murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
sábado, 24 de febrero de 2007
Los tres en raya y dos más/El Minarete
FRANCISCO POVEDA
El presidente Valcárcel presume en privado de que él no ha firmado nunca nada que le pueda comprometer y que, por tanto, se encuentra muy tranquilo ante la movida judicial que amenaza con llevárselo por delante si se calla, tal como vaticina con mucho tino dialéctico el coordinador regional de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, y si habla, porque la mentira tiene hoy muy poco recorrido por culpa de Internet.Todo está archivado para ser encontrado muy fácilmente, hasta incluso lo de las cinco torres de Isla Plana por si se necesitase.
De poco o nada le va a servir a Valcárcel ser en el futuro, vecino del actual presidente de la Audiencia Provincial, el lorquino Andrés Pacheco, en el polémico antiguo edificio del Banco Exterior, por mucho que esgrima en privado esa circunstancia y el carácter muy conservador del magistrado. Eso es cuestionar la independencia del poder judicial murciano y querer demostrar que lo domina, es inviolable y tiene impunidad, como si él pudiese compararse con el mismo Rey de España.
Y eso que no sabe bien lo que tiene preparado, de aquí a mayo, el nº2 del PSRM, José Ramón Jara, para que la impunidad reinante hasta ahora en esta tierra no le beneficie, ni a él ni a los suyos (los ya muy sospechosos Carlos y Marta Valcárcel, sin olvidar al cuñado José Miguel Monje Carrillo y sus pretendidas recalificaciones urbanísticas de viejos campos de fútbol, que se han quedado muy céntricos en algunas poblaciones de la Región de Murcia).A saco, vamos, que queda ya muy poco.
Después del corrupto Zaplana, ¿sabían que el segundo objetivo estratégico del nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, contra la impunidad y a favor del restablecimiento pleno de la legalidad, se llama Región de Murcia? Hace mucha falta. Y aquí tiene un buen colaborador, si quiere, en la persona del Delegado del Gobierno,Ángel González, nacido como él, en Arenas de San Pedro.
Por eso, lo de la firma sabe perfectamente Valcárcel que no es cierto ni se tiene en pié. En algún sitio, quizás en la Fiscalía del TSJ, ya se encuentra redactada una querella criminal, que le afecta de lleno y que tiene que ver con la compra-venta de una balsa minera a "Portmán Golf S.A." por parte de la Comunidad Autónoma en 1.000 millones de las antiguas pesetas, cuando su valor real no sobrepasa los 50, según el informe contrastado de varios peritos de la CHS.
Esa orden de compra-venta lleva su firma y tiene truco, como los otros 500 millones más en dinero público, invertidos en un solar (también de los mismos propietarios) para arrojar los lodos y residuos no inertes de la citada balsa cuando se colmata.
Pero, aunque luego volveremos sobre eso, su mayor riesgo en los tribunales de justicia, murcianos y españoles, sigue residiendo en los casos de La Zerrichera, Lo Poyo y Novo Carthago. Una vez los tres en raya, y una más por lo del Llano del Beal, los juzgados de Lorca y Cartagena tendrán que pedirle explicaciones, por escrito ante su aforamiento, por el presunto tráfico de influencias de su hermano a la sombra del poder político de San Esteban.
Pero luego el TSJ de la Región de Murcia siempre puede terminar imputándolo, a instancias de la Fiscalía, como primer y último responsable del gobierno autónomo y de todo lo que ocurre por su causa.
Ya está muy claro que Valcárcel tiene miedo a que se descubran todos sus desmanes, los de sus familiares, amigos, conocidos, financiadores, protectores y amos. Por eso retuerce el reglamento y huye de acudir a la Asamblea Regional a dar explicaciones, tal como le exige el PSRM y aunque goce su partido de amplia mayoría absoluta.
Claro, ¿qué va a decir, ni a los suyos? Ya lo dijo todo muy bien, en su día, el especulador y ventajista próximo, Trinitario Casanova, al tacharlo de "débil y cobarde" por ordenar el parón en la recalificación de La Zerrichera. Con Bascuñana ahora está que muerde el presidente, precisamente porque esos polvos...han traido ahora estos lodos, y otros más cerca de La Unión, pueblo natal de Casanova Abadía, hoy vecino de Orihuela.
Resulta que el letrado Carlos Valcárcel está demasiado evidente en Lo Poyo y Novo Carthago y que el CNI lo sabe desde el principio para orientar bien las investigaciones policiales y las paralelas de la Agencia Tributaria a pesar del interpuesto Sánchez Carrillo.
¿Sabía el PP murciano, que Roca había trabajado para el CNI en tiempos de Trillo-Figueroa como ministro de Defensa? Supongo que sí. ¿Y que con la llegada del ministro Bono lo despidieron y sometieron a vigilancia?. Pues por eso conocen bien qué negocios hizo el hermanísimo en ambos casos de brutal especulación, saltándose presumiblemente la ley.Y sus andanzas por Torre Pacheco.
Cerca, muy cerca, junto al poblado minero de El Llano del Beal, la balsa Jeni se vendió a la Comunidad Autónoma en seis millones de euros "por cuestiones medioambientales" aunque, en realidad, la gran beneficiada de la operación por partida doble o triple era la mercantil "Portmán Golf S.A.", propiedad de Alfonso García y Mariano Roca (en la fotografía inferior), dos financiadores del viejo PSRM por medio de los hermanos Alonso (Eduardo y José Antonio), y después del PP a través de Patricio Valverde y Pilar Barreiro, que se sepa.¿También del alcalde socialista Sanes?
El objetivo último era descontaminar los terrenos para ir preparando su urbanización, también en beneficio de "Portmán Golf S.A". Lo que sucedió fue que, una vez adquirida la balsa Jeni, la Comunidad se dió cuenta de que obstruía el alivio de aguas pluviales, lixiviados y de escorrentía para evitar la inundación frecuente y contaminante del poblado de El Llano de Beal (patria pequeña de los socialistas hermanos Alonso, por cierto ambos presentes en la reciente charla, de imagen y propaganda, de Valcárcel en el Casino de Madrid y socios de Trillo, y el diputado cartagenero Andrés Ayala, en opacos negocios varios).
Este tema se investigó a fondo en su día y hasta una querella, que se redactó en Madrid, asistida de un exhaustivo informe jurídico, obtuvo todas las bendiciones inimaginables y en enero regresó, totalmente informada y terminada, a Murcia ¿al cajón de la mesa del despacho del fiscal-jefe, López Bernal, o al del nuevo fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Pablo Lozano?. En alguno de los dos está seguro.
Ahí está esperando su momento. ¿Antes, o después de tener los tres en raya? La última palabra la sabe el que la lleva. Pero podemos estar ante un caso muy claro de presunto tráfico de influencias, prevaricación y compra-venta fraudulenta, que afecta de lleno, directa y personalmente a una sola persona por firmante.
Pero la cosa puede no quedar sólo en eso.¿No es menos cierto que el señor Valcárcel ha ido por ahí actuando de agente de negocios de sus financiadores implicados en la conocida como "Operación Malaya"? ¿O acaso no ha hecho personalmente "lobby" cerca del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Elche para que apoyasen sus concejales un grosero proyecto urbanístico de Tomás Olivo en esta ciudad, arguyendoles que "Tomás es uno de los nuestros" porque, según reveló él mismo por teléfono a sus compañeros ilicitanos, es de los financiadores más importantes que tiene el PP en la Región de Murcia?
El CNI tiene grabada esa conversación, como otras, y a disposición de las investigaciones que se siguen sobre el Presidente, su familia, "Polaris" y "Caja Murcia" desde hace ya mucho tiempo. Y es Valcárcel, en persona, el sujeto de este claro tráfico de influencias para favorecer los intereses económicos directos del empresario murciano, de Lobosillo, ahora en libertad bajo fianza por auto del juez Torres, en Marbella.
Valcárcel, al igual que hizo en su día el presidente balear, Jaume Matas, debería pedir audiencia urgente a Plácido Conde-Pumpido y acudir a la Fiscalía General del Estado, en Madrid, a preguntarle: "¿Qué hay de lo mío?" A lo mejor, ya no vuelve.
Saura profundiza en la renovación del PSRM a tenor de los nuevos candidatos a la Asamblea
El secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha materializado ya en la candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 27 de mayo la profunda renovación que ya emprendió cuando llegó al cargo hace 30 meses en un congreso regional extraordinario.
El Comité Regional del PSRM ratificó este sábado, sin mayores objeciones, la lista regional y los candidatos a las alcaldías de los 45 municipios de la Región de Murcia. De 256 asistentes, sólo uno votó en contra mientras cuatro se abstuvieron.
La mitad de los 16 integrantes del actual Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional no figura en esta ocasión: el ciezano Ramón Ortiz (en la fotografía), el lorquino Miguel Navarro, el mazarronero Juan Durán, el alcacereño Juan Escudero, el aguileño Alfonso Navarro, el ceheginero Pedro Abellán, Carmen Manzanos o el murciano Francisco Marín Escribano.
De los actuales parlamentarios, sólo el murciano Francisco Javier Oñate, la guipúzcoana Begoña García Retegui, la cartagenera Teresa Rosique, la murciana Rosa Peñalver, el yeclano Domingo Carpena y la aguileña Marí Carmen Moreno tienen segura su reelección, mientras el unionense Manuel Sanes y el muleño Diego Cervantes ocupan puestos menos seguros.
Saura resaltó tras la reunión que las candidaturas están compuestas por personas «honestas, con preparación y compromiso».
El máximo órgano entre congresos del PSOE también dió el visto bueno a los 45 candidatos a alcaldes, donde una treintena son nuevos, entre ellos, diez mujeres.
Los cinco distritos electorales son Murcia(1), Cartagena(2), Lorca (3), Noroeste(4), Altiplano(5). Y los candidatos del PSRM por orden y en cada uno de ellos son:
Nº 1 Pedro Saura/ Teresa Rosique/ Bartolomé Soler/ Jesús López/ y Domingo Carpena
Nº 2 María González/ Antonio Bernal/ Carmen Moreno/ Marién Boluda/y YolandaFernández
Nº 3 José Ramón Jara/ Rosa Peñalver/ A. Martínez Baños/ Diego Cervantes/ y Jesús Sánchez
Nº 4 Francisco Oñate/ Mariano García Pérez/ Noemí Cánovas/ y Mª Dolores Muñoz
Nº5 Begoña García Retegui/ Manuel Sanes/ y Francisco García
Nº6 Lola Hernández/ Francisco Aznar/ y Ascensión Guevara
Nº 7 José Antonio Gil/ Encarna Gil/ y Manuel López
Nº 8 Juan José García Escribano y Francisco Molero
Nº 9 Charo Quesada y María Celdrán
Nº 10 Conchi Estrada y Teresa Justicia
Nº 11 Cecilio Hernández y Cayetano Tornel
Escaños a elegir en total: 20 en Murcia, 11 en Cartagena, 7 en Lorca, 4 en el Noroeste y 3 en el Altiplano.
El Comité Regional del Partido Socialista de la Región también ratificó la lista electoral para el Ayuntamiento de Murcia de cara a las próximas elecciones municipales del 27 de mayo. En un acto que reunió a decenas de dirigentes socialistas en el Edificio de Usos Múltiples de la Delegación del Gobierno, el secretario general del PSRM, Pedro Saura, confirmó los nombres que integran la candidatura ya adelantada.
Saura destacó “la preparación, el compromiso, capacidad, gente honrada, honesta y de servicio público” de los elegidos para integrar una lista “cerrada por unanimidad”.
La lista encabezada por la locutora María José Alarcón, tendrá como segundo al todavía vicepresidente de la Asamblea Regional, diputado regional y coordinador de las agrupaciones locales, el aguileño Alfonso Navarro, y de tercera a la actual Jefa de Costas, también aguileña y bióloga, Francisca Baraza, así como miembro de la Ejecutiva Regional. Del actual grupo municipal socialista se mantienen en puestos con posibilidad real Marcos Ros, José Manuel Abellán, Lola Abellán, José Zapata, Mariola Martínez, Javier Mármol y María Jesús Barqueros.
Ha sido algo inesperada la reincorporación del ex concejal José Antonio García Baños, proveniente de la etapa del gobierno municipal socialista del lorquino José Méndez Espino como alcalde de Murcia. Sale del actual equipo municipal del PSRM el médico Rafael González Tovar, padre de la actual secretaria regional de las Juventudes Socialistas y secretario él de la agrupación "Vista Alegre" aunque suena, a la vez, como el próximo titular de la Delegación del Gobierno si Ángel González ocupase un alto cargo en Madrid.
El candidato socialista a la alcaldía de Cartagena, Ignacio Segado, contará a su lado, como número 2, con la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, pese a que las dos agrupaciones locales mayoritarias –Sur y Centro–, que reúnen a más de un millar de los 1.400 militantes que hay en Cartagena, no la incluyeron en sus propuestas.
Teresa Rosique será pues, al final, la segunda de Segado a la alcaldía de Cartagena después de doce años de gobierno popular. En una reunión con dirigentes del partido a nivel regional, los socialistas cartageneros cerraron una candidatura que destaca por la renovación total en los cinco primeros puestos. El tercer puesto lo ocupará Francisco Martínez, inspector de la Consejería de Educación, que concurre como candidato independiente. En el número cuatro figura Ana Belén Castejón, responsable de Vivienda de Juventudes Socialistas y que simboliza de forma más clara el mensaje del cambio generacional. El quinto puesto es para el economista y profesor Ángel Martínez Lorente, también proveniente de la Universidad Politécnica, donde presidió la Junta de Personal Docente e Investigador.
Los puestos del 6 al 9 los ocupan cuatro concejales de esta legislatura: Juan Luis Martínez (secretario de la Agrupación Norte), Caridad Rives (actual portavoz adjunto), Pedro Trujillo (Agrupación Centro) y José Manuel Torres (Agrupación Sur).
Los otros cinco puestos decisivos, son también para militantes con perfil de expertos: Carmen Martínez, presidenta de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones; Francisco Díez Torrecillas; Salvador Martínez, del grupo de trabajo del PSOE en La Manga; José Antonio Romero, profesor del Instituto Jiménez de la Espada; Carmen Soto, presidenta de la Junta Vecinal de El Llano del Beal, y Obdulia Gómez, bióloga de la Consejería de Agricultura.
¿A qué teme el PP de Valcárcel?
Francisco M. Martínez*
El PP murciano capitaneado por un Valcárcel, conocido en España por grabar con su móvil a hurtadillas al presidente del gobierno español, busca desesperadamente que los tribunales no lo enjuicien en los casos de corrupción urbanística que su Gobierno lleva perpetrando desde que llegó al poder en la Región.
Su portavoz, Juan Carlos Ruiz, se atreve a decir hoy que los que son citados en la querella criminal presentada por el Fiscal-Jefe de Murcia, no están informados de la acusación del Ministerio Público, cuando a nadie de los encartados se le negó que asistieran con letrado defensor en sus comparecencias ante la máxima autoridad fiscal en el TSJ de Murcia durante la investigación previa a la querella criminal.
Ruiz debe saber mucho de ladrillos al hablar de "imputados", cuando esta figura forense les será aplicada a los que aparecen citados en la querella criminal de la Fiscalía cuando el juez instructor de Lorca, al que le ha tocado por turno, decida sobre la misma. Ya les informará el magistrado instructor a los ahora encartados en la querella criminal de la Fiscalía.
El PP murciano se ampara en que los medios de comunicación están dando información de la querella, mientras que este partido y su gobierno dicen que no están informados. Bagatelas. Les informará el magistrado, no desespere el PP y el gobierno Valcárcel, porque no hay tal "juicio mediático" paralelo si todavía no hay juicio oficial. Que espere el PP a la acción del Poder Judicial. Y si tiene indicios ilícitos en Los Alcázares, que presente la correspondiente acción jurídica y se deje el PP y su gobierno de difamar.
Aunque lo verdaderamente canalla es difamar a la Fiscalía murciana. ¿Qué responden a las barbaridades del PP y el gobierno Valcárcel las asociaciones de jueces y fiscales en Murcia? Ruiz se escuda en una supuesta "inmoralidad" de la oposición política en Murcia y que Valcárcel escurra el bulto para no acudir a dar cuenta en la Asamblea Regional.
Los ladrones creen que todo el mundo es de su misma condición. ¿A qué teme el PP de Murcia que tiene bajo control a los principales medios de comunicación de la Región?
*Periodista e investigador murciano.
El PSRM quiere ya a Valcárcel dando explicaciones en la Asamblea Regional sobre las implicaciones
El grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional pedirá el martes, en la junta de portavoces, que se convoque de manera inmediata una comparecencia monogáfica del presidente del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel, para que de explicaciones sobre la implicación de cuatro altos cargos de dos consejerías en el caso Zerrichera.
Se trata del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas.
Según fuentes del partido socialista, la convocatoria se exigirá por la gravedad de la querella presentada esta semana en el Juzgado de Lorca, al que le corresponde por jurisdicción al estar ubicados los terrenos protegidos objeto de recalificación en el municipio de Águilas.
El titular del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Juan Alcázar, será el que, por reparto, lleve este caso, en el que hay siete personas imputadas por el fiscal jefe del TSJ de Murcia.
La portavoz del grupo socialista, Teresa Rosique, dijo en rueda de prensa que no sería aceptable que el martes el portavoz del PP ponga pegas de reglamento para evitar que Valcárcel pase por el control de la cámara para dar explicaciones.
Rosique indicó que tampoco admitirán que el PP se limite a "preguntas al presidente", ya que "en ocho minutos" que es el tiempo que el reglamento estima para las respuesta a una pregunta al presidente "no es suficiente para las explicaciones que debe dar", por lo que el PSRM-PSOE considera que deberá ser una comparecencia "monográfica" de Valcárcel.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, dijo hoy que el Presidente no puede comparecer como pide el PSOE para hablar de La Zerrichera, según el artículo 182 del reglamento de la Cámara.
Indicó que el citado artículo, referido a las comparecencias del presidente del Consejo de gobierno ante el Pleno, indica que "procederá" tal comparecencia "cuando el objeto de la misma sea el informar sobre los asuntos que, en el ámbito estrictamente político, guarden conexión directa con actuaciones personales suyas o con el ejercicio de las competencias de su exclusiva atribución".
Añade este artículo que la comparecencia se sustanciará por acuerdo de la mesa y de la junta de portavoces, o a petición del propio presidente.
La comparecencia se deberá celebrar, previa la admisión a trámite de la correspondiente solicitud, en los diez días hábiles siguientes al de la entrada de la misma en el registro.
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, afirmó que el PP no puede argumentar cuestiones reglamentarias para impedir que Valcárcel de explicaciones después de que el fiscal jefe de Murcia se haya presentado una querella contra cuatro altos cargos de dos consejerías, por un presunto delito de prevaricación en la recalificación de La Zerrichera.
Rosique, dijo hoy en un comunicado de prensa que el PP está llevando a cabo una campaña de difamación "infundada" y ataques al honor que será respondida con demandas por parte del secretario general del PSRM, Pedro Saura. Hizo este anuncio después de la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Carlos Ruíz, en la que éste le preguntó "si es cierto que el cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, actuó de intermediario de su familia para vender los terrenos de Lo Poyo, un pelotazo urbanístico con el que su familia percibió 6.000 millones de pesetas".
La dirigente socialista, que anunció días atrás la presentación de demandas por injurias contra aquellos que la difamen, contestó hoy que las personas que realmente saben del caso Lo Poyo son el presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel; la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el edil de Urbanismo de esa ciudad, Agustín Guillén.
Teresa Rosique indicó en su comunicado que Valcárcel recalificó definitivamente Lo Poyo en 1996, Barreiro "lo resucitó en 2003" y que poco después de una conversación entre Guillén y el supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Roca, en 2004, se inició la reclasificación de nuevo.
En cuanto a la querella por el caso Zerrichera, Rosique indicó que el PP crea una cortina de humo para tapar este asunto y para ello busca excusas de indefensión.
Al respecto, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, criticó que el PP intente poner en tela de juicio a la justicia "dando órdenes a su partido de denigrar la actuación de la fiscalía y de los juzgados cuando sus resoluciones" les perjudican.
Jara habla de "trama" y de "escándalo multimillonario" al referirse al caso Zerrichera, al tiempo que pide al PP que deje trabajar a la justicia.-(EFE)
El alcalde socialista de Los Alcázares deja la política porque no soporta más tanta presión
“En estos cinco meses he conocido la parte más inhumana y agresiva de la política y no quiero seguir con esto”.
Con gesto serio y sacando fuerzas de flaqueza, el alcalde socialista de Los Alcázares, José Antonio Martínez Meca, anuncia su retirada de la política y su vuelta al trabajo como funcionario en el Ayuntamiento de Cartagena, “porque lo mío es la gestión, no las trampas de la política”.
Los últimos acontecimientos le han pasado factura a ‘Pepote’, apodo por el que es conocido no sólo en su entorno familiar, sino también en todo el municipio de Los Alcázares, al que ha dedicado los últimos 12 años de su vida.
Los nervios apenas le dejan dormir, por lo que tiene que recurrir a la toma de ansiolíticos; con los ojos enrojecidos, confiesa que “es doloroso que mi hijo venga del colegio y me pregunte si es verdad que conozco a Roca, y ya no sé cómo explicar que sólo lo he visto una vez en mi vida, fue en la presentación de "Ribera Beach", en un restaurante lleno de gente hace cuatro años, y no creo que a todos los asistentes los vinculen con la Operación Malaya por haber estado allí”.
La presunta vinculación de José Antonio Martínez Meca con el escándalo marbellí surge a raíz de la conversación mantenida entre Gonzalo Astorqui y José Madrid, supuesto testaferro de Roca, que alude al nuevo alcalde asegurando que “es uno de los nuestros”.
Pese a la matización que la propia Policía Judicial hace de esa frase, en la que explica que puede referirse a la ideología que Meca comparte con Juan Escudero, anterior alcalde, el escándalo saltó a los medios de comunicación y sus consecuencias le han hecho presentar su renuncia a la alcaldía de Los Alcázares.
“No vale la pena seguir con esto, ni para mí ni para el pueblo, sé que hubiera sido un buen alcalde, pero no me han dejado demostrarlo, ahora me da todo igual”, manifestó tras asistir al pleno ordinario que se celebró ayer en el consistorio alcazareño.
Carta de José Madrid
El todavía alcalde mostró la carta que José Madrid le ha enviado y en la que asegura que lamenta profundamente “que una frase hecha y sacada de contexto de una supuesta conversación telefónica privada con una persona de Masdevallía (empresa que supuestamente pertenece a Roca), haya podido poner en entredicho al alcalde y su equipo de gobierno municipal”.
En la carta, Madrid le transmite “la confianza, que no certeza, en que el nuevo alcalde mantendría una actitud favorable, por parte del Ayuntamiento, para continuar los proyectos en curso, y resumida en tan desdichada frase”.
La carta supone un flaco consuelo para Martínez Meca, que paradójicamente, en sus 12 años de concejal, jamás ha gestionado el área de Urbanismo ni ha asistido a una sola Comisión. Las áreas que ha presidido son Educación, Cultura, Juventud, Festejos, Turismo, Protección Civil y Parques y Jardines.
“No me acuerdo de cabeza”
Durante el pleno ordinario, el urbanismo volvió a enfrentar al equipo de gobierno con la portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Vigueras, quien explicó que “siempre vamos a abstenernos en las votaciones que traten asuntos que tengan la firma del arquitecto municipal”.
El portavoz socialista, Alfredo Blanco, le recordó que su hermano, el arquitecto Antonio Vigueras “era el que más proyecto presentaba al Ayuntamiento, incluido el campo de golf”. Vigueras replicó que esa era otra causa de su abstención, a lo que el alcalde le contestó que en julio de 1.994 “había votado dos actuaciones de su hermano, no sé si usted lo recuerda”.
La portavoz popular no supo responder a la acusación del alcalde y se limitó a asegurar que “no me acuerdo de cabeza”.
Fomento señaliza el aeropuerto de San Javier con nuevos carteles en la autopista
El Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado, reforzó la señalización vertical para la indicación del Aeropuerto de San Javier, tanto en carteles laterales como en pórticos, banderolas y flechas direccionales en todos los enlaces de la Autopista AP-7, en el tramo entre San Pedro del Pinatar y Cartagena.
La mejora de señalización consistió en la implantación de cajetines con el pictograma de ‘Aeropuerto’ en la cartelería existente en los cinco enlaces de la AP-7 que no disponían de indicación del aeropuerto, según informó la Delegación del Gobierno en Murcia.
En este sentido, depués de las obras, en lugar de señalizar el aeropuerto en San Javier y en los cruces con las carreteras más importantes, a partir de ahora se dispone de señalización en todos los enlaces de la autopista, indicando cuando debe salir de la calzada principal cuando llega al enlace de San Javier Sur, situado en el kilómetro 784 de la autopista.- (Europa Press)
El fiscal jefe podría ser denunciado por prevaricación en los próximos días
Los imputados en el caso de La Zerrichera alegan indefensión al no haber sido informados
El fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, tendrá que responder de la denuncia por prevaricación que algunos de los imputados en La Zerrichera estudian presentar en los próximos días contra el titular del Ministerio Público por vulnerar el artículo 24 de la Constitución Española en el que se dice que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», según ha sabido LA RAZÓN de fuentes próximas a los afectados.
Ayer mismo, y tras conocerse que la Fiscalía había presentado una querella en el Juzgado Decano de Lorca contra los presuntos implicados en el «caso de La Zerrichera», Antonio Alvarado, Encarna Muñoz, Juan Ramírez, Manuel Gil, María Jesús Ros y otras treinta personas, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno regional se afirmó que se habían enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, ya que los directamente afectados no habían recibido comunicado alguno.
El portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, aseguró que «al Gobierno le produce una responsable preocupación» y mantuvo que «sabrán estar a la altura de las circunstancias» en función del resultado de la querella. Otras fuentes del mismo crédito aseguran que se ha producido una «enorme indefensión de los acusados al no haber sido informados previamente de su imputación antes de que la noticia llegara a los medios de comunicación».
Justamente esta circunstancia es la que ha llevado a que algunos de ellos estudien en los próximos días, una vez conocido el contenido de la querella de la Fiscalía, la posibilidad de presentar una denuncia contra el fiscal jefe del TSJ por indefensión, y basarán su acusación en el punto dos del artículo 24 de la Constitución en el que se precisa que «todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías», así como a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
En el mismo apartado se señala que «la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos».
Algunos de los imputados denunciaron ayer que la querella responde a motivos políticos de los que no es ajeno el fiscal jefe y señalaron como una de las pruebas dos fotografías fácilmente localizables en internet en las que se ve a López Bernal en la sede socialista junto a un grupo de jóvenes del PSRM, entre las que también figura la diputada socialista Rosa Peñalver.
En la segunda imagen a la que hacen referencia los querellados, igualmente localizable en la red, se aprecia al fiscal jefe junto a destacados miembros del grupo ecologista y antisistema «Murcia no se vende», al parecer también parte de la denuncia que se ha formulado contra los miembros y cargos de las consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas y el Ayuntamiento de Águilas.
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, se sumó al bombardeo mediático al exigir al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que comparezca en la Asamblea para dar explicaciones y cese de inmediato a los altos cargos imputados por el fiscal. El portavoz del PP, Pedro Antonio Sánchez, respondió que «Rosique no tiene autoridad moral para pedir ceses por una denuncia, cuando ella sigue en su cargo después de haber votado a favor de un pelotazo urbanístico en Lo Poyo que beneficiaba a su familia».
www.larazon.es
viernes, 23 de febrero de 2007
El eurodiputado David Hammerstein acusa a Camps de "falta de respeto" por la aplicación de la normativa europea en la Comunidad Valenciana
El eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein , acusó hoy en Bruselas al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, de mostrar una "ignorancia escandalosa" sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo, y una "falta de respeto" por la aplicación del derecho comunitario en la Comunidad Valenciana.
Hammerstein hizo estas declaraciones en respuesta a las críticas de Camps contra la Eurocámara, de la que dijo que se entromete en la campaña electoral enviando una visión sobre urbanismo a Valencia la semana que viene.
Hammerstein subrayó que la comisión de Peticiones del Parlamento organiza delegaciones de investigación "no por motivos partidistas sino en respuesta a peticiones planteadas por ciudadanos y grupos cívicos de una región o un país concreto".
"En este caso hay muchas peticiones relacionadas con el 'boom urbanístico' valenciano que están siendo estudiadas tanto por la comisión de Peticiones como por la Comisión Europea", señaló.
"Para el señor Camps todo es una cuestión de imagen y marketing, pero lo que 'mancilla' y mancha la imagen de la Comunidad Valenciana es la palpable realidad del salvaje oeste urbanístico fomentado por el propio Camps en los últimos años", criticó Hammerstein a través de un comunicado.
Señaló que es "falso" que se produzca una "atención exagerada" del Parlamento Europeo al urbanismo valenciano y puso como ejemplo que recientemente se han mandado misiones a Italia (sobre el AVE) y Malta (sobre la caza) y pronto habrá otra a Polonia (autovías en zonas protegidas) sobre "asuntos de alta sensibilidad política y ambiental y con gobiernos regionales y estatales de distinto color político".
El eurodiputado de los Verdes negó además que la delegación "busque castigar al PP" o que haya una mayoría socialista, y dijo que los parlamentarios visitarán distintas localidades gobernadas por el PSOE tanto en Alicante como en Almería.
Afirmó que es la decisión del PP europeo de no participar en la delegación la que evita que ésta tenga una mayoría conservadora, puesto que hasta ahora han confirmado su asistencia el conservador polaco Marcin Libicki y el socialista británico Michael Cashman.
"No es verdad que estemos ya en campaña electoral. Todavía faltan más de dos meses antes de empezar la campaña. Si el Parlamento Europeo tuviera que inhibirse ante las múltiples y largas precampañas en cada país y región tendríamos que paralizar buena parte de nuestra actividad parlamentaria", concluyó Hammerstein.- (Europa Press)
ANSE afirma que la querella demuestra que urbanizar en una zona de la Red Natura es un atentado contra el patrimonio
La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción (ANSE) dijo hoy en un comunicado, que la querella por el caso Zerrichera demuestra que la urbanización en una zona incluida en la Red Natura 2000 "es un atentado contra el patrimonio natural comunitario".
ANSE advierte que el Gobierno Regional "viene haciendo oídos sordos a las protestas de los ciudadanos y requerimientos de las autoridades comunitarias en relación a este tema".
Esta organización ecologista fue la que denunció en febrero de 2006 ante la Fiscalía del TSJ la posible comisión de un delito de prevaricación de altos cargos de la Comunidad Autónoma tras la aprobación definitiva del proyecto para la construcción de una urbanización de 4.700 viviendas y un campo de golf dentro del espacio protegido (LIC y ZEPA) Sierra de La Almenara, en Águilas.
La querella, según ANSE, da la razón a esta organización y a Ecologistas en Acción, que consideran este caso como "uno de los más escandalosos de la desastrosa política contra la conservación de la naturaleza y el medio ambiente desarrollados por el actual Gobierno Regional".
El presidente de ANSE, Pedro García, recuerda igualmente que en febrero de 2006 mantuvo una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en la que le informó de las irregularidades cometidas en la tramitación de la recalificación de suelos "sin que haya dado aún una respuesta satisfactoria".
Una decena de organizaciones de defensa de la naturaleza han apoyado la campaña de ANSE contra la urbanización de la Sierra de La Almenara como son Greenpeace, Adena-WWF, SEO-BirdLife, Asociación Herpetólógica Española, Foro Ciudadano de la Región de Murcia y Ecologistas en Acción, entre otros.
Hector Quijada, portavoz de Ecologistas en Acción, recuerda que la Asociación había denunciado hace varios años la puesta en marcha de regadíos ilegales, sobre parte de los cuales se ha planteado luego el proyecto urbanístico, que también afecta a hábitats de interés comunitario y especies de aves en peligro.
García recuerda además que la Comisión Europea deberá decidir próximamente sobre la Queja interpuesta por ANSE por el posible incumplimiento del derecho comunitario por aprobar la urbanización dentro de un LIC y ZEPA (Red Natura 2000).- (EFE)
El PP de Águilas apoya al alcalde y dice que no hay "ninguna ilegalidad"
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Águilas manifestó hoy, a través de un comunicado, su apoyo al alcalde, Juan Ramírez, tras la querella por prevaricación interpuesta contra él por el fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Murcia, y asegura que sobre el caso La Zerrichera "no existe ninguna ilegalidad".
En un escueto comunicado el grupo popular "quiere manifestar el desconocimiento oficial de la querella presentada en el día de ayer por el fiscal López Bernal en el juzgado de Lorca, así como el total desconocimiento del contenido de la misma".
La nota de prensa añade que "en estos momentos el grupo municipal del PP de Águilas "tiene la conciencia tranquila" y expone que en la actuación municipal en el caso de la recalificación de La Zerrichera "no tenemos nada que ocultar. No existe ninguna ilegalidad", reitera.
Asimismo señala que los concejales del PP "no tenemos ningún temor al resultado de la querella anunciada por el señor López Bernal y tenemos claro que será el tiempo el que pondrá a cada uno en su sitio".
El comunicado concluye poniendo de manifiesto que los concejales del PP aguileño "apoyan ahora más que nunca a su alcalde, porque son conocedores de su honradez y transparencia".- (EFE)
Los socialistas aprietan y reclaman la presencia urgente de Valcárcel en la Asamblea Regional
El PSRM-PSOE pide los ceses de Bascuñana y de los altos cargos imputados
El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) pidió hoy el cese del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y de los cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma imputados en una querella por presunta prevaricación en el caso Zerrichera, y exige la comparecencia urgente del presidente, Ramón Luis Valcárcel, para que de explicaciones en la Asamblea Regional.
La portavoz del grupo parlamentario socialista en la Cámara, Teresa Rosique, dijo hoy en rueda de prensa en la sede del partido, que la comparecencia de Valcárcel debe ser inmediata dada la gravedad del tema, que implica a dos consejerías.
A su juicio, el Consejo de Gobierno de hoy debía haber firmado el cese "fulminante" de los altos cargos imputados.
Rosique expresó la satisfacción del PSRM-PSOE por la actuación de la Fiscalía del TSJ de Murcia en este asunto, y advirtió que "más allá de las responsabilidades penales, que lógicamente solo son demostrables en aquellos que firman, no se nos escapa que, los que firmaron trajes a la medida, no lo hicieron de "motu propio", sino por petición de alguien de más alto rango".
Los imputados, según Rosique, "hicieron el trabajo sucio" al gobierno regional.
Recordó Rosique que el PSRM-PSOE presentó la denuncia hace un año, cuando se reclasificaron los terrenos de La Zerrichera que se iban a urbanizar a pesar de estar protegidos, incumpliendo la ley del suelo y la normativa ambiental.
Señaló que el ayuntamiento de Águilas inició la reclasificación, hasta que la Dirección General del Medio Natural la paró con un informe. Pero indicó Rosique que "el gobierno regional, de oficio, pide que se continúe" con una Declaración de Impacto Ambiental positiva.
Manifestó también la portavoz parlamentaria del PSRM que, "cuando las denuncias empiezan a intensificarse, Valcárcel se ve forzado a paralizar el plan parcial, pero la reclasificación sigue vigente y no se ha cambiado nada a día de hoy, a pesar de que hay altos cargos imputados", por lo que subrayó que, tras las elecciones próximas, podría construirse en La Zerrichera.
De hecho, el PSRM-PSOE tiene presentado un recurso contencioso-administrativo para anular esta desclasificación.
Finalmente aseveró que este caso "prueba cómo el gobierno regional se pone a disposición de intereses de un promotor, saltándose la normativa ambiental y la ley del suelo".
Del promotor que iba a urbanizar La Zerrichera, Trinitario Casanova, Rosique dijo que ganó 75 millones de euros con la venta del terreno a la Kutxa vasca, "poco después de que Bascuñana firmara la aprobación definitiva".- (EFE)
Pujante, líder de IU, pronostica que la querella terminará "llevándose por delante a Valcárcel "
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, dijo hoy que la querella por el caso Zerrichera, contra alcaldes y altos cargos regionales del PP, "obliga al presidente de la Región a salir ante la opinión pública, dar la cara, y pasar las oportunas facturas políticas a sus amigos implicados".
Pujante advierte que tales explicaciones "deben ser convincentes o de lo contrario la querella de la Fiscalía acabará por llevarse también por delante a Valcárcel".
El dirigente de IU ha recordado que Izquierda Unida "no sólo fue quien primero denunció el caso Zerrichera, hace ahora cinco años a través de sus concejales en Águilas, sino que además es la única formación política no salpicada en esta trama de presuntos prevaricadores y traficantes de humo e influencias".
Para Izquierda Unida, el caso Zerrichera y otros casos de corrupción que salpican a políticos del PP y del PSOE en la Región de Murcia, "es el corolario lógico del modelo de crecimiento insensato por el que Valcárcel lleva años conduciendo a esta comunidad autónoma".
A su juicio, el modelo de crecimiento ha ido asentándose a través de leyes "desreguladoras como la Ley del Suelo, de administraciones que miraban a otro lado ante la insumisión jurídico-urbanística de los señores del ladrillo en muchos municipios de la Región, y creando la sensación cierta de que aquí se podía hacer cualquier cosa para ganar dinero fácil a costa de lo que fuera".
En opinión de Pujante, se echan en falta responsabilidades políticas, no solo de los implicados, y cita a Valcárcel "como el mayor responsable de que Murcia esté en boca de toda España por algo tan poco gratificante como es la corrupción".- (EFE)
El Presidente critica la falta de información oficial de la Fiscalía sobre el contenido de la querella
El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se mostró hoy "convencido" de la "honorabilidad" de todas las personas a las que el fiscal, Manuel López Bernal, imputa un delito de prevaricación en el caso de La Zerrichera.
Valcárcel dijo a preguntas de los periodistas que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", y criticó de paso la falta de información oficial de la Fiscalía sobre el contenido de la querella.
El Presidente subrayó que es "difícil hacer una valoración si no tenemos el contenido de la denuncia. Sería irresponsable por mi parte", tras lo que añadió que "habrá que esperar a ver en qué sentido está formulada la querella y si se admite a trámite".
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva (en la foto de archivo con Valcárcel), dijo que al Ejecutivo le produce "responsable preocupación" que haya conocido las imputaciones de la Fiscalía por el caso de La Zerrichera por "informaciones periodísticas".
Fernando de la Cierva, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas, hizo estas declaraciones sobre la querella por prevaricación presentada contra el alcalde de Águilas, un ex edil del PP de ese municipio, y cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma.
"Anteponiendo el tremendo respeto del Gobierno por el sistema judicial español, a la hora en la que estamos hablando toda la información de que disponemos es por los medios", dijo De la Cierva, quien insistió en que "ni el Ayuntamiento, ni el Gobierno ni los hipotéticamente destinatarios de la querella tienen conocimiento oficial".
Según el portavoz del Ejecutivo regional, "parece lógico que para hacer un pronunciamiento de algo, primero tendremos que conocer qué se imputa, en qué pruebas se basa y cuales son las fundamentaciones jurídicas de la querella".
Preguntado por el estado de tramitación urbanística del proyecto de La Zerrichera, De la Cierva subrayó que "no ha avanzado ni un milímetro" desde abril de 2006, cuando el recién nombrado consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, ordenó revisar el expediente y que "no se efectuara ninguna actuación si no tenía garantías de legalidad".- (EFE)
Valcárcel disimula pero se sabe el objetivo político último y prepara una estrategia de desinformación
El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, disimula pero se sabe el objetivo político último del proceso desatado anoche en los juzgados de Lorca.
Es consciente de que por el hilo se llega al ovillo ya que sus hermanos Carlos y Marta, así como su cuñado Monge, presidente de la Federación Murciana de Fútbol, han sido y están siendo investigados en profundidad todavía por unidades altamente especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Resiste pero se sabe caza mayor y espera el momento final de ser abatido, él agarrado a su aforamiento y condición presidencial para llegar al 27 de mayo y jugársela a una sola carta.
Manteniendo el tipo, quizás asistido por algún tipo de ayuda orgánica para la ocasión, compareció Valcárcel esta tarde, después de la reunión del Consejo de Gobierno en San Esteban, para decir ante los informadores obviedades y banalizar la gravedad política de su propia situación relativa tras las querellas del fiscal-jefe del TSJ, López Bernal, contra varios altos cargos de su gabinete a raíz de sus actuaciones administrativas en el famoso "caso de La Zerrichera".
Sus frases de "no tenemos notificación", "sólo es una denuncia", "respeto la acción de la Justicia", "estoy plenamente convencido y confío en la honorabilidad de todas estas personas", "ahora solo cabe esperar", "hay primero que conocer los fundamentos jurídicos de la querella", "debemos saber todavía el sentido de esa denuncia", "hay que ver si la imputación de unos delitos pudieran ser tales" o "el tiempo dejará a cada cual en su sitio", sólo son cortinas de humo para no decir lo que la ciudadanía esperaba y ganar tiempo para elaborar una estrategia de desinformación y confusión, algo que ya practicó cuando su hermano Carlos fue pillado "in fraganti" al ser claramente relacionado con la empresa-incógnita "Polaris World".
Más sincero, tras una honda preocupación reflejada en su ya muy castigado rostro, ha sido el portavoz, consejero de Presidencia y exjurídico militar, el velezano Fernando Cierva, al no ocultar en su rápida comparecencia pública de todos los viernes, una "preocupación responsable solidaria", reconocer "la preocupación del gabinete por la querella del fiscal", y confirmar que el ejecutivo regional emitirá un comunicado oficial de valoración "cuando acceda a las imputaciones, saber en base a qué pruebas, indicios y nivel de acreditación, así como los fundamentos jurídicos en que se sustenta todo esto".
En el consejo de gobierno todos miran ahora de mala gana al consejero de Territorio y Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, por haber firmado en su día el "nihil obstat", la aprobación definitiva, de La Zerrichera. Desde hace tiempo esperaban por eso lo de hoy, por su culpa. A partir del lunes se abre necesarimente una nueva dinámica en San Esteban, descontando la imputación de Bascuñana en cualquier momento, a la vez que se tratará de ganar tiempo para que todos estos asuntos de supuesta corrupción urbanística no estallen en vísperas del 27 de mayo.
Pero todavía faltan dos tracas gordas más: Lo Poyo y Novo Carthago. ¿Qué juez se arriesgaría ahora a darle la razón a los imputados? Parece que no sería muy buen precedente.
La diputada Rosique sabe que ha "mordido" bien el fiscal-jefe esta vez, respeta su decisión y ahora aprieta al revelar y recodar que "Bascuñana firmó la aprobación definitiva" para urbanizar y construir en La Zerrichera. Espera que, por presunto cohecho, caigan en las garras de López Bernal los íntimos amigos Joaquín y Trinitario (Casanova). No se olvida de Marqués y del alcalde de Águilas como cooperadores necesarios para el más que evidente "pelotazo" de 75 millones de euros.
Por eso la cartagenera dirige su ataque directamente a Valcárcel: no le cabe en la cabeza que el Presidente (y su hermano) sean ajenos a esta operación especulativa. "A él le corresponde dar todas las explicaciones urgentemente porque están implicadas varias consejerías", en una responsable sesión parlamentaria monográfica,a juicio de esta diputada socialista y antes de IU.
Pero Valcárcel, noqueado como un boxeador acabado, ni cesa a los imputados ni pide voluntariamente comparecer en la Asamblea Regional. Tiene miedo al revolcón de que se descubra que los funcionarios, ahora en este trance, recibieron presiones de altos cargos políticos, tal como hacen parecer todos los indicios.Va a jugar a la desinformación y a tratar de hacer expiar sus culpas en cuerpo ideológico ajeno, hasta que el electorado no distinga entre políticos corruptos y políticos contra la insidia, la calumnia y el delito económico.
Rosique pone a Trinitario por testigo al recoger sus palabras de cuando públicamente llamó "débil y cobarde" a Valcárcel por no cumplir su palabra. ¿Qué palabra y para qué? También le interesa saber si el actual consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, mantiene o no en su cargo al "maldito" Alvarado. Parece que sí, y por mucho tiempo.
Con todo, la Oposición no quiere que Valcárcel políticamente se le escape en este primer envite de la Justicia, "por su responsabilidad máxima", y lo sitúa en el centro de tan enorme despropósito pidiéndole su comparecencia y que cese a quienes el fiscal jefe ha imputado ya. "A él le corresponde dar todas las explicaciones sobre algo que ya negó en sede parlamentaria y debe pedir él venir a la Asamblea antes de que lo tengamos que solicitar nosotros", soltó ayer la diputada Rosique
Estamos hablando, no de un solo presunto delito, sino de probables prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. Sin duda, todo esto obliga a Valcárcel a dar explicaciones convincentes pero que chocan con esa estrategia de desinformación que él cree que lo va a salvar de salir en todos los telediarios.
Desde la Oposición se piensa que la responsabilidad política es de los que están por encima porque eran conscientes de lo que se estaba haciendo. "Hacían el trabajo sucio al gobierno de Valcárcel", ha dicho Teresa Rosique sin más rodeos.
El fiscal-jefe no descarta ampliar el número de querellados y delitos en el "caso de La Zerrichera"
El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), Manuel López Bernal, declaró esta tarde que, aunque la querella presentada en Lorca por el "caso de La Zerrichera" se dirige contra tres altos cargos de la Comunidad Autónoma y otras cuatro personas, no descarta que esta cifra pueda verse ampliada a terceros en los próximos días.
López Bernal asegura que la querella se dirige inicialmente contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz.
También figuran como querellados el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; el ex concejal del PP, José López, y el funcionario de la Consejería de Medio Ambiente que emitió un informe sobre la evaluación de repercusiones de la recalificación de La Zerrichera, cuya identidad no ha sido facilitada.
López Bernal aclaró que son siete los imputados, pero "hay un error, y uno de ellos, el funcionario de Calidad Ambiental, figura dentro de la querella pero no formalmente como querellado", pero se va a resolver.
De igual forma, señaló que aunque no llamara a declarar al ex-consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, el juzgado lo podría hacer, pero, aclaró luego que "el juzgado tendría que proponer al TSJ que lo llamara, ya que en aquel momento era aforado porque era consejero". También se ha descartado, de momento, querellarse contra el intermediario que consiguió, primero recalificar ese terreno rústico, y luego venderlo con una plusvalía desorbitada, Trinitario Casanova Abadía, actual editor de los impresos informativos "El Faro", "El Faro de Cartagena" y "Crónica de Sureste".
En principio, el máximo representante territorial del Ministerio Público considera que los hechos que ha investigado personalmente a lo largo de los últimos meses, pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
No obstante, no descarta López Bernal que, en el transcurso de la instrucción de la causa, si el juzgado al que le corresponda por reparto admite la querella, puedan aparecer indicios de la posible comisión de otros delitos, entre los que figuraría el mucho más grave de cohecho al tener pena directa de cárcel.
En el escrito de querella, entregado ayer tarde en mano por López Bernal en el decanato de los Juzgados de Lorca, se pide al juez que llame a declarar a las siete personas contra las que se dirige su escrito y se practiquen otras diligencias.
El fiscal-jefe no ha querido revelar cuáles son estas nuevas diligencias, "para no perturbar la investigación ni malograr las actuaciones en marcha".
Será ahora el juez al que le corresponda por reparto, el que deba pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la querella y, en su caso, resolver sobre las peticiones hechas por la Fiscalía.
La Zerrichera es un proyecto urbanístico del grupo inmobiliario "Hispania", que pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en dicha finca, con una superficie de 250 hectáreas, ubicada en el noroeste de Águilas y parte de la cual cuenta con una especial protección de LIZ y ZEPA de la Unión Europea.
Al conocer la noticia de la querella por los medios informativos, el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, convocó a su equipo de gobierno para esta misma tarde al objeto de "adoptar las medidas que consideren oportunas", según un portavoz oficial de la alcaldía.-(NEM, EFE y Europa Press)
(En la fotografía captada por el reportero murciano Joaquín Clares, el consejero Bascuñana comparte merienda con su amigo Trinitario Casanova durante una corrida de toros de la Feria de Septiembre, en Murcia, bajo la atenta mirada de Juan Antonio Campillo, subdirector general de "Caja Murcia")
Juan Ramírez se enteró oficiosamente anoche de la decisión de la Fiscalía de querellarse contra él
El alcalde de Águilas, Juan Ramírez, del PP, se enteró oficiosamente anoche por los periodistas de que el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, había presentado por la tarde en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación contra él debido al caso La Zerrichera, según ha confirmado diversas fuentes del Ayuntamiento de Águilas. Medios de la oposición municipal también tuvieron conocimiento del hecho poco después de presentarse al reparto de los juzgados lorquinos la querella criminal de los fiscales.
Tras conocer la noticia anoche, Ramírez convocó hoy a su equipo de gobierno a una reunión vespertina extraordinaria "para valorar la situación", añadieron las mismas fuentes, que no precisaron la hora a la que se celebrará pero sí que el alcalde no había recibido todavía "ninguna documentación oficial" relativa a la querella.
Según lo previsto por el consistorio, después de esa anunciada reunión, a última hora de esta tarde se trasladará a la opinión pública una valoración de las repercusiones de la querella sobre la figura del alcalde, aunque esas fuentes del Ayuntamiento no han precisado si Ramírez comparecerá personalmente ante los periodistas o si lo hará algún miembro de su equipo de gobierno.
El fiscal jefe, Manuel López Bernal, ha presentado una querella, por presunta prevaricación por el caso de La Zerrichera, contra el alcalde de Águilas; otro ex edil de este ayuntamiento; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; y el subdirector general de Vivienda, Antonio Navarro.
El PSRM-PSOE ha pedido ya hoy el cese de todos los altos cargos políticos implicados y también el del consejero directamente afectado por la decisión de la Fiscalía, Joaquín Bascuñana, mientras el PP no ha confirmado todavía si Juan Ramírez encabezará finalmente su candidatura a la alcaldía para intentar un tercer mandato al frente del ayuntamiento aguileño.
Precisamente el presidente del comité regional electoral del PP y concejal del ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, ha declarado esta tarde al respecto desde Burdeos a preguntas de la Cadena SER en relación con el particular, que "nadie podía imaginar esto.Es una cuestión a tratar a mi vuelta a Murcia.Yo no tengo nada que objetar a lo que decidan los tribunales y, por tanto, no soy la persona más adecuada para pronunciarme en este momento".
El PSOE de Cartagena invita con esquelas a enterrar "la política llevada a cabo por el PP"
El Partido Socialista de Cartagena va a iniciar la próxima semana una campaña publicitaria, de cara a las próximas elecciones del mes de mayo, en la que incluyen una esquela en la que se puede leer "Doña Política Autoritaria de Cartagena. D.E.P." y que termina con un "¡Adiós PP!".
En tono humorístico, el PSOE "ruega una oración por el alma" de cada forma de gobernar que fallece, e invita a un brindis "por la más posible derrota electoral del PP".
En un comunicado de prensa, el PSOE de Cartagena explica que se trata de la segunda fase de la campaña diseñada por la oficina del candidato Segado, y añade que las esquelas aparecerán en prensa escrita "representando la muerte de todos aquellos conceptos que definen la política llevada a cabo por el PP, para dar paso a una nueva forma de entender la vida pública y de gobernar".
La nota de prensa informa de que las esquelas expresan la muerte de la falta de participación; de la política autoritaria, del urbanismo incontrolado, de los barrios y las diputaciones olvidados, del desastre ecológico, de la juventud olvidada y de la desigualdad social.
"La muerte de estos conceptos implica el adiós al Partido Popular, por eso las esquelas terminan con un 'adiós, PP'", añade.
Dentro de la campaña, acompañan a estas esquelas unas pegatinas y unas chapas en las que el "Adiós, PP" se convierte en "Adiós, Pilar", en referencia a la alcaldesa, Pilar Barreiro.
Por otro lado, la segunda fase de la campaña del PSOE también incluye otros elementos gráficos que se colocarán por la ciudad, con el lema "Tenemos algo en común: Ignacio Segado", y en los que ya aparece la imagen real del candidato.- (EFE)
Viudes recula sobre El Gorguel por cautela ante la proximidad de elecciones municipales en La Unión
El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, manifestó ayer que esperará hasta después de las próximas elecciones municipales para vencer la resistencia del Ayuntamiento de La Unión, actualmente regido por el socialista Manuel Sanes, al proyecto de la dársena de El Gorguel.
“Entendemos que habrá una corporación, de un color o de otro, y con ésta es con la que queremos tratar”, afirmó Viudes, antes de apuntar: “Nos parece que esa Corporación nueva no se podría sentir cómoda si ahora, de alguna manera, se da un paso que pueda condicionar su posición futura”.
Viudes, tras asegurar que la Autoridad Portuaria “no pretende presionar al Ayuntamiento de la Unión”, dijo que “si mañana llamara el alcalde”, acudiría “a debatir con quien él quiera” sobre el proyecto.
Éste contempla la construcción de una gran dársena, que en su primera fase contaría con una superficie de 140 hectáreas y dispondría de tres muelles. El montante global, avalado por el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, y que no será operativo hasta 2015, asciende a 1.000 millones de euros, que Viudes pretende que sean cofinanciados en un 40% por un socio privado.
En cualquier caso, Viudes aseguró que la situación de la futura dársena es inamovible por “tres condicionantes clave”. En primer lugar, según apuntó, por “la desprotección del suelo marino y ésta se da en la zona de El Gorguel y en la de las Algamecas”. En segundo lugar, en atención a razones técnicas, ya que “si bien es técnicamente posible” trabajar a profundidades mayores de 50 metros –como sucede en el entorno de El Gorguel– “no lo es en términos de rentabilidad económico financiera”.
Por último, el presidente de la Autoridad Portuaria señaló que la ubicación elegida para la nueva dársena obedece a la comunicación terrestre, “tanto para el ferrocarril y la carretera hasta la misma terminal” de contenedores, “cuanto para contar con una zona de dos millones de metros cuadrados sin ningún problema para su calificación” como suelo industrial. Como consecuencia, Viudes aseguró sobre la dársena de contenedores: “No es posible traerla hacia aquí”.
En cuanto al concurso internacional convocado “para estudiar la viabilidad operativa y las rentabilidades económicas y sociales de la terminal de contenedores”, según indicó Viudes, será resuelto en la próxima reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que tendrá lugar en marzo. A partir de ahí, la consultora adjudicataria tendrá ocho meses de trabajo.
Además del Ayuntamiento y los colectivos vecinales de la Unión, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca (FAVCAC) se ha posicionado contra la dársena de El Gorguel. En este sentido, colectivos ecologistas –liderados por ANSE– y representantes de IU mantuvieron el martes una reunión con la asociación vecinal de Alumbres, según su presidente, Fulgencio Andreu, para “definir futuras actuaciones conjuntas”.
www.elfarodecartagena.com
jueves, 22 de febrero de 2007
Camps sostiene el menor desarrollo urbanístico de los litorales valenciano y murciano
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, denunció ayer que la delegación de eurodiputados que visitará distintas localidades valencianas para evaluar la política urbanística es "pura y estrictamente partidista" y supone una "intromisión" en el "debate electoral" previo a los comicios autonómicos del 27 de mayo.
Camps señaló en Bruselas, donde transmitió "la inquietud que nos produce ver cómo hay eurodiputados que con dinero público van a nuestro país a entrometerse en el debate estrictamente electoral".
El Parlamento Europeo autorizó recientemente que una delegación de eurodiputados viaje entre el 28 de febrero y el 3 de marzo a doce localidades de la Comunidad Valenciana (algunas de la Vega Baja), así como a la Comunidad de Madrid y Almería, para ver sobre el terreno la actividad urbanística que ha provocado numerosas denuncias de particulares ante la Eurocámara.
Sin embargo, Camps señaló que "todos somos conscientes en el Parlamento Europeo y en toda España de que se trata de una visita partidaria que pretende distorsionar el legítimo debate electoral en nuestro país".
Afirmó que los eurodiputados que viajarán "proceden casi todos de partidos socialistas o coaligados, y van a Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, y lo hacen porque lo que pretenden es exclusivamente ayudar a sus correligionarios en nuestro país".
Por tanto, dijo estar "completamente convencido" de algo que también "saben" los "propios eurodiputados": que "no llevan una tarjeta de presentación europea, sino de presentación pura y estrictamente partidista".
Recordó que será la tercera ocasión en la que eurodiputados visitan la Comunidad con el mismo propósito y recordó que en las ocasiones anteriores "se les ha explicado una y otra vez cuál es la realidad en estas cuestiones".
Como ejemplo citó que "Murcia y la Comunidad tienen los litorales menos desarrollados urbanísticamente de toda España" y que "nuestras respectivas comunidades autónomas son las que más territorio tienen protegido". También que "la legislación de la Comunidad Valenciana, de Madrid o de Murcia es exactamente igual a la que tienen la inmensa mayoría de las comunidades autónomas".
Lamentó sin embargo que "esto no ha servido" e insistió en que "se trata de una visita estrictamente partidaria". Aseguró que desde el Consell "no solo criticaremos, sino que pondremos en cuestión una tarea (de la delegación del Parlamento Europeo) que no busca la verdad, sino otro tipo de cuestiones".
La política urbanística de la Comunidad Valenciana no sólo es objeto de investigación por parte de la Comisión Europea -que declaró ilegal tanto la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) como algunos aspectos de su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV)--. La Eurocámara emitió, en diciembre de 2005, un duro informe contra esta política en Valencia.
En este sentido, Camps deseó que la nueva presidencia de la Eurocámara -en manos ahora del democristiano Poettering en sustitución del socialista español Josep Borrell- suponga también cambios por lo que respecta a este aspecto. "Me gustaría que esto fuese así", dijo, y añadió que "el Parlamento posiblemente merece otro tipo de actividades".
Medio Ambiente nos remite al Mediterráneo para tener agua potable y Del Toro propone alternativas
El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, resaltó el miércoles en Zaragoza que las comunidades del Levante siempre tendrán el mar, «una fuente de recursos infinita», frente al interior del país, cuyo desarrollo dependerá únicamente del agua de los ríos y acuíferos.
Recordó que todos los presidentes autonómicos plantean unos estatutos en los que se pone de manifiesto «una gran preocupación por el agua presente y futura», e insistió en que a su juicio actúan «de buena fe», con coherencia y con honestidad, porque «han de mantener el desarrollo» en su Comunidad.
No obstante, hizo hincapié en que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación, porque en el Levante tienen el mar, «una fuente de recursos infinita». «El gran drama de Valencia y de Murcia es no disponer de agua», dijo Palop (en la imagen superior), quien reiteró que «tienen el mar al lado y una tecnología que abarata cada vez más el procedimiento».
Concluyó con que en este país no sobra el agua, y por ello insistió en que hay que mimarla y cuidarla, y se debe aprender a usar como un recurso escaso.
Por su parte, el presidente de la patronal murciana CROEM, Miguel del Toro, exigió ayer en la Asamblea Regional un acuerdo entre las tres fuerzas con representación en la Cámara --PP, PSOE e IU-- en defensa de "una solución complementaria" a la escasez de agua, a partir del uso de la desalación para "restar presión" al consumo urbano, turístico e industrial y "una política de trasvases desde cuencas excedentarias" para surtir a la agricultura.
Del Toro, que compareció ante la Comisión del Pacto del Agua, aseguró que quería "felicitar" al PSOE por su empeño en poner cuanto antes en marcha las medidas del Programa AGUA para conseguir recursos de la desalación, pero les advirtió que "pensar en la desalación masiva como solución para abastecer a la agricultura, con agua a 100 pesetas el metro cúbico, es un dislate".
Para Del Toro (en la imagen inferior), no es admisible que "en otras comunidades vecinas se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas para negarle a la Región de Murcia el agua que a ellos les sobra y que aquí los partidos se encuentren divididos".
Echó de menos los tiempos en que existía la unión, "con el Plan Borrell de 1994 y el pacto al que dio lugar" y llamó a los partidos a recuperarla con la vista puesta en un problema de escasez que "hace perder puestos de trabajo y cosechas en la agricultura, que va camino de arruinarse; ocasiona pérdidas de inversión en la industria y, además, produce un descrédito en cuanto a la imagen de la Región de Murcia en el exterior".
Por su parte, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, afirmó que su partido estaría “encantadísimo” de conseguir un pacto por el agua, tal y como lo solicitaron en la Asamblea Regional el martes los empresarios y agricultores de la Región.
El problema –subrayó– es que el PP “no quiere agua sino estar en bronca continua como mera materia electoral”.
Jara señaló que hay que elaborar un pacto sobre soluciones, propuestas y defensa a ultranza del trasvase Tajo-Segura “y no sobre manipulación”.
El portavoz socialista señaló que el Partido Popular no quiere llevar a cabo nada que no sea el trasvase del Ebro, “y si hay que esperar a ésto, lo llevamos claro”.
Destacó que el Gobierno de la Nación ha invertido en desalación, modernización, desaladoras, “y ellos –el PP– sólo quieren broncas”.
Martínez Baños destapa la crisis estratégica de la industria murciana por abandonismo del gobierno regional
El secretario de Industria de la ejecutiva regional del PSRM-PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha valorado positivamente la futura constitución de la sociedad pública para la gestión del suelo industrial, aunque reprochó al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, que se «acuerde de que hace falta suelo industrial asequible tres meses antes de las elecciones».
En un comunicado, Martínez Baños afirmó que el PP «lleva muchos años sin tomar suficientes medidas para evitar la especulación con el suelo industrial», y le recordó al consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, que el sector industrial «tiene otros problemas por la falta de competitividad, a consecuencia de la baja productividad y al diferencial del IPC con respecto al conjunto de España».
Según Martínez Baños, la «falta de una política activa del Gobierno regional ha provocado que el sector industrial no haya modernizado suficientemente su sistema productivo, y que en la Región no se hayan asentado empresas de alto contenido tecnológico».
El dirigente socialista añadió que su partido impulsará un «Plan de Desarrollo Industrial» con el objetivo de corregir «en pocos años los problemas estructurales del sector, y recuperar el peso de la industria en el conjunto de la economía regional y en la creación de empleo de calidad».
La empresa familiar (el 85% en la Región de Murcia) debe atraer más que traer talento
El socio responsable de la unidad de empresa familiar de "PricewaterhouseCoopers", José Félix Gálvez, dijo ayer en Murcia que la empresa familiar bien organizada es capaz de lo mejor, "y posiblemente sea imbatible en sus mercados, pero también es capaz de lo peor si no está coordinada y no hay interés común. En esos momentos pierde casi todo su sentido".
Gálvez, hizo estas declaraciones antes de pronunciar la conferencia inaugural del II congreso Regional de la Empresa Familiar que se celebra en el Auditorio, e indicó que "la fuerza que da una familia unida y bien coordinada, alrededor de un negocio, es imparable".En la Región de Murcia el 85% de las empresas son familiares y crean las dos terceras partes del empleo privado, caso del "El Pozo", cuyo presidente, Tomás Fuertes, aparece en la imagen.
Afirmó Gálvez que una empresa familiar que no está suficientemente bien organizada va a tener muchos problemas para traer talento externo "porque si no eres capaz de mostrar a cualquier directivo externo que las reglas del juego son claras, que hay un modelo de organización, de sucesión y de liderazgo, pues ese directivo tendrá un entorno cuanto menos peligroso y discutible".
Al respecto, agregó que "se debe uno organizar para atraer el talento, mas que traer el talento para ver que pasa".
Por otro lado, comentó la necesidad de emplear la técnica "poda del árbol" para la supervivencia de la empresa, es decir, "es imprescindible que se produzca una depuración accionarial, y hay que hacerlo de forma organizada y sistemática con unas reglas de juego previas que permitan que eso se haga sin que los cuchillos salgan a relucir".
El cambio generacional es uno de los mayores retos de la empresa familiar para este experto, que señala que los objetivos que tienen que tener en cuenta estas sociedades en el siglo XXI son la innovación, la internacionalización, la globalización y el acceso al mercado de capitales.
Apuntó además el desarrollo de fórmulas más profesionales de gestión" para competir con el resto de sociedades.
Explicó también que no existen recetas para este tipo de empresas, sino que cada una requiere de medidas diferenciadas, ya que cada familia tiene que encontrar su propio equilibrio y tiene que ser capaz de estructurar y coordinar los intereses empresariales con los familiares, "y en el fondo ese es el secreto del éxito de las que son empresas familiares y longevas que son muy competitivas".
Gálvez destacó como los retos más importantes de la empresa familiar; el cambio generacional y la profesionalización.
Gálvez indicó que “hay muchas compañías que van a acometer un cambio generacional en la propiedad y en el liderazgo de las empresas, por lo que se recomienda gestionarlo bien, ya que es el principal factor de mortalidad”.
Respecto a la profesionalización, Gálvez explicó que “las empresas familiares tienen que llevar a cabo un proceso de profesionalización que tienda a una transparencia y a una organización de la administración bien estructuradas”.
Gálvez resaltó como otros retos; “la innovación, la internacionalización, el capital humano,la responsabilidad social corporativa y el buen gobierno, una de las asignaturas pendientes para las empresas familiares españolas”.
Denuncian al alcalde socialista de Lorca por manirroto con el dinero público
El líder regional de IU, José Antonio Pujante, ha arremetido contra el alcalde socialista de Lorca, Leoncio Collado (en la imagen), por la campaña publicitaria "Lorca se mueve", calificada de maniobra de propaganda electoralista, en un intento de ensalzar los inexistentes logros del actual equipo de gobierno.
Hasta el presidente local del PP, Francisco Jódar, ha dicho que esta campaña es «vergonzosa y escandalosa» y «una auténtica maniobra de propaganda electoral pagada con dinero de todos los lorquinos, en lugar de ser pagada, como debiera, con el dinero de un partido político». Censuró que el alcalde «siga utilizando el dinero público para financiar su campaña de promoción personal». Sostiene que este comportamiento es «despilfarrador» y ya fue advertido cuando Collado sólo era concejal de Turismo.
El presidente lorquino del PP revela que «este nuevo escándalo se suma a otros anteriores como la publicación, en diciembre, del último número de la revista municipal 'Gaceta de Lorca' que, en 30 páginas, contiene 37 fotografías del alcalde.
Jódar opina que la campaña "Lorca se mueve" es «la más vergonzosa manifestación del uso de lo público en beneficio privado» y acusa a Collado de «despilfarrar en su campaña personal el dinero que con tanto sacrificio pagan los lorquinos para satisfacer los impuestos municipales».
El líder regional y actual portavoz de IU en el Ayuntamiento, José Antonio Pujante, ha insistido, en que es «manifiestamente ilegal al contravenir diversas instrucciones de la Junta Electoral Central». En un comunicado, Pujante explica que su partido trasladará esta semana una consulta sobre esta «campaña electoralista» a la Junta Electoral Central, en Madrid, «al objeto de que la máxima autoridad electoral del país se pronuncie sobre la legalidad de una bufonada pagada con dinero público y cuyo tufo electoralista es indisimulable».
La citada campaña, a su juicio, «es un fraude y, desde el punto de vista del márketing electoral, absolutamente infructuosa, torpe y contraria a los fines que se supone pretende conseguir», para añadir Pujante que «nunca un político había tardado tan poco tiempo en asentar de modo tan merecido una fama de manos rotas con el dinero público».
El ladrillo está matando nuestro futuro, según un alto cargo de la Unión Europea
El director de Plataformas Tecnológicas de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea (CE), Angel Landabaso, advirtió en Murcia que «el ladrillo está matando el futuro de España», por lo que consideró que «hay que equilibrarlo».
Ello significa, a su juicio, «que no se cree en los recursos humanos y en el potencial que tenemos, por lo que quien no cree en el futuro cree en el ladrillo».
Landabaso, que ha estado en Murcia con motivo de la presentación del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, en la sede del Cebas-CSIC, explicó que «la I+D es una actividad de riesgo empresarial, porque nace de ideas y para desarrollarla de manera que tenga un efecto económico hace falta aportar recursos».
Según Landabaso, «estos recursos se suelen llamar capital-riesgo, y su rentabilidad en los últimos años en Europa es inferior a la rentabilidad del capital riesgo en Estados Unidos».
El fiscal anticorrupción de Murcia se estrena pidiendo más dureza a los tribunales de justicia
Juan Pablo Lozano se encargará de los delitos urbanísticos y José Luis Díaz Manzanera de la protección del medio ambiente
La reestructuración forzosa, y ahora acelerada, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tras la dimisión del antiguo delegado de la Fiscalía Anticorrupción, José María Alcázar, parece ir tomando cuerpo de forma progresiva y rápida. Según fuentes próximas a la Fiscalía, el encargado de investigar los delitos relacionados con la corrupción urbanística será Juan Pablo Lozano, fiscal especializado en urbanismo y con fama de ser muy profesional, escrupuloso y serio.
De hecho, Lozano ya se ha hecho cargo de varias de las investigaciones abiertas en la Región, como es el caso de la denuncia contra el alcalde de San Javier por un presunto trato de favor al empresario Santiago Martínez Esparza en la cesión de los terrenos para la construcción del Hospital del Mar Menor.
El martes, Lozano estrenó su cargo de forma oficiosa en el I Congreso italo-español sobre Derecho Patrimonial que se celebra en nuestra ciudad. Allí, el que será de forma inminente responsable de la lucha contra la corrupción en nuestra región, exigió más dureza a los tribunales de Justicia a la hora de enjuiciar los delitos urbanísticos y calificó como "permisiva" la actitud de algunas audiencias provinciales, en clara alusión preventiva a la nuestra.En cambio,destacó la "contundencia" con que el Tribunal Supremo se pronuncia en los últimos años en los delitos relativos a la ordenación del territorio.
Lozano señaló que estas figuras delictivas se incorporaron al Código Penal de 1995 al considerar el legislador que esta vía podría ser más eficaz que el Derecho Administrativo en la lucha contra estos delitos, "al conllevar, entre otras, la posibilidad de verse sentado en un banquillo y de ser condenado a penas de prisión".
El fiscal de delitos urbanísticos, en lo que parece un claro aviso a políticos ya imputados, reclama mano dura a los jueces en materia de urbanismo y asegura que los políticos pueden prevaricar aunque los técnicos no les adviertan de que están obrando ilegalmente. Explicó las dificultades prácticas que deben afrontar los fiscales a la hora de investigar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio.
Este fiscal, que desde hace semanas también viene ejerciendo como fiscal Anticorrupción en funciones, tras la dimisión de José María Alcázaz, señaló,durante su intervención en este I Congreso Italoespañol sobre Derecho Patrimonial -organizado por la Universidad de Murcia y la Universidad Roma-, que «hay jueces más proclives que otros y más sensibles a estos asuntos».
Lozano explicó exhaustivamente durante su intervención la figura de la prevaricación urbanística. En este sentido el conferenciante reiteró que gobernantes y políticos pueden incurrir en delito cuando adopten resoluciones injustas a sabiendas, «aunque previamente no hayan sido advertidos de ilegalidad por los técnicos municipales». De esta forma daba a entender la doctrina en que basará sus futuras y muy cercanas actuaciones respecto a las denuncias presentadas en la Fiscalía en estos temas y todavía pendientes de cerrar.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción también se mueve en la frontera del derecho medioambiental. Así, junto a Lozano y al propio fiscal jefe, Manuel López Bernal (en la fotografía superior), se creará en nuestro TSJ la figura del fiscal encargado de perseguir delitos contra el medio ambiente. Esta plaza, que tampoco es oficial de momento, será ocupada por José Luis Díaz Manzanera, en la foto inferior.
Díaz Manzanera niega que exista politización en el ámbito judicial a propósito de las denuncias por presunta corrupción urbanística. Apunta que la Fiscalía ejerce «un filtro importante» sobre los casos que le llegan, de tal forma que aquellos que finalmente terminan en una denuncia firme ante los tribunales «acaban casi siempre en juicio». Finalmente dice que las denuncia de tipo urbanístico que alcanzan el ámbito penal se corresponden casi siempre con los casos más graves.
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