrid a través de un nuevo corredor para pasajeros, con velocidad mínima de 300 kilómetros por hora, y dejar el actual para mercancías, que deberá enlazar con el puerto de El Gorguel (Cartagena).

El CES apuesta por este nuevo puerto, ya que «el actual no puede expandirse y Cartagena necesitará en los próximos años atender la demanda que generará el crecimiento de su entorno».

(Nueva torre de control del aeropuerto de San Javier)

El Supremo obliga a Defensa a readmitir en la AGA a un cadete que criticó a sus mandos

SAN JAVIER.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga al Ministerio de Defensa a readmitir en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier a un alumno de cuarto curso, número uno de su promoción, que fue expulsado en el 2006 por la lectura de una carta crítica con sus mandos durante una representación cómica celebrada meses antes ante compañeros, profesores y familiares.

La sentencia del Alto Tribunal confirma la sanción de dos meses de arresto impuesta al alférez como autor de una falta grave contemplada en artículo octavo de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en el supuesto relativo a las «manifestaciones contrarias a la disciplina», y declara el derecho del alumno a percibir del Ministerio de Defensa «la totalidad de las cantidades económicas» que perdió como consecuencia de su baja en la Fuerza Aérea.

Establece además que el sancionado volverá a ser «alumno de pleno derecho» de la Academia General del Aire y que, una vez concluya su formación, se incorporará como oficial de carrera con el mismo empleo militar y en el mismo puesto del escalafón que le hubiera correspondido de haber acabado los estudios el año en que los terminaron sus compañeros de promoción.

La decisión de sustituir la sanción de expulsión por un arresto disciplinario de dos meses fue adoptada el 3 de julio de 2007 por el Tribunal Militar Central, que aceptó el recurso del alumno y decidió dejar sin efecto la medida decretada el 30 de junio de 2006 por la subsecretaria de Defensa , María Victoria San José Villacé, por considerar que dicho correctivo no era proporcional con los hechos sancionados.

El alumno sancionado, el alférez A.A.G., leyó el 9 de diciembre de 2005 en el Salón de Actos de la Academia General del Aire, durante la representación cómica Estratosféricos, protagonizada, como en años anteriores, por los alumnos de cuarto curso de promoción, una carta titulada "A usted" y caracterizada por las críticas a los profesores.

El precio medio de la vivienda usada bajó en la mayor parte de los municipios de la Región

MURCIA.- El precio de la vivienda usada cayó en España una media de entre el 2 y el 4 por ciento por metro cuadrado en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el último estudio del portal inmobiliario el idealista.com.

Entre las ciudades con mayor número de habitantes, Murcia fue la que registró un mayor descenso en los precios, el 3,6 por ciento, seguida de Málaga (-3,5 por ciento); Zaragoza, Bilbao y Madrid (-2,1 por ciento); Valencia (2 por ciento); Barcelona (-1,8 por ciento); Las Palmas (-1,4 por ciento), y Sevilla (-1,1 por ciento).

Por el contrario, Oviedo, Santander y Navarra fueron las únicas capitales autónomicas que registraron una subida en el precio por metro cuadrado, con unas subidas del 2,5 por ciento, 1,2 por ciento y 1,1 por ciento, respectivamente.

Destacan los descensos en las capitales de Madrid y Barcelona, donde los precios cayeron en todos los distritos.

El precio medio de la vivienda usada bajó en la mayor parte de los municipios de la Región de Murcia. Así, el precio en la ciudad de Murcia descendió un 3,6 por ciento, hasta situarse en los 2.091 euros por metro cuadrado, según informaron fuentes de Medialuna en un comunicado.

El precio subió en Cartagena un 2,5 por cieto hasta situarse en los 1.861 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre del año. Por el contrario, La Manga del Mar Menor se mantuvo como la zona más cara de la Región, a pesar de registrar una bajada del tres por ciento, hasta los 2.144 euros por metro cuadrado.

Por otro lado, el municipio más barato de la Región es Molina de Segura, donde el precio medio por metro cuadrado bajó un 4,6 por ciento, hasta los 1.387 euros. Otros lugares que también experimentaron significativas bajadas fueron Águilas, con un descenso del 4,1 por ciento hasta los 1.688 euros por metro cuadrado, y San Javier, que cayó un cuatro por ciento hasta alcanzar los 1.928 euros.

Aún así, las diferencias con las ciudades más grandes de España son todavía notables. El metro cuadrado en Madrid cuesta 4.169 euros, 2.025 euros más que el precio medio en La Manga del Mar Menor, la más cara de la provincia. La diferencia con Barcelona es todavía mayor, ya que el precio medio en la ciudad condal (4.662 euros por metro cuadrado) supera en 2.518 euros al de la Manga.

Las transacciones inmobiliarias en la Región disminuyeron durante el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2007, en un 5,6%. Una cifra más positiva que la del conjunto del Estado, donde la caída fue del 31,8%.

Barcelona (2.824,7 millones de euros), Málaga (1.557,6 millones) y Alicante (1.554,2 millones) son las provincias en las que se vendieron viviendas por un importe global más elevado.

El 34% de las promociones de viviendas en la costa lleva más de tres años a la venta, según un informe de Dbk que toma como referencia municipios costeros y de segunda línea, tanto de Murcia, como de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias.

El informe de DBK calcula que el número de transacciones de viviendas nuevas libres en zonas costeras experimentará un descenso del 15% anual en los próximos dos años.

(Vista parcial de La Manga, de San Javier)

Un testigo del 'caso Ninette' denuncia ser seguido por el hijo del ex secretario municipal de Los Alcázares

MURCIA.- Es agente comercial de empresas que venden fruta. Además ha sido corredor de fincas y ha actuado como intermediario del ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, «en compras privadas». Su identidad responde a las iniciales P.A.S. y el pasado 23 de abril prestó declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, dentro de la denominada Operación Ninette.

En concreto, P.A.S. desveló algunos datos sobre la adjudicación directa de una parcela municipal, de 7.000 metros cuadrados, a una empresa de la que era administradora Inmaculada Camacho Escudero, cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso y prima en sexto grado del ex alcalde Juan Escudero.

La declaración de P.A.S. en el juzgado finaliza prácticamente con la pregunta de si conoce a Juan Escudero, a lo que contesta que «sí, porque le ha hecho de intermediario en compras privadas». En apariencia, el fiscal no le pregunta cuáles son esas fincas que Escudero ha adquirido a través de él, ya que nada más se recoge al respecto en el acta levantada sobre ese acto.

Ahora, en concreto el pasado día 18, P.A.S. se dirigió al puesto de la Guardia Civil de San Javier para denunciar que esa mañana circulaba por la carretera de Los Urrutias a Los Alcázares cuando, al recibir una llamada telefónica, detuvo el coche junto a la calzada y entonces observó que otro conductor, al volante de un todoterreno, se dirigía a escasos metros. Entonces se apercibió de que esa persona le sacaba una fotografía con su teléfono móvil, según revela hoy "La Verdad".

Cuando se dirigió a comprobar de quién se trataba y los motivos de esa acción, el conductor le tiró una segunda foto y arrancó de forma precipitada, aunque logró reconocerlo. Se trataba, según su denuncia, de Juan de Dios Sánchez Galera, también imputado en la Operación Ninette, asesor jurídico del Ayuntamiento de Los Alcázares e hijo del secretario municipal ya jubilado, Diego Sánchez.

El corredor de fincas se dirigió entonces hasta el edificio consistorial, con el fin de pedir explicaciones a Juan de Dios Sánchez, pero se encontró con que, «nada más verme, alzó la voz diciéndome que iba a llamar a la Policía Municipal, cosa que así hizo, personándose tres componentes del citado cuerpo», según se recoge en el documento, que está en poder de La Verdad.

En esas circunstancias, P.A.S. presentó denuncia y ésta ha sido ya remitida al juzgado, que ahora deberá determinar si esos hechos pueden constituir algún tipo de acto de intimidación a un testigo judicial.

Barreda avisa a De Cospedal que si vive contradicciones en materia de agua "tendrá que superarlas"

ZARAGOZA.- El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció hoy que exigirá a la presidenta del PP de la región y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal que "si tiene que vivir contradicciones", especialmente en materia de agua al compatibilizar ambas responsabilidades, "tendrá que superarlas".

"No se cómo lo hará, pero voy a exigir el compromiso total y pleno con Castilla-La Mancha y sus intereses y no a tiempo parcial".

Barreda hizo estas afirmaciones en Zaragoza, durante los actos de celebración del Día de Honor Castilla-La Mancha en la Expo 2008, donde ofreció una rueda de prensa en la que destacó su interés por la "unanimidad" en Castilla-La Mancha y en las Cortes regionales, y celebró el compromiso de los dos grupos parlamentarios en torno a la caducidad del trasvase Tajo-Segura fijada para 2015.

Aseguró que en la cuestión del agua "hay una línea que no es ideológica", sino que depende de la territorialidad, y lo mismo que pasa en Castilla-La Mancha ocurre en otras comunidades autónomas. El problema, explicó, es que María Dolores de Cospedal ya no es sólo presidenta del PP en la región, "sino secretaria general del partido en España, lo que implica las comunidades de Valencia o Murcia", y por eso "digo que lo tiene más complicado que otros".

"Yo no tengo esa contradicción, sino una única postura claramente definida y señalada", precisó Barreda, quien advirtió de que "desde luego me pelearé porque mi planteamiento salga adelante".

De otro lado, explicó que el 'leiv motiv' de la Expo de Zaragoza 2008 es el agua "y nosotros nos sentimos cómodos porque somos perfectamente conocedores de la importancia trascendental del agua", porque es un bien vital y la prioridad del Gobierno de Castilla-La Mancha consiste en defender esa riqueza cada vez más escasa, así como un uso racional de ella, incrementando también las inversiones para poder aprovecharla.

Así, avanzó que Castilla-La Mancha pondrá de relieve en la exposición que es la única Comunidad Autónoma que soporta un gran trasvase, lo que significa "el despropósito de una política centralista pensada por gente ajena a nuestra tierra", y ese trasvase, tal y como fue concebido, "ya ha terminado, porque ya han comenzado las obras para abastecer a los pueblos ribereños por los que pasa el trasvase".

Recordó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que en los próximos meses se debatirá en el Congreso de los Diputados, en el que se ha puesto fecha a la caducidad del trasvase Tajo-Segura para 2015 por dos razones, porque los castellano-manchegos "queremos utilizar nuestra prioridad del uso del agua y de las infraestructuras como cuenca cedente", y porque para esa fecha ya estarán en marcha las máquinas desaladoras del Levante.

También resaltó que próximamente entrarán en vigor las directivas marco europeas que hablan de la calidad del agua, "concibiendo la importancia del caudal y el volumen de los mismos de forma muy importante. El concepto del caudal mínimo hay que cambiarlo por el de caudal ecológico, que es todo el caudal de la cuenca salvo el uso consuntivo del agua de la misma", explicó.

De otro lado, el presidente de la Junta de Comunidades significó el "gran esfuerzo" que supone la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), "que consiste en ahorrar 200 hectómetros cúbicos al año, manteniendo la renta de los agricultores, y un plan sostenible muy ambicioso que permita generar riqueza y a la vez la regeneración hídrica de los acuíferos, sobre todo el 23 que está sobreexplotado porque llevamos muchos años sacando agua".

"Ahora el esfuerzo es a la inversa, para conseguir la regeneración hídrica y la recuperación de la Mancha Húmeda, el sistema lagunar y de las Tablas de Daimiel", afirmó Barreda.

Finalmente, José María Barreda reclamó la necesidad de un gran acuerdo nacional en relación a las políticas hidrológicas, pero bajo las bases de que "el agua para beber no le debe faltar a nadie".

"Agua para todos sí, agua para todo no, para beber sí, para un desarrollo no sostenible, de ninguna manera".

Por ello, Castilla-La Mancha pretende que la Expo de Zaragoza 2008 sirva de escaparate para expresar su posición, "porque todas las ocasiones son buenas para defender una causa que merece la pena y que es tan importante como esto".

De otra parte, preguntado por el recurso que interpondrá el Ejecutivo que preside contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que autorizó el pasado 6 de mayo la venta de aguas del canal de Estremera (Madrid) al Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, justificó esa medida en que este es "un trasvase encubierto más que se autoriza sin los tramites exigible para una autorización de esas características".

"Queremos saber cuál es el uso final del agua, nos lo niegan y nos oponemos, porque incluso cuando se dice que se aprueba sólo para abastecimiento no hay garantías de que sea así", aseveró José María Barreda, quien volvió a defender la participación "determinante" de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión y planificación del agua, en lugar de personas que "nada tienen que decir en el Tajo".

La Feria taurina de Murcia 2008 ya tiene carteles desde hoy, con trece festejos previstos

MURCIA.- Apenas terminada la Feria de Hogueras en Alicante, la empresa de la plaza de toros de Murcia, Toros Sureste S.A., ha dado a conocer hoy los carteles de su próxima feria taurina. Un ciclo que contará con trece festejos, que se desarrollarán del 9 al 21 de septiembre, ambos inclusive.

En la presentación han estado el propio empresario Ángel Bernal Manzanera (en la imagen), el presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia, Juan Tomás Frutos, el concejal de festejos Rafael Gómez y el nuevo jefe de prensa de la empresa, Antonio González Barnés.

El único diestro que hará doblete en la feria será el diestro de Cehegín, Pepín Liria, en el año de su despedida, estando además en cartel las principales figuras del momento, a excepción del sevillano Morante de la Puebla y el jinete navarro Pablo Hermoso de Mendoza. Además será el ciclo que convierta en matador de toros al murciano Juan Belda, y novillero con picadores a Pablo Belando.

En el plano ganadero, a las habituales divisas que cada año componen el serial se une, tras un año de ausencia, Fuente Ymbro, y debuta con una novillada, como ganadero, el diestro valenciano Enrique Ponce.

Los carteles de la Feria de septiembre quedan así:

- Martes 9 de septiembre. Novillada sin picadores.

- Miércoles 10 de septiembre. Novillada sin picadores.

- Jueves 11 de septiembre. Novillos de Yolanda Martín para José Manuel, Raúl Sáez y Pablo Belando, que debuta con picadores.

- Viernes 12 de septiembre. Novillos de Enrique Ponce para Dámaso González, Abel Valls y Luis M. Casares.

- Sábado 13 de septiembre. Corrida de la Prensa. Toros de José Luis Pereda para Rafaelillo, Daniel Luque y El Cordobés hijo.

- Domingo 14 de septiembre. Toros de Santiago Domecq para Manuel Díaz 'El Cordobés', Rivera Ordóñez y Julián López 'El Juli'.

- Lunes 15 de septiembre. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Pepín Liria y Juan Belda, que tomará la alternativa.

- Martes 16 de septiembre. Toros de Fuente Ymbro para Manuel Jesús 'El Cid', Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera.

- Miércoles 17 de septiembre. Toros de El Pilar para Alfonso Romero, Cayetano Rivera y Alejandro Talavante.

- Jueves 18 de septiembre. Toros de Parladé para Juan Bautista, César Jiménez y Matías Tejela.

- Viernes 19 de septiembre. Toros de Joaquín Barral para Javier Conde, José Tomás y Eduardo Gallo.

- Sábado 20 de septiembre. Toros de El Torero para Pepín Liria, David Fandila 'El Fandi' y José María Manzanares.

- Domingo 21 de septiembre. Toros para rejones de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y El Cartagenero.

La CNMV retrasa la salida a Bolsa de las cuotas participativas de la CAM

ALICANTE.- La salida a Bolsa de Caja Mediterráneo se retrasa más de lo previsto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todavía no ha autorizado la emisión de cuotas participativas (acciones sin derechos políticos) como paso previo a la cotización bursátil de la entidad, que sacará al parqué madrileño un 7,5% de su valor, según asegura el diario "Información".

Según el calendario trazado por la caja de ahorros, el organismo supervisor debería haber firmado la autorización la semana pasada y aprobado el folleto informativo. En concreto, el jueves. No lo hizo entonces, y tampoco al día siguiente ni ayer lunes. La prudencia se ha adueñado de la CAM, que ya no se aventura a poner fecha a la autorización.

Fuentes financieras indicaron que la novedad de la emisión (Caja Mediterráneo será la primera de su sector en Europa que cotizará en la Bolsa) ha movido a la CNMV a repasar todos los detalles del lanzamiento. El organismo que preside Julio Segura (en la imagen) ha pedido a la CAM más información, básicamente, la referida a transparencia y gobierno corporativo, aspectos de los que la caja ha informado con carácter general al supervisor, tal como indica la ley, pero que debe complementar con datos nuevos con motivo del lanzamiento de cuotas.

Pero con independencia de esos matices (poco relevantes a juicio de la CAM), desde la CNMV no se ha visto con buenos ojos que la oferta pública de valores no estuviera asegurada, es decir, que la CAM no haya previsto que algún banco se comprometa a comprar las acciones en caso de que la emisión no sea suscrita al completo.

Al organismo tampoco le agrada el escaso "free float" -porcentaje que se negocia libremente en bolsa- con el que la caja saldrá a los parqués, aseguran los expertos de Bolsacinco. La CNMV reclamó días atrás a Bolsas y Mercados Españoles (BME) que revisara su normativa para impedir que valores con porcentajes pequeños de free float coticen en Bolsa, en alusión a varias inmobiliarias que apenas tienen liquidez.

La caja ha previsto colocar más del 70% de las cuotas en el tramo minorista, el de los pequeños inversores, que no tienen por qué recurrir a los parqués para adquirir las acciones.

Los vecinos de La Paz culpan a Urbanismo de ralentizar ahora la rehabilitación del barrio

MURCIA.- Un sueño que cada vez se hace más lejano en el tiempo y de cuyo retraso los afectados sólo ven un culpable. En esto se ha convertido para los residentes en La Paz la rehabilitación del barrio, cuya aprobación definitiva depende en estos momentos del visto bueno por parte de la Comunidad Autónoma, “que no permitirá que las máquinas empiecen a trabajar hasta que el Ayuntamiento no remita la documentación que falta”, explicó la presidenta de la asociación de propietarios del barrio, Bienvenida Meroño, a "El Faro".

El proyecto de La Paz, una de las zonas más deterioradas del casco urbano de Murcia, afecta a una superficie total de 145.528 metros cuadrados, en los que se edificarán 300.000 metros cuadrados y de los que 13.000 serán para viviendas rehabilitadas, 15.000 para uso comercial, 165.000 para realojo de los vecinos, 120.000 para uso residencial libre y 8.000 de equipamientos.

Según Meroño, la asociación de Propietarios de La Paz ha convocado una manifestación para hoy a las ocho de la tarde desde el barrio hasta la Glorieta “para demostrar que somos más los vecinos que apoyamos el proyecto propuesto por el promotor José López Rejas, y que estamos ansiosos de que se pueda dejar de soñar el momento en el que veamos nuestras nuevas viviendas”.

Esta manifestación, según Meroño, coincide con el segundo aniversario de la presentación del proyecto de rehabilitación del barrio de La Paz de López Rejas ante el Ayuntamiento, y que no servirá para hacer negocio, sino para que los vecinos tengan una vivienda digna”.

Meroño invitó a todos los vecinos a participar en esta manifestación, así como al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, llamamiento al que se sumaron otros vecinos como José Soler, Elpidio Ramírez y Francisco Corral y Anne Stewart, quienes criticaron la actuación del concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, en este proyecto.

Según José Soler “ no se han cumplido los plazos prometidos en la tramitación del proyecto, ya que se nos prometió que el 15 de junio se aprobaría definitivamente el Plan Especial que permitirá remodelar el barrio, y no se ha hecho, y por eso el señor Berberena debería dejar su cargo y las funciones que no está cumpliendo”, explicó.

Por su parte, el promotor José López Rejas, en calidad de secretario de la Junta de Compensación del Proyecto, señaló que una iniciativa “tan social” como ésta debería tramitarse con mayor agilidad, ya que “va demasiado lenta”.

Según el constructor, “el pasado 13 de marzo el consejero de Obras Públicas, José Ballesta, dictó una orden de suspensión de la aprobación definitiva, mientras que no se subsanasen las deficiencias que presentaba el proyecto que el Ayuntamiento presentó en la Consejería el pasado 5 de febrero”.

Entre esas deficiencias López Rejas señaló un informe sobre tráfico y otro de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre abastecimiento de agua en la zona, “y ambos documentos los tiene en su poder el Ayuntamiento y no entendemos por qué no los han envidado a la Consejería”, explicó.

Además, según el promotor el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que, tras un mes de alegaciones, se apruebe definitivamente la remodelación del barrio de La Paz.

Los vecinos de La Paz lo tienen claro. Ante las preguntas de los periodistas de si aceptarían otro proyecto que no fuese el de López Rejas, ya que este aseguró que abandonaría el proyecto si seguía demorandose, no dudaron en asegurar que “la rehabilitación del barrio sólo la queremos si la lleva a cabo el señor López Rejas.

Él nos dio la mayor alegría de nuestras vidas cuando nos dijo que tras las reformas del barrio podríamos salir de los remansos de porquería en los que vivimos, y por eso no firmaremos ninguna rehabilitación que no sea la que nos propuso”, explicó Francisco Correa.

Por otra parte, los vecinos de La Paz temen que el ambicioso proyecto urbanístico que persigue la remodelación completa de su barrio se quede en agua de borrajas: hace dos años que lo presentaron pero ni una sola piedra se ha movido desde entonces, según "La Verdad".

La responsabilidad, a su juicio, la tiene el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y piden su dimisión: consideran injustificada la demora en los trámites administrativos.

«Quiero expresar el malestar que hay entre los vecinos porque llevamos muchos tiempo esperando la aprobación definitiva del proyecto», señaló la presidenta de la Asociación de Propietarios de La Paz, Bienvenida Meroño, junto a los miembros de la Junta de Compensación, entre los que se encontraba el secretario y también promotor de la iniciativa, el constructor López Rejas.

En la actualidad, tal y como explicó López Rejas, el proyecto está estancado por dos motivos. Por un lado la aprobación definitiva del Gobierno Regional se ha paralizado porque faltaban varios documentos que aseguran haber entregado en repetidas ocasiones.

Por otro, el Plan Especial de Reforma Interior que debe modificar el Plan General de Ordenación Urbana está pendiente de su publicación en el BORM desde principios de abril. «No sabemos el porqué de este retraso porque hemos presentado toda la documentación hace tiempo, en algunos casos varias veces», aseguró Rejas.

Los miembros de la Junta de Compensación, también propietarios de La Paz, se mostraron contundentes en sus declaraciones. «Aquí hay una burla muy grande hacia los vecinos. No se puede jugar con la ilusión de 1.500 personas», afirmó Anne Stewart. «Pedimos la cesión del señor Berberena de sus funciones porque no se entiende tanto retraso», señaló José Soler. «Hemos tenido muchas reuniones y creemos que todo está solucionado y luego pasan meses sin saber nada», añadió Francisco Correas.

El concejal de Urbanismo asegura que el de La Paz es «un proyecto complejo que requiere su tiempo», y que se están cuidando todos los detalles para que no se pueda impugnar nada una vez se apruebe de forma definitiva.

«Yo he procurado cumplir estrictamente la legalidad y eso supone un mayor plazo. Estoy luchando por sacar adelante el proyecto, que es espectacular. El equipo de gobierno tiene un gran interés en que se renueve el barrio», defiende.

Aseguró que el proyecto, con las modificaciones necesarias, será aprobado por el pleno mañana.