(De http://alicanteconfidencial.blogspot.com)
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
miércoles, 18 de junio de 2008
Los murcianos no se fueron defraudados/ Currito de la Vega
Grupo Fuertes creará una empresa mixta con la sociedad rusa Napko, tras una inversión de 200 millones de euros
En concreto, el proyecto que se estudia poner en marcha consistiría en desarrollar la actividad de explotación agrícola de cereales en una superficie aproximada de 25.000 hectáreas propiedad de la sociedad a crear, ubicadas en las provincias de Terbuny y Volovo, ambas pertenecientes a la región de Lipetsk y, además, se construiría un almacén de grano para 100.000 toneladas.
Además, el proyecto ganadero prevé la construcción de una fábrica de pienso, y de cuatro complejos para cría y engorde de ganado porcino. Cada centro albergará 5.000 cerdas madres con una capacidad aproximada de 108.000 cabezas, previendo llegar a las 20.000 madres, lo que supondría, aproximadamente, 430.000 cabezas al año, y por tanto, una producción de 45.000 toneladas de carne anuales.
La puesta en marcha de este proyecto surge a raíz de que el propietario de Napko, Igor Babaev, principal accionista del Grupo Cherkizovo, conoce la estrategia empresarial de Grupo Fuertes y queda sorprendido por su alto nivel tecnológico y por su eficiencia productiva y piensa en exportar la idea, aplicando el 'know how' español a su país de origen.
Tras esta primera iniciativa empresarial entre Grupo Fuertes y Napko, ambos podrían desarrollar más proyectos agrícolas y ganaderos tanto porcinos como de pavos en otras regiones rusas.
Cajamurcia se prepara para los nuevos tiempos / Juan Redondo
Martínez Serrano, con los socialistas en San Esteban; el recordado Moncho Ojeda y Juan Roca, con los populares, ocuparon con gran dignidad la presidencia de Cajamurcia en los últimos veinte años.
La Caixa, Caja Madrid y Caja Canarias, entre otras, han entrado ya por la nueva vía.
El presidente del Consejo de Administración deja de ser un cargo más representativo, nombrado por el Ejecutivo Regional, para convertirse en el máximo puesto ejecutivo, ajeno a los posibles cambios políticos al frente de las comunidades autónomas. Cajamurcia se acaba de apuntar a esta fórmula.
Desde ahora, Carlos Egea se convierte en el hombre fuerte de la entidad financiera tanto a efectos representativos como ejecutivos, cojugando las tareas de la Presidencia con los cometidos de la dirección general. En un periodo de transición y “en un plazo razonable”, como asegura, conjugará los cometidos de presidente y director general, quedando Joaquín Cánovas como director general adjunto.
El organigrama se complementa con dos vicepresidencias, una digamos más política, en el sentido de representación de las instituciones, y otra más de gestión. La innovación en el organigrama no tiene por qué suponer en principio ningún problema en el funcionamiento de la entidad, ya que Carlos Egea, es desde hace muchos años el ‘alma mater’ de la gran caja autonómica, convertida desde hace mucho tiempo en uno de los principales motores del desarrollo económico regional.
En estos tiempos de desaceleración o crisis económica, la “gran caja autonómica”, como la califica su nuevo vicepresidente, Antonio Sánchez Carrillo, cuenta con los recursos para adecuarse a las nuevas circunstancias. La vía de la profesionalización y el reforzamiento en la gestión, manteniendo su identidad regional, es el arma que utilizará el equipo capitaneado por Carlos Egea. Cajamurcia, con la asamblea ordinaria de ayer, ha iniciado una nueva etapa.
Antonio Sánchez Carrillo, nuevo vicepresidente
Entre las novedades del nuevo organigrama de Cajamurcia destaca la entrada del ex concejal del Ayuntamiento de Murcia, Sánchez Carrillo, como vicepresidente. El político popular, retirado de la primera línea tras las autonómicas y municipales del pasado año, venía como compromisario por la Comunidad Autónoma.
“Ahora que estoy retirado de la política, vengo a aportar mi larga experiencia empresarial. Tengo tiempo, ilusión y ganas de trabajar por la Región”. Ya tiene experiencia el patiñero en consejos de administración de entidades financieras, ya que ha estado también de representante en la CAM. El gusanillo político continúa vivo en él: sigue en la cocina del PP regional, y este fin de semana estará en el congreso nacional de Valencia.
www.elfaro.es
El Plan Urbano de Cartagena dejará construir 500 casas en el suelo que compró la UCAM
El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Cartagena, Joaquín Segado, indicó que de los 250.000 metros cuadrados que ocupan los antiguos terrenos de Defensa, sólo unos ochenta mil se destinarán a equipamiento educativo para la implantación de la UCAM en la ciudad portuaria.
La superficie restante, unos 170.000 metros cuadrados, tendrá un tratamiento similar al del resto de su entorno según el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Segado precisó más y afirmó que calcula que en dichos terrenos podrán construirse en torno a unas quinientas viviendas.
Cabe recordar que la Fundación San Antonio adquirió el cuartel de Los Dolores y otros terrenos de Defensa anexos al mismo en 2003 por 3,8 millones de euros, a razón de 26,8 euros por metro cuadrado.
Segado comentó que no se ha dado trato de favor a nadie y que el plan recoge las previsiones de crecimiento de la ciudad sin tener en cuenta a los propietarios de los terrenos.
Al parecer, los planes de la UCAM pasan por financiar la construcción de su campus en Cartagena mediante la venta de los terrenos urbanizables.
Al menos así lo denunció el diputado regional del PSOE, José Ramón Jara, quien acusó al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, de preparar "un pelotazo urbanístico" en Cartagena, a la vez que denunció que sólo un diez por ciento de los terrenos comprados a Defensa pertenecen a la Fundación San Antonio y el 90 por ciento restante son de una empresa privada del propio Mendoza llamada 'Centro de Estudios Universitarios San Antonio'.
Precisamente, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González, indicó a esta redacción que ha trasladado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción la denuncia de un particular contra le gestión de la UCAM en la que se han detectado "indicios constitutivos de ilícitos penales".
Al parecer, la adquisición de estos terrenos figuran en la denuncia.
La ex mujer de Morales: ´Por dos millones se contrata a un sicario y que mate al que sea´
En la conversación, Mari Carmen Jordán le pregunta si sabe por qué es la querella y el ex alcalde le contesta que "puede estar relacionado con un asunto de protección al honor que ganó Morales" y en el que se condenó a Alfonso Martínez Baños (concejal socialista) a indemnizarle con 6.000 euros por unas declaraciones acerca de una recalificación.
En el informe que redactan los agentes que realizaban las escuchas, señalan textualmente que, "aunque esta afirmación pueda parecer una anecdótica, hay que significar que la mujer vuelve a insistir una vez más en la contratación de unos sicarios, porque está hasta el gorro".
Esta conversación termina cuando Morales le dice que "es una tontería y que además el otro día" estuvo declarando Andreo, su sucesor al frente del ayuntamiento de Totana del colegio San José", uno de los convenios urbanísticos están bajo sospecha.
Como diputado se vive bien y son 3.000 euros
El ex alcalde y diputado regional del grupo mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, es el principal protagonista de las conversaciones contenidas en el sumario de la Operación Tótem, grabadas a lo largo de cientos de horas por los agentes de la UCO, en las que se recogen varios diálogos con su actual pareja, la brasileña Vaneide Freita, también imputada en el caso.
En concreto, en una conversación con esta última Morales se refiere a su nueva actividad como parlamentario del Partido Popular en la Asamblea Regional tras dejar la alcaldía de Totana y le dice que "como diputado se vive muy bien, el trabajo es muy suave y se cobran 3.000 euros".
La Policía cree que el ex secretario de Los Alcázares no pagó los dos chalés que le construyó el empresario Garcerán
Diego Sánchez, que en la actualidad tiene 71 años y que enviudó el pasado octubre, aparece en múltiples conversaciones intervenidas por la Policía definiéndose a sí mismo como el principal artífice de la prosperidad del municipio; el «salvador financiero» del Consistorio; el gestor y negociador del destino de parcelas de propiedad municipal; el artífice de que hayan salido adelante numerosas urbanizaciones, con sus revalorizaciones y pluvalías; el alto funcionario que preparaba las subastas de terrenos públicos y, cuando éstas quedaban desiertas por lo elevado de los precios fijados, organizaba y decidía su adjudicación directa; el hombre que negociaba con los promotores de Torre del Rame los pagos de la urbanización del plan parcial...
Y aunque llega a admitir en esas conversaciones intervenidas que se excede en sus funciones, sostiene que lo hace «en bien del pueblo» y se queja de que la Corporación «está muy mal acostumbrada y no me reconocen mi verdadero papel».
Tan evidente era la influencia de Don Diego -así se dirigen a él prácticamente todos sus interlocutores- que a nadie habría de extrañar que su hijo, el abogado y también imputado Juan de Dios Sánchez, trabaje como letrado asesor en el Ayuntamiento alcazareño, y que su nuera, la compañera sentimental de su otro hijo, Jesús Diego, sea una de las funcionarias a su cargo en el Consistorio. Algo que lleva los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han llevado el peso de la investigación, a preguntarse si esto no es «una irregularidad en sí misma».
El método empleado por Diego Sánchez, y por extensión, el Ayuntamiento marmenorenses, para adjudicar las parcelas municipales «a quien estimaba oportuno» era tan simple como ya conocido en ambientes urbanísticos poco transparentes. El Consistorio venía sacando a subasta, de forma sistemática, el 10% del suelo que recibía de los promotores de recalificaciones de terreno, pero lo hacía fijando unos precios «muy altos», según palabras del entonces secretario municipal, de forma que las subastas quedaban desiertas. Una vez cumplido este obligado trámite legal, el Ayuntamiento las asignaba «a dedo», por el método simple de otorgarlas «al primero que realice un abono en una cuenta municipal».
De esa forma, precisamente, fueron vendidas algunas parcelas que acabaron en manos de sociedades controladas por Inmaculada Camacho Escudero, cuñada y presunta testaferro del arquitecto municipal y prima en sexto grado del ex alcalde Juan Escudero.
Cuando cambia la legislación y ya no es posible adjudicar directamente parcelas públicas tras una subasta desierta, Diego Sánchez se muestra muy contrariado y afirma que ése ha sido el funcionamiento del Ayuntamiento desde hace más de 20 años.
El problema llega cuando no ve la forma de adjudicar directamente un terreno municipal a una cooperativa extranjera -«casualmente, según la Policía, presentados por un cuñado de Escudero»- y Sánchez se ve obligado «a realizar todas las gestiones necesarias para poder seguir adjudicándoles la titularidad de la misma». Y ello por haberse visto legalmente obligado a convocar «una segunda subasta pública por vía de urgencia», contratiempo que le lleva a afirmar: «Hay que cruzar los dedos» para que no se presente nadie más con otra oferta.
La adjudicación de esa parcela -quizás huelgue decirlo- fue otorgada al citado grupo extranjero y se firmó ante notario el 13 de abril del 2007, en un acto al que asistieron Diego Sánchez y Juan Escudero en representación del Ayuntamiento.
Los agentes han averiguado que el secretario municipal ya jubilado posee seis bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos y locales-, con un valor catastral global de 365.926 euros, por lo que su valor real rondaría -según los expertos, que sostienen que hay que multiplicar esa cifra por cinco o por seis- los dos millones de euros (330 millones de pesetas). Entre los bienes acumulados figura una parcela de mil metros cuadrados en la urbanización Torre Rame, que habría adquirido con ánimo especulador, ya que en una conversación reconoce que no sabe «ni dónde está». Sólo esta parcela le habría costado 360.000 euros.
Con todo, uno de los hechos que más ha llamado la atención de los investigadores se refiere a que Diego Sánchez y su hijo Juan de Dios se habrían visto favorecidos por la construcción de sendas viviendas, por parte del empresario Valero Garcerán -también imputado y, durante un mes y medio, encarcelado por la Operación Ninette-, sin que supuestamente le hubiesen llegado a abonar el precio de las obras. Dicho de otra forma, los policías sospechan que les hizo las casas gratis.
En abril del 2007, los agentes detectan una conversación de Sánchez y Garcerán, en la que el primero trata supuestamente de arreglar el asunto, aunque fuese de forma ficticia. Así, el constructor le dice en un principio que le haga un talón o un cheque, y que luego le devolvía el dinero. Sin embargo, el hijo del empresario, Francisco Javier, le dijo que no lo hiciesen de esa forma, «que tiene que haber movimiento de dinero».
Más tarde, Diego Sánchez le expresa su voluntad de solicitar una hipoteca, lo que llevaría a Garcerán a expedirle una certificación de pago de veinte millones de pesetas. En en ese contexto se produce la siguiente conversación:
-Diego: Soy el secretario.
-Valero: ¿Hombre, Don Diego! ¿Qué tal? (...)
-Diego: Valero, que yo quiero solucionar el problema ya, pero ya. Yo quiero abonar y cerrar ese tema, y estoy mucho tiempo y no hay forma, Valero. Y esto es muy sencillo,: es que me hagan una certificación, yo le pago y se ha acabao. (...) Yo quiero resolver esto, porque sí, porque a mí me gustan las cosas como son, usted sabe.
-Valero: Don Diego, ¿está, está luego? ¿Paso por ahí y hablamos?
Preocupado por una inspección fiscal
En abril del año pasado, Valero Garcerán se mostraba preocupado por la inspección a que Hacienda estaba sometiendo las cuentas de sus negocios y, en apariencia, fue ese hecho el que despertó en Diego Sánchez la necesidad de saldar la cuenta pendiente que en apariencia tenía por la construcción de dos viviendas en Los Alcázares.
Curiosamente, destacan los policías que les investigaron, también la mujer del ex alcalde Escudero declaró haber realizado diversos pagos al constructor Garcerán (unos 102.000 euros), sin que en sus cuentas se refleje movimiento alguno en ese sentido. De ahí que los investigadores infieran que ese pago no llegó a producirse, o bien que se hizo en dinero negro.
Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier mantenían relaciones muy fluidas con altos funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares.
La Fiscalía pide al Ayuntaminto de San Javier papeles sobre Roda Golf y planes en La Manga
En el requerimiento escrito, al que ha tenido acceso este periódico, pide información relativa a las nuevas urbanizaciones en Roda, La Manga y El Mirador, donde la Fiscalía ha comenzado a investigar supuestas irregularidades.
Entre ellas, la Fiscalía dio un plazo de 10 días el pasado mayo para que le fueran entregados documentos relativos al Polígono G y L de Veneciola, en La Manga, para investigar si se ha construido el campo de golf sobre una parcela pública, como así lo afirmaba la denuncia del Grupo Independiente tras la auditoría urbanística que realizó el pasado año durante sus cinco meses de Gobierno municipal compartido con el PSOE. Según fuentes municipales, el campo de golf cuenta con licencia a pesar de encontrarse sobre suelo público.
El fiscal pide además los proyectos de Reparcelación y de Urbanización en el Plan Parcial de Usos Terciarios de Sucina, «al haber edificaciones realizadas sin licencia», detalla el requerimiento de la Fiscalía. Reclama que se le envíen expedientes sancionadores y copias de licencias de obra en los terrenos colindantes al cementerio. Otro expediente que el Ayuntamiento ya ha enviado a la Fiscalía es el Plan Parcial Himoinsa «por construir en zona verde».
Se interesa también por el Plan Parcial Mirador Sur debido a que el Ayuntamiento comenzó a construir un polideportivo en la pedanía sobre una parcela de propiedad privada que no había sido cedida previamente al patrimonio municipal, según confirman fuentes municipales. El nuevo Gobierno tripartito ordenó paralizar las obras el pasado verano al comprobar la titularidad privada del terreno, que además se encuentra en zona de rambla.
Solicita el fiscal además el proyecto de reparcelación del Plan Parcial Roda Golf y se interesa sobre «si han sido entregadas al Ayuntamiento las parcelas de equipamientos y zonas verdes o si se ha abierto algún expediente disciplinario por existir alguna construcción sobre tales parcelas», precisa el Ministerio Público en su petición.
«La auditoría urbanística ya evidenció el pasado año que algunas instalaciones de la urbanización Roda Golf se encuentran sobre suelo público, como son la oficina de ventas e información y la balsa de riego», según precisa la ex concejal de Urbanismo y portavoz independiente, Arancha Espeso.
Varias unidades de actuación en la carretera de Sucina, en Roda y en San Blas requieren la atención del fiscal, que pide «conocer la concreción y materialización del 10% de aprovechamiento municipal».
Requiere certificados finales de obra presentados y cédulas de habitabilidad otorgadas en las viviendas del Plan Parcial Señorío de Roda «para que ya en junio de 2006 puedan existir, no sólo viviendas terminadas, sino personas viviendo en las mismas según consta en Acta Notarial», detalla en la solicitud.
Quiere que le envíen además expedientes sancionadores incoados y sanciones impuestas o archivadas de estas construcciones en Señorío de Roda. Requiere también informes de los técnicos municipales sobre varios expedientes de construcciones de viviendas en el municipio, sobre los que detalla número y fecha.
martes, 17 de junio de 2008
Joaquín Cánovas Páez, nuevo director general de Caja Murcia en sustitución de Egea Krauel
El máximo órgano de gobierno de Caja Murcia ha elegido también al economista lorquino Manuel Jódar Martínez como vicepresidente primero con el fin de complementar y reforzar la labor del nuevo presidente; Antonio Sánchez Carrillo, como vicepresidente segundo; Francisco Ferrer, interventor de la Comunidad Autónoma, como secretario del Consejo de Administración, y al concejal murciano Antonio Castillo Pérez, como presidente de la Comisión de Control.
Previamente, la Asamblea General Ordinaria de Caja Murcia procedió a la renovación estatutaria de la mitad de los consejeros generales. Los nuevos son la ex senadora socialista y ex presidenta de la Comunidad Autónoma, María Antonia Martínez (en la imagen), y el actual presidente de la CROEM, Miguel del Toro Soto, aparte de Eduardo Contreras Linares, ingeniero naval y alcalde de Molina de Segura; Miguel Cascales Tarazona, concejal del Ayuntamiento de Murcia; José Antonio Cobacho Gómez, rector de la Universidad de Murcia, y Pilar Serrano Romero.
Los nuevos nuevos miembros de la Comisión de Control de la entidad son el profesor Salvador Marín Hernández, Encarnación Gil Castejón, Encarnación Rodríguez Fernández y el alcalde de Caravaca, el médico pediatra Domingo Aranda Muñoz.
La Asamblea General celebrada esta mañana en el salón de actos de la entidad, concluyó el proceso de renovación de la mitad de los órganos directivos, cuyos integrantes son designados en un 40% por los impositores, un 10% por los empleados, un 25% por la Comunidad Autónoma y el 25% restante por los ayuntamientos.
La Asamblea General Ordinaria aprobó las líneas generales de actuación de Caja Murcia y la gestión del Consejo de Administración saliente.
El nuevo presidente ejecutivo ingresó en 1976 en Caja Murcia y era desde 1983 su director general. Actualmente ejerce como secretario de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y ha cumplido 61 años el pasado mes de febrero.
El nuevo director general tiene 45 años, es natural de Los Alcázares y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en Caja Murcia.
Consejo de Administración:
- Presidente, Carlos Egea.
- Vicepresidente primero, José Manuel Jódar.
- Vicepresidente segundo, Antonio Sánchez Carrillo.
- Secretario general, Francisco Ferrer Moreno.
- María Antonia Martínez.
- Miguel del Toro.
- Agustín Navarrete.
- Agustín Guillén Marco.
- Eduardo Contreras Linares.
- Miguel Cascales Tarazona.
- Francisco Jódar Alonso.
- Remedios Alarcón Barbero.
- José Antonio Cobacho.
- Ramón Sabater.
- María Pilar Serrano.
- Antonio García Pallarés.
- María Ángeles Balibrea.
- Juan Antonio Delgado.
- Florestán Botía.
- Sebastián Vázquez.
Comisión de Control:
- Presidente, Antonio Castillo Pérez.
- Secretario, Eugenio Pedreño.
- Salvador Marín Hernández.
- Domingo Aranda Muñoz.
- Jorge Martínez-Carrasco.
- Encarnación Gil Castejón.
- Encarnación Rodríguez Fernández.
- Julio Izquierdo Mateo.
Trinitario Casanova negocia la venta de su participación del 4% en el Banco Popular
El propietario de la inmobiliaria Hispania se encuentra actualmente de viaje en Londres "trabajando en este tema", reconocieron, aunque prefirieron no especificar si la venta de su participación forma parte de una operación corporativa.
La intención de Casanova de vender su 4% en el Popular contrasta con las declaraciones de diversos accionistas de la entidad, como el inversor indio Ram Bhavnani, y los empresarios Americo Amorim y Nicolás Osuna, que han desmentido su intención de vender sus títulos de la entidad.
No obstante, diversos analistas apuntan a la posibilidad de que el mercado obvie estos desmentidos de los accionistas supuestamente involucrados tras recordar que a veces dar información puede poner en peligro una operación.
Casanova ha confirmado posteriormente que está negociando la venta de su participación en el Banco Popular a un grupo mexicano, según informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el comunicado, Casanova, presidente del grupo Hispania, explica que su participación en Banco Popular (42,54 millones de acciones), controlada a través de su vehículo inversor Titanica Capital Investment, supuso una inversión inicial de 526 millones de euros, de los cuales 394 millones fueron desembolsados mediante un préstamo bancario con vencimiento dentro de seis años y los 132 millones propios con fondos propios.
Además, en enero fueron depositados 99 millones de euros como garantía adicional, sumando al total de recursos propios invertidos por el empresario 231 millones de euros.
Casanova subraya que actualmente está negociando la venta de las acciones a un grupo mexicano, representado por la sociedad Blueprime Ltd., con sede en Londres, y que es el vehículo del grupo para adquirir la participación.
Las acciones del Popular atraviesan en los últimos días jornadas bursátiles de mucha volatilidad a raíz de la persistencia de rumores acerca del interés de un grupo de inversores de hacerse con una participación de en torno al 20% en en el capital del Popular.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene un "seguimiento permanente" sobre las noticias que apuntan a una operación corporativa sobre Banco Popular, según una portavoz de la entidad.
Concretamente, la portavoz de la CNMV se refería así a los contactos que la institución ha mantenido "con las entidades y personas a las que las entidades atribuyen participación directa" en el banco, en el ejercicio de su labor supervisora.
Desde el organismo que preside Julio Segura eludieron referirse a informaciones de prensa que apuntan al interés del empresario Trinitario Casanova de vender su participación en el Popular dentro de una operación corporativa.
El organismo que preside Julio Segura no ha considerado necesario hasta el momento suspender el valor a la luz de las actuaciones de supervisión realizadas.
La clientela del taxi en Cartagena decrece un 30% en unos meses
Los taxistas cartageneros han visto como su nivel de clientela desciende, según Antonio Cabrera, presidente de Unión Radio Taxi, a unos niveles que llegan hasta un 30% menos del negocio que venían realizando en los últimos meses, según "El Faro".
Una situación que, según Cabrera, puede obedecer a varios factores. Uno de ellos es la crisis económica que vive el país y que hace que los ciudadanos sean más cautos a la hora de coger un taxi, cuyo precio mínimo, en el trayecto más corto, es de 3.20 euros en los días laborables y de 4,15 los sábados por la tarde y los domingos.
Tarifas que, por ejemplo, en un viaje del Barrio Peral a la Puerta de Murcia pueden llegar a los siete euros, una cantidad que se está volviendo casi prohibitiva para el bolsillo de los ciudadanos.
Otra de la causa de las crisis que sufren los taxistas es la rebaja del precio de los autobuses urbanos, competencia a la que también se une la subida del precio del gasoil y de otros gastos fijos, que hacen que muchos profesionales de este sector se vean obligados a realizar jornadas de hasta 16 horas durante seis días a la semana para poder seguir subsistiendo.
Sin embargo, según Antonio Cabrera, aunque la situación es preocupante, aún es sostenible.
Lo que esperan los taxistas locales con impaciencia, para paliar la crisis, es que se apruebe la subida de las tarifas, algo que depende de una reunión tripartita entre la Comunidad Autónoma (la responsable última de la autorización), la Federación de Municipios y el propio colectivo de profesionales del taxi.
Catorce mil viviendas nuevas tienen el cartel de ´se vende´ en la Región de Murcia
El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción (Frecom), Fulgencio Belando, afirmó en declaraciones a "7 Región de Murcia" que la mitad de estas casas se encuentran en zonas destinadas al turismo residencial, mientras que el resto se encuentran en las ciudades y grandes núcleos de población esperando para ser compradas como primera residencia.
Las palabras de Belando vienen a confirmar que el mercado inmobiliario en la Región está, hoy por hoy, congelado, influenciado por la situación de crisis económica nacional.
A pesar de la situación es complicada, los constructores y promotores confían en que el nuevo decreto aprobado por la Comunidad Autónoma permita activar el mercado y dar salida a muchas de estas viviendas nuevas que están vacías.
Entre otras medidas, el decreto posibilita reconvertir casa de renta libre en viviendas de protección oficial. De esta manera, la vivienda podría ser adquirida por un precio menor y el comprador tendría derecho a las ayudas que otorga la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, otras fuentes apuntan a que en Región puede haber sin vender entre 40.000 y 50.000 viviendas en vez de las 14.000 de las que habla Belando.
Sánchez Carrillo será elegido hoy vicepresidente de Cajamurcia
El actual presidente, Juan Roca, deja el puesto después de haber permanecido veinte años como consejero.
M. J. G. La asamblea general de Cajamurcia aprobará hoy los cambios en el organigrama del consejo de administración que permitirán a Egea ser el primer presidente ejecutivo, un puesto que aunará la representación oficial, ejercida hasta ahora por el presidente, y las funciones del director general.
El nuevo vicepresidente de Cajamurcia será Antonio Sánchez Carrillo, ex concejal de Murcia y presidente del comité electoral del PP. También habrá un segundo vicepresidente por parte de los impositores, que será Manuel Jódar.
Con la renovación del consejo de administración, se incorporarán al órgano de dirección de Cajamurcia el presidente de la CROEM, Miguel del Toro; la ex senadora socialista María Antonia Martínez; el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho; y el decano de los economistas, Salvador Marín. El presidente de la Comisión de Control será el concejal murciano Antonio Castillo.
El consejo de administración está constituido por veinte miembros, incluido el presidente. La asamblea general está compuesta por 140 consejeros generales.
Hoy se incorporarán a la asamblea general el ex consejero de Sanidad y ex eurodiputado Juan Antonio Gil Melgarejo; la presidenta de la OMEP, Ángeles Ruiz; y el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño.
En sustitución de Luis Gestoso, director general de Protección Civil, entrará a la asamblea Juan Albaladejo. También será relevada la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que no puede seguir como consejera por ser diputada.
Los estatutos de Cajamurcia obligan a renovar cada dos años a la mitad de los consejeros generales de la asamblea general y del consejo de administración.
En los órganos de dirección de Cajamurcia está representados el Gobierno regional, como heredero de la entidad fundadora, la desaparecida Diputación Provincial; la Asamblea Regional y los ayuntamientos, además de los impositores y los empleados.
Félix Faura, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, se incorporará en los próximos días a la Fundación Cajamurcia.
El PP de la Región dice estar convencido de que "en días" se sabrá la decisión de Andreo
Y es que el regidor totanero anunció el pasado jueves que iba a abrir un período de reflexión personal para decidir si continua o no en la Alcaldía.
Sánchez consideró, al respecto, que "han pasado muy pocos días desde que Martínez Andreo anunciara que iniciaba ese periodo de reflexión", por lo que opinó que "lo que hay que hacer es respetar ese tiempo".
"Será un tiempo prudencial en todo caso", agregó el portavoz de los 'populares' murcianos, quien recordó que "con este tema llevamos meses, incluso antes de Navidad, y hay que darle unos días a este alcalde y ver también que estará hablando con su familia, compañeros del equipo de Gobierno y sus abogados".
De igual modo, aclaró la posición adoptada, ante esta situación, del PP de Totana. Así, precisó que "lo que ha dicho es que apoya la decisión del alcalde, le anima en esa decisión y siempre va a respetarla"; algo que, puntualizó, "hará el PP de la Región".
Es por ello por lo que pidió "ser prudentes con este tiempo y ver lo que decide", y manifestó que el PP murciano "va a estar siempre a la altura de las circunstancias".
Por su parte, el propio interesado sigue sin saber lo que va a hacer, aún no ha decidido si dimitirá y no se pone un plazo para llegar a una conclusión sobre su futuro.
«Esta todo dicho ya; está abierto un periodo de reflexión que terminará en el momento en el que yo personalmente lo crea conveniente, porque así debe de ser».
El socialista Escudero es investigado en Irlanda y Andorra por la Policía y Hacienda españolas
Y ello sin haber llegado a contar «los gastos corrientes de la unidad familiar (alimentación, vestido, calzado, agua y luz, enseñanza, asistencia sanitaria, seguros de automóviles e inmuebles...) y cualquier otro pago que soporta una familia en su vida diaria».
Dentro de las entradas o ingresos se contabilizan los préstamos recibidos por Escudero y su esposa, que han sido numerosos desde 1994 y cuyo importe total asciende a 543.102 euros (más de 90 millones de pesetas), de los que desde 1999 habrían satisfecho 249.000 euros (unos 40 millones de pesetas).
Lo que tienen los préstamos es que en un inicio cuentan como entradas (cuando el banco proporciona el dinero reclamado), pero luego, durante largos años, hinchan el capítulo de gastos, cuando la familia se ve obligada a ir afrontando los vencimientos.
¿Qué importancia tendría haber pedido gran cantidad de préstamos (hipotecarios o no) en los últimos años? Ninguna, salvo que indiciariamente apunta a que el solicitante se ve en disposición de asumir los pagos que de ello se derivan.
En el caso de Juan Escudero, sin embargo, los policías hacen una lectura que va un poco más allá. Y eso debido a que, en un momento dado, le fue intervenida una conversación telefónica en la que, hablando de las investigaciones policiales en marcha en la Región y del delito de blanqueo de capitales, el ex alcalde de Los Alcázares explicaba: «Como se tiene que hacer es pedir créditos y luego los concejales que los paguen».
«Algo -exponen los policías judiciales que lo han investigado- que parecería encajar perfectamente con lo percibido en su caso».
Buceando en el Catastro, los agentes de la UDEV-BLA también comprobaron que el matrimonio Escudero-Martínez Zapata posee un total de 12 bienes urbanos (pisos, locales, terrenos...), de los que diez están a nombre de ambos cónyuges al 50% y en los dos restantes sólo Escudero aparece como titular.
Los doce bienes están valorados por el Catastro en 539.841 euros, aunque el criterio de los expertos es que para conocer su valor real hay que multiplicar por cinco o por seis: en torno a los tres millones de euros (500 millones de pesetas)
Los agentes señalan que el patrimonio podría ser incluso mayor, ya que, conforme a la base de datos de la AEAT, Aurora Martínez Zapata adquirió mediante escritura pública, en el año 2004, un inmueble valorado en el Catastro en 21.445 euros, pero cuyo cambio de titularidad no se ha producido, y lo mismo ocurre con Escudero, que compró dos parcelas, una en La Roda de Los Alcázares, sin que conste su referencia catastral, y un solar valorado en 36.060 euros.
Además, y eso es algo que ha llamado la atención de los investigadores, en el año 2003 compraron a una constructora dos inmuebles en la calle Ferrocarril de Los Alcázares, y declararon haber pagado 60.000 y 30.000 euros, respectivamente. Lo curioso del asunto, y así lo hacen constar los agentes, es que ambos precios están por debajo de los valores catastrales de ambas fincas.
«El valor catastral -exponen en su informe- es siempre inferior al precio de mercado, y carece de toda lógica económica enajenar activos por debajo de dicho valor, más aún si el precio es todavía menor que el catastral».
Los policías están convencidos de que en el pago de ambos inmuebles se empleó dinero B; esto es, dinero negro.
Otro dato que no ha pasado desapercibido para los agentes de la UDEV-BLA, y que califican como «de interés principal», es el uso habitual de dinero en efectivo por Escudero y su esposa, «en especial cuando en las posiciones bancarias existe saldo cero o negativo».
Así, en una cuenta de Bankinter, a nombre de Escudero, se hacen ingresos en metálico por importe de 38.820 euros (más de seis millones de pesetas) en apenas tres meses. También llama la atención que algunos de esos «grandes ingresos», se fraccionen a lo largo del mismo día, supuestamente con el fin de no dejar un rastro llamativo. En este sentido se ha comprobado, por ejemplo, que el 25 de febrero del 2004 se hicieron sucesivos ingresos de 3.300, 2.700, 1.980 y 1.440 euros.
También, en una cuenta de la Caja Rural Central, abierta por el ex alcalde, se ingresaron en metálico 48.683 euros, en el plazo de cuatro años y medio, y en otra cuenta de la misma entidad, 14.255 euros, mediante diez operaciones realizadas en un mes.
En la declaración de la renta realizada por Aurora Martínez Zapata correspondiente al año 2002, se le imputan pagos por importe de 102.457 euros (unos 17 millones de pesetas) a la firma Garcerán Construcciones S.L., perteneciente a los empresarios Valero y Francisco Javier Garcerán, también imputados en la trama Ninette y que permanecieron encarcelados durante mes y medio.
En el análisis de las cuentas de Escudero y su mujer, los investigadores no han encontrado rastro alguno de esos pagos. Además, se descarta en principio que esos pagos puedan corresponder a alguna operación inmobiliaria, ya que tampoco existe escritura alguna.
Los policía consideran, por todo ello, que bien los pagos se realizaron en efectivo, o que correspondiesen a servicios realizados por la empresa constructora que la familia no llegó a abonar.
Por último, en una cuenta que Escudero tiene en La Caixa, se observa que los gastos corrientes de la familia se afrontan con pequeñas imposiciones en metálico.
Un capítulo aparte en la investigación que se ha realizado sobre la situación económica y financiera de Escudero y su familia lo constituye la empresa Animación y Aventura S.L. Esta firma, al parecer dedicada a organizar campamentos y actividades similares, estuvo facturando al Ayuntamiento de Los Alcázares, por distintos servicios prestados, entre los años 2000 y 2006; o sea, en un periodo en que Escudero era alcalde.
Pues bien, se ha comprobado que esa misma sociedad ha estado realizando pagos a Juan Escudero entre los años 2001, 2002 y 2003. «No obstante, en las cuentas se siguen produciendo dichos pagos aún en el 2007», reseñan los agentes.
La hipótesis barajada por los investigadores es que Escudero tiene alquilado algún local a esa empresa, motivo por el cual recibiría los ingresos procedentes de Animación y Aventura S.L..
No deja, sin embargo, de resultar llamativo que la misma empresa que trabaja para el Consistorio, y que por lo tanto cobra de éste, le alquiler unos locales al alcalde y, lógicamente, le pague por ellos. O, dicho de otra forma, que una sociedad que tiene alquilados unas oficinas a Escudero sea contratada por el Ayuntamiento que éste preside.
Los policías han investigado, y siguen haciéndolo en la actualidad, las posibles vinculaciones de Escudero con Andorra y con Irlanda. Las referencias del ex alcalde al Principado son numerosas y los investigadores sospechan que podría haberse valido de algún testaferro para ocultar cuentas o patrimonio a su nombre.
También indagan en las razones por las que se ha trasladado en alguna ocasión a Irlanda, acompañado de su cuñada, la abogada P.L.M.Z., e intuyen que era para constituir un «entramado» societario, «supuestamente diseñado para el ocultamiento de ganancias ilícitas y tras el que se parapetaría Escudero».
La Policía confirma en sus informes que sigue realizando gestiones tanto en Andorra como en Irlanda.
La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM
En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.
Olayo González Soler confirmó a "La Verdad" que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbito el Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM».
González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó a "La Verdad" que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.
Más competencias
El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo a la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».
Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.
Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad».
Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia.
«El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».
Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa.
Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.
Mendoza: «No me preocupa lo más mínimo»
José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, manifestó que no le preocupa «lo más mínimo» que la Fiscalía Especial contra la Corrupción esté estudiando supuestos ilícitos penales en las sociedades que gestionan la Universidad Católica, a requerimiento del fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino.
«Lo hemos hecho todo ajustado a la legalidad. No se puede venir ahora, siete años después, a decir que hay irregularidades. Lo que está ocurriendo es fruto de una trama que ataca a la UCAM y a mi persona. Es una operación de acoso y derribo. Si creen que hay indicios de delito, que digan cuáles son y que lo argumenten».
En relación a la compra de los terrenos del Ministerio de Defensa, Mendoza dijo que salieron tres veces a subasta y quedaron libres.
«Nadie los quiso comprar. Varios empresarios dijeron que eran muy caros por tratarse de una zona de equipamiento militar. El Ministerio se los ofreció incluso a los antiguos propietarios, que tampoco los quisieron. Al final, yo pagué por ellos 711 millones de pesetas. Y he restaurado los edificios militares. No se ha hecho nada más hasta que no se cambie el Plan Urbano de Cartagena».
Respecto al general que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, y que es el mismo que vendió los terrenos de Los Dolores, Mendoza contestó que «yo me he limitado a comprar y punto. No tengo culpa de lo que haya podido hacer ese señor en otro sitio. Sólo sé que una vez nos reunimos con dos generales, de cuyos nombres ni me acuerdo. Entramos a negociar la compra cuando las subastas estaban agotadas. El Ministerio puso el precio con criterios objetivos».
El presidente de la Fundación San Antonio, por otra parte, niega que existan sociedades satélite a la Fundación dirigidas por él y su familia, como señala la denuncia, que advierte de un entramado societario de «muy dudosa legalidad».
Para Mendoza, se trata de «empresas legales, cada una con su identificación fiscal. Una de ellas fue creada para atender la cafetería de la universidad, ya que la que teníamos contratada daba un mal servicio y era abusivo».
Tacha de «barbaridad» la denuncia de que se estén desviando fondos de la UCAM para cubrir las deudas de estas sociedades.
«Si hiciera eso, se me caería el pelo. Nosotros somos auditados y fiscalizados todos los años por el Servicio de Fundaciones. Si eso fuera verdad, ya lo habrían detectado». Mendoza insistió en que la Iglesia «nunca ha puesto un duro en la Universidad Católica. Al contrario, nosotros hacemos donaciones millonarias».
lunes, 16 de junio de 2008
La UE regulará el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos
McCreevy aseguró que el código de conducta por el que se rige el sector no ha servido para resolver los conflictos de interés, y dijo que las medidas voluntarias anunciadas por las principales agencias para mejorar la situación "son insuficientes".
"Creo que ahora es necesario adoptar medidas regulatorias importantes pero bien dirigidas para las agencias de calificación de riesgos que operan en los mercados de crédito en Europa, incluyendo el registro, la supervisión externa y un gobierno interno mucho mejor", dijo el comisario de Mercado Interior durante un discurso pronunciado en Dublín cuyo contenido fue difundido en Bruselas.
El Ejecutivo comunitario presentará "en los próximos meses" sus propuestas legislativas, que deberán obtener el visto bueno de los Veintisiete y de la Eurocámara. En primer lugar, McCreevy quiere crear un sistema de registro de las agencias de 'rating' a nivel europeo, una medida que ya ha sido defendida por la ministra francesa de Economía y Finanzas, Christine Lagarde.
El comisario de Mercado Interior defendió además que las agencias de calificación de riesgos se sometan a supervisión externa. Los supervisores no deberán ocuparse de revisar las calificaciones otorgadas a los diferentes productos financieros, sino que se encargarán de controlar el funcionamiento interno de estos órganos, los modelos estadísticos que se utilizan o las estructuras de remuneración de los analistas.
En tercer lugar, McCreevy propondrá establecer "cortafuegos fuertes y robustos" entre los comerciales responsables de vender los servicios de las agencias y los analistas que trabajan en la elaboración de las calificaciones. El objetivo de esta medida es evitar cualquier posible conflicto de interés.
"La remuneración y los paquetes de incentivos para los analistas también deben adaptarse para sostener la confianza a largo plazo en las calificaciones que diseminan", dijo el comisario de Mercado Interior.
La agencia Fitch otorga la máxima calificación a la emisión de cédulas hipotecarias de Cajamar
Fitch destaca en su informe la "fortaleza financiera" de la primera caja rural española, así como una gestión de activos que califica de "buena" y un sistema de control interno garante.
A favor ha jugado también que la mayor parte de la cartera hipotecaria esté destinada a la financiación de primera vivienda y la "solidez" del marco legal español para la deuda respaldada con hipotecas.
El Banco de España sustituye al responsable de supervisión de las cajas de ahorros
Martínez, responsable hasta ahora de la supervisión de los bancos, será sustituido a su vez por el antiguo coordinador del departamento de banca, Ramón Quintana. Estos cambios se inscriben en el normal funcionamiento del Banco de España tras la jubilación de uno de sus profesionales.
Fuentes del mercado descartaron que, tal y como se ha especulado en diversos medios de comunicación, estos cambios en el seno del instituto emisor estén relacionados con una hipotética crisis en el sector de las cajas de ahorro.
A este respecto, fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) subrayaron que las cajas no atraviesan una situación delicada más allá de la que afecta al conjunto del sector.
La dirección general de supervisión del Banco de España tiene como director general a Francisco Javier Aríztegui, que cuenta con Fernando Vargas como director general adjunto, del que dependen tres departamentos de inspección, uno de bancos, otro de cajas y otro de banca extranjera, tasadoras y otras entidades.
La Región de Murcia "da la nota" en la Expo 2008, de Zaragoza, con un vídeo insultante
El comisario de la Expo 2008, Emilio Fernández-Castaño, ha afirmado que, hasta ahora, las instituciones de Aragón han tenido un comportamiento 'muy respetable' al respecto.
Especialmente se ha referido el comisario a la controversia surgida por la inclusión en este vídeo de una cita del ministro republicano, el socialista Indalecio Prieto, quien en 1933 tachó de 'miserables traidores a España' a los opositores a los trasvases.
Por su parte, el presidente de la sociedad estatal Expo Agua, Roque Gistau, ha dicho que le consta que hay quien ha calificado de 'impropio' este vídeo pero que como representante de los anfitriones prefiere no decir lo que piensa al respecto.
En las últimas horas, el Gobierno regional de Murcia no ha parado de afirmar que la Unión Europea avala ahora los trasvases a través del Consejo Económico y Social Europeo, un organismo consultivo.
Efectivamente, el pasado mes de abril este organismo hizo público en Murcia un dictamen, que contempla las transferencias de cuencas excedentarias hasta otras deficitarias, y que sobre los trasvases dice «pueden resultar convenientes» para la autosuficiencia agrícola siempre que «los usos dados en la cuenca receptora sean eficaces y de bajo consumo».
En la muestra internacional participan más 100 naciones. Será "una Expo en la que nadie se sentirá extranjero", en palabras de Fernández-Castaño. La primera Expo internacional temática, dedicada al agua y el desarrollo sostenible, pretende ser "un sueño de 93 días", según reza uno de los lemas acuñados para la ocasión.
La Expo se encuentra desde el sábado lista para recibir a los seis millones y medio de personas que, hasta el próximo 14 de septiembre, se espera que visiten la capital aragonesa tras las crónicas de los 700 periodistas acreditados para su inauguración.
La encrucijada de Pedro Saura / Juan Redondo
Y ahora se encuentra con una Plataforma integrada por militantes de procedencias dispares, que prácticamente sólo tienen en común la necesidad de un cambio al frente de la dirección regional, con otro líder que le ayude a hacer la travesía del desierto y encontrar la tierra de promisión. Los “marmolistas”, sin apoyos madrileños, más bien todo lo contrario, en unos meses han conseguido aglutinar un notable respaldo interno hasta el punto de poder plantar cara dignamente en el próximo congreso regional con Javier Mármol, hasta ahora poco conocido.
En estos cuatro años Saura no ha sabido encontrar el discurso adecuado, ni la estrategia idonea para encontrar un mayor eco en la sociedad murciana, en estos momentos muy volcada con el PP. Los críticos dicen que no ha sido capaz de hacer partido, de ilusionar y movilizar a los militantes y simpatizantes y que con él al fente es difícil recuperar electorado.
“Es una buena persona y muy trabajador, pero le falta talla política”, reconocen los críticos, como decían de aquel torero: “Es un padre de familia ejemplar y de comunión diaría, pero no se arrima ni con la Guardía Civil”. Dicen que ahora debería dar un paso al frente y dejar la Secretaría General, algo que no entra en los proyectos políticos de Saura.
En el PP, pasada página sobre la etapa bronca previa a las elecciones autonómicas, reconocen que Saura resulta un político cómodo. A pesar de los esfuerzos del dirigente socialista por encontrar camino, como sucedió en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Valcárcel le tiene cogido el tranquillo y le busca las vueltas con facilidad en el cuerpo a cuerpo. Incluso el Día de la Región, el presidente regional del PP le deseó suerte para el congreso del PSRM.
Parece claro que ganará el congreso. Otra cosa es como quedará el partido, si se cerrarán filas o se mantendrán las discrepancias. A medio plazo ya se empiezan a surgir comentarios entre los socialistas sobre la conveniencia de ir pensando en otra persona para encabezar la candidatura en las próximas autonómicas.
Saura se encuentra pues en una encrucijada: vencer en el congreso, recuperar la cohesión interna y convencer e ilusionar a los militantes socialistas de que es el líder adecuado para estos momentos. Una tarea no se le presenta aparentemente nada fácil.
El aperitivo del Día de la Región en Ceutí
El Día de la Región se celebró en Ceutí en alguna medida en reconocimiento a una corporación municipal, presidida por Pascual Lorente, en la que populares y socialistas anteponen los intereses generales a los partidistas. Tras la brillantez del acto institucional en el Centro Cultural tuvo lugar un vino de honor. Para el acto se escogió ocasionalmente un antiguo salón de celebraciones en las próximidades del lugar, posiblemente por comodidad para las autoridades, galardonados y familiares e invitados.
Un local privado sin cartel, que carece de licencia de apertura y al que dicen que los operarios municipales le hicieron un pequeño lavado de cara para el evento. No se puede decir que fuera un comportamiento ejemplar por parte del alcalde. Habida cuenta que en la localidad existen salones de celebraciones con sus correspondientes papeles en regla y que pagan puntualmente sus impuestos.
Afortunadamente no se produjo ningún percance durante el convite, algo que podría haber colocado al Ayuntamiento en una situación delicada. Lo curioso es que al vino estuvieron presentes tanto el alcalde como los concejales. No parece que la ocurrencia fuera muy afortunada.
Carlos Egea será elegido mañana presidente ejecutivo de Cajamurcia, según "La Opinión"
Egea sustituirá en el puesto a Juan Roca, que ha agotado su mandato como miembro del consejo de administración.
Carlos Egea se convertirá así en el primer presidente ejecutivo de Cajamurcia, un puesto que hasta ahora sólo tenía un carácter representativo, dado que las riendas de la entidad estaban en manos del director general. La representación política pasará a la vicepresidencia, que no había tenido mayor relevancia.
Con la renovación del consejo de administración, se incorporarán al máximo órgano de dirección de Cajamurcia el ex concejal Antonio Sánchez Carrillo; el presidente de la CROEM, Miguel del Toro; la ex senadora socialista María Antonia Martínez; el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho; y el decano de los economistas, Salvador Marín.
También se incorporarán a la asamblea general el ex consejero de Sanidad y eurodiputado, Juan Antonio Gil Melgarejo; la presidenta de la OMEP, Ángeles Ruiz; el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño.
En sustitución de Luis Gestoso, director general de Protección Civil, entrará a la asamblea Juan Albaladejo.
También será relevada la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Al ser diputada, no puede seguir como consejera.
Entre los nuevos miembros de la asamblea general estarán igualmente el profesor de Psicología Antonio García Rodríguez; Juan Martínez Pastor, Francisco Marín Bernabé; Antonio Eugenio Gómez, Teresa Caballero, Pedro Coll, Juan Dólera y Ginés Padilla.
Estos nombres han sido propuetos por el Gobierno y la Asamblea, pero también entrarán en otros consejeros propuestos por los impositores y por los empleados.
domingo, 15 de junio de 2008
Fitch coloca en perspectiva "negativa" al fondo de titulización de la CAM para empresas
Esta perspectiva negativa refleja, según Fitch, "incrementos muy rápidos de la morosidad superior a 90 días, exacerbados por las dudas en cuanto a la calidad de la cartera de créditos y la concentración de éstos en el sector inmobiliario y en los relacionados".
Y advierte Fitch: "Los niveles corrientes de apoyo de crédito a las clases de las titulizaciones afectadas por la perspectiva negativa comparan desfavorablemente en cuanto a la tendencia de crecimiento de la morosidad superior a los 90 días durante los próximos 24 meses".
Por si no fuera suficientemente claro, la decisión de Fitch se fundamenta "además, en que la concentración del crédito en el sector inmobiliario, construcción y empresas de materiales relacionados con ésta supone una preocupación a largo plazo".
Entidades afectadas
Fondos de titulización de Caixa Penedés, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Banesto, Santander —en cuatro clases—, Bancaja —en otras cuatro—, Caixa Sabadell, Cajamar, Banco de Valencia y Caja Rural se ven afectados por la perspectiva negativa de Fitch.
No obstante, la agencia internacional de calificación reitera que este empeoramiento de perspectiva no supone bajadas de rating para las titulizaciones afectadas.
Bancaja sufre hasta un 65,2% de exposición
La clase B del fondo de titulización de activos Pyme Bancaja 5 tiene una exposición del 65,2% al sector inmobiliario y actividades relacionadas, con una morosidad superior a 90 días, lo que afecta al 2% de la cartera a fecha 30 de abril.
Las clases A!, A2 y B de FTPYME Bancaja 6 tiene un nivel de concentración en el ladrillo del 61,8%, con una morosidad a 90 días que llega al 1,9% de la cartera total de créditos.
La misma exposición al sector inmobiliario tiene la clase D de PYME Valencia 1, fondo de titulización del Banco de Valencia, participado por Bancaja.
España incentivará a inmigrantes para que vuelvan a sus países
Corbacho dijo que los inmigrantes que acepten regresar podrán recibir los subsidios de desempleo acumulados en dos plazos separados, uno del 40% y otro del 60%, siempre y cuando renuncien a sus permisos de residencia y de trabajo, y no vuelvan a España durante tres años.
El ministro cree que este ofrecimiento, que se haría el mes que viene, afectará a aproximadamente un millón de trabajadores y sus familias.
Este plan llega después de que el "boom" español de la construcción haya llegado a su fin, provocando que muchos trabajadores se queden sin trabajo, la mayoría de ellos provenientes de Latinoamérica, norte de África y Europa del este.
Los inmigrantes, que actualmente son cerca del 10 por ciento de la población en España, han llegado en grandes cantidades al país desde comienzos de la década de 1990.
Por el contrario, en décadas anteriores, muchos españoles dejaron el país en busca de trabajo en el norte de Europa y Latinoamérica.
A partir de los tres años, podrán solicitar nuevamente su permiso de trabajo y residencia, y a partir de los cinco, tendrán prioridad pues, según Corbacho, transcurrido ese lapso, la economía española volverá a necesitarlos.
La oferta se limitaría a los ciudadanos de los 19 países que no son de la Unión Europea y que tienen convenio de Seguridad Social con España, lo que dejaría fuera de la misma a los ciudadanos de Estados subsaharianos.
Corbacho dijo que el Gobierno también endurecerá las reglas del reagrupamiento familiar, el mecanismo legal que permite a trabajadores inmigrantes reunir a su familia en España. Por ejemplo, los padres ya no podrán estar entre las opciones para que vengan a España, en unas enmiendas a la legislación que se espera estén listas a finales de año.
"Hay un núcleo familiar que no es refutable: el matrimonio y los hijos menores de 18 años. Todo lo demás es discutible", dijo el ministro, según El País.
El Partido Popular ha hecho del descenso de la inmigración uno de los pilares de la campaña para las pasadas elecciones generales.
Hay Congreso regional / Juan Redondo
La batalla o la guerra entre los socialistas murcianos está abierta, con un partido que vuelve a presentar su división interna. La elección de delegados para Madrid ha puesto sobre la mesa la brecha abierta entre “sauristas” y “antisauristas”.
Más que un premio a la candidatura alternativa, liderada por un poco conocido Javier Mármol y compuesta por militantes de segundo escalón, el casi cuarenta por ciento de los representantes de las agrupaciones locales han emitido un voto de castigo a Saura. La alternativa no se puede considerar una corriente como tal, a juzgar por posicionamientos pasados de sus cabecillas, su nexo de unión es más la animadversión política a Saura.
Dicen que con el actual secretario general al frente, el PSRM está condenado a vegetar en la oposición. Y a falta de un mes para el congreso regional los “marmolistas” salen con la moral reforzada y con ganas de plantear batalla, ahora no se conforman con la negociación, van a por todas.
Murcia, plaza fuerte de los “críticos”
La oposición a Saura, como se pudo apreciar en el Congreso de este fin de semana, tiene a la ciudad de Murcia como su gran plaza fuerte en cuanto a apoyos. Históricos de muchas batallas en el PSRM, como Alfonso Navarro, Ramón Ortiz, Juan Duran o Enrique Amat están en la operación, aunque en segunda fila y no aparecieron en la candidatura al Federal.
Javier Mármol e Illán, ambos de la actual ejecutiva regional sí dieron la cara con los “críticos”.
sábado, 14 de junio de 2008
Se confirman los planes de atentado contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado
Ellos son los colombianos Óscar Cristóbal Jiménez Orozco, Édgar González Nicolta y Óscar Julián Peña Hernández; y el ecuatoriano Santos Patricio Camacho Sáenz.
Según el parte fiscal, las labores de inteligencia se iniciaron a inicios de mayo, pues el caso fue conocido por Inteligencia militar, entidad que informó a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).
Los resultados de la investigación del supuesto atentado fueron positivos, según el texto de la instrucción fiscal, por los datos proporcionados por Julián Peña Hernández, quien alertó del hecho.
De acuerdo al relato, González Nicolta ocuparía el puesto de comandante del operativo; mientras Santos Camacho sería el personaje político que dirigía la operación.
Ellos elaboraron croquis y mapas de la plaza de la Independencia y del cerro El Panecillo, desde donde supuestamente tenían la intención de lanzar un cohete hasta el Palacio de Gobierno, a fin de obligar al mandatario a abandonar sus instalaciones, lo cual sería aprovechado por francotiradores para terminar con su vida.
Como pruebas, durante el operativo de captura se recuperaron mapas, croquis, planos, una cámara digital y un manuscrito de los sitios donde se iba a efectuar la operación.
No obstante, en los hechos descritos en la instrucción fiscal aún queda por determinarse la participación de personas cuyos nombres se mencionan, sin definir el papel que jugaron en la planificación.
Por ejemplo, González habla que llegó al Ecuador con una persona que identifica como doctor, quien le ayudó a recoger a Julián Peña, quien a su vez pide hablar con Óscar; mientras Santos Camacho y el propio Julián hablan de Antonio. Esas tres personas no fueron identificadas dentro de la investigación.
Por otra parte, el ciudadano colombiano Óscar Julián Peña Hernández, uno de los cuatro detenidos como sospechoso del supuesto intento de atentado contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ingresó en el programa de Protección a Víctimas y Testigos, informó la prensa local de Quito.
Peña está amparado en ese programa, según versiones del Fiscal general, Washington Pesántez, indica el diario "El Comercio", que tuvo acceso a una copia de las versiones de los detenidos y de la audiencia de confrontación de cargos que se realizó en la Policía Judicial.
En esa diligencia, el capitán de Policía, Édgar Vinueza, quien participó en las investigaciones, relató cómo sería la operación que supuestamente preparaban los ahora detenidos que, según dijo, son colaboradores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según las investigaciones, Peña había alertado a las autoridades ecuatorianas sobre el plan a cambio de 2.000 dólares. Y añade que, supuestamente, este colombiano recibió la ayuda gubernamental para llegar a Quito, contactó con la Policía y simultáneamente con los otros implicados.
Peña dijo que la preparación del supuesto atentado se conocía desde noviembre pasado y aseveró que se enteró del plan porque tiene vínculos con los paramilitares. Eso lo informó al Consulado de Ecuador en Colombia.
Por su parte, Jiménez aseguró que viajó a Ecuador porque fue contratado por Peña. Él sostuvo que en Quito había un informante paramilitar que necesitaba una persona para ejecutar un crimen y que recibirían 1,5 millones de dólares, pero anotó que no sabía que el blanco era el jefe del Estado.
Los otros dos detenidos, aunque participaron en varias reuniones, deslindaron su responsabilidad, añade el rotativo, que señala que González aseguró que llegó al país hace un mes y medio en compañía de un hombre al que no identificó.
Según él, en este tiempo esperaba la respuesta para trabajar en la mina de oro de un amigo. Sin embargo, testificó que se reunió con Jiménez y Peña y que recibió la propuesta para matar a una persona, pero él se negó.
Camacho también rechazó que conocía el plan: "Estoy enfermo, no tengo nada que ver con todo esto", manifestó.
Pero lo que las autoridades ecuatorianas no sabían hasta entonces era que el mismo informante también planificaba el atentado. Y antes de venir al Ecuador, Óscar Julián Peña tomó contacto con los paramilitares colombianos y juntos organizaron todo, según el diario "Extra", de Guayaquil.
Para ello utilizarían a ocho personas, los detenidos, dos venezolanos más que no alcanzaron a llegar y un militar (presuntamente ecuatoriano) que era quien iba a proveer a los asesinos de las armas necesarias, excepto el cohete que vendría de Colombia.
El militar sería primo de otro miembro de la banda, una persona conocida como "Ángel" y el nombre con el que se dio a conocer el supuesto miembro del Ejército ecuatoriano es "Vidal Sánchez".
Óscar Julián indicó que la fecha para cometer el crimen de Estado era "el 20 de junio en horas de la tarde". El plan era lanzar el cohete desde el sector de la loma del Panecillo hacia la Plaza Grande y así causar una gran conmoción y obligar a la escolta presidencial a abandonar Carondelet junto al presidente Correa.
Y justamente cuando ellos salieran apresurados por un costado del Palacio de Gobierno, un francotirador, con un arma de precisión, provista con silenciador y trípode, iba a estar en el lujoso hotel Plaza (frente a la Presidencia) y desde allí dispararía a Correa.
El Plaza es un hotel de lujo ubicado en el costado norte de la Plaza de la Independencia, desde cuyas ventanas se aprecia la terraza del Palacio presidencial.
Durante el cambio de la Guardia de Palacio, los lunes, el presidente Correa se asoma al balcón de la terraza, en donde, al parecer, pretendían victimarlo, según el periódico "El Telégrafo".
El jefe de la Unase (Unidad Antisecuestros y Extorsión), Eduardo Mosquera, no quiso dar detalles de la operación, pero aseguró que todas las evidencias fueron entregadas al fiscal de delitos flagrantes, Patricio Navarrete, quien encabeza las investigaciones.
Cayeron
Pero los planes quedaron en nada cuando fueron descubiertos por los miembros de la Unase, quienes los detuvieron con varias evidencias.
Los detenidos tenían en su poder una cámara fotográfica con fotos de los lugares estratégicos, tanto del Panecillo como de la Plaza Grande, así como los hoteles aledaños a la Presidencia.
Además, un plan en manuscrito en donde se detallaba cómo iba a ser la operación, los puntos de tiro y unos planos de la ciudad de Caracas, cuya existencia no ha sido explicada aún.
Ahora los detenidos pasaron a ser testigos protegidos por la Policía, pues se cree pueden aportar mayores datos para la investigación del intento de magnicidio.
El informante y a la vez planificador de todo será llevado a la cárcel 4, en donde se controlará hasta lo que come, pues se teme que intenten asesinarlo.
Los otros tres detenidos, entre los que se encuentra un ecuatoriano, irán al CDP con medidas de seguridad reforzadas.
Édgar González, uno de los tres colombianos detenidos por el supuesto atentado, fue implicado como el comandante de la operación.
Mientras que el ecuatoriano Santos Camacho fue reconocido por sus compañeros como el político del grupo.
Camacho es oriundo de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. Según su abogado defensor, Iván Durazno, es licenciado, egresado de la Facultad de Derecho.
El presidente Rafael Correa minimizó el supuesto atentado.
El año pasado se denunció que un grupo quería atentar contra la vida del Presidente. En ese momento se aseguró que se iba a utilizar un cohete rocket.
Según Defensa, en los últimos meses se han investigado tres denuncias de supuestos atentados contra Rafael Correa.
El Art. 224 del Código Penal ecuatoriano dice que: La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República, o el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva, será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno.
Normalidad en Carondelet
El supuesto atentado contra el presidente Rafael Correa no alteró la agenda habitual en el Palacio de Gobierno. La seguridad tampoco mostró cambios.
Por la mañana se realizaron recorridos turísticos. Grupos de niños y de extranjeros recorrían las instalaciones de Carondelet, mientras que en la puerta se realizaba el chequeo cotidiano, solo con un detector de metales.
Lo único diferente era la presencia de un policía, miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que realizaba recorridos por el pretil del Palacio. Él iba acompañado con un perro que olfateaba para ubicar la posible presencia de explosivos.
Según los miembros de la Escolta Presidencial, no hubo órdenes para que se redoble el control y la vigilancia del Jefe del Estado.
Correa evitó pronunciarse al respecto. Durante una rueda de prensa ofrecida en la mañana, solamente trató sobre los proyectos que ha iniciado el Gobierno para reactivar la producción y minimizar el impacto de la inflación y la depreciación del dólar.
Más bien, estaba previsto que a las 15:00 los ministros de Seguridad Interna y Externa y de Gobierno, Gustavo Larrea y Fernando Bustamante, respectivamente ofrecieron una rueda de prensa sobre el caso, pero se suspendió.
El secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, aseguró a "El Comercio" que la única versión sobre el supuesto atentado es la del Presidente y que por el momento siguen las investigaciones.