jueves, 25 de octubre de 2007

Caja Murcia dice haber obtenido un beneficio neto de 137,3 millones € en los nueve primeros meses

MURCIA.- La Caja de Ahorros de Murcia, Caja Murcia, dice haber obtenido en los primeros nueve meses del año un beneficio antes de impuestos de 183,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25,4% en comparación con el del mismo período del año anterior. El beneficio neto después de impuestos asciende a 137,3 millones de euros, un 26,5% más.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, acompañado de la Consejera de Hacienda, María Pedro Reverte, asistió a la celebración de la sesión ordinaria del Consejo de Administración de Caja Murcia, en la que el director general de la Caja, Carlos Egea Krauel, informó de los favorables resultados obtenidos en los primeros nueve meses del año.

Estos beneficios consolidan a la Caja como una de las entidades más rentables del país, según dice de sí misma la entidad, con una presencia creciente en la Comunidad Valenciana, Albacete y Almería, en donde supera el 35% del total de su cifra de negocio, y un sólido liderazgo en su región de origen.

Una franquicia regional que se ha venido cimentando, a pesar de la expansión de otras entidades de crédito en Murcia, una de las provincias con mayor número de aperturas de oficinas bancarias en los últimos años.

Carlos Egea destacó su compromiso con la región, tanto a través de su eficiente (?) labor financiera, en la que subrayó su apoyo a los principales proyectos de futuro de la misma, como en la vertiente sociocultural con la labor que lleva a cabo la Fundación Caja Murcia.

Egea señaló antes de presidir el consejo de administración de la entidad que el actual bache financiero «será corto y se superará».

Preguntado por la valoración de Croem sobre la coyuntura económica regional dada a conocer poco antes, Egea aseguró que las entidades de crédito «van a estar al lado de las empresas» a pesar del citado bache financiero que, según dijo, ha venido a coincidir además con una disminución en la demanda en el sector inmobiliario.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma resaltó el buen resultado obtenido por esta entidad en los primeros nueve meses del año, así como el hecho de que Caja Murcia siempre ha estado vinculada al crecimiento económico de la Región de Murcia, porque, según dijo, "ha hecho importantes esfuerzos económicos para apoyar los grandes proyectos que se han concebido desde la Administración regional" y, "ha estado y está comprometida con el interés general de los murcianos, en su apuesta por proyectos sociales y culturales".

"Esta entidad, recalcó, no tiene más color que el de la murcianía, y lo ha venido manifestando ahora, antes y estoy convencido de que lo seguirá haciendo en el futuro".- (Agencias)

La mano que mece la cuna en el PP / Juan Redondo


Parece que se ha vuelto a reabrir con fuerza la sucesión de Valcárcel y la guerra entre los “delfines” y los históricos y municipalistas. Cámara tiene muchas bazas que jugar, lo mismo los municipalistas. La fórmula “tú a Bostón, yo a California” como solución temporal hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas, gana adeptos en el interno del PP. Aunque nadie tiene claro que Ramón Luis Valcárcel no agote la legisltura.

De momento él sólo deja claro que no va a repetir, sin concretar ni el día ni la hora. “La sucesión es un tema aplazado, que se producirá en su momento, no hay porque mantenerlo en candelero permanentemente”, se quejan dirigentes populares respecto al interes de los medios de comunicación por el tema.

Sin embargo de mecer la cuna del tema se encarga el propio presidente de la Comunidad, según reconocen destacados militantes del PP. “No lo puede evitar. Es así, el lanzó el tema al concluir la campaña electoral, tras pasar los dos años más duros de su presencia en San Esteban”, insisten estos dirigentes. Es más tras su apabullante triunfo electoral podía haber aparcado el tema, pero de eso nada, lo reitera en los actos más protocolarios.

“¿Qué busca: descubrir ambiciones, quemar a delfines, “cortar la cabeza a gallitos” o jugar al escondite”. De momento está cconsiguiendo que el partido no se preocupen de las listas de marzo.

IU+LV pide un homenaje para el último alcalde republicano de Murcia, Fernando Piñuela

MURCIA.- Izquierda Unida + Los Verdes emitieron ayer un comunicado en el que explicaban que en febrero de 1936, tras ganar las elecciones el Partido Socialista es designado como alcalde don Fernando Piñuela.

En el breve periodo de tiempo en que fue alcalde, tomó posesión en mayo del 36 y en marzo del 37 se incorporó al frente como comisario e inspector del ejército de la República, Fernando Piñuela dinamizó la vida social, cultural y urbanística de la ciudad de Murcia.

Así, IU+LV pedirán al Pleno Municipal que se permita la instalación en la calle Catedrático Fernando Piñuela una placa que de cuenta de su trabajo como alcalde así como de las circunstancias de su fusilamiento, y que el Ayuntamiento apoye los actos de homenaje a la figura de Piñuela.

PP y PSOE de Ceutí acuerdan un pacto estabilidad tras dimisión alcalde de IU

CEUTÍ.- El Partido Popular y el PSOE han llegado a un "acuerdo de estabilidad" municipal para gobernar alternativamente y por el mismo periodo de tiempo en lo que resta de legislatura, informó el portavoz socialista en ese consistorio, Manuel González.

El Partido Popular formará gobierno con sus seis concejales en la primera mitad, es decir, hasta agosto de 2009, mientras que el Partido Socialista gobernará con sus seis ediles desde septiembre de 2009 hasta final del presente mandato electoral.

Ambos grupos municipales han acordado pactar los asuntos más importantes, entre ellos los relacionados con la gestión presupuestaria, personal y urbanismo, mientras que en el resto de competencias "mantendremos nuestras propias políticas".

Cada uno de los gobiernos tendrá el mismo número de concejales liberados durante el tiempo que transcurra cada mandato, "con una estructura similar a la que se ha mantenido hasta ahora", señaló. Durante los últimos mandatos del anterior alcalde Manuel Hurtado, el ayuntamiento liberó a tres ediles, igual número que el que mantuvo el actual regidor, Mariano Cano, quien también nombró como personal de confianza a un asesor y a una secretaria.

Manuel González indicó que el edil que, respectivamente, ocupe el puesto de alcalde rebajará en casi 20.000 euros el salario bruto anual que percibía hasta ahora el primer edil, que cobraba 65.000 euros al año.

Por otra parte, lamentó que Ceutí haya "perdido parte de su prestigio como pueblo de referencia", y que cinco meses después de las elecciones municipales se encuentre sumido "en una parálisis general provocada, fundamentalmente, por la falta de liderazgo y credibilidad en la institución que representa el Alcalde".

Explicó que esta situación es la que ha llevado a los dos partidos mayoritarios "a aparcar nuestras diferencias políticas en interés de Ceutí y los ceutienses".

"Estamos convencidos - agregó- de que nuestro pueblo necesita un gobierno estable que devuelva a Ceutí al lugar que le corresponde y que los ceutienses sigan contando con los mejores servicios y oportunidades posibles".

El pacto PP-PSOE se plasmará oficialmente en el transcurso del pleno constituyente convocado por el actual gobierno municipal para el día 27 en el auditorio municipal de Ceutí, tras dimitir el alcalde de IU/LV Mariano Cano, a quien los socialistas apoyaron para hacerse con el gobierno local en las pasadas elecciones.- (EFE)

La Fiscalía investiga el proyecto de Novo Carthago, que prevé 7.000 viviendas en el Mar Menor

CARTAGENA.- Después de Puertomayor, Lo Poyo y La Zerrichera -cada uno por motivos diferentes- le ha llegado el turno a la urbanización Novo Carthago, proyectada junto al Mar Menor, según "La Verdad".

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha requerido a la Consejería de Desarrollo Sostenible la documentación relativa a este proyecto de 7.000 viviendas para comprobar si se produjo alguna ilegalidad en el proceso de recalificación de los terrenos.

Según ha podido confirmar La Verdad de fuentes del Gobierno regional, el primer oficio de la Fiscalía entró en la Consejería el 10 de julio pasado. El departamento de Benito Mercader respondió cuatro días después aportando la información requerida. Posteriormente, el mes pasado, la Consejería envió al fiscal nueva información sobre dicha urbanización. En su requerimiento, la Fiscalía hacía constar que había abierto diligencias informativas sobre Novo Carthago, aunque no especificaba qué delito persigue.

El proyecto de Novo Carthago se presentó públicamente en el verano del año 2002 por parte del grupo Hansa Urbana, sobre unos terrenos que suman 567 hectáreas junto al Mar Menor, dentro del municipio de Cartagena. Ocupará el enclave del antiguo monasterio de San Ginés de la Jara, en una de las pocas zonas vírgenes que quedan todavía junto a la laguna. La propiedad es colindante con la finca de Lo Poyo, donde se pretendía levantar otra gran urbanización hasta que el Gobierno regional decidió suspender el proyecto al verse salpicado este último por la operación Malaya destapada en Marbella.

Novo Carthago prevé la construcción de unas 7.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y varios hoteles con una inversión aproximada de mil millones de euros. Se da la circunstancia de que una parte de los terrenos -alrededor de 40 hectáreas- pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa (Caja de Ahorros de Gipúzkoa). Hansa Urbana, no obstante, se los compró en octubre del año pasado. La Kutka además es propietaria de Los terrenos de Lo Poyo y del proyecto de La Zerrichera , este último paralizado por el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía trata de determinar si se produjo alguna ilegalidad en la tramitación para recalificar los terrenos. La denuncia para actuar no procede del PSOE murciano, aunque sí ha sido este partido el que más crítico se ha mostrado hacia Novo Carthago, hasta el punto de que exigió que se paralizara al igual que se hizo con Lo Poyo. La diputada regional Teresa Rosique denunció que se produjo «una recalificación a la carta» en favor de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, para la que trabajó Carlos Valcárcel, abogado y hermano del presidente, según Rosique.

Ésta añadió que durante la tramitación de la recalificación «se obviaron dos informes oficiales de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura que planteaban reparos al proyecto y se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar el suelo de interés agrícola existente en la zona». Asimismo, señaló que hubo al parecer presiones desde el Gobierno regional a los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en un reunión celebrada en el palacio de San Esteban.

El presidente Ramón Luis Valcárcel anuncio en diciembre pasado que estaba dispuesto an enviar a la Fiscalía del TSJ todo el expediente para demostrar que no se cometió ninguna irregularidad.

El plan parcial de Novo Carthago fue aprobado en marzo por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Abarca una superficie de unos 5,6 millones de metros cuadrados, de los que 654.000 serán residenciales y donde se podrán construir unas 7.000 viviendas. Otros 174.000 metros cuadrados serán para uso hotelero.
www.laverdad.es

Guillén:«La investigación de la fiscalía sobre Novo Carthago no nos preocupa»

El concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, dijo que el gobierno municipal no está preocupado por la investigación de la fiscalía del TSJ sobre el proyecto urbanístico "Novo Cartago", que permitirá la construcción de 7.000 viviendas en el entorno del Mar Menor en una superficie de 40 hectáreas.

Guillén confirmó que el ayuntamiento ha remitido a la Fiscalía los documentos solicitados, en concreto la tramitación seguida para convertir en urbanizable la superficie afectada por el proyecto urbanístico "y se le enviarán cualquier otra documentación que soliciten porque no hay ningún problema, no nos preocupa en absoluto que la fiscalía investigue".

El edil defendió la legalidad de Novo Carthago, y recordó que la modificación de plan general de ordenación urbana para declarar urbana la superficie "fue aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, la abstención de Movimiento Ciudadano por Cartagena y el único voto en contra de Izquierda Unida".

Indicó que "todo se ha hecho conforme a la legalidad vigente, los informes de Costas, Medio Natural, y toda la normativa que tenemos y que es bastante exhaustiva".

El proyecto de "Novo Carthago", impulsado por la promotora Hansa Urbana, cuenta con dos evaluaciones de impacto ambiental favorables "y está pendiente de una tercera que afectará al proyecto concreto de urbanización", señaló.

Guillén aseguró que "el ayuntamiento de Cartagena es el que mayor territorio tiene protegido desde Gerona hasta Cádiz y con el nuevo plan general se van a proteger otros treinta millones de metros cuadrados en el Mar Menor".- (EFE)

Guerrero elude las críticas del PSOE e IU en su toma de posesión como gerente de Urbanismo de Lorca

LORCA.- El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.

Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.

Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".

Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".

"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".

El nuevo gerente también dijo esperar "que en ese momento se reconozca que han sido un error" y manifestó su predisposición a mantener "una absoluta colaboración con todos los grupos municipales para desarrollar un trabajo extraordinariamente ilusionante en un instrumento esencial para el crecimiento de la ciudad, como es la Gerencia de Urbanismo".

Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.

Manuel Alfonso Guerrero (Caravaca de la Cruz, 1963), es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia con 12 años de ejercicio profesional acreditado, fue diputado del PP en la Asamblea Regional, director general de Administración Local y durante los últimos cuatro años ejerció como director general de Vivienda Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de Murcia.

Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.

Caja Mediterráneo decide otorgar un crédito a "Polaris World"

ALICANTE.-Caja Mediterráneo ha celebrado en Alicante sesión ordinaria de su Consejo de Administración correspondiente al mes de octubre. Según comunicado de la entidad, al finalizar el tercer trimestre de 2007, ha obtenido un resultado neto atribuido de 287’0 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 22’1 por ciento en relación con el mismo trimestre del año anterior.

Estos resultados mantienen la tendencia ascendente que viene registrando la entidad, con crecimientos por encima del 15 por ciento interanual en todos y cada uno de los últimos 4 trimestres.

Todos los márgenes de la cuenta de resultados registran una evolución positiva. El margen de intermediación se cifra en 776’4 millones de euros, registrando un crecimiento del 22’9 por ciento interanual, el margen ordinario, 1.380’4 millones de euros, se sitúa 386’5 millones de euros por encima del obtenido en septiembre de 2006, un 38’9 por ciento más; y el de explotación en 913’4 millones un 55,6 por ciento.

El volumen de negocio gestionado crece un 21’9 por ciento con respecto a septiembre del año pasado hasta situarse en 121.088’8 millones de euros.

El crédito gestionado aumenta un 22’2 por ciento alcanzando los 59.351 millones de euros. Se han formalizado más de 340.000 operaciones por importe de 20.000 millones de euros.

El total de recursos gestionados se sitúa en 61.738 millones tras crecer un 21’5 por ciento interanual.

CAM continúa con la ejecución de su plan de expansión, poniendo a disposición de sus clientes un total de 1.111 oficinas al cierre, 79 más que en el mismo periodo del año anterior.

Fruto de ello, un total de 127.000 personas han decidido convertirse en clientes de Caja Mediterráneo en lo que llevamos de año.

Caja Mediterráneo, de acuerdo con su constante dedicación y apuesta por la mejora de la seguridad de la banca a distancia, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías ha dado un paso más al aceptar el DNI electrónico como vía de identificación para el servicio de banca en Internet, CAM Directo.

El comunicado de la CAM no dice nada de la decisión cierta del Consejo de otorgar un crédito a la empresa murciana "Polaris World", cuya cuantía y condiciones tampoco han trascendido, en plena ola de rumores sobre la supuesta situación de esta sobre dimensionada corporación de Torre Pacheco presidida por José Luis Hernández.

miércoles, 24 de octubre de 2007

Detenido en Águilas un suizo por abusar sexualmente de menores

ÁGUILAS.- Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio murciano de Águilas a un hombre, del que no trascendió la edad ni la identidad, acusado de un presunto delito de abusos sexuales cometidos contra menores, según confirmaron fuentes judiciales.

El hombre, de nacionalidad suiza, fue detenido tras un registro domiciliario efectuado por una unidad de la Policía Judicial especializada en delitos contra menores.

El detenido pasará hoy a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Lorca, que instruye el caso, después de que el juez haya encargado la prórroga de la detención.- (EFE)

Los créditos de las cajas a inmobiliarias crecen hasta junio un 50%

MADRID.- Las cajas aumentan la brecha con los bancos en la financiación a inmobiliarias. Mientras los últimos han reducido su exposición a este sector, las cajas han acelerado la concesión de préstamos a promotoras. Entre junio de 2006 y junio de 2007, los créditos concedidos a empresas para actividades inmobiliarias han subido un 50,5% y ya representan el 19,3% del saldo vivo de las cajas de ahorros, según "Cinco Días".

El martes de la semana pasada el presidente del Gobierno hizo un llamamiento insólito al sector financiero español. José Luis Rodríguez Zapatero pidió a las entidades que mantuvieran 'un nivel razonable de crédito para la economía, en particular para el sector inmobiliario'. Aunque la solicitud de Zapatero iba dirigida tanto a bancos como a cajas de ahorros, a éstas el aviso les venía de más.

Desde hace dos años, la mayoría de bancos españoles ha anunciado una mayor prudencia en la concesión de créditos al sector inmobiliario, en previsión de un freno en la actividad y una fuerte desaceleración de los precios.

Las cajas de ahorros, sin embargo, lejos de adoptar esta estrategia, han incrementado la financiación a promotoras y otras empresas similares, ampliando la brecha con sus competidores en este ramo.

El conjunto de las 45 entidades de ahorro españolas tenía concedido, a junio de 2007, préstamos para actividades inmobiliarias por 151.673 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

En tasa interanual, el crecimiento del crédito inmobiliario a empresas se situó en el 50,5%. Durante tres trimestres consecutivos, el ritmo de crecimiento de la inversión crediticia al ladrillo ha permanecido en tasas superiores al 50%. Está por ver si la tormenta financiera que han vivido los mercados monetarios de todo el mundo, así como las restricciones de liquidez, han llevado a las cajas a limitar la financiación a este sector.

Esta misma estadística, referida a los bancos españoles, muestra una clara desaceleración. En el primer trimestre de 2007, registraban una tasa interanual del 34,31%, cuando el año anterior, el crédito para actividades inmobiliarias aún crecía a ritmos cercanos al 50%.

El gobernador del Banco de España ha solicitado en diversas ocasiones a las cajas de ahorros que disminuyan su exposición al ladrillo. Sin embargo, de acuerdo con los últimos datos hechos públicos sus llamamientos no parecen haber calado.

A problemas que las cajas pueden afrontar por el aumento de impagos de algunas de las constructoras a las que prestaron -como la quiebra de la promotora Llanera, cliente de las dos cajas valencianas, Bancaja y CAM-, se suman ahora las dificultades que están encontrando en su acceso a los mercados monetarios internacionales.

La crisis de las hipotecas subprime de Estados Unidos, desatada en agosto, ha generado un clima de desconfianza en la banca internacional que ha derivado en un fuerte problema de liquidez. Desde entonces, la opción de titulizar hipotecas para sacar ese riesgo fuera del balance se ha reducido, y las cajas de ahorros se han convertido en deudoras en el mercado interbancario por primera vez en lustros.

La evolución de la financiación a otros sectores evoluciona a ritmos muy inferiores. Los créditos concedidos por las cajas para financiar el gasto de los hogares ascendía en junio a 404.447 millones (+19,05%), y el destinado a la construcción llega a 70.491 (+19,89%).

Las más expuestas

•Las tres cajas de ahorros que tienen mayor exposición a la financiación de promotores son Caja Burgos (38% del total), Caja Guadalajara (35%) y Caixa Sabadell (28%). No obstante, son muchas las entidades que no hacen pública esa información.

El traspié financiero de verano no afecta a la banca

Las entidades financieras que operan en España ganaron 17.929 millones de euros hasta agosto. Esta cifra representa una subida del 58,48% respecto del dato apuntado en la misma fecha del año anterior. O dicho en términos absolutos, 6.616 millones más.

La crisis crediticia iniciada el pasado verano en EE UU y que ha contagiado al mercado interbancario mundial no ha dañado las cuentas estivales de bancos y cajas nacionales. Sus ganancias se incrementaron en 1.309 millones entre julio y agosto.

Las entidades que demostraron una mayor fuerza fueron las cajas de ahorros. Este colectivo incrementó sus beneficios en un 95% interanual, hasta situarlos en 7.837 millones, gracias en buena medida a las plusvalías. Los bancos, por su parte, apuntaron una subida del 40,3% en los últimos 12 meses. Sus ganancias ascendieron a 9.205 millones en lo que va de año.

En las cooperativas de crédito, el resultado subió un 33% entre un verano y otro. Al cierre de agosto, estas entidades apuntaron 538 millones de euros de beneficios. Más modesta fue, en cambio, la marcha de los establecimientos financieros de crédito. Incrementaron sus beneficios un 5,24%.

Analizadas las cuentas mes a mes, el panorama es similar. El resultado de las cajas de ahorros repunta casi un 10% entre julio y agosto. Ganaron 706 millones. Entre los bancos la subida fue del 5,95% en términos relativos y de 517 millones en cifras absolutas.

Las cooperativas de crédito lograron un beneficio de 64 millones en un mes. Esta cifra representó un impulso a los resultados del 13,5%. Por su parte, las financieras apuntaron tres millones de ganancia en agosto, y su resultado anual subió un 1%.- (PRISA)

Detenidos en Tarragona los propietarios de la promotora Urbancasa por estafa

TARRAGONA.- Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a dos personas que estaban en búsqueda y captura por delitos de estafa durante un control de alcoholemia en la N-340 en Tortosa (Tarragona), según informaron los Mossos d'Esquadra.

Los detenidos, un matrimonio propietario de la empresa promotora Urbancasa, son Ángel María Crespo R., de 47 años y vecino de San Sebastián, y María Victoria Ferrer Medel, de 53 años y vecina de Estepona.

Crespo tenía pendientes estafas desde hace tiempo, mientras que de Ferrer sólo constaban supuestos delitos de este tipo durante el último año.

Ambos detenidos se encontraban en paradero desconocido y se sospecha que podrían haber robado 900.000 euros a una treintena de familias guipuzcoanas y navarras, que les adelantaron el dinero --entre 12.000 y 124.000 euros cada víctima-- para construir unas casas y comprar unos terrenos que no existían.- (Agencias)

Los afectados por los ruidos de El Prat y Barajas crearán una asociación para defender sus derechos

BARCELONA.- Los responsables de la Asociación de Vecinos (AVV) de Gavà Mar (Barcelona) y de la Plataforma del Noroeste de Madrid contra el ruido de los aviones se reunieron hoy en el Centro de Servicios de Gavà con el objetivo de coordinar sus acciones en contra de la contaminación acústica provocada por los aviones de los aeropuertos de El Prat y de Barajas.

De la reunión salió el compromiso de crear una asociación a nivel español que agrupará a estas dos entidades y "a todas aquellas que luchen contra las molestias acústicas de los aeropuertos".

La representante de la Plataforma Noroeste de Madrid, Adela Guisasola, explicó hoy que "ha llegado el momento de que nos unamos y trabajemos coordinadamente para que nuestra lucha converja en un movimiento conjunto donde todas nuestras acciones se dirijan al mismo objetivo: conseguir que nuestra calidad de vida no se vea afectada por unas decisiones sobre las infraestructuras de este país tomadas sin ningún tipo de respeto hacia las personas que tenemos que sufrirlas".

La Plataforma Noroeste de Madrid representa a diferentes municipios y urbanizaciones afectados por la puesta en marcha de las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas en el año 2005. La plataforma agrupa a vecinos de San Sebastián de los Reyes, Bustarviejo, San Agustín del Guadalix, Guadalix de la Sierra y Tres Cantos, entre otros, sumando a un total de 300.000 personas.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Gavà Mar representa al barrio de Gavà que sufrió los efectos de la contaminación acústica derivada de la puesta en marcha de la tercera pista del aeropuerto de El Prat en el año 2004.

La presidenta de la AVV de Gavà Mar, Elisabet Martínez, afirmó que la nueva asociación "está abierta a otros movimientos vecinales que luchan contra la contaminación acústica como la plataforma de Castelldefels o los vecinos de Manises, en Valencia".

En las próximas semanas, los representantes de la Plataforma Noroeste y de la AVV de Gavà Mar tienen previsto contactar con los movimientos surgidos en otros puntos de España para que se sumen a la nueva asociación de escala estatal.

Los vecinos afectados por la contaminación acústica de los aviones reclaman que las infraestructuras "se diseñen en función de la salud y el bienestar de las personas", comentó Elisabet Martínez. La presidenta de la AVV de Gavà Mar rechazó que la solución a sus problemas sea la insonorización de las viviendas afectadas por el paso de los aviones.

"Nosotros no vivimos para que nos aíslen de todo, sino que casi vivimos en la naturaleza. Si vinimos a vivir aquí fue porque se puede vivir al aire libre y no cerrados en nuestras casas", afirmó Martínez.- (Agencias)

La Región de Murcia cuenta ya con más de 177.000 inmigrantes

MURCIA.- La Oficina Única de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Murcia tiene registrada la residencia en la Región de más de 177.000 inmigrantes, de los que 37.000 son ciudadanos comunitarios y los 140.000 restantes de países de fuera de la Unión Europea, principalmente de Marruecos y Ecuador.

El jefe de la Oficina Única de Extranjeros, Fulgencio Puche, dijo en Lorca que estos datos corresponden a finales de junio de este año, con lo que la cifra global se habrá incrementado en los últimos cuatro meses.

Puche explicó que por nacionalidades las colonias más numerosas en la Región son la de ciudadanos marroquíes, con unos 60.000, seguida de la de ecuatorianos, con unos 50.000, que tiene en Lorca la comunidad más grande, y las de otros países latinoamericanos como Colombia y Bolivia.

Añadió que en los últimos años han aumentado las incorporaciones de ciudadanos procedentes de países de la Europa del Este, como ucranianos y rumanos, "de los que empieza a haber una gran comunidad en la Región".

Puche opinó que en los últimos años la Región esta siendo testigo de "un fenómeno interesante", ya que desde el último proceso de normalización masiva promovida por el Gobierno "está aumentando el número de inmigrantes legales y disminuyendo el número de irregulares".

Consideró que esta dinámica "es importante porque no debemos de ver el fenómeno de la inmigración como un enemigo, ya que es necesario para el desarrollo de la Región siempre que se produzca de forma ordenada".

El jefe de la Oficina Única de Extranjeros insistió en que el proceso de regularización del Gobierno central en 2005 "aumenta la inmigración legal mientras la ilegal va descendiendo".- (EFE)

El proyecto de aeródromo en Corvera levanta protestas vecinales

MURCIA.- La presidenta de la Plataforma para la Defensa del Entorno del Aeródromo de Corvera, Manoli Cánovas, junto con otros dos miembros de la organización, han dicho que, como representantes de los vecinos de la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto, exigirán a la administración las compensaciones necesarias por el aumento de contaminación acústica que generará la posible puesta en marcha del proyecto de un aeródromo en la zona.

Cánovas denunció que el proyecto del hipotético futuro aeródromo de Corvera “no cuenta con un estudio exhaustivo del grado de contaminación acústica y ambiental”, y por tanto, “pediremos, llegado el caso, las máximas compensaciones por la merma de nuestra calidad de vida”, señaló la presidenta, tras revelar que algunos aviones volarán a menos de 750 metros de altura sobre las cabezas de los habitantes de la zona, según el proyecto que conocen.

"Vamos a pedir las compensaciones máximas por la merma de nuestra calidad de vida", señaló Cánovas, quien explicó que "no se trata de solicitar una cantidad concreta", sino de que se realice un estudio de las necesidades que creará la infraestructura en materia acústica, medioambiental, de infraestructuras y de desarrollo del pueblo, y que "las asuma quien tenga que asumirlas".

Añadió luego que los vecinos no están en contra de la realización del proyecto, pero "las casas que están cerca habrá que adaptarlas".

La presidenta de la citada plataforma vecinal puso de manifiesto el miedo que tienen algunos vecinos al pensar que Los Martínez del Puerto podrían convertirse en un “pueblo fantasma” por un éxodo masivo, admitiendo que parece seguro bajarán sensiblemente el precio de las tierras y de las casas por estos inconvenientes de ruido y contaminación ambiental.

En cuanto a los empleos que generará la construcción y explotación de la futura instalación, Manoli Cánovas tampoco se mostró optimista, ya que, según explicó, “no servirán de compensación porque la mayoría de los trabajos a los que podrán acceder los vecinos son eventuales, y los que son indefinidos necesitan una cualificación que los habitantes de la zona no tienen. Y no se van a dejar el empleo fijo del que ahora disfrutan, porque apenas hay desempleo aquí, para cambiarlo por otro temporal".

La presidenta dijo además que el plan de desarrollo rural que les proponen “se ajusta a la legalidad pero no a la realidad”. En ese sentido, reveló que carecen de producciones agrarias específicas sobre las que sustentar una nueva denominación de origen, tal como pretende la Comunidad Autónoma como otra teórica compensación más.

Finalmente recordó que han solicitado reunirse con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (casado con Carmen Meroño, una vecina de la misma pedanía de Los Martínez del Puerto) , en numerosas ocasiones, “pero no nos ha recibido”.

Por su parte, la portavoz socialista, María José Alarcón, anunció que preguntará en el próximo Pleno municipal sobre las consecuencias ambientales que va a ocasionar en la zona el aeródromo y las compensaciones que se van a ofrecer a los afectados.

Alarcón señaló que preguntará si el Ayuntamiento se ha personado en la tramitación del expediente administrativo de la contratación y ejecución del proyecto, si tiene previsto crear una comisión de control y seguimiento del plan de desarrollo rural, y si se ha solicitado un estudio para conocer el grado de contaminación acústica y ambiental.

También pedirá información sobre si, desde el Ayuntamiento, se han evaluado las compensaciones económicas, sociales y administrativas a los afectados.

“Los vecinos sólo piden que se les dé participación y se les informe sobre un proyecto que afectará a su tradicional modo de vida”, dijo la socialista, y añadió que su formación política considera “imprescindible que el Gobierno municipal les dé respuesta”.- (NEM)
(Ventana de una casa tradicional en Los Martínez del Puerto)

El PSOE e IU censuran el nombramiento de Guerrero como gerente de Urbanismo de Lorca

LORCA.- El PSOE ha aprovechado la toma de posesión de Manuel Alfonso Guerrero como nuevo gerente de Urbanismo en Lorca para volver a criticar su nombramiento. Los socialistas cargan contra el que fuera director general de Urbanismo de la Comunidad Autónoma, ya que en la actualidad se encuentra imputado en el caso La Zerrichera.

El alcalde lorquino, Francisco Jódar, argumentaba que sería un «desperdicio» desaprovechar la «enorme experiencia» de Guerrero en asuntos urbanísticos y justificó su nombramiento en el «mandato constitucional» de la presunción de inocencia.

Fueron los propios socialistas los que desvelaron el pasado viernes que Guerrero, uno de los cinco altos cargos regionales imputados en La Zerrichera, iba a hacerse cargo de la Gerencia de Urbanismo en la capital del sol. Guerrero (en la imagen) prestó declaración en calidad de imputado por el caso La Zerrichera el pasado 20 de septiembre en el Juzgado número 3 de Murcia, que instruye la causa.

El PSOE e IU coincidieron hoy en censurar el nombramiento del ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, como nuevo responsable de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca.

En sendas ruedas de prensa, el secretario general del PSOE, Leoncio Collado, y el portavoz del grupo municipal de IU, José García Murcia, criticaron al alcalde, Francisco Jódar, por la designación de Guerrero, y resaltaron la posible vinculación de éste, en calidad de imputado, con el escándalo urbanístico de La Zerrichera.

Collado subrayó que el nombramiento de Guerrero, que desempeñará un cargo que hasta ahora no existía en la Gerencia de Urbanismo de Lorca, ha sido "un nombramiento a dedo", y censuró que el nuevo gerente vaya a cobrar mensualmente 6.000 euros, "más de lo que gana el alcalde".

Consideró que las retribuciones que tendrá Guerrero no coinciden con la política de "austeridad" que Jódar defendió al principio de la legislatura, y opinó que la "delicada" situación del nuevo gerente por su posible vinculación con la recalificación de La Zerrichera "puede perjudicar la imagen de Lorca".

El secretario general del PSOE cuestionó la "idoneidad técnica" del nuevo gerente, al que consideró como un "cargo político" y opinó que su nombramiento es "una pifia política" y una "imposición a Jódar" desde el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU calificó de "poco afortunada" la decisión de designar gerente al ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

García Murcia acusó a Jódar de "anteponer el amiguismo a la eficacia", opinó que el nombramiento del gerente es un ejercicio de "atrevimiento" y "una provocación", al tiempo que explicó que Guerrero "está acusado" por el fiscal que instruye el caso de La Zerrichera de "prevaricación, falsedad en documento público, tráfico de influencias y cohecho".

Añadió que Guerrero "no tiene otro mérito profesional que el haber sido firme seguidor de las consignas de Valcárcel" y le acusó de haber "desbloqueado" la tramitación del Plan General Municipal de Ordenación (PGOM) de Lorca "saltándose los informes de los técnicos".

García Murcia también dijo durante su comparecencia que "si Guerrero no le vale a Valcárcel tampoco debe valer para Lorca" y se preguntó "qué puede pasar tras la imputación y el procesamiento", aunque defendió el principio de presunción de inocencia.

Apostilló que "es posible que salga limpio" del proceso judicial derivado de la recalificación de La Zerrichera, pero opinó que, pese a ello, el Ayuntamiento de Lorca está corriendo "un riesgo innecesario" con su nombramiento.- (Agencias)

El Rey considera que la libertad de prensa está en su mejor momento

MÁLAGA.- El Rey ha considerado que la relación entre la libertad de prensa y la democracia nunca ha sido tan estrecha como ahora y ha destacado que, en España, los medios "libres e independientes, con indudable influencia" han participado en la "notable modernización" del país en las últimas décadas.

"Nunca la relación entre libertad de prensa y la democracia ha sido tan estrecha", ha dicho don Juan Carlos citando al director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, en la inauguración del II Congreso Mundial de Agencias de Noticias.

Don Juan Carlos indicó durante su intervención que estos servicios de información "constituyen una de las piezas esenciales de la producción informativa". "Es mucho lo que les debemos", apostilló, al tiempo que agregó que "en un mundo cada vez más inter dependiente y globalizado, cobra aún mayor sentido el fomento de la cooperación entre agencias de noticias del mundo entero".

"La preservación de la paz, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, la lacra del terrorismo o las agresiones al medio ambiente, son retos cuya superación requiere un mayor y más rápido conocimiento de hechos y acontecimientos", declaró.

Asimismo, el Rey, quien dedicó "un muy emocionado y sentido recuerdo" a todos los periodistas fallecidos en los últimos años en el cumplimiento de su trabajo, hizo hincapié en que "la existencia de agencias independientes es una de las mejores garantías para que en cada sociedad siga fluyendo el caudal informativo que garantice una información completa, veraz y responsable".

El monarca apuntó que "las agencias realizan su trabajo sin protagonismo, de forma anónima en muchas ocasiones, lo que asegura que sus informaciones sean particularmente apreciadas y valoradas por cuantos las reciben". Además, resaltó que, aunque les caracterizan "la rapidez y la agilidad en dar la noticia, su principal valor radica en el rigor, la seriedad y la veracidad".

Fijó como principales asuntos a tratar por las agencias de noticias, su futuro, el derecho de acceso a la cobertura de grandes acontecimientos de alcance nacional o global, la seguridad de los periodistas y las nuevas tecnologías, precisamente los asuntos que se abordarán estos días en este congreso.

Aseveró que, "sin olvidar su esencia, que radica en la obtención y difusión de las noticias con agilidad y precisión, buscan que la información también llegue a los usuarios de ordenadores, a los teléfonos móviles, a todos los dispositivos que las nuevas tecnologías han popularizado".

Unas nuevas tecnologías, declaró, que "han llevado a la mayoría de los expertos a señalar que, para aprovechar las sinergias y afrontar con éxito estos desafíos de futuro, resulta imprescindible integrar los servicios informativos basados en soportes tradicionales con aquellos surgidos de la revolución digital".

En este acto también intervino el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien ha señalado que existen "quienes utilizan la libertad de expresión, y también la pluma y el micrófono" para "atacar las instituciones que son de todos y que a todos nos representan. No insulta quien quiere, sino quien puede".

Además, hizo hincapié en que, hace 30 años, la celebración de un congreso de este tipo "hubiera sido inimaginable en España", debido a "la censura, la desconfianza hacia la labor libre de los periodistas, el control exhaustivo y a menudo represivo de las empresas informativas y de sus periodistas", hechos que, según argumentó, "caracterizaban el panorama informativo de nuestro país".

Chaves destacó que pretendía recordar esta situación "ante quien ha sido el gran artífice, junto al pueblo español, del extraordinario cambio democrático experimentado en España, su majestad el Rey", al tiempo que insistió en que "nunca hemos disfrutado de una libertad de información y expresión más sólida, más amplia y más reconocida".

Incidió, al respecto, en que las empresas informativas y los profesionales deben dedicar "un tiempo a reflexionar sobre el cumplimiento de sus objetivos", que, explicó, "pasan por garantizar el efectivo derecho que los ciudadanos tienen a recibir una información veraz".

"En las manos y en las voces de los periodistas recae buena parte de la responsabilidad de que todos sepamos en qué mundo vivimos, cuáles son las amenazas que nos rodean y cuáles son los retos que la sociedad tiene por delante", manifestó el presidente andaluz.

Valoró de especial modo la labor de las agencias, que "nutren una parte muy importante de los contenidos informativos de los medios y constituyen un gran arsenal de materia prima", al tiempo que representan, a su juicio, "una garantía de que ningún hecho noticioso, por remoto que sea el lugar donde se produzca, quede en un espacio de sombra informativa".

En cuanto a los retos de las agencias, se refirió a la necesidad de aportar contenidos de calidad con valor añadido específico y la irrupción de Internet como medio de comunicación, "en el que millones de informaciones se intercambian cada día, a veces sin el más elemental rigor ni veracidad".

Finalmente, el presidente de la Junta cerró su intervención recordando a los participantes en el congreso que "en sus manos está un trabajo importante y un instrumento valioso, la información, que es clave para la libertad de todos".- (EFE/EP)

martes, 23 de octubre de 2007

UCE denuncia que la mayoría de anticipos de vivienda no están garantizados por seguro o aval

MADRID.- La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció que la mayoría de promotoras y constructoras incumplen la obligación de suscribir avales o seguros de caución por los anticipos en la compra de vivienda, lo que sitúa "en evidente riesgo a los compradores".

Estos avales, que garantizan la recuperación de los importes entregados en caso de incumplimiento del contrato por parte de las compañías, llegan a alcanzar el 20% del total de la vivienda, superando los 24.000 euros por cada inmueble, según explicó la asociación en una nota.

UCE hizo hincapié en la preocupación que le produce esta situación y destacó la importancia de estos avales y seguros "ante la crisis del sector inmobiliario, y la aparición de casos como el de Urbancasa y Llanera".

"Los casos de quiebras o cierres en el sector inmobiliario son especialmente preocupantes por que los compradores afectados podrían ser incapaces de recuperar las cantidades entregadas si no se hubieran constituido los avales o seguros correspondientes", explicó la organización.

La legislación actual obliga a los promotores y constructores a garantizar las cantidades anticipadas mediante contrato de seguro o aval bancario, que deberá entregar a todos y cada uno de los compradores de forma individualizada a la firma del contrato de compraventa.

UCE realizó un llamamiento a los compradores y les recordó que en el actual contexto de "incertidumbre" inmobiliaria es "muy importante que el comprador solicite la documentación relativa al aval o seguro de caución en la que debe aparecer como beneficiario".

La asociación, además, instó a las distintas administraciones a que incrementen su control sobre el sector mediante inspecciones periódicas que garanticen el cumplimiento de la ley por los constructores y promotores.

En este sentido, UCE aseguró que en los últimos años el sector de la vivienda se ha convertido, "con diferencia", en el sector con mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores, tan sólo superado por la telefonía.- (Agencias)

El Gobierno vasco advierte de que los ciudadanos acabarán pagando la sanción a sus cajas

VITORIA.- La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, consideró ayer que, si se mantiene la "desproporcionada" sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a las Cajas de Ahorros vascas y navarra, "serán los ciudadanos los que la acaben pagando", ya que se trata de unas entidades que "no son estrictamente privadas".

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Azkarate se refirió así a la decisión de la Comisión que ha multado con 24 millones de euros a las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Vital) y la CAN de Navarra por mantener durante 15 años un supuesto pacto de no competencia.

En opinión de Azkarate, "no está nada claro que los acuerdos de colaboración que han podido mantener las cajas hayan tenido o tengan una influencia perniciosa sobre el mercado en general" y "hayan perjudicado a los consumidores o, más concretamente, a los clientes".

En este sentido, dijo que "hay expertos que niegan este extremo" y que "no comparten la conclusión a la que ha llegado la Comisión Nacional de la Competencia". "El mercado financiero en Euskadi es de los más competitivos del Estado, los márgenes de intermediación son realmente competitivos, y los ratios de competitividad en las cajas son también de los más competitivos del Estado", explicó.

Además, consideró que "la cuantía de la sanción impuesta es desproporcionada" porque "no estamos hablando de unas entidades que sean estrictamente privadas". Por este motivo, "si se mantiene la cuantía serían los ciudadanos los que terminarían pagando la sanción", advirtió.

Por último, denunció "que no se haya respetado la adecuada participación que solicitó el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia", y concluyó considerando que "la Comisión Nacional de la Competencia podía haber dado otro tipo de cabida al Tribunal vasco en la tramitación del expediente".- (Agencias)

UGT no firmará el convenio de las cajas, que suscribirán hoy patronal y dos sindicatos

MADRID.- La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) no firmará hoy el convenio colectivo que la patronal de las cajas de ahorro y otros dos sindicatos (CC.OO. y CSICA) suscribirán tras varios meses de negociación, y que tendrá vigencia hasta 2010.

UGT señaló que, en coherencia con la "tradicional oposición a la ampliación de horarios en el sector y en defensa de la jornada continuada", no suscribirá el convenio porque las partes han alcanzado un compromiso de ampliar los horarios singulares a oficinas de empresa y a las que se sitúen frente a grandes almacenes o en grandes polígonos comerciales.

En su opinión, "es preocupante" que se remita la negociación del número de aperturas y sus horarios al acuerdo empresa por empresa, con lo que se debilita el poder normativo, regulador y unificador del 'Convenio Colectivo Sectorial' y abre la puerta a una guerra de horarios entre entidades.

Asimismo, destaca que el pacto de facilitar estas aperturas y la consiguiente modificación de horarios para un número indeterminado de trabajadores "no está compensado" por los escasos contenidos del convenio a la vista de los grandes beneficios y el incremento de la productividad de las cajas en estos últimos años.

Los representantes de las cajas de ahorro españolas y los representantes de los dos principales sindicatos del sector firmarán hoy el nuevo convenio colectivo del sector, que comenzó a negociarse el pasado mes de abril, tras quedar constituida la mesa de negociación el día 8 de marzo.

Tras varios meses de negociación, ACARL, la Asociación patronal que agrupa a las Cajas de Ahorros españolas y a la propia Confederación (CECA), CSICA, la Confederación de Sindicatos Independientes de cajas de ahorro, así como la Agrupación de cajas de ahorro de Comfia-CC.OO. alcanzaron el pasado 10 de octubre un principio de acuerdo que se materializará esta mañana con la firma del texto.

Las partes limaron sus principales escollos en la negociación del convenio colectivo y el acuerdo final contempla los cuatro ejes sobre los sindicatos consideraban que debía sustentarse el texto final, el incremento salarial, la mejora de las condiciones del préstamo vivienda empleado, la jornada laboral y la conciliación del vida laboral y familiar.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, recoge un incremento salarial real del 1,4% sobre el IPC, con un 'plus de convenio', que oscila entre los 255 euros de este año y los 300 euros en 2010, y un cuantía de un cuarto de paga del salario base, según el nivel de cada empleado. Además, aumentarán de manera progresiva durante los años de vigencia de convenio los conceptos no salariales por kilometraje, dietas y quebranto.

Una portavoz de CSICA señaló que el texto que se ratificará hoy es un "buen convenio", aunque "todo es mejorable". A su juicio, además del incremento salarial, es importante destacar el incremento de la cuantía mínima del préstamo vivienda, que se eleva hasta los 186.000 euros, un 60% más que el actual, y el plazo de amortización a 35 años.

Asimismo, valoró de manera muy positiva el incremento de las ayudas para los empleados con hijos, ya que la cuantía para las guarderías pasa a 850 euros desde los 556 euros actuales.

En cuanto, a la jornada laboral, el acuerdo contempla la libranza de tres tardes de jueves en Navidad (los dos últimos de diciembre y el primero de enero). En 2007 los empleados librarán las dos últimas tardes de jueves de diciembre, salvo que se establezcan otras fechas en acuerdo colectivo de empresa y contarán con 26 días laborables de vacaciones.

Por último, el nuevo texto incluye medidas para conciliar la vida laboral y familiar. En este apartado, los empleados podrán disfrutar todos los años de un día de libre disposición y se amplía a tres los días hábiles por nacimiento de hijos y fallecimiento, accidente o enfermedad grave o por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de los parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.

Asimismo, se reducirá la jornada para aquellos empleados que tengan que cuidar de familiares en los términos que contempla el Estatuto de los Trabajadores.- (Agencias)
(Moderna sede de UGT en la ciudad de Murcia)

El Senado acepta una enmienda transaccional que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo

MADRID.- El Senado dio luz verde a una enmienda transaccional, rechazada por el PSOE, que elimina la pesca de atún rojo en el Mediterráneo. Esta enmienda, originada tras la moción presentada por Eusko Alkartasuna sobre la prohibición de pesca en el Océano Atlántico (EA), afectará finalmente sólo a la pesca en el Mediterráneo, tras ser votada por 130 votos a favor y 111 en contra.

La senadora por Tenerife y portavoz del PSOE en este asunto, Patricia Hernández, mostró su rechazo por la medida aprobada y subrayó que se pretende eliminar la pesca de atún rojo en el Mar Mediterráneo, limitándola al Cantábrico, añadiendo que "se produce una enorme discriminación en el sector que afectará a todas las comunidades del litoral mediterráneo".

El Partido Popular, que apoyó inicialmente al Grupo Mixto, CC y PNV en esta transaccional, recibió también críticas por parte del PSOE ya que, en su opinión, el texto va en contra de la interpelación inicial del Grupo Mixto, la cual pedía compensaciones económicas por estos cierres.

"Está claro que para el Partido Popular hay comunidades de primera y de segunda categoría y parece que los pescadores mediterráneos pertenecen a segunda", sentenció Patricia Hernández.- (Agencias)

La Eurocámara respalda endurecer los controles sobre el uso y la comercialización de los pesticidas

ESTRASBURGO.-El pleno de la Eurocámara aprobó anoche en primera lectura un paquete legislativo que refuerza los controles sobre el uso y la comercialización de los pesticidas. El objetivo de las nuevas normas consiste en reducir el uso de pesticidas con efectos nocivos para la salud y por ello se prohíbe la pulverización aérea y se endurecen los criterios de aprobación de nuevos productos.

No obstante, los parlamentarios rechazaron imponer objetivos comunitarios de reducción en el uso de pesticidas.

El Parlamento respaldó en líneas generales la propuesta de la Comisión de prohibir (con algunas excepciones) la pulverización aérea con pesticidas debido a los riesgos que conlleva en las zonas pobladas. Sin embargo, no dio el visto bueno a una enmienda que pedía que, antes de que un agricultor vaya a usar un aerosol, informe de ello por medio de un sistema centralizado de aviso a los vecinos que estén expuestos a los efectos perjudiciales del producto.

Para proteger los humedales y cursos de agua, los eurodiputados apoyaron que se establezcan "zonas barrera" en las que no se podrá utilizar ni almacenar plaguicidas. El pleno rechazó no obstante una enmienda que exigía que estas áreas fueran de al menos 10 metros de ancho.

El Ejecutivo comunitario también había propuesto prohibir el uso de productos fitosanitarios en las áreas frecuentadas por el público en general o por grupos sensibles de población, como parques, jardines públicos, zonas escolares y de juego. La Eurocámara añade a esta lista las zonas residenciales, los terrenos deportivo-recreativos y las inmediaciones de los centros públicos de asistencia sanitaria.

Las nuevas normas obligarán a los Estados miembros a elaborar planes de acción que identifiquen los ámbitos, las actividades o las zonas más expuestas a los riesgos relacionados con estos productos. La comisión de Medio Ambiente del Parlamento había propuesto imponer en estos planes una reducción en el uso de plaguicidas del 25% en cinco años y del 50% en 10 años, pero esta enmienda fue rechazada por el pleno, que tampoco aceptó aumentar los impuestos sobre los plaguicidas para financiar los planes nacionales.

La Comisión propuso que la mayoría de los nuevos productos fitosanitarios se aprueben inicialmente para un periodo de 10 años. Sin embargo, los ingredientes que comportan un riesgo bajo para la salud se mantendrán durante 15 años, mientras que aquéllos que pueden ser sustituidos por sustancias menos tóxicas se aprobarán por siete años.

En este último caso, la Eurocámara pide un recorte de dos años hasta los cinco para favorecer el uso de las sustancias no químicas. Bruselas propone que las sucesivas renovaciones se realicen por un periodo ilimitado, pero el Parlamento aboga por que la aprobación se renueve "una o repetidas veces durante un período no superior a 10 años".

Los diputados respaldaron la propuesta de Bruselas de prohibir las sustancias carcinógenas, genotóxicas, reprotóxicas o de alteración endocrina, pero exigieron más restricciones, incluso en las excepciones que la Comisión está dispuesta a permitir.

Finalmente, la Eurocámara rechazó la propuesta del Ejecutivo comunitario de dividir la UE en tres zonas geográficas -norte, centro y sur- a la hora de aprobar los nuevos pesticidas y abogó por un sistema único de mutuo reconocimiento en toda la Unión, en el que un Estado tendría cierta flexibilidad para confirmar, rechazar o restringir la aprobación dependiendo de las circunstancias nacionales.- (Agencias)

El funcionario que destapó el caso 'Malaya' declara que las licencias se daban de forma "arbitraria"

MÁLAGA.- El jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Jorge González, cuya declaración en otro procedimiento dio origen al caso 'Malaya', aseguró hoy que todas las licencias de obra desde la etapa de gobierno del GIL hasta la comisión gestora se daban de forma "arbitraria" y reiteró, como ya ha hecho en otras comparecencias, que el ex asesor Juan Antonio Roca era "el responsable de hecho" del urbanismo marbellí y las propuestas de licencias seguían sus "designios".

González declaró hoy como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 8 por la licencia dada en dos comisiones de Gobierno a Artola Inversiones para una vivienda unifamiliar en suelo rústico, según el PGOU de 1968. En este caso, la Fiscalía acusa a Julián Muñoz y cinco ediles de dos delitos urbanísticos en régimen de continuidad, pidiendo 20 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación; mientras que para otros dos, entre ellos Pedro Román, pide 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación, por un solo delito.

El funcionario municipal explicó que los listados de licencias que llegaban a la comisión eran producto de "los designios de Roca" y no descartó que alguno de los trabajadores de su departamento pudiera haber enviado esos cuadernillos de propuestas a la comisión "por orden de Roca", que, según confirmó hoy el abogado del fallecido Jesús Gil, José Luis Sierra, era "como un gerente de Urbanismo".

González consideró que el PGOU de 1986 era "perfecto y eficaz" y que "no tenía validez" un plan que no había visto la luz, en referencia a la revisión del 98. Así, dijo que los técnicos tuvieron la orden de informar sólo según esta revisión, momento en el que él ordenó a su equipo a que no informaran según ese plan. La consecuencia fue, según indicó, que se desmanteló su servicio jurídico.

Como hipótesis, y respecto a la licencia que se enjuicia, González dijo que a la vista del informe técnico emitido en este caso, que era a favor del otorgamiento pero sin hacer referencia a ningún plan, su dictamen también podría haber sido favorable, pero luego matizó que habría pedido ampliación porque no constan determinados elementos.

Asimismo, aseguró que los informes jurídicos se hacían en virtud de los técnicos y precisó que "no era una excepción" que los expedientes llegaran a la comisión de gobierno sin los dictámenes jurídicos. En este mismo sentido se manifestó el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, quien apuntó que se podría considerar que por este motivo los expedientes nunca estaban conclusos.

Barrantes reiteró que en 1998 Marbella "carecía de PGOU" y negó tajantemente que se hubieran manipulado las actas de las comisiones de gobierno, como dijeron ayer algunos ex ediles. "Imposible, sería el delito más grave que puede cometer un secretario", aseveró. Además, aseguró que existe la delegación de funciones del alcalde a dichas comisiones.

El aparejador que firmó el primer informe técnico, que también compareció como testigo, reconoció haber cometido un error en dicho escrito y afirmó que informó "según el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos", que incluía un plano en el que aparecía la parcela como unifamiliar exenta, por lo que se podía construir.

Aseguró que el Colegio de Arquitectos daba por buena la obra y apuntó que, posteriormente, hizo un informe subsanando el error que "no he encontrado", al tiempo que declaró que también informó a sus superiores, en concreto al jefe del Servicio de Obras, Francisco Merino, que también compareció como testigo.

Éste aseguró que al ser requerido por el juzgado sobre la licencia y ver el informe "lo entendí como un error", al no estar correcto "conforme al plan vigente", aunque negó que los concejales supieran que se hubiera producido. Consideró que en el nuevo plan general, aprobado inicialmente, la obra sería legal, cuando esté en vigor y una vez cumplidas las cargas del terreno.

Merino manifestó que si en el informe no se especifica el plan sobre el que se pronuncia, como ocurre en este caso, "entendemos que es el del 86", aunque aseguró que recibieron la orden de que se informara según la revisión. Explicó que durante los años 80 se emitían informes para el plan del 68 y el del 86 y en los 90 sobre éste último y la revisión del 98.

También declaró el administrador de la empresa, quien dijo que en una primera reunión con el arquitecto anterior éste le dijo que no había problemas para construir en dicho suelo y manifestó que conoció a Julián Muñoz el día en que firmaron el convenio para la permuta de la parcela, que se le dio porque "el Ayuntamiento me debía dinero".

Por su parte, la ex directora general de Planeamiento de la Junta, Josefina Cruz, indicó que las impugnaciones de licencias "se contaban por centenares" de 1995 a 2004, periodo en el que ella estuvo en ese cargo e insistió en que en Marbella, en ese momento, "el único plan vigente era el del 86".- (Agencias)

Sirmu: "el Salón de la Destrucción"

MURCIA.- Diferentes grupos de resistencia de la sociedad civil murciana han suscrito un manifiesto de protesta contra la segunda edición del "Sirmu" a celebrar este fin de semana en los salones de IFEPA, en Torre Pacheco.

En dicho documento, hecho público esta noche, se califica al evento como "Salón de la Destrucción", en clara referencia al carácter depredador del medio ambiente y el medio físico regional por parte de algunas de las empresas participantes, por su carácter más especulador que promotor. El contenido literal es el siguiente:

"Este año, del 25 al 28 de octubre, se celebra la 2ª edición del Salón Inmobiliario de la Región de Murcia en el recinto ferial de Torre Pacheco, lo que junto a otros eventos similares, SILE de Lorca, VERACTIVA en Vera, otros en Aguadulce, Madrid, etc., van haciendo todo lo posible por mantener una dinámica mercantilista del suelo y la vivienda, bien alejada de la función social que corresponde a estos bienes y más cercana con el modelo especulativo y depredador de recursos naturales escasos.

La falta de justificación del interés general, en los trámites para expropiar terrenos, constituyen una práctica injusta. Los escándalos más sonados han llegado al Parlamento Europeo, por dejar desprotegidas a las personas más indefensas frente a la figura del “agente urbanizador”.

Como no puede ser de otra manera, la sociedad civil más concienciada y responsable de esta región, tiene que seguir denunciando el empecinamiento del gobierno regional y de sus colaboradores necesarios en crear todo tipo de infraestructuras favorecedoras y al servicio de la especulación.

El caso más emblemático lo tenemos con la autopista de peaje Cartagena-Vera, cuya apertura al tráfico el 29-03-07, ha demostrado el rotundo fracaso en su utilización, pues no cubre ni la mitad del tráfico previsto. Así podíamos seguir con autovías hechas a la carta de promotores inmobiliarios y el proyecto de Aeropuerto de Corvera, paradigma del modo de transporte más insostenible, junto con las líneas AVE.

Lo más grave de todo esto es que la mayor parte de estas infraestructuras se hacen fuera del marco de la planificación y de la evaluación ambiental estratégica que obligan directivas de la C.E. y Leyes de ámbito estatal y regional.

El urbanismo, vía convenios, ha suplantado a los planes generales de ordenación, facilitando un modelo de tipo discrecional, que solo hace visible lo que interesa, ocultando aspectos y detalles que únicamente la investigación judicial y de los tribunales de justicia llegan a desentrañar en determinados casos.

Este modelo nos aleja de la necesaria y saludable participación ciudadana. Desgraciadamente la nueva Ley del Suelo perpetúa, aunque con algunas limitaciones, los convenios urbanísticos, permitiendo prácticas corruptas entre las distintas administraciones públicas, que difícilmente la sociedad civil organizada, y la administración de justicia, pueden dar abasto a combatir ante tan caótica situación.

Es paradójico que en una de las CC.AA. con mayor índice de corrupción y de delincuencia urbanística, acabe siendo condenado un ecologista que ha tenido la valentía de denunciar públicamente esas prácticas, mientras políticos, empresarios y otros “pringados” siguen esperando tranquilamente que la justicia llame a su puerta.

Por si alguien todavía no lo sabe, nos referimos a nuestro compañero Pedro Costa, Premio Nacional de Medio Ambiente".
(Imagen de la primera edición del "Sirmu" en IFEPA)

Los barones del PP se mueven, según "La Opinión"

MURCIA.- Los cuatro alcaldes de las ciudades más grandes de la Región, Miguel Ángel Cámara (Murcia), Pilar Barreiro (Cartagena), Francisco Jódar (Lorca) y Eduardo Contreras (Molina de Segura) están tomando posiciones en su formación, el Partido Popular, para cuando abandone la presidencia de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, según revela "La Opinión".

Los barones del PP mantuvieron ayer un nuevo encuentro, no el primero según ha podido saber esta redacción, desde que este periódico avanzara en julio que Valcárcel no tenía intención de agotar la actual legislatura.

Si el presidente presentara su dimisión tras las elecciones generales de marzo, la persona que lo sustituirá debe salir de los bancos del Grupo Parlamentario Popular, y todo apunta a que Valcárcel desearía que fuera el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

No se discute al jefe

Sin embargo, los barones del Partido Popular están tomando posiciones para intervenir en el debate sobre el futuro de su formación. "Ahora no se discute al jefe, porque los cuatro alcaldes han demostrado sobradamente su lealtad a Valcárcel. Sin embargo, si se marcha el jefe, sí que quieren debatir qué va a pasar", afirman las fuentes consultadas por este periódico.

Los cuatro mandatarios de los principales ayuntamientos de la Región, en consecuencia los que más poder tienen dentro del Partido Popular, se han reunido ya varias veces para hablar de los cambios que pueden producirse en los próximos meses en su formación política.

De esta manera, trabajan sobre varias hipótesis, aunque todas ellas centradas en el hecho de que tienen que ser ellos parte importante de las negociaciones que se abran cuando se plantee la sucesión de Ramón Luis Valcárcel.

Esta es la segunda vez que los regidores aparecen fotografiados juntos; la primera vez fue durante la Feria de Septiembre de Murcia, antes de una corrida de toros, cuando también hablaron de política durante una comida que tuvo lugar en Murcia.

www.laopiniondemurcia.es

Murcia contamina cuatro veces más por encima de su capacidad biológica

MADRID.- Los murcianos contaminan y consumen 3,9 veces por encima de su capacidad biológica (datos de 2005), según los resultados del primer informe ‘La huella ecológica en España’, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente.

En el conjunto del país, se contamina y consume casi tres veces por encima de su capacidad biológica, mientras que cada habitante usa y contaminan los recursos de 6,4 hectáreas, y la biocapacidad del territorio es de 2,43 hectáreas.

Además, estos niveles insostenibles han aumentado un 34% en los últimos 10 años, ya que en 1995 la huella ecológica de España era de 5,37 y su biocapacidad de 2,73, con lo que los habitantes consumían y contaminaban dos veces más de lo medioambientalmente sostenible. Madrid, por su parte, consume y contamina casi una veintena de veces más de lo que debería.- (Agencias)

Leen poco, escriben menos / Fermín Bocos


La política lo es todo para muchos políticos: viven de y para la política.

El resto de los ciudadanos, trabajamos. Ellos, los políticos, dedican todas las horas del día a encomiar lo que hacen y a denostar lo del contrario.

Los de ésta promoción, los Zapatero, Rajoy, Blanco, Zaplana, Ibarretxe, Llamazares, Carod o Montilla, vuelan bajo. Ni uno sólo de ellos ha publicado un solo libro; no tienen obra escrita. No disponen de tiempo para reflexionar o los dioses no les han llamado por el camino del pensamiento.

Y, sin embargo, la política es o debería ser eso: primero pensar, después, hacer. En ese terreno, lo que hizo gigantes a los Churchill, Mitterand o Wily Brandt, Soares o Havel, aquí, en esta generación, ha dado pigmeos.

En España habría que evocar a Carrillo, a Pujol o a Fraga, o remontarse a Azaña, a Cánovas Del Castillo o a Cautelar, para encontrar precedentes de políticos en primera línea que estén familiarizados con los libros, bien por frecuentarlos, bien por escribirlos.

En este registro, ya digo que el panorama actual es yermo. Esa orfandad de libros delata lo que tenemos: políticos en agraz lectores de textos ajenos y rutinarios de la palabra extraída de los periódicos.

El político con ideas propias tiende a fijarlas por escrito; el recolector de ideas de otros tiende a improvisar. Y en eso estamos: con la clase política más endogámica, tribal y ágrafa de toda la Historia de España. Una pena.

Los socialistas murcianos buscan un “buen paracaidista” / Juan Redondo


Con el teórico empate técnico de las encuestas a falta de poco más de cuatro meses, las próximas elecciones generales se juegan en el centro político y en provincias como circunscripciones electorales. Ahí dicen los analistas que es donde se pude romper el teórico empate y hasta marcar importantes diferencias. En un caso porque pueden moverse millones de votos y en el otro porque “el último de la fila” saldrá con un margen tan apretado como en unas municipales.

La clase media, el teórico centro político, económico y social, como lugar de encuentro, parece que no interesa en esta ocasión a los dos grandes. Los populares en la línea Zaplana, Acebes y Esperanza Aguirre apuestan más por sus clientes de la derecha más conservadora y por sumar votos aunque sean de dudosa reputación democrática. Los socialistas de Zapatero, según estos analistas, que han realizado una gran política social, se mueven entre la periferia, los nacionalismos y el intento de restar votos a IU por la izquierda, “con contradicciones entre ministros y ministras y Pedro Solbes haciendo malabarismo económicos”.

Me comenta un amigo que los socialiberales colocan cada mañana flores a Rodrigo Rato y Pedro Solbes, a uno pidiendo que vuelva y al otro rogando para que no se vaya. “Pero los consejos de uno y otro parece que no cuentan en sus respectivos partidos”. Tampoco parece que estas tesis tengan excesivo predicamento de momento entre los populares murcianos y en los socialistas, Saura es “zapaterista” por encima de todo. Así que en teoría en la Región de Murcia no habrá batalla por el centro político. La “batalla contra el centro geográfico dependerá siempre del color del inquilino de La Moncloa”, apunta el amigo.

Otro tema son las circunscripciones electorales, en este caso provincias. Ahí los estudiosos de ambos partidos cuentan "a priori" los posibles votos como “el ávaro sus riquezas”. Por un puñado de votos se pueden perder una docena de diputados si los vientos soplan a favor de la misma corriente. Y en los estudios de los laboratorios de Génova y Ferraz, la Región de Murcia está incluida en un trato especial. Por población se incrementa un diputado y serán diez puestos a repartir. El último, que sería el cuarto para el PSOE o el séptimo para el PP, según las previsiones estadísticas, estaría en juego. Las dos formaciones descartan el cinco a cinco y también consideran inviable que IU pueda meter baza.

Para arañar esos votos en disputa los populares cuentan con el apoyo de las principales instituciones de la Comunidad: Gobierno Regional y los principales Ayuntamientos. Los resultados de los comicios autonómicos y municipales del pasado mes de mayo lo dejaron bien claro. Los socialistas con la gestión del gobierno Zapatero. Pero a falta de unos meses estos últimos se encuentran con un grave problema doméstico, ¿quién poner al frente de la candidatura?. “Aquí hay lo que hay”, comenta con cierta resignación un histórico militante del PSRM. “Esta vez necesitamos un buen paracaidista de prestigio”.

El buen hombre desgrana nombres y no encuentra alternativa. Considera a muchos compañeros y compañeras muy adecuadas para ir en las listas para hacer un buen trabajo parlamentario en Madrid. Pero no ve un cabeza de cartel. Quizás eso le pasa también a Saura. En la Comunidad Valenciana donde los socialistas se juegan más votos van cerrando los carteles provinciales. De momento aquí sólo ha llegado la alicantina Leire Pajín a presentar la precampaña. Y dicen que podría ser un señuelo.

www.elfarodemurcia.info

Reprimenda al Gobierno regional en un dictamen del CES sobre La Zerrichera, según RNE

MURCIA.- El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) estudia un dictamen en el que reprocha al Gobierno regional sus políticas de protección ambiental, las cuales "se quedan sin credibilidad".

Así lo recogía ayer en sus informativos Radio Nacional de España (RNE) de Murcia, emisora que ha tenido acceso al borrador de dicho dictamen, que será sometido a estudio en una comisión que está prevista que se celebre hoy.

Este informe, que consta de 55 folios, es el resultado del estudio del Plan de Gestión de la Sierra de Almenara, trámite necesario para saber si se podrá construir o no en La Zerrichera, y expresamente dice, según informó ayer la cadena radiofónica, que "la situación creada por el incumplimiento de los compromisos fijados por el propio Gobierno regional y por las dudas sobre el alcance jurídico de algunos de los instrumentos de planificación elegidos, supone un importante daño para la credibilidad de las políticas proteccionistas".

Asimismo, el dictamen destaca que con los instrumentos de gestión elegidos por la consejería de Desarrollo Sostenible no se alcanzan "los niveles exigibles de seguridad jurídica". Por otro lado, el documento establece que aunque exista un adecuado análisis de la ordenación territorial en algunos casos, la urbanización de La Zerrichera es "la única e importante excepción".

También se hace mención a las consecuencias que pueda tener la puesta en marcha de este proyecto, destacando que no se ha hecho una identificación técnico ambiental del impacto que puede tener la urbanización de La Zerrichera.

En este borrador se hace referencia también a que las directrices del litoral consideran la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Almenara como "suelos incompatibles con su transformación urbanística".

En relación a este tema, RNE también apunta a que el documento del CES apoya de forma expresa la respuesta a todas las alegaciones realizadas y elogia su rigor técnico, y destaca que el documento "rechaza de forma expresa las que presentó la empresa promotora de la urbanización de la Zerrichera".

Por último, el dictamen también propone al Gobierno regional que se dé prisa en la tramitación del Plan de Gestión de la Sierra de Almenara, ya que "no es aceptable que se tarde tres años", y le advierte de que no es el instrumento adecuado, indicándole que debería haber optado por un Plan de Ordenación de Recursos.

El ex presidente argentino, De la Rúa, procesado

BUENOS AIRES.- Un juez argentino ha procesado a Fernando de la Rúa por el "homicidio culposo" de cinco personas y las heridas sufridas por un centenar de manifestantes en el estallido social que a finales de 2001 derivó en su renuncia a la presidencia del país, según han informado fuentes judiciales.

La medida fue adoptada el lunes por el magistrado Claudio Bonadío, quien además ha decidido el embargo de bienes del ex gobernante (1999-2001) por un importe de 20 millones de pesos (4,4 millones de euros). Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 los disturbios y saqueos a comercios registrados en Buenos Aires, sus alrededores y otros puntos de Argentina causaron una treintena de muertos.

Al declarar hace un año ante el juez, el ex presidente alegó que hubo un "complot" contra él que forzó su salida anticipada del gobierno en medio de una grave crisis económica. El juez trata de aclarar quiénes fueron los responsables de la represión lanzada contra manifestantes en inmediaciones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

Las consecuencias del "corralito"

De la Rúa también declaró que fue la jueza María Servini de Cubría quien el 20 de diciembre de 2001, sin contactar con el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo", frente a la Casa de Gobierno.

A finales de 2001, el gobierno de De la Rúa , debilitado por disputas internas, adoptó el impopular "corralito" financiero para frenar una fuga masiva de capitales de los bancos, lo que generó una oleada de protestas populares. El 19 de diciembre renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras que al día siguiente De la Rúa presentó su dimisión en medio de violentos enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes.

En marzo pasado, un tribunal condenó a 15 y 6 años de prisión a un comerciante y a un guardia, respectivamente, por dos homicidios cometidos durante el estallido social, en el primer juicio celebrado en Argentina por los hechos de violencia de 2001.- (EFE)

Seis detenidos en Canarias, entre ellos dos ex alcaldes, por corrupción

LAS PALMAS.- Dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida y otras cuatro personas han sido detenidas hoy por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción en el municipio, han informado fuentes de la investigación.

Los arrestados están imputados por delitos de prevaricación, malversación, falsificación y fraude cometidos durante su mandato al frente del Ayuntamiento, situado en el interior de Gran Canaria y que tiene una población de casi 20.000 personas.

Los ediles detenidos por la Guardia Civil, que gobernaron el ayuntamiento cuando militaban en el PP, son Carmelo Vega y Antonio Díaz, además de Luis Troya, que ejerció de primer teniente de alcalde del municipio.

También han sido arrestados un capataz del Ayuntamiento y dos auxiliares administrativos -Santiago Hernández Suárez y Jacinto Hernández Suárez- que en su día ejercieron accidentalmente funciones de interventores.

Algunos de los detenidos ya han sido condenados en otras causas, como Carmelo Vega y Luis Troya, quienes en marzo de 2006 fueron sentenciados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como responsable de un delito de prevaricación administrativa.

Estos arrestos se producen después de que varios concejales de la corporación denunciaran hace meses a la Justicia diversas irregularidades cometidas en el municipio por varios alcaldes.

Además, la Guardia Civil ha procedido al registro del Ayuntamiento de Santa Brígida (en la imagen) y de varias viviendas del municipio. Precisamente el consistorio ya fue registrado el 20 de junio por orden del juez que investiga el caso ante la negativa del Ayuntamiento de remitir unos documentos reclamados por el magistrado.- (Agencias)

Corrupción bancaria y especulación financiera, o democracia / Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Las entidades financieras y bancarias son cada día más protagonistas de la vida social. Pero no principalmente por su contribución a la financiación de las actividades económicas que crean riqueza y bienestar social.

En las últimas semanas algunos de los grandes bancos españoles han hecho ostentación de su inmenso poder patrocinando y poniendo nombre a algunas de las competiciones deportivas más importantes.

Un lavado de cara que no es casual que se produzca cuando aumentan las críticas, denuncias y pruebas de su actividad corrupta e incluso directamente delictiva.

La compra de voluntades políticas, el blanqueo de dinero, las cuentas secretas o el financiamiento de empresas contaminantes y de armamento son sólo algunas de las acusaciones que recaen continuamente sobre las entidades bancarias y financieras más conocidas.

Quieren aparentar que son generosas y ejemplos de mecenazgo desinteresado pero, en realidad, lo que buscan es solamente ganar más y más y más dinero a cuenta de lo que sea. Por eso están implicadas también en una soterrada lucha (no siempre leal) para lograr quedarse con fondos sociales ahora bajo control público como los de las pensiones, o para introducirse torticeramente en la vida académica para quedarse con la rentabilísima gestión de los ingresos de las universidades, de los de sus estudiantes y profesores.

En las últimas semanas hemos podido comprobar una vez más cómo las entidades financieras han estado en el origen de la última crisis hipotecaria, provocando una situación de debilidad e inestabilidad que con toda seguridad no ha acabado y que terminará afectando al conjunto de las economías y de la actividad económica.

Todo ello es la consecuencia directa de dos factores. Por un lado, del carácter parasitario y pernicioso que han adquirido las instituciones financieras cuando no quedan sometidas a otra lógica o estrategia distinta al afán de lucro. Y por otro, a la cada vez más evidente y peligrosa falta de controles institucionales que pudieran impedir las actividades inmorales, despilfarradoras o simplemente ilegales que vienen realizando continuamente en la casi total impunidad.

La burbuja bursátil de los 90 transformó las costumbres empresariales y consolidó a la especulación y a la corrupción como un alimento preferente de las grandes empresas, como demostró el paradigmático caso de la multinacional eléctrica Enron. Ahora, la reciente crisis financiera ha puesto de relieve que, lejos de disminuir, esta deriva de las corporaciones hacia lo ilícito no ha hecho sino profundizarse a lo largo del tiempo.

Ante este grave proceso los bancos centrales se han limitado a mirar hacia otro lado, en un vergonzoso y cómplice ejercicio de irresponsabilidad. Apenas si se han dado modestísimos pasos aparentemente dirigidos al fomento de la transparencia y de la llamada "responsabilidad social de las empresas", que la realidad ha demostrado insuficientes, cuando no totalmente inútiles.

En lugar de apagar fuegos y evitar que se produzcan, las autoridades monetarias y financieras los avivan por su complicidad e inoperancia. En lugar de advertir, denunciar y controlar, mantienen un silencio doloso orientado a salvaguardar los intereses de los grandes poseedores de recursos financieros.

De hecho, es ya verdaderamente vergonzosa la forma en que ocultan a los ciudadanos lo que está pasando, el peligro financiero que suponen los balances artificialmente hinchados de los bancos, su solvencia amenazada, sus cuentas que no cuadran sino por medio de artificios contables... Y, sobre todo, la inutilidad social de sus operaciones financieras, cada vez más lejos de la economía real y de las necesidades efectivas de las empresas y los consumidores.

La actividad financiera y bancaria es cada vez más inmoral, más inapropiada para crear riqueza, más especulativa y peligrosa para la economía en su conjunto, menos beneficiosa para el conjunto de la sociedad y sólo más rentable para las grandes fortunas.

Hoy día es ya una urgencia impostergable proponer y adoptar medidas contra el desorden financiero y contra la conversión de las finanzas en un gran y corrupto casino global.

Hay que redefinir la fiscalidad actual, estableciendo tasas a las transacciones financieras, e implantar controles mucho más estrictos a los movimientos de capital. Es urgente que los gobiernos recuperen el terreno perdido en cuestión de poder y capacidad de decisión económicas. Es imprescindible democratizar las decisiones económicas.

La vergonzosa y criminal existencia de paraísos fiscales, donde los controles de los capitales son exiguos o nulos, resulta imprescindible para que las entidades puedan legalizar dinero procedente de actividades ilegales e incluso criminales. Por eso, su supresión debería ser un objetivo prioritario para los gobiernos y las organizaciones internacionales que de verdad defiendan un mínimo de legalidad y moralidad en la economía mundial.

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica ha venido acompañada de un consecuente deterioro de la democracia, puesto que equivale de hecho a una transmisión de poder desde los órganos representativos hacia entidades donde los mecanismos democráticos simplemente no operan. Y paralelamente, los dueños de estas entidades se han convertido en las personas más influyentes de nuestras sociedades, adquiriendo unos roles de extraordinaria importancia en la toma de decisiones en la vida social y económica.

Si realmente creemos en la democracia es hora de reconocer que el único camino posible para implantarla pasa necesariamente por una reestructuración del sistema financiero internacional. Se trata de impedir que las grandes entidades procedan de forma mafiosa y se hagan con un poder que nadie les ha otorgado. Los bancos y las grandes corporaciones financieras son hoy día los mayores enemigos de la libertad real, de la democracia y del bienestar social.