lunes, 11 de diciembre de 2006

Los promotores de la costa se quejan del "acoso" político y mediático


Los promotores de residenciales turísticos se sienten acosados por la prensa y por las nuevas medidas urbanísticas de las distintas Administraciones. El sector reclama apoyo y rechaza que la corrupción, la especulación o las 'irresponsabilidades medioambientales' sean prácticas generalizadas. La denuncia la realizó ayer en Málaga la asociación de promotores Live in Spain. Su presidente, Manuel Gandarias, reclamó que 'se deje de acosar al sector desde la Administración y desde una parte del universo mediático', ya que se 'deteriora la marca España' y se 'hace mella' en los mercados de origen, principalmente en el británico y alemán, que se reorientan hacia otros destinos emergentes.

A su entender, los casos de corrupción o de urbanismo salvaje son 'tan excepcionales como en cualquier otra actividad económica en la que se acuda al fraude como mecanismo para aumentar rentabilidades'.

El presidente de Live in Spain asegura que las empresas inmobiliarias habían apostado por un turismo sostenible de baja densidad y debido a la situación actual 'se están teniendo que ir fuera'. Según sus cálculos, para que España se convierta en un destino de golf hace falta construir un millar de campos, objetivo que Gandarias dudó que pueda lograrse con las nuevas normativas. En su opinión, el golf podía haber sido 'la base para un nuevo modelo de turismo' que contribuyese a reforzar el turismo interior. Los promotores demandan 'el mismo apoyo público, institucional y mediático' que tiene el turismo para el sector residencial, ante la competencia de otros países.

En un escenario de desaceleración, la edificación residencial se reduciría en un tercio hasta 450.000 viviendas anuales, y el turismo residencial pasaría a ocupar una tercera parte de la demanda inmobiliaria española, con lo que serviría de 'amortiguador' a la caída de la demanda de interior, indicó.

Manuel Gandarias participó ayer en Málaga en la presentación de un estudio que denuncia que la normativa tributaria española discrimina la inversión residencial de los no residentes frente a la tributación de los residentes.

Una asociación de referencia con
40 firmas

Live is Spain, considerado el principal referente del turismo residencial en España, agrupa a unas 40 empresas promotoras, inmobiliarias y constructoras. En este club militan compañías de la talla de Acciona, Fadesa, Reyal, Prasa, Polaris, Urbis, Grupo Pinar o Bancaja. Esta asociación calcula que la inversión en residencias turísticas crecerá un 65% en cuatro años en España, principalmente impulsada por clientes europeos. Si se cumple este pronóstico, los 25.000 millones de euros invertidos el pasado año, cuando la demanda fue de 116.700 viviendas, se convertirá a la altura de 2010 en una inversión que superará los 41.000 millones de euros y una demanda de más de 150.000 residencias.

(En la ilustración, chalets individuales en una urbanización de "Polaris World" en Torre Pacheco).

www.cincodias.es

¿Qué ha pasado en Pilar de la Horadada?


El trasfondo de la moción de censura, que hoy ha prosperado finalmente en el curso del pleno municipal extraordinario del colindante ayuntamiento alicantino de Pilar de la Horadada, hunde sus raíces en la vecina Región de Murcia y, más concretamente, en La Unión, Murcia y Cartagena. La radical posición en contra de un inminente macroproyecto urbanístico por parte de la dirección regional socialista terminó por condicionar casi a la fuerza el anterior criterio, decididamente a favor, del alcalde ahora saliente, Ignacio Ramos (arriba en la foto), renuente desde siempre a acatar las directrices de su partido en materia urbanística, hasta no asistir a ninguna reunión convocada al efecto por la ejecutiva regional del PSPV.

Los relevantes hombres de negocios y conocidos especuladores murcianos Alfonso García, Mariano Roca Meroño y Luis del Rivero, presidente de “Sacyr-Vallehermoso”, parecían aguardar tras la cortina a un nuevo consistorio más maleable, para sus particulares intereses de urbanizar 2.600.000 m2 de terreno rústico plantado de cítricos y regados con agua de pozos propios traída desde “El Chopillo”, en Moratalla, por el río Segura y los canales secundarios del trasvase del Tajo. La imaginación popular habla de sobornos millonarios entre quienes han aceptado vender su voluntad y hasta cree ver en la operación al antiguo usurero oriolano, Agustín Pérez Espinosa, hoy en la órbita de “Cajamurcia” al cobrar un sueldo vitalicio.

El PAI (Plan de Actuación Urbanística “Lo Romero”), en la parte suroeste del término municipal, lindando con San Pedro del Pinatar, ha sido la manzana de la discordia para acabar de un tajo con el tercer mandato consecutivo de mayoría absoluta del alcalde socialista, el almeriense Ignacio Ramos, a manos de los seis concejales del PP, con José Fidel Ros al frente y nuevo alcalde, dos tránsfugas del PSOE y un concejal independiente, aduciendo su mala gestión. Otros siete concejales socialistas han votado en contra mientras un segundo independiente se ha abstenido. El censurado aduce como intención oculta, los intereses particulares de sus censuradores.

Aunque la nueva mayoría niega el verdadero trasfondo urbanístico de esta crisis político-institucional y sus portavoces declaran que esta misma semana el PAI “Lo Romero” quedará sobre la mesa en otro pleno y a expensas de la nueva ley estatal del suelo hasta después de las próximas elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, el PSPV-PSOE se mantiene alerta para denunciar cualquier maniobra extraña ante el fiscal anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante, Felipe Briones, e impedir así la tramitación legalmente dudosa de entre 5.200-5.500 viviendas, más un campo de golf, muy cerca del norte del Mar Menor y a un paso del aeropuerto de San Javier.

Los terrenos a recalificar, dentro del ámbito hídrico de la Cuenca del Segura, están por encima de la cota 120 y no tienen derecho a riego con aguas del trasvase Tajo-Segura como sí sucede, en cambio, en otras 110.000 hectáreas de las provincias de Murcia y Alicante. La Vega Baja encierra unas 25.000 hectáreas de terreno agrícola con ese derecho e igualmente pendientes de una auditoria del Ministerio de Medio Ambiente para saber el verdadero uso actual de las aguas públicas. Desde el año 2001, el cambio de uso en ese suelo agrícola concreto se ha incrementado en un 75% por mor de las muy cuestionadas leyes regionales del suelo de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, bajo gobiernos ambas del PP, y que han permitido planificar hasta el año 2030 por encima de un millón de nuevas viviendas.

Sólo en los 45 municipios de la provincia murciana se habían firmado, hasta el pasado 31 de diciembre de 2005, un total de 286 convenios urbanísticos sobre suelo rústico y al margen de los vigentes planes generales de ordenación urbana. Pero ningún responsable municipal corrupto o sus corruptores se encuentran todavía en prisión provisional tal como ocurre ya en las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Canarias.

Tras las próximas elecciones municipales/autonómicas y las nuevas leyes de Bases de Régimen Local y de las Haciendas Locales, el Gobierno espera hacer casi imposible esta proliferación de corrupción urbanística generalizada en ambas comunidades autónomas con independencia del signo de los gobiernos municipales. No es ningún secreto que esa corrupción salvaje obedece a que constructores y promotores inmobiliarios han pagado comisiones millonarias a políticos y funcionarios para asegurarse un trato de favor.

Un régimen de incompatibilidades muy severo, una mayor transparencia sobre permutas y convenios, así como un registro público de concejales tránsfugas en el Ministerio de Administraciones Públicas, serán la antesala para reforzar las competencias municipales y que se correspondan con su financiación en un proceso que debe hacer aumentar la participación ciudadana en la gestión local al tiempo que se establecen claramente las funciones del gobierno y pleno municipal.

Sin embargo, las nuevas competencias de los ayuntamientos no se podrán ejercer mientras no dispongan de la financiación adecuada y las comunidades autónomas se comprometan con el Gobierno del Estado a presentar proyectos regionales de ley para redefinir convenientemente esas competencias y su financiación, conforme a la reforma que se espera en 2007 de la Ley de Haciendas Locales vigente desde el año 2003 tras la ya prevista de la Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.

El "efecto manada"


CARTAS AL BLOG

Yo soy (o más bien era) un potencial comprador de piso en los futuros meses y quería compartir algunas reflexiones personales sobre el estado de los precios y que nos depara el mañana.

Viendo la cantidad de datos económicos existentes (incremento de intereses, aumento del endeudamiento de los españoles en los últimos años situado en máximos históricos y peligrosos, el hecho de que se han invertido las tornas y la oferta superara la demanda, (ya se está notado en el aumento de plazos medios de venta)

Parece claro y así parecen compartirlo muchos informes de economistas, bancos, constructoras, … que la desaceleración de los precios es un hecho y que irá a más en los próximos años.

Sin embargo por lo que he visto en estos informes no tienen en cuenta un factor que puede llegar a ser muy importante: la no linealidad de cualquier sistema económico de compra/venta.

Es importante llamar la atención sobre esta cuestión que parece no tenerse en cuenta en los típicos informes que sólo tienen en cuenta los efectos lineales y en los que en base a la evolución de los datos de los últimos años y de los datos económicos actuales hacen estimaciones muy simplistas de la evolución futura, suponiendo continuidad y suavidad en la evolución de los precios.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo cualquier persona que esté o haya estado planteando en comprar una vivienda tiene muchos datos para dudar de si es un buen momento para hacer la compra (enfriamiento del mercado inmobiliario, desconfianza en las constructoras teniendo en cuenta las prácticas que muchas han llevado a cabo de especulación en los últimos años, noticias de otros países en los que ya ha empezado a bajar los precios, gran riesgo que supone al mortal de a pie hacer cargo a una hipoteca cuyo precio le hace endeudarse al límite, los intereses creciendo, …

¿Y han previsto los informes de los economistas las consecuencias que esta creciente desconfianza de los compradores tendría si se llega a dar el “efecto manada” en el sistema económico compra/venta de vivienda. La respuesta es NO.

El hecho es que este incremento de la desconfianza podría generalizarse y provocar la caída de precios, pasando rápidamente de la situación actual en la que los pisos siguen subiendo a una repentina caída de los precios. Hay que tener en cuenta que en cualquier sistema no lineal donde interactúan muchos elementos puede aparecer de repente grandes fluctuaciones. Hecho que parecen no haber tenido en cuenta en los informes que prevén una desaceleración moderada de precios. Para quien pueda estar interesado en el tema les recomiendo el artículo “Transmission of Information and Herd Behavior: An Application to Financial Markets” de los prestigiosos investigadores Victor Eguiluz y Martín G. Zimmerman1, publicado en una de las revistas de investigación más importantes. En él describen como en un sencillo sistema financiero el compartimiento de información por un conjunto de personas puede dar lugar a los que ellos llaman “efecto rebaño” con importantes y repentinos cambios de precios de venta. (podéis descargarlo gratuitamente http://www.imedea.uib.es/Nonlinear/research_topics/victor/Bolsa/bolsa.pdf )

La reflexión que os planteo es: ¿Qué pasará cuando sea cada vez más la gente la que empiece a dudar de si es un buen momento para comprar una vivienda? Puede no estar tan lejos el momento en que esa duda compartida tenga efectos devastadores en los precios de la vivienda, y se pase de la desaceleración moderada a una repentina bajada de precios.

Yo por si acaso, sería cauto y guardaría los ahorros para la entrada de un piso en algún fondo que te proporcione rentabilidad e intentaría ahorrar un poco más, así si los pisos que ahora están en venta te los encuentras dentro de un año más baratos no te tendrás que tirar de los pelos.

domingo, 10 de diciembre de 2006

Guía del entramado urbanístico en la Región de Murcia

El entramado urbanístico va creciendo, y llega un momento que comenzamos a enredarnos en un maremagnum de nombres, sociedades y enlaces que, a medida que vamos descubriendo, nos va asombrando cada vez más.

El "modus operandi" que se evidencia en este entramado urbanístico se repite en muchos casos:

Empresarios que compran terrenos de poco valor, rústicos generalmente, que pasan en un tiempo record a ser recalificados por gobiernos municipales, habitualmente del Partido Popular y Grupos Independientes de Municipios Turísticos. Firma de Convenios Urbanísticos a la carta, y a obrar vulnerando rotundamente las normas establecidas en la legislación de medio ambiente: zonas protegidas por diversas figuras normativas, ... Últimamente comienzan a segregar sus empresas ante la paralización de algunas obras. Otra característica es la diversidad de sociedades creadas en diferentes puntos de España.

Para facilitar la comprensión de este enredo que va a más, según avanzan las investigaciones oficiales y ciudadanas, Azogue.net comienza a confeccionar una Guía, actualizable permanentemente.

Y más aún, cuando diversos síntomas anuncian nuevos escándalos, con sus vínculos, conexiones, ... en los próximos meses.

(LAS NUEVAS INCORPORACIONES ESTARÁN EN VERDE)

CARTAGENA Y ÁGUILAS

ALEDO (Murcia)- NAVAS DEL MARQUÉS (Ávila)- ORIHUELA

MURCIA-ALHAMA-TORRE PACHECO

LOS ALCÁZARES

MAZARRÓN

MULA

SAN JAVIER

MOVIMIENTO CIUDADANO

ABOGADOS IMPLICADOS- RELACIÓN MARBELLA-MADRID-MURCIA


CARTAGENA Y ÁGUILAS

  • AGUSTÍN AGUIRRE IGUIÑIZ: Empresario vasco representante de la empresa Las Salinas Servicios Inmobiliarios I, II, III, IV, V y VI que adquirió en marzo 2004 las fincas de Lo Poyo. Y representante de las empresas Montemayor del Mar Menor I, II y III, S.L. (¡Cuantas representaciones!!!!!) Además este empresario está investigado por los juzgados por su presunta implicación en la trama Malaya de corrupción urbanística en Marbella.
  • ANDRÉS JOSÉ AYALA SANCHÉZ :Abogado urbanista y Diputado del PP en Madrid, que intervino presuntamente en las gestiones para la compraventa de Lo Poyo junto con Carlos Valcárcel (hermano del Presidente Ramón Luis Valcárcel). Es además muy amigo de Federico Trillo y trabajó en los 90 con Tomás Olivo (implicado en la operación Malaya. Fue abogado de la familia catalana Armegol (Ex-dueña de Lo Poyo)
  • BENITO MERCADER: Consejero de Medio Ambiente, que le faltan 7 o más materias para ser licenciado en Derecho, contrariamente a lo anunciado a los medios de comunicación, e íntimo amigo de uno de los concejales de Urbanismo de Totana.
  • CARLOS ETXEPARE : Presidente de la Kutxa (Caja De Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián), su actuación se centra desde hace unos meses en escindir de la Kutxa a las empresas murcianas relacionadas con la Operación Malaya; desde agosto ha realizado desinversiones y escindido más de 9 empresas.( La Kutxa compra a Trinitario Casanova la finca La Zerrichera por 105 millones de euros)
  • EMPRESA AGUIRENE: Propiedad de Luis María Maya Galarraga y Agustín Aguirre: dueños del 50% de Lo Poyo y Novo Cartago en Cartagena.
  • FAMILIA ARMEGOL: Familia catalana ex-dueños de Lo Poyo
  • FRANCISCO JAVIER ARTECHE: Guipuzcoano que, junto con representantes de la Kutxa, compra terrenos ribereños del Mar Menor por 213 millones de euros. Estos terrenos no se podían urbanizar, pero luego sí se declaran urbanizables por el Ayuntamiento de Cartagena. Según la Fiscalía de Marbella Juan Antonio Roca pago 2 millones de euros en la fase de intermediación en la compra-venta de unos terrenos de Lo Poyo.
  • Arteche es un habitual en las agendas de Roca y alguna de sus empresas (Obarinsa, por ejemplo) figura como beneficiaria de convenios urbanísticos denunciadas por irregulares por el interventor de Marbella.

  • FERNANDO SPAGNOLO: Ex-directivo de la Kutxa que desde una actuación personalista y aparentemente sin control de los órganos de la entidad, impulsó la inversión de los beneficios de la caja en el sector de la construcción.
  • FISCAL JEFE DE MURCIA : Manuel López Bernal que trabaja para aclarar los hechos
  • FRANCISCO MARQUÉS: ExConsejero de Medio Ambiente del PP murciano
  • GRUPO YEREGUI DESARROLLO S.L.:: Empresa de Javier Arteche, Luis María Maya Galarraga y Agustín Aguirre, auspiciada por la Kutcha, la cual dejó de ser accionista por los escándalos
  • GRUPO HANSA URBANA: Grupo que impulsa la realización del proyecto Novo Carthago, (tiene el 90%) .El portavoz de la empresa se llama Isidro Cubero
  • INVERLUR 5005: Ex-Filial de Kutxa, (dedicada a gestión y promoción inmobiliaria) y Promociones Aifos segregada en varias firmas por si acaso las pillan”en corrupción” , es inversionista en Lo Poyo y Novo Cartago; además separó las sociedades de los empresarios de la Operación Malaya.
  • INTERROGANTE 1: 26/10/06 ¿ cómo se anticipa el presidente Valcárcel a anunciar el resultado de un trámite (Declaración de Impacto Ambiental) que está todavía pendiente en la Consejería de Medio Ambiente. ?
  • INTERROGANTE 2: 26/10/06 ¿por qué aseguró el presidente murciano que la urbanización en la finca colindante Lo Poyo, llamada Novo Carthago, cuya Declaración de Impacto Ambiental está recurrida por los ecologistas de ANSE en los tribunales, "sí cumple la ley" ? (pregunta de IU)
  • INTERROGANTE 3: 26/10/06 ¿cómo se explica políticamente que el presidente del PP anuncie la anulación de Lo Poyo cuando la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro , del mismo partido, la defiende?
  • JOAQUIN BASCUÑANA : Consejero de Obras Públicas, amigo personal del constructor Trinitario Casanova
  • JOSÉ LÓPEZ: Concejal del PP que compró las tierras de La Zerrichera en el 2004 junto con otro empresario. Posteriormente dimite.
  • JUAN ANTONIO ROCA: Supuesto cabecilla Trama Marbella. Poseedor de bienes que suman más de 2.400 millones de euros. Está encarcelado desde hace ocho meses, acusado de los delitos de blanqueo de dinero, fraude a la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, alteración de los precios y delito ecológico. Cabecilla de un gran entramado en la Región de Murcia.
  • KUTXA: Caja De Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, compra a Trinitario Casanova la finca La Zerrichera por 105 millones de euros. Dio tarjeta Oro a la principal testaferro de Roca
  • LA ALBERCA: Municipio murciano en donde la Kutxa tenía proyectado promover y construir viviendas y una Residencia de Ancianos, saliéndose de tales proyectos.
  • LA ZERRICHERA: 240 hectáreas calificadas como rusticas en el 2004, y un tercio protegido como Lugar de Interés Comunitario y zona de Especial Protección de Aves.
  • LEY 9/2006 DEL 28 DE ABRIL : La ley que según "De la Cierva" justifica el parón de Lo Poyo (estudiese por si se puede aplicar a otros casos).
    Valcárcel ratificó su decisión de paralizar la urbanización de Lo Poyo porque "no se ajusta a la ley", en concreto a la ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
  • LO POYO : Finca recalificada por el Ayuntamiento de Cartagena del PP La finca fue adquirida en mayo del 2004 a la familia Armegol por varias sociedades de la Kutxa y por tres empresarios.
  • MIGUEL ÁNGEL TORRES: Juez que investiga la Operación Malaya, que indaga entre otros muchos aspectos, la relación de Juan Antonio Roca con la compra de terrenos en Lo Poyo(Cartagena)
  • MONTSERRAT CORULLA CASTRO: Considerada por el Juez como la principal testaferro de Juan Antonio Roca y que contaba con una Visa ORO de la Kutxa , respaldada por la Empresa Aguirene. Representante de la Empresa CONDELOR S.L. Posee propiedades en Torre Pacheco y San Javier; fue encarcelada por un presunto delito de blanqueo de capitales, pero ahora está en libertad bajo fianza.
  • MONTEMAYOR DEL MAR MENOR S.L.:Empresa dueña de 462.720 m2 en el "Proyecto Novo Carthago"
  • PILAR BARREIRO: Alcaldesa de Cartagena, quien según el Psoe, ella y su Concejal de Urbanismo Agustín Guillen presuntamente dieron información previligiada para comprar Lo Poyo
  • OBRAS PARALIZADAS GRACIAS A LAS DENUNCIAS: Calblanque, La Zerrichera, parking de San Esteban, Puerto Mayor, ley regional de Puertos y, finalmente, Lo Poyo.
  • PROPIETARIO DEL GRUPO HISPANIA: Trinitario Casanova Abadía (ganó en dos años 75 millones de euros por unas tierras recalificadas en Águilas, la Zerrichera)
  • RECALIFICACIÓN DE LA ZERRICHERA : Año 2005 con dos votos del PP y 6 del PSOE (expulsados posteriormente); en 2006 pasa a ser urbanizable.
  • TOMÁS OLIVO LÓPEZ: natural de Cartagena. Trabajó como chófer y empleado de gasolinera . Paso a la construcción y compró muchos solares en Cartagena, entre ellos los que vendió el Ministerio de Defensa. Tenía el antiguo cine de Los Alcázares, que vendió a Juan Antonio Roca. Éste logró una recalificación para construir en ellos un hotel, actualmente intervenido por orden del juez. Compró una antigua fábrica en Murcia y el Ayuntamiento, del PP, recalificó el terreno y le permitió construir hoteles, oficinas y 300 casas en el centro de Murcia. En El Palmar, Tomás Olivo construye otras 300 casas. Está en libertad bajo fianza de 500.000 euros y tiene un gran centro comercial en Marbella llamado La Cañada.
  • TRINITARIO CASANOVA: Promotor, propietario del Grupo Hispañania, que compró las tierras de La Zerrichera a José López, Concejal del PP, pagó 30 millones de euros por la finca y el Concejal ganó 1,5 millones de euros en la venta. Casanova vende la finca luego y gana 75 millones de euros

ALEDO (Murcia)- NAVAS DEL MARQUÉS Ávila)- ORIHUELA

  • AISEA PROPIEDADES . Inmobiliaria que publicó el 16 de mayo del 2005 en internet, la venta de los terrenos en Navas del Marqués por 34 mil millones de pesetas.(Cuando se denuncia esto, desaparece la publicación) También en otra web apareció la venta de tierra en Sierra Espuña para construir resort.

  • FRANCISCO GÓMEZ HERNÁNDEZ : Alias El Paloma. Nació en Jacarilla. Promotor de Ciudad del Golf, que quiere talar miles de árboles y crear resorts y campos de Golf en Navas del Marqués de Ávila, cuya construcción ha sido paralizada por el Juez. Tiene suelo en Mojácar (Almería), y está pendiente de urbanizar una gran bolsa de suelo junto al puerto de Cartagena procedente de una quiebra. Gerente de Invercon Reigo y Residencial Aguas Nuevas S.L. Tiene proyectos urbanísticos que prevé realizar en Molina de Segura y Aledo (Murcia), Mojácar y Turre (Almería), Castropol (Asturias) y Ciudadela de Menorca, entre otros. Representante de Verdimar 92.S.L. de Málaga, y Verdimar y Monte, creada el 3 de mayo del 2001 con un capital aproximado de 33.000 euros, y nombrado el 25 de agosto del 2003 como administrador único.
  • GERARDO PÉREZ : Alcalde del PP de Navas del Marqués y que aprobó la muerte de más de 30000 árboles y el fin de la Cigüeña Negra y el Águila Imperial
  • INVERCON: Empresa Grupo Invercon, que se publicita en la web: futbolclubcartagena.com, cuya sede está en Jacarilla (Alicante)
  • VERDIMAR Y MONTE: Empresa vinculada a Francisco Gómez Hernández, que compró junto con Nimonter. S.L. 25 fincas en Sierra Espuña, municipio de Aledo.
  • SIMÓN ALCARAZ : Alcalde del PP del municipio de Aledo que recalificó el suelo protegido Zona Especial Protección de Aves (ZEPA) de “Llano de las Cabras” y el LIC (Lugar de Interés Comunitario) “Sierra de la Tercia” para la construcción de hipódromo, resorts y campos de golf.
  • JUAN ENRIQUE SERRANO LÓPEZ: Abogado que firmó el Proyecto Ciudad del Golf en Navas del Marqués y socio de Santiago Minguéz González, arquitecto municipal de Orihuela Participa en Masters de la UCAM (Universidad Católica San Antonio) Profesionales de los despachos privados, SERRANO Y ASOCIADOS,URBANISTAS: con implantación en la Región de Murcia, (Juan Enrique Serrano López, ...)
  • SANTIAGO MÍNGUEZ GONZÁLEZ : es arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela y en la actualidad es técnico responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística, cargo que ha propiciado su participación en la recalificación de los terrenos de Orihuela que lindan junto a Jacarilla.
  • AGRÍCOLA DEL SEGURA, S. A.: Empresa que firmó el convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Jacarilla por el que la empresa aportaba 15 millones de pesetas para «la cooperación de la revisión del planeamiento municipal»
  • SERRANO Y ASOCIADOS: Empresa Técnica Redactora del Proyecto Ciudad del Golf en Navas del Marqués, Avila (Castillas y León).
  • JOSE MANUEL MEDINA: Alcalde del PP en Orihuela El primer edil oriolano reside en un lujoso chalé de la costa y ocasionalmente conduce un Rolls-Royce, ambos propiedad del promotor local Joaquín Antonio Grau Pomares
  • JOSÉ MANUEL ESPINOSA: ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, declaró ante la juez que el alcalde, José Manuel Medina, del PP, pagó 3,5 millones de euros de más por las obras de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró.

MURCIA-ALHAMA-TORRE PACHECO

  • BERBERENA FERNANDO: Concejal de Urbanismo de Murcia , socio de la Cooperativa que se benefició con la construcción de viviendas para jóvenes en Senda de Granada y Ranero con 3200 viviendas para jóvenes llamada "Joven Futura" en donde se encontraron restos arqueológicos.
  • CONSTRUCTORA METROVACESA: Vendió en 2003 a la Cooperativa de Viviendas Gran Vía, en la que participa Valcárcel, un edificio de 7.000 metros2 por 13.126.104 euros, dos años después recuperan la inversión vendiendo los bajos comerciales.
  • COOPERATIVA DE VIVIENDA GRAN VIA: Compra un edificio de 7000 metros cuadrados a 13.126.104 euros y en el 2005 revende sólo los bajos a la empresa Gran Vía SL, creada por 16 de los 24 cooperativistas iniciales, por 13.943.480 euros. En la cooperativa de vivienda, además de Valcarcel, está la esposa del concejal de Hacienda de Murcia, Joaquín Moya Angeler, y el edil lorquino de Urbanismo, Josías Martínez Fajardo, del PSOE. (En solo dos años recuperan la inversión ¡qué listos!)
  • DANIEL GARCÍA MADRID: Alcalde de Torre Pacheco, abogado de Polaris World durante 2004 (después de ser alcalde) .Año que firmó dos contratos con dos empresas de Polaris World.
  • ERNESTO RAMON CELDRÁN GILABERT : Celdrán figuró como administrador de Vanda Agrícola S.L. ha pedido Juan Antonio Roca. Cobraba un sueldo por firmar por Roca. Oficialmente. Celdrán abandonó en 2004 One Properties y pasó a figurar como trabajador de GMI Promociones 2000, propiedad de Pedro García Meroño, fundador de Polaris World. Sigue imputado en un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque está en libertad sin fianza. Ha declarado que colaboró con Roca en comprar y poner en marcha la finca La Loma. Además figuró un tiempo como administrador de las sociedades Masdevallia
  • FACUNDO ARMERO : Constructor de Torre Pacheco de 47 años, co-propietario de Polaris World.
  • JOAQUÍN PEÑALVER : Arquitecto municipal del ayuntamiento de Murcia investigado por el fiscal de la Audiencia Provincial de Murcia. Su empresa (incompatible con su puesto de funcionario) ha diseñado a Polaris World, Profusa
  • JOSE ANTONIO RUIZ VIVO: Secretario General de la Presidencia de Murcia que críticó el programa Sed de Golf emitido en Línea 900 el 15 de febrero del 2006
  • MEROÑO Y ARMERO: El equipo completo, acudieron al arquitecto Antonio Alemán quien diseño el Proyecto Polaris, luego conocieron a Ramón Luis (Presidente de la Comunidad de Murcia), a su hermano Carlos y a Antonio Sánchez Carrillo (Concejal del Ayuntamiento de Murcia)
  • PEDRO GARCÍA MEROÑO: Uno de los dueños de Polaris, natural de Torre Pacheco, 38 años. Sin estudios, buen vendedor de grupos electrógenos en su tiempo, creo su propia empresa y la vendió, hizó fortuna y se fue a Miami, luego volvió y se asoció con Facundo Armero para crear Polaris Word en el 2001.
  • PISO EN ALJIBE NUEVO DE TORRE PACHECO: Piso comprado por el Alcalde de Torre Pacheco a Facundo Armero por 64.000 euros (de nueva construcción, altillo, garaje, etc.)
  • POLARIS WORLD: es la principal constructora de Murcia con sede en Torre Pacheco. El Gobierno autónomo le adjudicó la televisión autonómica. Sus dueños son Facundo Armero Madrid y Pedro García Meroño, también socios en la constructora Ronda Sur Levante, en la que también participa el hermano del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP) y el número tres de este mismo partido, el concejal de Fomento del Ayuntamiento Antonio Sanchez Carrillo
  • RAMÓN L.VALCARCEL : Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia que, entre otras actuaciones, consiguió un piso de 260 metros cuadrados en una de las principales calles de Murcia sólo con los beneficios de la venta de los bajos comerciales del inmueble.
  • SOCIEDAD "RONDA SUR LEVANTE S.L: Empresa de Antonio Sanchez Carrillo (concejal del ayuntamiento de Murcia) y Facundo Armero (dueño también de Polaris), que fue avalada por el hermano de Ramón Luis Valcarcel, llamado Carlos Valcárcel Siso.
  • TESTAFERROS DE ROCA: Algunos tienen un edificio en el centro de Torre Pacheco (gobernado por el PP) de tres plantas, cada una de 175 metros cuadrados. De los 22 detenidos en la operación Malaya, al menos cuatro pasaron por Murcia.
  • TOMÁS OLIVO: Promotor murciano(Cartagenero) relacionado con Juan A. Roca en la operación Malaya que está en libertad bajo fianza de 500.000 euros

LOS ALCÁZARES

  • CONDELOS S.L:. Empresa hoy intervenida que firmó un convenio con el Ayuntamiento de los Alcázares (PSOE) para construir un hotel en un antiguo cine que le había comprado a Olivo. Mayor propietaria de esta empresa es María Úrsula Q.L. , secretaria de Montserrat Corulla, y administradora de la firma Jabor Mogarbe S.L.
  • ENRIQUE SOLER MORELLA: Funcionario del Ayuntamiento de Cartagena que visó el Proyecto de Hotel de Los Alcázares promovido por Condelos.S.L.
  • JUAN ESCUDERO: Ex Alcalde de Los Alcázares que dimite por presión interna de la dirección PSRM-PSOE para restar argumentos propagandísticos al PP. Presuntamente vinculado a irregularidades urbanísticas en su municipio.
  • JUAN LUIS SORIANO PASTOR: El representante de la empresa Masdevallía está arrestado, y la firma, intervenida. Pertenecía al bufete de abogados Sánchez-Zubizarreta-Soriano Pastor cuya misión era encubrir el entramado societario
  • MASDEVALLÍA S. L. organizó una serie de cambios de suelo y de recalificaciones que le permitieron conseguir una gran parcela junto al Mar Menor. Comenzó a construir la urbanización Nueva Ribera, de 469 viviendas, a la que le seguiría Nueva Ribera Golf Club, con más de 1.000 viviendas, ambas vendidas por One Properties, también intervenida por el juez. Los administradores solidarios de esta empresa se llaman Julio Blasco Bazo Garrido y Gonzalo Astorqui. Ambos están en libertad con fianza, imputados por blanqueo.
  • ONE PROPERTIES: Empresa intervenida que vendía viviendas en Nueva Ribera Golf y gof Club
  • VALENTÍN PARDO MARTÍNEZ: Responsable de la finca alcazareña La Loma , quien confesó a la Policía que visitaba Lo Poyo "por indicaciones" de Francisco Soriano Pastor, responsable de la empresa Inmuebles Urbanos Vanda y uno de los presuntos testaferros de Roca.

MAZARRÓN

  • ANDRÉS LIÉTOR: Socio de Carlos Sánchez
  • CARLOS SANCHEZ . Empresario amigo de Juan Antonio Roca, constructor en la zona de Mazarrón. Aficionados al arte . Fueron encarcelados y salieron en libertad con fianzas de 250.000 euros.
  • FRANCISCO BLAYA: Alcalde del PP de Mazarrón investigado por pagar presuntamente a Domingo Valera (del PIMX) 33000 euros para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana
  • POLARIS WORLD, EUROMARINA E INICIATIVA URBANÍSTICA DE MAZARRÓN : Empresa beneficiarias con la aprobación del Plan General en Mazarrón
  • URBASER: Empresa de servicio de limpieza y agua que tiene varios litigios en Orihuela y que solía emitir facturas sobre-valoradas antes de 1999 mientras gobernaba Juan Morales (PP) en el ayuntamiento de Totana (admitió el fraude y devolvió el dinero; sin embargo los concejales que firmaron el pago de factura no asumieron ninguna responsabilidad política). Ahora esta empresa está implicada en presuntas irregularidades en Mazarrón.

MULA

  • LEANDRO PÉREZ COBOS: Concejal de Urbanismo de Mula quien convenió desarrollos urbanísticos en la Muela de Albudeite, Casa Alta, Los Chopos y la Muela de Don Evaristo. Supuesta incompatibilidad por tener relación comercial con algunas de estas empresas.
  • ARTECONS Y URBINCOSTA: Empresas que promueven desarrollos urbanísticos en la Muela de Albudeite, Casa Alta, Los Chopos y la Muela de Don Evaristo.
  • GALVA INVERSIONES: participa en la sociedad Mula Resort, al que el Ayuntamiento le recalificó terrenos en la Muela de don Evaristo para construir 2.800 viviendas

SAN JAVIER

  • AGUSTÍN MARTÍNEZ: socio de Urdemasa e hijo de su propietario, Santiago Martínez Esparza, cuyos negocios con el alcalde de San Javier, a través de la sociedad constructora Nueva Levante del Mar, desataron una agria polémica el pasado mes de abril.

  • EVA MARÍA PÉREZ: Responsable de Medio Ambiente, tuvo dos sociedades inmobiliarias con los propietarios de Urdemasa, ex socio del alcalde, Grimanga y José Díaz García. Constituyó en noviembre del 2004 una sociedad, denominada Servicios Urbanísticos Ecaurban, S. L., con María del Carmen Jiménez y Agustín Martínez Martínez.

  • MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ: Socia de Servicios Urbanísticos Ecaurban, es la esposa de Luis Carlos Moya García, jefe del Negociado de Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Javier y jefe de gabinete del alcalde.

  • DESARROLLO INMOBILIARIO LOS FACONOS: Empresa que nace en junio de 2005 , en cuyo consejo de administración entra Eva María Pérez en representación de Ecaurban S.L., que suscribió el 4% del capital de la nueva sociedad.Los otros socios sonlos principales promotores del municipio e incluso de la zona del Mar Menor: Santiago Martínez Esparza, de Urdemasa, que suscribe el 36% del capital social; Jaime Vicente Navarro, de Grimanga, con otro 36%, y María Díaz Garcerán, de José Díaz García, con un 24%.

    TRIMTOR Y URDEMASA: Empresas adjudicatarias de la Facultad de Ciencias del Deporte, ésta última precedida por Santiago Martínez Esparza (amigo y ex socio del Alcalde de San Javier en la Empresa Valencia del Mar)

  • SEÑORÍA DE RODA: Empresa promovida por PEINSA, investigada por la Físcalia por poder construir y poner en venta antes de la aprobación del Plan Parcial. Aprobado finalmente el 7 de junio de este año por la Comunidad Autónoma a pesar de tener en el 2004 un informes desfavorable
  • JOSE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Alcalde de San Javier relacionado a la Empresa Valencia del Mar.
  • JUAN GRACIA: Propietario de PEINSA quien constituyó en febrero de 2004 una sociedad con el alcalde de San Javier, José Hernández, y el promotor de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, entre otras personas, para construir varias viviendas particulares en Valencia.
  • PEINSA S.L. 97: Empresa constructora de piscinas ilegales en Ribera Golf; participó además con el Alcalde en la Empresa Valencia del Mar. S.L. Adquirió también la Casa del Piñon en La Unión . IU de La Unión llevó a la Fiscalía la denuncia por «presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación». Realizó actuaciones sin licencia, como en Sabina Golf, a pesar de Informe técnico que denunciaba esa ilegalidad.
  • URDEMASA: Tiene la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en El Mirador y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf).

ABOGADOS IMPLICADOS- RELACIÓN MARBELLA-MADRID-MURCIA-

Despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor: Presuntos responsables de las artimañas legales para esconder delitos.

Formado por :
Manuel Juan Sánchez Zubizarreta: Preso
Manuel Sánchez Martín: libertad bajo fianza
Francisco Soriano Pastor: libertad bajo fianza
Juan Luis Soriano Pastor :libertad bajo fianza
Francisco Soriano Zurita. : libertad bajo fianza

Estos abogados aparecen como accionistas o administradores de mercantiles como :Compañía Inmobiliaria Masdevallia S.L.,
Condeor S.L.
Inmuebles Urbanos Vanda S.L..

Aparentes propietarios de la finca La Loma y de las urbanizaciones Nueva Ribera Golf y Nueva Ribera Beach.

MIGUEL PÉREZ CAMINO: Abogado. Supuesto testaferro e imputado en blanqueo de capitales, administrador de la firma Lipizzar, a la que se iba a transmitir la propiedad de la finca La Loma. En libertad con fianza de 30.000 euros.


ANDRÉS JOSÉ AYALA SANCHÉZ :Abogado urbanista y Diputado del PP en Madrid, que intervino presuntamente en las gestiones para la compraventa de Lo Poyo junto con Carlos Valcárcel(hermano del Presidente Ramón Luis Valcárcel). Es además muy amigo de Federico Trillo y trabajó en los 90 con Tomás Olivo(implicado en la operación Malaya) .Fue abogado de la Familia Catalana Armegol (Ex-dueñas de Lo Poyo).

JUAN ENRIQUE SERRANO LÓPEZ: Abogado que firmó el Proyecto Ciudad del Golf en Navas del Marqués y socio de Santiago Minguéz González, arquitecto municipal de Orihuela Participa en Masters de la UCAM (Universidad Católica San Antonio) Profesionales de los despachos privados, SERRANO Y ASOCIADOS,URBANISTAS: con implantación en la Región de Murcia, (Juan Enrique Serrano López, ...).

(En la ilustración, vista parcial de la Marina de Cope, en Águilas).
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viernes, 8 de diciembre de 2006

Trovos en prosa/De Tiñoso a Cope siempre hay "bote"


Francisco Poveda

El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del PP, parece que no agotará su actual mandato si el fiscal del Tribunal de Cuentas lo termina acusando de presunta malversación de fondos públicos. Es un caso muy distinto al de su correligionario y alcalde de Águilas, Juan Ramírez, a quien la Fiscalía le investiga todavía por una supuesta prevaricación en el tristemente famoso caso de “La Zerrichera”.

Lo que une en este trance a ambos políticos del partido de Ramón Luis Valcárcel es, según parece, un trasfondo de enorme sospecha de corrupción urbanística a la que, tal vez, se han visto abocados por la necesidad de tener que pactar el gobierno con partidos locales oportunistas, como el PIxM, del francotirador Domingo Valera, o el MIRA del nuevo terrateniente Alfonso García Zapata.

Blaya ha ido un poco más cerca que Ramírez en la traición a la sociedad de su pueblo. Mientras el aguileño ha pagado un alto precio con las recalificaciones urbanísticas de muchas de las fincas de su ocasional aliado, el mazarronero ha sabido contentar al suyo (más que íntimo del mismo Presidente murciano) con unas cuantas migajas a costa del erario público, que representan un máximo de 33.000 euros en anticipos ilegales. Minucia.

Pero en Mazarrón (donde ya hay construidas 28.000 casas) las recalificación salvaje de 41 millones de m2 de suelo rústico, fundamentalmente en beneficio de “Polaris”, “Euromarina” e “Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón”, para construir 4.300 nuevas viviendas, ha puesto a Blaya en la dinámica de un espiral especulativo donde Ramírez parece encontrarse más cómodo todavía.

No obstante, la Fiscalía ve también indicios de prevaricación en la tramitación del avance del PGOU y no entiende por qué la tercera de las empresas favorecidas en Mazarrón se compromete unilateralmente, a cambio, a pagar la deuda de 6,5 millones de euros que todavía mantiene el municipio con “Urbaser”, la mercantil concesionaria de la recogida de basuras. Todo eso parece muy raro.

Aunque de Mazarrón salió Carlos Sánchez, el promotor de Playa Grande, hacia Marbella tras ser, junto a Tomás Olivo, uno de los dos grandes maestros de Juan Antonio Roca en las chapuzas jurídico-urbanísticas, ha sido en Águilas donde más se investiga sobre posibles inducciones a la prevaricación, alteraciones de precios en concursos y subastas públicas, delitos contra la flora y la fauna, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Hay “pinchazos” telefónicos por doquier y está sometido a revisión todo el mandato de Ramírez quien, desde la presunción de inocencia, parece bastante más que preocupado a tenor de las reuniones que mantiene en Madrid con amigos que son abogados del Estado, especialistas de la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Algún alto funcionario municipal se ha ido de “motu propio” a la Fiscalía para hablar personalmente con López Bernal? ¿Qué dicen el secretario y el interventor del ayuntamiento aguileño, si es que dicen algo, sobre convenios urbanísticos, permutas, concesiones, enajenaciones de patrimonio municipal, destino de multas, grúa, ORA…? ¿Se investiga a fondo el procedimiento y los argumentos para conceder la recogida de basuras a “Nexso”-“La Generala”? Como dice un destacado comerciante: “La gente del pueblo sabe bien qué políticos locales han aumentado mucho su patrimonio desde que alcanzaron el poder”. Es el caso de José López y Juan Pérez, del PP, y Alfonso García, del MIRA. Del resto, sólo conjeturas.

El gran pecado político de Ramírez parece haber sido su excesiva implicación en la recalificación urbanística de “La Zerrichera”, una finca de 240 hectáreas, pero 80 protegidas por la Unión Europea, junto a su grupo, parte de concejales del PSOE, y el MIRA, para que su correligionario-concejal José López ganase 1,2 millón de euros, y el especulador ex presidente del Águilas F.C., Trinitario Casanova, nada menos que en 75 tras comprarla en 30 lista para edificar y venderla en 105 a una filial de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, con elementos abertzales próximos a ETA en su consejo de administración, y a la que se le prometieron 4.100 viviendas y un campo de golf. Esa venta estaba viciada en origen al menos que hubiese plena seguridad de cumplir.

La Fiscalía del TSJ y la Fiscalía Anticorrupción ven demasiados elementos y coincidencias sospechosas en este caso. Ramírez es amigo de López y cuñado de Pérez, y admira tanto a Julián Muñoz e Isabel Pantoja, que los trajo a Águilas e hizo a la tonadillera pregonera del Carnaval. El PSOE local se rompe en la votación de “La Zerrichera”. Los rumores hablan de sobornos a razón de un millón de euros por barba. Al parecer, Ramón Román informó a Princesa al rechazar el regalo envenenado ¿de Trinitario?

Juan Antonio Roca no parece estar lejos de esta operación (¿es Casanova uno de sus testaferros para colocar aquí plusvalías de Marbella?). Y para mayor asombro, el consejero regional competente para validar recalificaciones, Joaquín Bascuñana, es públicamente bastante amigo de Casanova. En 2004 refrendó y aprobó el expediente de la urbanización de esta zona ambientalmente protegida (con el apoyo de Francisco Marqués, exconsejero de Medio Ambiente). Ambos son ahora investigados a fondo.

También se ha seguido el rastro de la “Mazarrón conection” en Marbella. La “escuela primaria” del “cerebro” Roca estuvo en este municipio en los años 80. Ahora son los tiempos de “Hansa Urbana” y “Polaris World”, y de los grandes promotores llegados del sur de Alicante aunque Covaticas se haya librado al final de una Actuación de Interés Regional como la que se pretende en Cabo Cope pese al dictamen en contra del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia. La mano del director general de “Cajamurcia” y los intereses inmobiliarios de “Iberdrola” son alargados.

Pero suceden otras cosas inaceptables como la alteración de límites con Cartagena en Isla Plana, o el alegre uso de dinero público a favor de Valera, sabiendo, como se sabe, su relación directa con el “clan de los Valcárcel”, en el que también se integra Sánchez Carrillo. El PIxM es un partido con un exclusivo fin urbanístico, escindido del propio PP de Ramón Luis, que seguramente facilita una percibida sensación de estar ante un abuso de poder para beneficio personal, aprovechando una posición de privilegio o monopolio, sin controles ante los que responder. Para la Policía es sospechoso, como el MIRA aguileño, de ser un claro partido pantalla para controlar el urbanismo, codiciada pieza en toda negociación para coaligarse. Ambos volverán a la carga en 2007. Han perdido el miedo.

Mazarrón, con un alcalde proclive a los convenios urbanísticos para alterar el PGOU con frecuencia, es hoy un emblema nacional entre los ayuntamientos costeros españoles. Aparte de las sospechas de corrupción urbanística, lo más significativo es la existencia de una estructurada mafia local, antes con intereses en la agricultura y ahora en la construcción. No están todos en los que pensamos ni pensamos en todos los que están. Controlan a distancia y tienen cautivo al ayuntamiento, como riegan con aguas del trasvase Tajo-Segura, a las que no tienen derecho aunque estén por debajo de la cota 120.

Antes tomateras y ahora césped. Necesitan, y lo consiguen como en Águilas, recalificar sus fincas rústicas. Están en perfecta sintonía con los poderes ocultos de la capital regional y doblan a Valcárcel cada vez que se lo proponen. Quieren más agua para especular. ¿Quién financia al PIxM? Los que acaparan y retienen suelo. Parece un partido dependiente de los intereses inmobiliarios locales, que saben bien de las necesidades y onerosas adicciones públicas de su líder.

En Mazarrón se confunde lo público con lo privado. Ahora se enfrenta la agricultura al cemento. La mano de obra barata pasa del bancal a la obra. El agua de la desaladora terminará en miles de cisternas para poder tirar de la cadena. Aunque todavía no existen casos demostrados de financiación de partidos políticos a través del cobro de comisiones, ¿por qué despachos de presunto tráfico de influencias de la capital regional pasa el actual urbanismo mazarronero? ¿Quiénes son los grandes financiadores del PP local y regional? ¿Tienen que ver también con la financiación del PIxM? ¿Está actuando de intermediario de “Polaris” en la zona el todavía consejero Cierva? ¿Qué papel está jugando Bascuñana en Mazarrón? ¿Quién puso a Blaya, siempre sordo, de alcalde desde la sombra? ¿Dónde veranea de siempre Sánchez Carrillo? En ese arriesgado contexto, Domingo Valera se vuelve a presentar a las elecciones de 2007 y al cartagenero arquitecto municipal, señor Senín, la vida profesional parece sonreírle, sorprendentemente más que nunca. La normalidad es su tónica.
No son pocos los que hablan de un supuesto amparo de corruptos en Mazarrón. Se basan en cifras objetivas estadísticas: se ha construido, en el mismo período de tiempo, un 30% más de casas que en su vecina Águilas. Y es cierto que parece un término municipal más permeable a la presión mafiosa. Aquí se espera pronto la detención policial de ilustres ciudadanos mientras los pequeños promotores locales de siempre son los grandes perjudicados por la espiral delictivo-especulativa importada de fuera y los partidos de oposición tienen ahora la palabra ante los tribunales para defender la dignidad democrática de todos los mazarroneros.

Caza legal al urbanismo salvaje

Visto lo anterior parece significativa la intención del fiscal especial de Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, doctor Vercher, en el sentido de cortar por lo sano con tal estado de cosas castigando penalmente la prevaricación urbanística. “Las comunidades autónomas se han olvidado del Código Penal”, ha dicho para advertirles de la importante reacción social que ha generado este fenómeno. A su juicio, va desapareciendo la sensación de impunidad conforme aumenta el número de detenidos en prisión y sentencia la eclosión de los convenios urbanísticos “aunque la Construcción haya llegado a ser mucho más rentable que jugar en Bolsa”.

Este es de los fiscales partidarios de hacer demoliciones de obras ilegales a través de sentencias rápidas. Se muestra por una interpretación restrictiva de las normas penales en estos casos y de olvidarse de amnistías. Aconseja consultar en el Registro de la Propiedad vicios ocultos de los bienes inmuebles a adquirir y se le nota convencido de la existencia de suficiente base legal como para impedir la construcción de campos de golf donde no se asegure el suministro de agua, caso de Águilas y Mazarrón. “Donde hay mucha construcción hay más delincuencia”, concluye Vercher.

Las investigaciones policiales en marcha van a cambiar por eso el concepto del urbanismo en los municipios de nuestro litoral regional. El Centro de Inteligencia contra el Crimen, creado en septiembre por el Ministerio del Interior, ya está proporcionando a la Fiscalía una información estratégica sobre lo ocurrido entre nosotros durante el último decenio. La Agencia Tributaria se apresta a investigar el patrimonio de todos los sospechosos de haberse enriquecido ilícitamente. Nuestra gobierno autónomo ha recalificado suelo edificable para poder llegar al año 2025.

Tanto Rajoy (partidario de que el Estado recupere buena parte de las competencias urbanísticas y que se aplique sin contemplaciones la ley a todos los corruptos) como Zapatero, desean tolerancia cero con la corrupción urbanística. Hasta la Federación Española de Municipios desea que la Justicia actúe con prontitud, adopte medidas preventivas en casos, y que se expulse a los implicados de los organismos públicos. Porque estamos ante la peor consecuencia del urbanismo salvaje y el fraude, posibilitado por la permisividad de los gobiernos de Aznar.

El catedrático y experto en esta cuestión, de “Transparencia Internacional” en España, Manuel Villorria, es de los que opina que prolifera la urbanística porque los convenios “son un nido de corrupción por una nefasta jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ya hay redes estables de esa corrupción, y ésta es sistémica”. Opina, además, que nuestra democracia corre peligro porque “nuestro actual sistema judicial no sirve contra la corrupción. Aplicar la ley actual no basta. Se necesitan medidas radicales ante hechos consumados”.

Incluso es partidario Villorria de que Hacienda entre a saco porque si comprobase los actuales bienes de alcaldes y concejales cree que unos 5.000 pequeños políticos saldrían a investigar. “Todo el sistema (ayuntamientos, comunidades autónomas, bancos y cajas, notarías, registros…) contribuye a este atraco brutal, que se llevará un tercio de nuestra riqueza, hasta el año 2020, hacia entidades de crédito, especuladores, terratenientes, promotores y corruptos, con pérdida ambiental y de calidad de vida”.

Proyectado todo lo anterior sobre la Región de Murcia, parece que urge tras las próximas elecciones, que los partidos que gobiernen se planteen una nueva Ley Regional del Suelo (¿qué pasa en el Tribunal Constitucional que todavía no se ha pronunciado sobre el recurso del PSRM contra la actual?), un Plan de Estrategia Territorial, un código ético urbanístico, un servicio de inspección y disciplina, y una estrecha colaboración con la Justicia. El constatado urbanismo especulativo e intenso de la “era Valcárcel” supone una grave amenaza para un desarrollo regional sostenible, sólido, justo y sano. Y ha supuesto el desprestigio de su partido por primar las actuaciones de unos cuantos contra la racionalidad, decencia y ética política en la gestión urbanística.

Parte del territorio murciano está sometido al estrés traumático desde 1996. No se perciben remedios. Se actúa contra todo dictamen técnico preceptivo, aún a costa de agravar el déficit hídrico y de infraestructuras, lo que resulta una estafa. No hay propósito de enmienda del estamento especulador, que casi siempre actúa con consentimiento, y en casos el aval, de San Esteban.

Nadie desde el gobierno regional habla de moratoria urbanística, en pleno cambio de retórica florida y verde, ni siquiera en esta pausa reflexivo-electoral en ceremonia de confusión para los más simples de entre los murcianos hasta el 27 de mayo próximo, por el legado negativo en planeamiento que nos deja el cuarteto Valcárcel-Bascuñana-Ramírez-Blaya con su clara política urbanística predadora.

Mero maquillaje para ganar tiempo; luego todo volverá a ser como antes si renueva en las urnas esta dictadura del cemento: un sistema muy extendido de supuesta corrupción desde San Javier a Águilas. En esta región hay políticos que se ofrecen para favores pagados y especuladores que les pagan lo que les piden. Constructores que sobornan a quienes más les permiten. Y funcionarios que avalan con su firma este enorme fraude.

El Estado está al rescate con una nueva legislación-marco nacional para evitar nuevos desmanes al haberse derrumbado el actual derecho urbanístico español. Intenta poner coto legal al frenesí del cemento. Se van a utilizar el Código Penal y la cárcel de forma serena y proporcional, tras activar mecanismos legales contra la corrupción. La idea es pena de prisión para la prevaricación, más años por cohecho, y confiscar los bienes adquiridos ilegalmente.

Esa expectativa de cárcel está frenando en seco algunas actuaciones escandalosas (tipo “La Zerrichera” y “Lo Poyo”) por el miedo de algunos destacados políticos, familiares y amigos a ir a la trena. Desde Madrid se tiene claro que ha sido la especulación financiera la que ha cebado la bomba inmobiliaria en la Región de Murcia, donde Águilas y Mazarrón son objetivo preferente de una determinada entidad de ahorro, y que se trata de un fenómeno realimentado por nuestra corrupción política.

Especialmente entre nosotros, todo es un espejismo virtual, una “burbuja” a punto de estallar, un ficticio efecto riqueza, una orgía que destruye nuestro suelo y nuestra cultura, una hipertrofia constructora, monstruosa y destructiva. La causa es un complejo circuito de tramas para blanquear dinero y por eso Anticorrupción investiga a fondo a conocidas empresas murcianas sospechosas de no tener más sentido que ese aunque tengan apariencia de otra cosa.

Extraña su operativa y las pesquisan llevan a despachos, domicilios y sedes empresariales desde las que se defrauda a la hacienda pública. Muchas de esas sociedades interpuestas, aunque sea muy difícil probarlo, son propiedad última de relevantes capos murcianos muy conocidos socialmente. Fiscalía y Policía saben bien de este “cuello blanco” de enriquecimiento insultante y patrimonios abrumadores a costa del empobrecimiento general, incluido el de nuestras clases medias.

El fenómeno que se ha cebado con los murcianos de a pié necesita de la complicidad bancaria, notarías, registros y bufetes. La Construcción es hoy un negocio sin merma por blanqueo, rápido y de beneficios descomunales. El propio Valcárcel ha estado mucho tiempo a los pies de especuladores y promotores salidos de la nada.

Ahora se investiga policialmente, desde el Presidente al último concejal, pasando por consejeros, alcaldes, asesores fiscales, intermediarios financieros, fedatarios públicos y otros cargos públicos. El tema no resulta fácil de investigar por la ingeniería fiscal utilizada para esconder con la ayuda de expertos bien pagados para borrar rastros. Pero es un secreto a voces que determinados despachos profesionales encauzan inversiones criminales de dinero negro hacia la Construcción en el litoral murciano.

Ediles y promotores juegan con cartas marcadas esta partida y olvidan la función social de la propiedad. Tanto en Águilas como en Mazarrón algunos han conseguido plusvalías de hasta el 10.000%. Todavía permanecen aquí intactos los factores que generan la tentación de un dinero fácil a partir de recalificaciones urbanísticas para todos, que sólo ha logrado frenar una campaña electoral en ciernes, y nadie está por erradicar los convenios aunque sean un nido de corrupción de un urbanismo a la carta, pura basura y de promotor.

El 35% de los murcianos considera mala la política urbanística del PP en la Región de Murcia a siete meses de la cita electoral sin saber que el 5% del total español de viviendas ilegales, unas 5.000, están en nuestra región.

(En la ilustración, la playa mazarronera de Bolnuevo)

www.vegamediapress.com

Un alcalde de Jumilla con demasiadas prisas



El senador y alcalde socialista de Jumilla, el abogado Francisco Abellán, ex secretario regional socialista también, es casi seguro repetirá como candidato del PSRM-PSOE en las próximas elecciones municipales pero no parece estar muy en la línea modernizadora, reformista y socialista ética de Zapatero y sí del PP de Valcárcel. Se acaba de sumar a la irracional escalada urbanística que posibilita una Ley del Suelo de la Región de Murcia recurrida por el PSRM ante el Tribunal Constitucional. ¿Cabe mayor incongruencia? Tiene todo esto la pinta de ser un “pelotazo” en dos tiempos políticos distintos y con beneficiarios políticos diversos. Al tiempo, bloggeros.

Abellán no parece así creer en la política urbanística de Zapatero y tampoco en los jumillanos, a quienes les ofrece como señuelo la vía fácil de vivir indirectamente de la especulación en vez de buscar el futuro en su mejor adiestramiento para añadir valor a lo que sí saben hacer como nadie: uno de los mejores vinos de España.

A este caballero diría que le importa un bledo convertir su pueblo en un “gueto” ruso que descongestione a Torrevieja. La presencia del asesor urbanístico alicantino-murciano, Juan Enrique Serrano (el mismo de “Nueva Condomina” y ex concejal socialista de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia en 1984) hace pensar más, a la larga, en un macroproyecto de 15.000 viviendas que en otro de 2.285, en referencia al recién aprobado, en pleno municipal, plan parcial de Santa Ana del Monte-Jumilla Golf en base a un PGMOU, también bastante reciente, que dicen asegura abastecimiento hídrico e infraestructuras suficientes para ser aprobado.

¿Qué se pretende sin decirlo? Alejar a los rusos de la costa hacia una zona interior cercana y más discreta. ¿Quién está detrás de “Herrada del Tollo S.L.”? ¿Cómo solamente una S.L. para abordar proyecto tan ambicioso y tanto volumen de negocio previsto? ¿A qué viajó Abellán (buen amigo de Juan Escudero y de Manuel Sanes – otro que repite como candidato en La Unión– desde sus tiempos de la transición imposible en el PSRM) a Marbella, y con quién, en busca de promotores maleados para que fuesen más viables y rápidos sus proyectos faraónicos? Jumilla (arriba ilustración de su ayuntamiento y su alcalde) tiene actualmente una densidad de 18 habitantes/km2 (de las más bajas de nuestra región) y comprende su término municipal un total de 972 km2. Está tan cerca de la capital murciana como del aeropuerto de Alicante.

Hay muchos aspectos no desvelados por Abellán a los electores que, seguramente, le pasarán factura en las urnas por hacer un urbanismo más propio de Joaquín Bascuñana que de Cristina Narbona. Para hacer eso ya están aquí los amigos de Valcárcel y de su hermano. ¿O acaso es que todos somos amigos y colegas para estos temas de la pasta? Es posible que los una a todos la “mordida” de las basuras, el ladrillo y la gestión del agua potable. Que, al final, ese plan parcial haya recibido solamente los votos a favor de los socialistas y que PP e IU votasen en contra por distinto motivo (unos querían más viviendas y los otros ninguna) desgasta al PSRM-PSOE y se lo pone mucho más difícil por aquello de la credibilidad perdida.

Al pleno no asistieron Primitivo González (PSOE), Marcos Nogueroles (portavoz municipal del PP) ni otros cuatro concejales del PP por tener intereses particulares directos en la aprobación de este tan cuestionado plan parcial. La votación fue nominal (por qué) y el PP pasó de la anunciada abstención al rechazo, no se sabe muy bien en base a qué, cuando la empresa promotora había llegado a tener la conformidad de los tres grupos políticos a sus proyectos poco después de aprobarse el PGMOU por unanimidad.

Casi seguro que Abellán ha tenido que variar sobre la marcha su estrategia política inicial, hasta rebajar las 15.000 previstas hasta poco más de 2.000 para no sufrir los efectos políticos letales de Ferraz vía Princesa. Ha sido una clara marcha atrás preelectoral. El agua que se dice disponible para el caso es más pretensión que realidad a día de hoy porque sobre la que se habla es salobre y no potable. La salmuera se quiere enterrar (un disparate) porque el mar más cercano está a 70 kilómetros de Jumilla. No digamos ya para las 70.000 previstas por el PGMOU.

La urbanización “Jumilla Golf” se asentará sobre 7 millones de m2, tendrá dos campos de golf y viviendas de no más de 100 m2. Se le ha llegado a abrir expediente sancionador por construir sin licencia pisos-piloto, e IU la considera un proyecto urbanístico insostenible. En cualquier caso cabe hacerse, finalmente, algunas preguntas al respecto: ¿Por qué no ha esperado Abellán a la nueva ley estatal del suelo próxima a aprobar por las Cortes y que da mayores garantías contra la especulación y a favor de la viabilidad ambiental de los proyectos? ¿Por qué se redactó y aprobó un PGMOU en base a la controvertida ley regional del suelo? ¿Por qué accedió el alcalde a este proyecto, inicialmente a cambio de 200.000 m2 de cesión al municipio a tres kilómetros del núcleo urbano, cuando luego se cambió esa ubicación por otra de 400.000 m2, a 20 kilómetros, de mucho menor valor económico? Verán como no contesta o dice otra cosa.

Ante estas cosas no es de extrañar que la candidata de IU a la presidencia de la Generalidad Valenciana, Gloria Marcos, haya pedido con urgencia al gobierno Zapatero que mande a Levante un contingente completo de 200 guardias civiles para luchar contra la delincuencia organizada, para corrupción, especulación y delitos urbanísticos, que campa a sus anchas ante la alarma ciudadana. “Preocupan más los ladrones de guante blanco que los pequeños delitos más relacionados con las desigualdades sociales que con estas tramas delictivas (…) Los ciudadanos no confiarán en los cuerpos policiales y en la Justicia mientras exista la sensación de una total impunidad por parte de altos cargos de las administraciones públicas”.

Claves para encontrar la Ley del Suelo ideal


La fórmula magistral para controlar el precio de la
vivienda y atajar de raíz el problema de la corrupción
urbanística existe sobre el papel y su composición
admite múltiples variantes.

"El Mundo" le ha pedido a
12 expertos en Derecho que prescriban sus recetas para
acabar con los males que aquejan al urbanismo en
España y, lejos de dar por desahuciado al 'paciente',
le auguran larga vida, siempre y cuando cumpla al pie
de la letra con una serie de consejos normativos.

Ante el reto de diseñar una 'ley ideal' que frene las
irregularidades inmobiliarias, los expertos
consultados plantean, en líneas generales, que se
fomenten los controles administrativos, tanto en la
esfera local como en la autonómica, mediante
comisiones de expertos independientes que velen por la
independencia del proceso.

Muchos apuestan por
potenciar un modelo de desarrollo urbanístico
coherente a salvo de intereses económicos.
En cuanto al reto de poner techo al desbocado aumento
de los precios de las casas, la mayoría de los
especialistas considera que la regulación del mercado
del suelo no es ni el único factor ni, según varias
opiniones, el más importante. El impulso del alquiler
y la promoción de un mayor número de viviendas
protegidas son algunas de las medidas propuestas.

¿Es posible elaborar una 'Ley del Suelo ideal'? ¿Se
puede acabar con la corrupción inmobiliaria y hacer
sensato el precio de las viviendas?

A todas estas
preguntas han respondido más de una docena de expertos
en Derecho y Urbanismo.
Además, muchos de ellos han incluido sus particulares
'recetas' para afrontar con el mejor rostro posible el
presente y futuro del sector inmobiliario español.

«Antes de aprobar una 'Ley ideal' 'del Suelo', habría
que preguntarse por qué no se ha aplicado ni cumplido
la ley vigente. ¿Qué ha fallado en nuestras
administraciones públicas? Creo que no es sólo un
problema de corrupción -que también, en algunos casos-
sino de desidia, de falta de medios personales y
materiales y, en ocasiones, de falta de voluntad
política», afirma José Manuel Sala Arquer, catedrático
de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan
Carlos.

CORRUPCIÓN
«Como decía Joaquín Costa, leyes las tenemos por
arrobas, lo importante es que se apliquen. Esto quiere
decir que para modificar las leyes hay que hacerlo con
sentido común», según fuentes del bufete de abogados
Uría y Menéndez.

El catedrático en Derecho Administrativo de la
Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón
cree que uno de los capítulos clave que debería
recoger la Ley del Suelo sería los mecanismos de
vigilancia estatales para evitar la arbitrariedad en
las decisiones de algunos ayuntamientos: «El Tribunal
Constitucional reconoce la competencia urbanística a
las autoridades locales, sin embargo el Estado puede
establecer comisiones de seguimiento para asegurar que
los ordenamientos y licencias se hacen conforme a
criterios legales».

Otra de las medidas que propone este catedrático es la
«creación de comisiones técnicas, ajenas a cualquier
signo político, para que valoren qué concesiones están
justificadas y cuáles son sospechosas».

En esta misma línea se pronuncia Agustín de Asís,
profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Carlos III, quien señala que se deberían
establecer procedimientos urbanísticos más
transparentes que fuesen supervisados por
profesionales ajenos a los ayuntamientos y las
promotoras: «En la medida en que los procesos son más
participativos e intervienen más agentes externos al
mismo habrá menos corrupción».

Una receta similar prescribe José Antonio Pellicer,
profesor titular de Derecho de la Universidad de
Murcia, quien cree que hay que «reforzar los
mecanismos de control existentes». A saber, «el
social, a través de los medios de comunicación; el
jurídico, con la posibilidad de ir no sólo a los
tribunales penales, sino al contencioso
administrativo; y el político».

«La figura del secretario, que es asesor jurídico de
las corporaciones municipales, se ha debilitado en el
plano legal. Habría que relanzar el carácter
preceptivo de sus informes junto al de los servicios
técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio de otros
controles exteriores», agrega Pellicer.

Para Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Salamanca, la
solución pasa también por fomentar la vigilancia no
sólo a nivel local. «La decisión final puede
corresponder a las comunidades autónomas, pero se debe
potenciar el papel de los consejos autonómicos de
urbanismo, como el que existe en Castilla y León, en
el que están representados los municipios, los agentes
profesionales, las organizaciones sociales...»,
expone.

Muy ligada al control está la transparencia de las
operaciones. «Habría que dar más transparencia al
proceso y establecer unas reglas básicas de la
negociación urbanística y de la regulación de los
convenios, que establezca los límites de los mismos»,
sugiere Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho
Administrativo de la UNED.

Por su parte, Rafael Barranco, director del
Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de Granada, opina que «los modelos
eficaces para combatir la corrupción no existen».
Según Barranco, las leyes pueden controlar ciertos
aspectos que favorecen la corrupción urbanística, pero
ésta no se soluciona a golpe de ley: «Lo que conviene
es ser radical en la ordenación urbanística de las
ciudades y empezar a pensar en que lo más lógico es
hacer un crecimiento cero», comenta Barranco.

Tratar la corrupción urbanística como una más podría
ser otro camino. «Ésta tiene un tratamiento represivo
que no debería ser muy diferente del de la lucha
contra la corrupción en otros ámbitos: en definitiva,
hay que lograr que las infracciones no 'compensen',
que no 'salgan a cuenta' al infractor, como ocurre hoy
en muchos casos», apunta Sala Arquer.

«Pero además», añade, «hay un tratamiento preventivo
bastante más difícil: reducir el margen de
discrecionalidad de los planificadores, estableciendo
en la Ley criterios objetivos para la clasificación de
suelo; los derechos y deberes de los distintos sujetos
deben establecerse en la Ley, y no en pactos y
convenios; debe resolverse el problema de la
financiación de las entidades locales».

Dar con el modelo urbanístico es vital para José Luis
Laso, registrador de la propiedad y experto en
urbanismo: «Elegir un modelo coherente de desarrollo,
bien sea el tradicional a partir de un planeamiento
general cerrado y vigoroso o con un planeamiento
abierto, que permita la acción urbanística sobre el
resto con criterios reglados».

Apunta también que previamente «se cumplan las
exigencias de implantación y conexión con los sistemas
generales, las garantías de su ejecución por el
promotor, la actualización legal de las cesiones y la
vinculación de los suelos a la construcción de
viviendas con algún género de protección y el
aprovechamiento y densidades máximas».

Igualmente importantes es, en su opinión, «la
exclusión de la discrecionalidad, que es la que
propicia los riegos de corrupción, con la fijación de
criterios reglados para suprimir los llamados
convenios urbanísticos de planeamiento, permitidos hoy
por todas las leyes autonómicas».

Por otro lado, hay opiniones que muestran su
contrariedad por la necesidad «española» de hacer
leyes 'sin ton ni son'. «En España hacemos una ley
cada cinco minutos. La Ley no puede sustituir el
funcionamiento del mercado y lo importante es que éste
funcione correctamente», según otras fuentes jurídicas
consultadas.

Con respecto a la corrupción, «basta con aplicar las
leyes, como está ocurriendo en Marbella», señalan las
mismas fuentes, que además aportan una solución
coincidente con otras: «Hay que ir hacia los
patrimonios municipales de suelo y esto se puede hacer
desde 1940 y no se ha hecho. ¿Qué sucede? Que los
ayuntamientos no tienen suelo y tienen que comprarlo o
expropiarlo y eso tiene un precio».

«Para acabar con la corrupción hay que intentar que el
urbanismo no sea una manera de financiar a los
ayuntamientos. Hay que ver si es mejor una legislación
de suelo de Estado o de comunidades autónomas» y
añaden que «es imposible un mercado uniforme si no se
hace una regulación sistemática y uniforme».

El catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid Tomás Ramón
Fernández coincide con esta opinión: «Los
ayuntamientos tienen un sistema de financiación poco
equilibrado y necesitan recurrir al suelo». Y señala
también a los partidos políticos: «Es imposible su
financiación si no recurren al urbanismo, porque en
cada pueblo hay una sede de todos y en España hay
miles de pueblos».

En esta línea añade un apunte más Nicolás González
Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas,
quien cree que «hacen falta más garantías a nivel de
incompatibilidades y separación de intereses públicos
y privados en funcionarios, concejales y contratistas
de la administración».

En su opinión, «hay que recuperar por parte de las
comunidades autónomas la posibilidad de suspender las
licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia
46/92 del Tribunal Constitucional por no estar
incluida en la Ley de Bases de Régimen Local». «Si se
hubiera seguido aplicando, no habría sucedido lo que
ha pasado en Marbella», asegura González Deleito.

PRECIOS
Chantal Mol, profesora de Derecho Civil de la
Universidad de Barcelona, señala los dos pilares
básicos que a su juicio sustentarían el mercado
residencial: fomentar el alquiler y generar nuevas
fórmulas para la adquisición de viviendas.
En el
primer caso, considera que es preciso que se plantee
la posibilidad de que «el arrendatario pueda deducirse
el dinero que gasta en la residencia habitual» y que
se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
para «aumentar la duración de los contratos en algunos
supuestos» y «establecer mecanismos de prórroga».

Asimismo, sugiere que se acuñe el concepto de «la
propiedad separada», que permite que una persona sea
propietaria del suelo y otra de lo construido, de modo
que esta última pague un canon a la primera, de forma
similar al derecho de superficie.
«Esta fórmula
permite que entidades publicas adquieran únicamente el
suelo y luego particulares compren lo construido a un
precio mucho menor que el actual», dice.
Rafael Barranco también se muestra partidario de
fomentar el alquiler y la rehabilitación y cree que
hay que «olvidarse de un crecimiento que mira sólo por
los intereses económicos del promotor».

«¿El precio de la vivienda tiene algo que ver con el
precio del suelo? Pues poquísimo», indica Tomás Ramón
Fernández. «Los empresarios no ponen el precio de la
vivienda sumando costes. Ponen el precio en función
del mercado. No hay ninguna Ley que controle el precio
de la vivienda».

Igual de escéptico se muestra Agustín de Asís: «Es
imposible que una ley baje los precios porque éstos se
fijan con la demanda que existe en el mercado». En su
opinión el problema aparece cuando hay gente que no
puede acceder a ella: «Una ley efectiva es la que
favorece la creación de más viviendas protegidas. Se
considera que es sano para el mercado que el 30% de
las casas de un país tengan algún tipo de protección.

En España ni siquiera llegamos al 10%».
José Manuel Sala también duda de que la Ley del Suelo
pueda dar la solución definitiva al precio: «Sin duda,
una planificación menos rígida, con trámites menos
complejos, adaptable a los cambios, puede contribuir a
que el producto final -el suelo- no se encarezca; como
también la eliminación de barreras burocráticas y el
establecimiento de criterios no discrecionales a la
hora de excluir suelo del proceso urbanizador».

Estos factores no son, a su juicio, los únicos que
pueden influir en el precio. «La realidad es que, hoy
por hoy, ante una elevada demanda, con tipos de
interés todavía bajos y con hipotecas a más de 30 años
el precio se fija en función de lo que se calcula que
la gente puede pagar».

Miguel Sánchez Morón coincide en este aspecto: «En
otros países el precio de un suelo no urbanizado es
casi como el de uno rústico, aquí sin embargo aunque
todavía no se haya levantado ni una sola piedra las
cantidades son mucho mayores».


La ley «fantasma» del 98


El caso de la Ley del Suelo de 1998 está envuelto en
la paradoja: ha sido usada como 'chivo expiatorio' por
quienes tratan de señalar un culpable para la 'cara
oscura' del 'boom inmobiliario' y, sin embargo, nunca
se ha aplicado.

Ésa, al menos, es la opinión de la mayoría de los
expertos en Derecho consultados, que dejan entrever
que el texto elaborado por el 'popular' Francisco
Álvarez Cascos hace ocho años ha sido lo más parecido
a una norma 'fantasma'.

«Se critica mucho la Ley 6/98 y está inédita», afirma
Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid. «Ninguna comunidad autónoma ha seguido por ese
camino. Y, especialmente, leyes de regiones como
Extremadura. Ésta junto con Castilla-La Mancha y
Andalucía no aplicaron esa Ley», asegura este experto.

Según Fernández, «curiosamente, Seseña es de
Castilla-La Mancha y Marbella de Andalucía. Y los
proyectos pensados para edificar en Cullera surgieron
con la Ley de 1994 de la Comunidad de Valencia, que
fue condenada por el Parlamento Europeo en 2005».

Según otros profesores de Derecho, la 'carta magna'
del suelo aprobada en 1998 no se ha aplicado por dos
razones fundamentales: «En primer lugar, esta ley
estatal establece que todo el suelo es urbanizable,
salvo el protegido, pero las leyes autonómicas ya
recogen categorías de reserva, de protección del
paisaje... El concepto es tan vago que está vacío de
contenido, se desvirtúa. Y, en segundo lugar, la
transformación en las clasificaciones de suelo se
tiene que llevar a cabo en los planes generales de
ordenación urbana y, como muchos se habían redactado
en 1990, todavía no se han modificado y, por lo tanto,
no han podido incluir las nuevas directrices».

La duda sobre la efectividad de una norma de estas
características llega hasta el punto de que un
especialista asegura que desde 1956 no ha habido un
cambio importante en la legislación de suelo.

Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Granada, teme que
la nueva Ley del Suelo vaya camino de tener tan poco
protagonismo como la actual. «Una normativa estatal
siempre va a ser más restrictiva que una disposición
local sobre ordenación del territorio, por eso en
Andalucía los promotores han seguido las directrices
autonómicas y municipales», considera.
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