Agricultura publica en Internet la nueva ortoimagen digital de la Región de Murcia

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua ha publicado en Internet la nueva ortoimagen digital de la Región de Murcia, que constituye un conjunto de imágenes procesadas en las que se corrigen los desplazamientos ocasionados en la captación de los relieves a gran altura, según informaron fuentes del Gobierno regional.

Para la obtención de estos mapas se han utilizado por primera vez técnicas innovadoras como la combinación de cámaras fotogramétricas digitales (que resaltan la forma y dimensiones de los objetos) con un barrido mediante un sensor de tipo LIDAR, lo que dota a estas imágenes de mayor precisión y resolución.

El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, señaló que el empleo de estas técnicas permite "el registro de las elevaciones del terreno de forma cuatro veces más precisa que con las técnicas fotogramétricas habituales, con lo que se consiguen levantamientos topográficos mucho mas detallados, facilitando así el estudio de aspectos como la erosión, inundabilidad y otros riesgos naturales".

Asimismo, destacó que los datos se reciben, validan y disponen en los servidores de la Administración regional de forma inmediata, por lo que quedan incorporados de facto al flujo de trabajo y a los servicios que se prestan al ciudadano.

"Esto permite reducir notablemente los plazos de tramitación de numerosos expedientes e informes ambientales, al disponer con antelación de una herramienta de certificación y validación que evita numerosas comprobaciones en campo", señaló.

Esta Dirección General viene trabajando en el proyecto 'Natmur 08' para obtener un registro detallado y actualizado de la superficie regional. Aunque el proyecto tiene prevista su finalización en enero de 2009, ya se han publicado en Internet los primeros resultados, como el de la ortoimagen completa a color. Estos resultados pueden verse en la página http://www.murcianatural.com/natmur08/

Este producto, que registra el estado de la Región entre los meses de julio y septiembre de 2008, se ha conseguido en un tiempo récord, "gracias a la reutilización de las bases de datos preexistentes en el Sistema de Información Geográfica y Ambiental".

Pablo Fernández señaló que con la publicación en Internet de esta información, "también se facilita la conexión al servicio a las empresas y profesionales de la Región, y se ofrece una licencia de uso gratuita que permite descargar y reutilizar los datos íntegros sin restricciones de calidad".

El acceso a los datos no está condicionado al uso de un visor concreto, sino que puede realizarse a través del estándar WMS (Web Map Service). Esto ha permitido, añadió el director general, "que de forma inmediata, además de estar disponible para la planificación y gestión del medio ambiente, también esté ya incorporada a otros sistemas como las aplicaciones de gestión de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) o a la Oficina Virtual del Catastro".

Las imágenes obtenidas con el uso de estas nuevas técnicas, disponen de un canal de información infrarroja de gran interés en estudios medioambientales, ya que se pueden componer imágenes complementarias con información sobre salud vegetal, estrés hídrico y riesgo de incendios, entre otros aspectos.

El director general anunció que los distintos productos (ortoimagen visible, datos infrarrojos, índice de vegetación y diversos modelos digitales del terreno) que se van a obtener con este proyecto, "estarán igualmente disponibles en Internet, en sus versiones íntegras, para su uso y descarga con licencia de uso gratuita".

'Repsol' contrata en Asturias la obra crítica para su nueva refinería de Escombreras

OVIEDO.- La petrolera hispanoargentina Repsol YPF, en pleno debate sobre el cambio de titularidad de sus accionistas de referencia, acaba de adjudicar a la compañía asturiana Sodes la totalidad de las obras de interconexión de la ampliación de su refinería de Cartagena, con lo que esta instalación duplicará su tamaño y capacidad de producción, informa hoy "La Nueva España".

La adjudicación de este contrato, que garantiza durante dos años (2009-2010) la mitad de la facturación actual de la compañía asturiana, movilizará a 300 empleados de Sodes (ingenieros, técnicos, oficiales y especialistas) entre enero próximo y agosto de 2010.

Sodes asumirá el montaje de la parte crítica de la instalación: tanques de almacenamiento y tuberías de interconexión, así como prefabricación y posterior montaje de las tuberías, soportes y estructuras, que sumarán 4.000 toneladas.

La refinería de Cartagena fue la primera de la Península y hoy es una de las cinco con que cuenta en España Repsol YPF. Unida desde el año 2000 a la refinería de Puertollano por un oleoducto, tiene una capacidad de tratamiento de 5,5 millones de toneladas anuales y está formada por dos grandes áreas: una de producción de combustibles y otra de bases lubricantes, asfaltos, parafinas y aceites aromáticos.

El ambicioso proyecto de ampliación supondrá la construcción de 22 nuevas unidades, que aumentará hasta 11 millones de toneladas su capacidad de refino, lo que convertirá la planta cartagenera en la segunda más importante de la multinacional, casi igualada a la de Vizcaya, que opera bajo la marca Petronor, y que tiene capacidad para 12 millones.

Repsol tiene una capacidad de destilación de crudo de otros 9,4 millones en Tarragona, de 7,5 millones en Puertollano y de 6 millones en La Coruña.

Sodes, con casi un millar de empleados, cuenta con dos talleres en Langreo y otro en Bobes, así como otro taller en Tarragona, amén de instalaciones de almacenamiento en San Claudio y en Bobes. El grupo no subcontrata tareas, por lo que acomete íntegramente los proyectos que ejecuta, caso ahora de la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena.

Trabaja habitualmente para grandes tecnólogos internacionales (Siemens, Almston, Foster Wheeler, etcétera) y ha participado en la construcción de instalaciones industriales en diversos países europeos. Desde 2000 la compañía opera también en México, con oficinas y almacenes propios. Actualmente negocia su posible implantación en un país de Oriente Próximo para aprovechar las oportunidades que se generan en el área.

La sociedad está participada por cuatro familias, arraigadas dos de ellas en Asturias y las otras dos, en Galicia y Cataluña. Juan José Martínez Martínez, de 37 años, e hijo de uno de los fundadores de la sociedad, acaba de asumir la presidencia de la compañía.

Sodes, que nació con una fuerte especialización en soldadura, es hoy un grupo de montaje y construcción de proyectos llave en mano, fundamentalmente para los sectores energético y químico. Su especialidad es la fabricación, montaje y mantenimiento de instalaciones para refinerías y centrales eléctricas (tanto térmicas clásicas como de ciclo combinado), así como tuberías de transporte energético (oleoductos y gasoductos).

Simultáneamente con esa especialización, el grupo asturiano ha desarrollado dos nuevas áreas de actividad. En un caso se trata de la producción con tecnología propia de placas solares térmicas, que, con la marca Kinichtec, produce, en régimen de maquila, en China.

La otra actividad, en la que el grupo fue pionero en España, es la gestión de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), a resultas del Protocolo de Kioto. Estas operaciones de consultoría climática las realiza el grupo desde 2005 a través de la sociedad Tutransformas.

La compañía opera también en el desarrollo de proyectos limpios para reducción de emisiones a cambio de créditos de carbono (CECS) que concede la ONU.

El PSOE de Cartagena se mantiene a favor del debate biprovincial, pese al 'no' federal

CARTAGENA.- La coordinadora local del PSOE en Cartagena, Caridad Rives, aseguró a "El Faro" que su partido mantiene, tanto en Cartagena como en el ámbito de la Región de Murcia, su compromiso de defender que la creación de una o más provincias en el seno de la Comunidad de Murcia debe contemplarse en la reforma del Estatuto de Autonomía.

Lo hizo pese a la negativa emitida el pasado viernes por el secretario federal de Política Municipal, Antonio Hernando, a contemplar modificaciones territoriales de ese tipo y ante la catarata de reacciones sociales y políticas que suscitó en la jornada de ayer.

Hernando sostuvo, al ser preguntado en Murcia por esta cuestión, que el mapa territorial de España está “cerrado” y que no se contempla modificación alguna “ni a corto ni a largo plazo”.

Rives consideró que es normal que Hernando se pronunciara de esta forma, porque “no procede abrir ese debate a nivel nacional todavía”. A su juicio, “la cuestión debe abordarse en la esfera autonómica”. En concreto, ha de ser en la Asamblea Regional, que es donde el PSOE insta al PP, que tiene la mayoría en la Cámara, a que incluya un mecanismo estatutario o camino que permita la creación de provincias.

El portavoz del Gobierno del PP en el Ayuntamiento, Joaquín Segado, consideró que no debe extrañar que los políticos nacionales se pronuncien en contra de este territorial, “porque probablemente no saben ni de que se les está hablando, y se trata de un tema conflictivo por lo que significa en otras partes de España”.

En ese sentido, “la diferencia entre PP y PSOE a nivel regional y local es que los socialistas incluyeron esa cuestión en su programa electoral y nosotros no, porque creemos que se trata de un debate que debe promoverse a nivel social”, apuntó.

Para el portavoz municipal de Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García Conesa, “la responsabilidad de ese desconocimiento es de los líderes locales y regionales de los partidos de estructura estatal: PP y PSOE. Su obligación es transmitir las inquietudes de quienes les han elegido. Con esto, se demuestra que no lo están haciendo o no les hacen caso”, añadió.

La opinión de los sectores sociales incide en que la cuestión de la provincialidad se verá lastrada por el desconocimiento total a nivel nacional, en el ámbito político.

Más de 1.300 cartageneros se enfrentan al embargo por deudas municipales

CARTAGENA.- Más de 1.300 personas, empresas y otras sociedades se enfrentarán, a partir de la segunda semana del mes de diciembre, al embargo de las propiedades que el Ayuntamiento tiene registradas a su nombre, si no comparecen en el plazo de dos semanas para satisfacer las deudas que mantienen con el Consistorio, referentes a impagos del presente ejercicio fiscal, según confirmaron fuentes municipales a "El Faro".

“No se trata de un número excesivo de deudores en fase de apremio. Todos los años se produce un listado similar de personas a las que no se ha localizado. Muchas de ellas simplemente no han recibido información al respecto, por lo que una vez informados de la posibilidad de embargo, acaban pagando y los embargos no se ejecutan”, apuntaron las fuentes consultadas.

La entrada de todos estos expedientes de deuda en la vía de apremio ha sido publicada en la página web municipal, al igual que la lista de deudores ha aparecido en el número 270 del Boletín Oficial de la Región de Murcia, correspondiente al pasado jueves, 20 de noviembre, entre las páginas 35.638 y 35.653. A la consulta de ese listado, en formato PDF, puede accederse a través de la página municipal en Internet.

Las fuentes municipales consultadas señalaron que los apremiados tienen pendientes impagos que superaron ya la fase de recaudación ejecutiva y cuentan con una doble notificación con acuse de recibo en los domicilios conocidos por el Consistorio. Es al no habérseles localizado cuando se publican sus nombres para que se presenten en un plazo de quince días. Si lo hacen, deberán abonar la deuda correspondiente, con el 20% de recargo.

Expirado el plazo, cosa que ocurrirá el 5 de diciembre, se iniciará el proceso de embargo de las cuentas y bienes de los que sean propietarios.

Las deudas se refieren a tributos que, como el Impuesto Municipal de Vehículos y el IBI de este año, han superado ya hacer varios meses el periodo de pago voluntario para los contribuyentes.

Resulta curioso observar como varios cientos de las personas que aparecen en los listados son de nacionalidad extranjera y por sus apellidos, tienen de forma mayoritaria origen anglosajón o árabe.

Ródenas defiende los trasvases en un plan hidrológico nuevo

MURCIA.- El director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, defendió esta semana en Madrid “un plan extraordinario en infraestructuras hidráulicas” que contemple, entre otras actuaciones, los embalses de la cuenca del Ebro y el trasvase desde este río para garantizar los recursos hídricos en España, según informaron fuentes del Gobierno regional.

El titular de Agua realizó estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda ‘Las políticas del Agua en España’, celebrada en el marco de la jornada ‘La gestión del agua en España. Nuevos retos’, que organizó el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Ródenas señaló que la ejecución de estos proyectos que contemplaba el Plan Hidrológico Nacional “supondrían una inyección en obra hidráulica de 10.000 millones de euros –4.200 para el trasvase del Ebro–, que serían estratégicos en estos momentos de crisis para reactivar la economía nacional”.

Además, indicó que esta cantidad “está en armonía con los 150.000 millones de euros destinados al auxilio del sistema financiero”.

Asimismo aseguró que la ejecución de estas infraestructuras “sería un arma muy eficaz contra el paro, que es la mayor amenaza que tiene la sociedad en estos momentos”, y resaltó que “además, a largo plazo tendríamos más agua, con mayor garantía y más barata, y proporcionaría más energía”.

“La Región de Murcia y España seríamos más competitivos”, apostilló.

Durante su intervención, Ródenas afirmó que la construcción de estos proyectos “ya estudiados y conocidos”, implican, según el director general, “impulsar mano de obra, consolidar la ingeniería hidráulica y la industria de construcción civil, y favorecer nuestro sistema productivo”.

Repsol y Noksel aparecen como fuentes de nuevas vías de negocio

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, en el marco del Plan Industrial de la Región de Murcia, estudia nuevas oportunidades de negocio propiciadas por los significativos proyectos de inversión en la Región, como Repsol en Cartagena o Noksel en Lorca, según informaron fuentes del Gobierno regional.

En este marco, miembros del INFO mantuvieron esta semana una reunión con la Federación de Empresarios de Puertollano, en Ciudad Real, con la finalidad de conocer las ventajas de multinacionales en aquella localidad.

Con este encuentro, ambas instituciones pretenden aprovechar las sinergias y los conocimientos de los empresarios de Ciudad Real, en concreto “del importante complejo empresarial y petroquímico de Puertollano, en el que la compañía Repsol YPF cuenta con una planta que tiene la mayor complejidad técnica de todas las refinerías españolas, tanto por la variedad de sus productos como por la integración de las unidades, y que será el modelo de partida para las obras que realizará la petrolera en el Valle de Escombreras”.

Los empresarios de Puertollano describieron la articulación de un modelo de tejido industrial, acorde a las necesidades de las inversiones realizadas, en este caso por Repsol, lo que propició una potente industria auxiliar y de suministros.

La compañía Repsol YPF anunció a principios de este año el aumento de su inversión prevista en el Valle de Escombreras en más de un 50 por ciento, hasta alcanzar los 3.262 millones de euros.

Un aspecto significativo de esta inversión es que durante el plazo de ejecución de las obras, cerca de tres años, la planta creará unos 300 puestos de trabajo directos, más 400 contratistas diarios y 1.500 trabajos inducidos.

Para el Info, “las nuevas inversiones e instalaciones que se llevarán a cabo en la Región “son una receta más para hacer frente a la crisis económica”, y señala que “la Consejería, a través del Info, está poniendo en marcha toda una serie de mecanismos para fomentar el acceso de los empresarios murcianos a este tipo de grandes obras de infraestructura, ya que se cuenta con un tejido muy diversificado, que puede ofrecer su servicio y experiencia”.

Es la energía, estúpidos (y el aeropuerto) / José Antonio Martínez-Abarca

Los hombres de empresa, no sólo Luis del Rivero, murciano que creó Sacyr prácticamente de la nada, tienden a pensar que el dinero no tiene padrinos y que no es nunca moral o inmoral, sino sólo dinero, con el que se puede apostar a voluntad ya que el dinero sólo debe dar cuentas a su propietario (¡ah, la fama de chalaneros que aún tenemos los murcianos por ahí fuera!). Terrible error.

Con el dinero que no es moral ni inmoral sino sólo dinero los grandes hombres de empresa como Del Rivero pueden acometer acciones que sí son morales o inmorales, éticamente impecables o éticamente reprobables, con repercusión únicamente privada o con repercusión del todo pública, incluso en clave antinacional y antipatriótica, anticiudadana.

Si se consuma la inicua venta de las acciones de Sacyr en la empresa que acumula buena parte de la energía en España, Repsol, a las siempre dudosas zarpas rusas, a través de una de esas empresas/títere que tanto gustan en el Kremlin, se habrá consumado una operación patibularia contraria a los intereses de España (no sólo los estratégicos), y que arrojará sombras imborrables sobre el futuro del país, de las que el Gobierno de Zapatero, más temprano que tarde, deberá responder en una investigación al efecto.

Es la cuestión más importante, ésta de la energía, que tenemos ahora mismo en la actualidad española, aunque, cómo no, qué boda sin la tía Juana, no figure ni en el “top ten” de las preocupaciones de los españoles. Ya figurará. Ni el terrorismo de ETA, ni el paro, ni la crisis, ni los nacionalismos periféricos, ni las bodas gays, ni el maltrato de género, ni el debate sobre la eutanasia activa o pasiva. La cuestión energética: es la madre del cordero de todas las batallas, la madre del cordero de todos los corderos. Es la energía, estúpidos.

Sin energía nuclear, sin petróleo, con las “alternativas” en mantillas y subvencionadas por el Estado, Inviables sin tutela, España no puede seguir dependiendo inquietantemente (y aún menos, depender aún más, como se pretende, depender en absoluto, de forma esférica y total) de que las decisiones sobre nuestra energía, crudo, gas, electricidad, se tomen en otros países, y concretamente en países convulsos, no democráticos, no fiables, donde no existe un cuadro de seguridad jurídica previsible, cuando no decididamente gamberros, dictatoriales o teocráticos o las tres cosas a la vez.

Y, por si poco fuera, que sea la propia presidencia del Gobierno, a través de su beautiful people amiga (del Rivero, entre otros muchos) se promueva o al menos se facilite que las cosas lleguen a ese espeluznante escenario. Aquí , en este tipo de operaciones aparentemente “de mercado”, nos estamos jugando los próximos cincuenta años del país.

Hemos escrito “aparentemente de mercado”, que es la coartada de quienes no han creído nunca en un sistema de juego claro y limpio para echárnoslo en cara a los liberales. Porque en realidad no son operaciones de mercado. No hay mercado, no puede haberlo, en los países que el poder político no está sometido a fiscalización jurídica de ningún tipo, porque ésta es la condición inexcusable. Por supuesto, Rusia. En Rusia gobierna Mad Max tras ese apocalipsis: una manga de mafiosos a las órdenes de un ex torturador del KGB. Todas las demás consideraciones son aleatorias, irrisorias.

Y a ese selecto club de gente de callejón oscuro es a donde quiere mandar el juguetón murciano Del Rivero una compañía como Repsol , al amparo de un supuesto “mercado libre”, que en realidad sólo es el mercado de las islas Caimán, el de las cuentas suizas, el de las sociedades fantasma, el de los oscuros intermediarios, el de los tipos que compran y venden países en un minuto por internet, el de los Estados fallidos, o sea, el mundo en el que suena el timbre a las cinco de la mañana y nunca es el lechero.

Eso no es ni libre ni mercado porque para que haya ambas cosas es preciso antes una democracia de alta intensidad (ni siquiera estoy nada seguro de que la española lo sea, claro que comparado con Moscú, España es el Capitolio). Del Rivero puede no parecer beautiful people (desde luego, la estética ha desmejorado mucho desde Mariano Rubio o Alberto Cortina, y no quedan igual en las fiestas), pero juega con el dinero, suyo pero a poder ser ajeno, como si eso quedara fuera del ámbito de la responsabilidad o incluso de la imputabilidad.

Esta vez no, señor. Está a punto de ir demasiado lejos y sin billete de vuelta. Creí sinceramente que la opción de Sacyr más Cajamurcia más un grupo diminuto de capital murciano (segunda lectura: es una verdadera vergüenza que cuando desde los poderes públicos se pide a las grandes empresas murcianas que inviertan en un sector estratégico aquí casi nadie se llame a andana y los que sí se llaman pongan dos duros pelados por cubrir el expediente, seguimos con el chalaneo murciano) para construir el aeropuerto regional, porque, en efecto, gracias a la particular cercanía de Del Rivero al círculo de Zapatero la cosa podría ir mucho más deprisa y “engrasada”, pues así es como funcionan realmente las cosas en este país y me imagino que en casi todos: la humana condición, ay.

Desconocía, como todos los españoles, la situación financiera real de las empresas de Del Rivero, que se ha destapado ahora. El juego de las grandezas ha terminado. Game over. Si no existe más opción para que Sacyr-Vallehermoso, una emprendeduría privada, no quiebre que el vender España, una idea pública, a los rusos, la respuesta es evidente para cualquiera que no sea un nihilista corrupio. Quizás haya que ir pensando ya en otras soluciones para el aeropuerto de Corvera, porque con según qué socios me temo que ya vamos a ir a pocos sitios. Seguro que al presidente ejecutivo de Cajamurcia, el siempre avisado Carlos Egea, ya se le ha ocurrido algo.

Sudamérica

Los “campeones nacionales” han resultado no serlo tanto. España se malvende en una rifa o subasta acalorada en la que los dedos alzados sacarán punta al cielo a lo largo del 2009. En Sudamérica, ni siquiera se vende España, sino que los gobiernos protodictatoriales se la quedan por la patilla y porque sí, disfrazado de “decisión judicial” o de “negociación de Estado”. Así, Argentina con Marsans, o Venezuela con el grupo Santander.

En nuestro propio país, para no ser menos, queremos poner lo que nos queda de la herencia, para ir tirando a lo menos un añito más, al ya te veré de los piratas internacionales que pagan en “cash”, en billetes usados, pequeños y sin marcar. Los que en España sirven para seguir yéndonos de fiesta laica de la democracia, que en los sitios de copas no te cambian billetes de quinientos euros.

España, el sistema financiero más sólido del mundo. Para algunos que se van a lucrar sí o sí en esta nueva edición de la “gente guapa” felipista, ya lo creo que es sólido. Blindado, diría yo.

www.elfarodemurcia.info

IU exige a Valcárcel que fuerce la dimisión del alcalde de Librilla

MURCIA.- Izquierda Unida de la Región de Murcia, a través de la dirigente regional del partido y concejal de IU-LV en Murcia, Esther Herguedas, exigió hoy al presidente de la Comunidad Autónoma y del PP regional, Ramón Luis Valcárcel, que fuerce, "por democracia y decencia", la dimisión del alcalde de Librilla, José Martínez García, así como del teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

"La difusión de un nuevo caso de supuesta corrupción urbanística popular en todos los medios de alcance nacional es un lamentable espectáculo", criticó, Herguedas en un comunicado de prensa, quien añadió que "sólo con la dimisión inmediata de estos responsables municipales se evitará este espectáculo al que ya asistió la sociedad murciana en el caso de Totana; un alcalde entre rejas que finge dirigir desde prisión su municipio".

A este respecto Herguedas calificó de "medida claramente insuficiente" la baja cautelar como militante del PP del alcalde de Librilla.

"Esta medida no frena el deterioro de la imagen de la Región de Murcia, así como de sus políticos, y es compatible con espectáculos mediáticos y teatrales a cargo de las personas imputadas, utilizando las instalaciones y medios municipales con fines claramente personales, como ha sucedido en Totana, con Martínez Andreo".

Por todo ello Herguedas consideró que la Región de Murcia no puede permitirse otro 'caso Martínez Andreo' y que "sólo Valcárcel, desde su posición institucional y política, posee los resortes para que los ciudadanos de Librilla recuperen la credibilidad en su Ayuntamiento", concluye.

También el PSRM-PSOE exigió al presidente Ramón Luis Valcárcel, que “vaya más allá y se comprometa” a que este alcalde deje de ser primer edil cuando salga de la cárcel. Califica como “gravísimos” los hechos ocurridos en Librilla y recuerda que el PP también suspendió de militancia al alcalde de Totana, pero tras pasar un tiempo en la cárcel por otro caso de corrupción urbanística, continúa ejerciendo su papel de primer edil.

Considera que la consejera de Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, “debería estar más preocupada por dar explicaciones y porque la Guardia Civil haya tenido que entrar en el departamento que regenta”, ya que los agentes de la Benemérita entraron en sus dependencias el pasado martes.

'Cespa' termina llevando al supuesto ecologista Joaquín Pastor ante los tribunales de justicia

MURCIA.- La empresa Cespa, del grupo Ferrovial, ha emprendido acciones judiciales que finalizarán con la presentación de cuatro denuncias y cuatro querellas contra Ecologistas en Acción Región de Murcia y el supuesto ecologista Joaquín Pastor, por presuntas denuncias falsas y calumnias, y les reclamarán 200.000 euros de indemnización, según revela hoy "La Verdad".

Los abogados de Cespa ya han emprendido acciones judiciales y están preparando las demandas y querellas contra Joaquín Pastor (concejal socialista de Ulea) y Ecologistas en Acción, ante la duda de si Pastor actúa como representante de la citada asociación o a título personal como ecologista.

El director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial Servicios, al que pertenece Cespa, Vicente Galván, ya anunció que recurrirían ante el juez por una campaña de difamación por parte de «supuestos ecologistas».

Las cuatro demandas y cuatro querellas van a ser presentadas por la empresa Cespa y por tres directivos de la misma, concretamente por Javier Díez, delegado en Murcia de Cespa; Buenaventura Gómez, director de la planta de Ulea y Vicente Galván, director de Calidad de Cespa.

(Cada una de estas partes reclama a Ecologistas y a Joaquín Pastor 50.000 euros, lo que multiplicado por cuatro, da los 200.000 euros).

El bufete de abogados que trabaja para Cespa está trabajando en ellas y la intención de los directivos de la empresa es presentarlas en el plazo de uno ó dos meses, casi con toda probabilidad antes de que finalice este año.

En cualquier caso, no hay ningún ánimo de lucro por parte de los directivos de Cespa y ya han anunciado que si la sentencia les es favorable donarán esa cantidad a una ONG o alguna asociación benéfica.

La representación letrada de Ecologistas en Acción manifestó su oposición a la demanda de conciliación planteada por la empresa Cespa. Los motivos argumentados fueron que dicha asociación ecologista «nunca ha realizado manifestaciones calumniosas ni injuriosas ni hacia los demandantes en conciliación ni hacia ninguna otra persona».

Agregaba que «lo único que ha hecho ha sido ofrecer información acerca de una serie de hechos con un indudable interés público, como es la gestión de los residuos en la Región de Murcia, y siempre con base en una serie de documentación de todo tipo (escrita y en forma de grabaciones de vídeo) obtenida por profesionales contratados al efecto.

La corrupción política tenía atenazada a Librilla desde dos administraciones públicas

MURCIA.- José Luis Cano Valverde, funcionario en excendencia de la Consejería de Presidencia, lo debió ver claro desde su privilegiada atalaya de responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios cuando, corriendo el año 2001, un terremoto causó daños muy cuantiosos en la comarca del río Mula y la Administración Regional pronto estableció una línea de ayudas a los damnificados. Fue entonces cuando, según diversos datos que surgen de la investigación realizada con motivo de la Operación Biblioteca, Cano decidió supuestamente constituir una trama dirigida a lucrarse con ese dinero público.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a La Verdad que fue entonces cuando el funcionario buscó a un ingeniero conocido suyo, Domingo Peñalver Rojo, y le ofreció constituir entre ambos una sociedad llamada Asesores de la Calidad y Desarrollo de la Ingeniería S.L. (ACADI), dirigida a elaborar informes para los ayuntamientos -en los que Cano tenía buenos contactos por razón de su puesto en la Comunidad Autónoma- con los que solicitar y obtener esas subvenciones públicas.

Para evitar posibles incompatibilidades, Cano habría convencido a Peñalver para que sólo éste figurase al frente de la sociedad, aunque él tuviese el 50% de las acciones, que tampoco declaró ante el Registro Mercantil.

Tal es el germen de la presunta trama de corrución desmantelada esta semana por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo.

OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Una vez que la sociedad Cano-Peñalver comenzó a funcionar, fue ampliando con el paso de los años sus actividades, siempre orientadas a seguir lucrándose presuntamente de sus privilegiadas relaciones con la Comunidad Autónoma y con diversos ayuntamientos.

Según relata textualmente el fiscal en los autos de prisión dictados este viernes, y a los que La Verdad ha tenido acceso, contra el alcalde de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora y el referido José Luis Cano (sólo Peñalver quedó en libertad con cargos), «la presunta trama se habría urdido por José Luis Cano, con la colaboración de Domingo Peñalver, para constituir una serie de sociedades con las que enriquecerse mediante la adjudicación de contratos públicos a través de esas empresas, bien utilizando el puesto de don José Luis en la Consejería de Presidencia o bien favoreciéndose de los contactos de este último con otros funcionarios públicos, a los que se habrían pagado comisiones ilegales por esas actividades».

Es en este punto donde entran en escena el alcalde y el concejal de Urbanismo de Librilla, así como el gerente de IDL, José Andrés Cortés.

Aprovechándose supuestamente de las buenas relaciones que Cano tenía con el equipo de gobierno de Librilla, el funcionario de la Comunidad consigue lo que el juez llama «el desembarco de Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla». Primero, como técnico municipal; y después, al conseguir que «a una empresa con tan poco bagaje económico como ACADI -presidida por Peñalver-, se le adjudique la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio».

«BENEFICIOS MUY IMPORTANTES»

Para completar la trama, el equipo de gobierno habría situado al frente de la sociedad municipal IDL a un hombre de confianza, José Andrés Cortés, quien acabó convirtiéndose en funcionario en unas oposiciones de cuyo tribunal formó parte José Luis Cano.

Con este panorama, al juez Carrillo no le extraña que ACADI -la sociedad que era propiedad de Cano y Peñalver- «haya extraído beneficios tan importantes como los obtenidos de la sistemática adjudicación de los contratos de IDL a esa ACADI. Y ello en repetidos concursos que, según refiere el mismo Domingo Peñalver, no eran tales por fijarse unos perfiles específicos para el adjudicatario que prácticamente sólo encajaban con la referida empresa».

Es decir, que según el instructor, los contratos públicos estaban amañados de antemano para que fueran siempre a parar a ACADI.

«SOBRES CON DINERO»

¿Qué habrían ganado el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, así como el gerente de IDL, con esa adjudicación sistemática de los concursos públicos a la sociedad controlada por Cano y Peñalver? Tal es la pregunta que se hace el juez y que se contesta de la siguiente forma: dinero. Dinero obtenido en forma de comisiones, que constituirían un presunto delito de cohecho.

Así, el magistrado otorga gran credibilidad a las confesiones de uno de los imputados y presuntos integrantes de la trama, Domingo Peñalver, quien ha reconocido haber abonado cuantiosas comisiones al gestor de IDL y al alcalde y al edil de Urbanismo. El instructor considera que no parece que existan «intereses espurios» en las acusaciones de Peñalver, ya que él mismo está autoinculpándose de delitos tan graves como el cohecho y la falsedad en documento.

En concreto, el administrador de ACADI relató en su declaración ante la Guardia Civil, luego ratificada en el juzgado, que hizo diversos pagos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros (entre cinco y diez millones de pesetas) a José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés. Peñalver contó además que, de entrada, IDL se quedaba ya con el 10% de todos los contratos, y que luego Cortés y Pedro Martínez comenzaron a exigirle otro 20% para ellos y para el alcalde.

«ME TIENES QUE DAR LO MÍO»

El juez sigue señalando que la credibilidad indiciaria de Peñalver en su relato es elevada y que «se aprecian muy serios indicios sobre la comisión de delitos graves, como lo es sin ir más lejos el cohecho de José Martínez García y de Pedro Martínez Muñoz. Domingo Peñalver da datos concretos acerca de circunstancias temporales y espaciales relativas a la entraga de cantidades a estos últimos, como medio para conseguir desbloquear el pago de cifras a favor de ACADI».

Y es que el gerente de ACADI declaró que los responsables municipales y el gerente de IDL le retrasaban los pagos de dinero público, con el presunto fin de forzarle a entregarles más comisiones. De esta forma, durante un año y medio casi no habría percibido dinero alguno; una circunstancia que el alcalde, el teniente de alcalde y el responsable de IDL admiten, pero que achacan a otras circunstancias de procedimiento y no a un intento de extorsionarle.

Respecto a la aportación de datos concretos sobre el pago de comisiones a que se refiere el instructor, Peñalver llega a relatar cómo en una ocasión se reunió en una cafetería llamada Mulligan's con su socio Cano, el alcalde y el edil de Urbanismo, y él mismo le entregó un sobre con dinero a su amigo para que a su vez se lo entregase a los dos cargos públicos de Librilla.

Cuando a lo largo del interrogatorio el juez le pregunta si José Martínez le pidió directamente dinero, el administrador de ACADI responde: «Me dijo que le tenía que dar lo suyo».

-«¿Y usted a qué cree que se estaba refiriendo con esa expresión?», le insistió.

-«Pues a que le diera su dinero, aunque no lo nombró de esa forma expresa», aclaró.

UN ESTADO CASI DEPRESIVO

Habrían sido presuntamente las continuas e imperiosas solicitudes de dinero las que habrían llevado a Domingo Peñalver a querer apartarse totalmente de Cano y de sus relaciones con Librilla. Tanto es así que en el último año no había vuelto por el pueblo y que había regalado ACADI a su socio, después de haber despedido e indemnizado a los empleados.

Ese estado casi próximo a la depresión es el que habría llevado a Peñalver a confesar de plano cuando la Guardia Civil le anunció que estaba detenido y lo condujo al cuartel para tomarle declaración. La misma que le llevó este viernes a ratificar su testimonio ante el juez instructor. Y la misma que, por colaborar con la justicia, le ha permitido eludir por ahora una prisión en la que ya están cuatro de quienes, durante años, fueron sus presuntos compinches.

RECHAZAN LAS ACUSACIONES

No, no, no. Y, además, no. Los cuatro encarceladso por su presunta pertenencia a la trama desmantelada con la Operación Biblioteca han negado, tanto en sus declaraciones ante la Guardia Civil como en el juzgado, cualquier implicación en hechos delictivos. Por supuesto, el alcalde y el teniente de alcalde de Librilla, así como el gerente de IDL, niegan haber percibido cualquier comisión por la adjudicación de contratos públicos, mientras que el también encarcelado Cano rechaza haber pagado a los otros tres, o tener conocimiento de que su socio Peñalver lo hubiera hecho.

Sin embargo, entre ellos cuatro incurren en ocasiones en algunas contradicciones. Así, y según han confirmado fuentes próximas a la investigación, Cano admite que recomendó a su socio Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla, mientras el alcalde afirma que «Cano no apadrinó a Domingo».

Otro dato importante está en la declaración del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuando reconoce que la empresa pública IDL, gestionada por José Andrés Cortés, le cobraba el 9% del importe de todos los contratos adjudicados a ACADI. Aunque aseguró que ello estaba contemplado en contrato e insistió en que todo se hacía legalmente, «se enredó en algunas explicaciones sin sentido a preguntas del fiscal», según las mismas fuentes. Ese dinero que recaudaba IDL iba a parar, según el concejal, al Ayuntamiento de Librilla y no a los bolsillos de ninguno de ellos.

El empresario Peñalver denuncia ´el chantaje de años´

"Me he quitado de encima un chantaje que ya duraba muchos años" y me alegro "de ser parte y haber colaborado con la investigación de los guardias civiles". Así se expresaba el joven empresario de 27 años Domingo Peñalver, a cuyo nombre se encuentra la sociedad Acadi, con la que se benefició de contratos del ayuntamiento de Librilla por un valor superior a los seis millones de euros, recoge hoy "La Opinión".

Este testimonio de uno de los detenidos el martes ha sido fundamental para que el juez Andrés Carrillo decidiera enviar a prisión como presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios al alcalde de Librilla, José Martínez; al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Pedro Martínez.

También el funcionario de la consejería de Presidencia en excedencia José Luis Cano, y considerado el cerebro de la trama y copropietario de la empresa Acadi, fue trasladado a la cárcel de Sangonera la Verde, al igual que el empleado del Ayuntamiento y consejero delegado de la sociedad municipal del suelo José Andrés Cortés.

Por el contrario, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Murcia acordó libertad con cargos y sin fianza, con obligación de presentarse ante el juez cada 15 días, para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, que también fue la adjudicataria de la redacción del PGOM de Librilla.

En su declaración, tal y como confirman fuentes del caso, Peñalver aseguró que los dirigentes del ayuntamiento de Librilla le exigían entre el 10% y el 20% de los pagos realizados por el Consistorio a la sociedad Acadi, cuyo titular era Peñalver, pero que también pertenecía a Cano, tal y como ha confirmado la investigación desarrollada por la Guardia Civil.

Las mismas fuentes aseguraron a "La Opinión" que el magistrado interrogó al alcalde y al concejal de Urbanismo sobre una presunta reunión celebrada en una cafetería de Murcia en la que habrían participado los dos políticos, José Luis Cano y el propio Domingo Peñalver, en la que habrían recibido varios sobres con dinero, términos que ambos rechazaron.

El primer edil y el responsable de Urbanismo también fueron interpelados por el presunto cobro de comisiones a la empresa Urvisán, que fue registrada por los agentes.

El letrado Francisco Valdés, defensor de José Luis Cano, aseguró: "Nos vamos un poco decepcionados porque nuestro defendido no tenía que soportar una medida tan dura", añadió, aunque "por suerte se ha tomado bien" la decisión de su envío a provisional a prisión.

Ello se debe en parte, aclaró, a que desde esta mañana "le venía diciendo que esto podía ocurrir, que era lo más probable, para que estuviera psicológicamente preparado, porque luego es más fácil llevarse una alegría que esperar lo contrario y, de pronto", decidan enviarlo a la cárcel, como ha ocurrido. Valdés dijo estar de acuerdo con la decisión del juez de liberar a Peñalver.

El abogado que representa al primer edil y al concejal de Urbanismo, José Ángel González Blanco, aseguró que recurrirán la decisión de prisión sin fianza, según "El Faro", pero que esperarán a que se cumpla el plazo de cinco días que tienen para apelar para ver si modifica su criterio el juez que lleva el caso.

Según González Blanco, “esperamos que en este plazo el juez tome declaración a todos los que ha llamado, y en el caso de que no se produzca una modificación una vez hecho esto, pediremos la libertad de los dos por la vía del recurso”. Y es que González Blanco opinó que “la prisión es para que los detenidos no hablen con los que faltan por declarar”.

El concejal de Juventud y Deportes, Manuel Solana Sánchez, se hará cargo de la alcaldía en funciones de Librilla a partir de mañana lunes. También tuvo que dar las claves de su ordenador a los agentes de la UCO para la investigación.

PRINCIPALES IMPLICADOS

José Martínez García: Alcalde de Librilla entre los años 1991-1999 y desde el 2003 a la actualidad. Conocido en su localidad como Pepe El Mecánico. Se le imputa haber recibido comisiones por la adjudicación de contratos a ACADI. En situación de prisión preventiva.

Pedro Martínez Muñoz: Teniente de alcalde de Urbanismo y concejal de Librilla desde el 2003. Se le imputan los mismos hechos que a su alcalde. En prisión preventiva.

José Luis Cano Valverde: Funcionario de la Consejería de Presidencia en excedencia desde junio del 2007 y ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. Presunto cerebro de la trama creada para lucrarse con contratos públicos. Socio de ACADi junto a Domingo Peñalver. En prisión.

José Andrés Cortés Otálora: Gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.). Se le acusa de recibir comisiones por influir en la adjudicación de contratos públicos a ACADI. En prisión.

Domingo Peñalver: Socio de Cano en ACADI S.L.. Se le acusa de pagar comisiones a cargos públicos. Ha confesado. En libertad provisional.

(Alcalde de Librilla)

“Extrañas ausencias” de los dirigentes populares / Juan Redondo

Desde Estrasburgo, Ruiz Vivo, portavoz de los populares murcianos, reiteraba que está en sus cosas como presidente de la Comisión de Empleo de la Asamblea y que no “tiene ni idea de lo que está pasando en Librilla”.

En la puerta del Palacio de Justicia, por la noche, sólo esperaban al alcalde y al concejal popular de urbanismo del ayuntamiento los familiares más directos. Llevaban cerca de treinta horas detenidos por un supuesto delito de cobro ilegal de comisiones en una trama urbanística en la que estarían implicados un alto funcionario de la Comunidad y otros del Ayuntamiento de Librilla.

Mientras la investigación judicial se pronuncia, los responsables populares han hecho mutis. Al fin y al cabo “Pepe, el Mecánico” es ese alcalde entrañable que luce en una convención del partido o que organiza una matanza para Nuevas Generaciones. Para llenar sus posibles carencias está el partido o los funcionarios. Caza menor; dicen los que le conocen bien que es un personaje predispuesto para el asesoramiento: “porque tú, de esto no entiendes”; o para volar el primero delante de las escopetas de los cazadores mientras otros más elegantes se convidan en el casino.

De ser ciertas las imputaciones, los vecinos dicen que le han engañado, porque él no es un lince o un joven proyecto político de futuro como sus compañeros alcaldes de Totana, o de Torre Pacheco, ahí la respuesta de apoyo del PP fue rápida y clara. Parece que no sabe mucho de la trama o desconoce quién tiene enterrados “muertos en el jardín”.

En San Esteban se supone que los consejeros y directores generales están más cualificados que “El Mecánico”, y asistimos a metidas gordas por parte de algunos altos funcionarios sin escrúpulos.

Para los populares en ocasiones las cosas cambian si las hace “Agamenón o las hace el porquero”. Y dicen que si el alcalde de Librilla, por un casual, saliera con una imputación menor, en la fiesta estarían en primera línea todos los dirigentes del partido, empezando por los ahora “ausentes”.

El bufete de Martínez Andreo

De la defensa del alcalde de Librilla, José Martínez, se ha encargado María Pascual del bufete que lleva a Martínez Andreo, el edil totanero, que pasó un tiempo en la cárcel y está en libertad previo pago de fianza, con baja temporal del PP.

Dicen que el despacho dirigido por el catalán González Franco a este paso va a tener que montar una franquicia en la Región. Y es que a los penalistas en estos tiempos que corren no les falta trabajo.

Evaristo Llanos lleva a uno de los imputados de Librilla y tiene clientes en Los Alcázares, Totana y Torre Pacheco. José María Caballero se multiplica por días y Pardo Geijo se reserva para las grandes ocasiones.

www.elfarodemurcia.info

La UCO de la Guardia Civil se presenta en San Esteban en busca de documentos concretos

MURCIA.- La investigación que la Guardia Civil desarrolla dentro de la Operación Biblioteca, y que ha supuesto la desarticulación de una supuesta trama de corrupción urbanística en Librilla, se trasladó ayer al palacio de San Esteban, sede de la Consejería de Presidencia y del Consejo de Gobierno, según revela hoy "La Verdad".

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), responsables de la investigación del caso de Librilla, se personaron ayer por la mañana en el edificio, que acoge también las oficinas del presidente del Gobierno regional, en busca de determinados documentos relacionados con la investigación.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia, los dos agentes fueron atendidos por el secretario general de la Consejería, José Gabriel Ruiz, quien facilitó la documentación reclamada por los agentes, aunque no toda, ya que una parte había sido remitida de forma voluntaria por la propia Consejería al Juzgado que instruye el caso un día antes.

Los papeles que no pudo llevarse ayer la Guardia Civil del palacio de San Esteban son los que componen el expediente de información reservada abierto por la Consejería a José Luis Cano, ex jefe de la Oficina de Asistencia Técnica a los Municipios de la Dirección General de Administración Local y considerado como uno de los cabecillas de la trama de corrupción.

Dicho expediente, tramitado en abril del pasado año, se archivó tras no detectar ninguna irregularidad. Dos meses después, el 1 de junio, el funcionario en cuestión pidió la excedencia voluntaria.

Este expediente forma parte de la documentación enviada por propia iniciativa anteayer al Juzgado por la Consejería de Presidencia.

La presencia de los agentes de la Guardia Civil en el palacio de San Esteban se llevó a cabo con la máxima discreción y, según fuentes de la Administración, en todo momento predominó el diálogo y la colaboración entre los encargados de la investigación y los responsables de la Consejería.

Se da la circunstancia de que ayer, en el mismo edificio, aunque en distintas plantas en las que se encontraban los miembros de la Guardia Civil, se celebró la reunión ordinaria de los viernes del Consejo de Gobierno, presidido por Ramón Luis Valcárcel, tras la que la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, ofreció la habitual rueda de prensa.

Con el palacio de San Esteban ya son tres, junto con el Ayuntamiento de Librilla y las dependencias de la Dirección General de Administración Local, las sedes institucionales que han recibido la visita de los agentes de la UCO a causa de la Operación Biblioteca.

El máximo dirigente socialista regional, Pedro Saura, ha revelado que su grupo político pedirá que comparezca en la Asamblea Regional la persona que dirigía la Consejería de Presidencia en la época investigada, en el caso de Librilla, para que aporte toda la información y saber qué ha pasado con el dinero público. Se trata de Fernando de la Cierva, hoy en la empresa "Polaris World".

Bajas cautelares

La dirección del Partido Popular de la Región de Murcia, a la vista de las informaciones trascendidas sobre la denominada operación ‘Biblioteca’, ha decidido dar de baja cautelar en el partido como afiliado al actual alcalde de Librilla, José Martínez, y al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

También ha querido expresar su "más absoluto respeto por las actuaciones judiciales y ha pedido a la Justicia que actúe con diligencia para esclarecer los hechos de esta investigación y así conocer el alcance de los mismos".

El PP considera que las actuaciones de los ediles "están refrendadas por los votos que avalan ideologías pero no conductas que pueden ser contrarias a la defensa de los valores democráticos de los Ayuntamientos".

La Ejecutiva Federal del PSOE descarta la provincialidad de Cartagena

CARTAGENA.- La Ejecutiva Federal del PSOE expresó hoy su postura contraria a cualquier nueva división territorial de España, como la eventual creación de una segunda provincia con cabecera en Cartagena, al considerar su secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, que “el mapa está cerrado y es responsable y estable, tanto a nivel autonómico como municipal”.

En una toma de postura radicalmente contraria a una nueva subdivisión, que contrasta con la tibia posición a favor de ese debate manifestada por la dirección regional, el responsable de organización municipal en la Ejecutiva Federal aseguró, en Murcia, que no ve “una reforma, ni a corto ni a largo plazo, en ese sentido”, según versión de "El Faro".

Se trata de la primera declaración tajante de un responsable federal respecto a un debate en el que los dirigentes regionales de su partido han fluctuado entre el apoyo entusiasta a la provincia y la petición de un diálogo abierto sobre el particular.

El secretario del PSRM-PSOE, Pedro Saura, lleva años pidiendo que esa cuestión se incluyera en el debate del nuevo Estatuto de Autonomía.

Ya en enero, el número 1 del PSOE en la lista electoral al Congreso de los Diputados por Murcia, el actual ministro de Justicia Javier Fernández Bermejo, calificó de «regresivo» pedir la provincia cuando la tendencia internacional es la contraria.

Ahora, el portavoz de Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García Conesa, tacha a Hernando de «desinformado» y de tener un desconocimiento «profundo de los asuntos de Cartagena», sus demandas y «sentimientos mayoritarios».

También ataca el «doble lenguaje» del PSOE.

Prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla y el alto funcionario de Presidencia

MURCIA.- El juez Andrés Carrillo de las Heras ha dictado esta noche prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla, José Martínez García (PP); el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz (PP); el gerente de la empresa municipal del Suelo, José Andrés Cortés Otálora, y el alto funcionario autonómico de Presidencia, ahora en excedencia, José Luis Cano Valverde, tras más de diez horas de interrogatorios. Poco después todos ingresaban, ya de madrugada, en el Centro Penitenciario de Sangonera, muy cercano a Librilla, al que llegaron en un furgón de la Guardia Civil escoltado por otros dos vehículos policiales.

En el transcurso de las declaraciones, algunos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se acercaron hasta el despacho del juez para hacerle entrega de diversa documentación.

El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Murcia acordó también libertad sin fianza, aunque con obligación de presentarse a firmar cada 15 días en sus dependencias, para el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo, de 28 años, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Librilla, aunque la petición de cárcel por parte del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, también le incluía. Su abogado defensor ha sido el penalista murciano Evaristo Llanos.

Todos ellos fueron puestos hoy a disposición judicial después de ser detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en Murcia y Librilla, por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener ilegalmente beneficios por casi siete millones de euros.

Poco antes, tras haber escuchado a los cinco detenidos, el fiscal solicitó la prisión incondicional sin fianza para cuatro de ellos. El magistrado-juez titular del nº 6, después de los alegatos presentados por los abogados defensores, en el sentido de pedir la libertad de sus clientes aunque fuese bajo fuertes fianzas, anunció su esperada decisión, sólo revocable ahora mediante la estimación de un eventual recurso de reforma presentado por los letrados defensores María Pascual y Francisco Valdés Albistur. El juez volverá a pronunciarse la próxima semana sobre la situación procesal de todos los imputados tras una segunda ronda de nuevas declaraciones.

Los hechos

El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector.

La sociedad beneficiaria era Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre.

Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.

En junio del año 2005, dos meses antes de la presentación del avance del Plan General de Ordenación de Librilla, ACADI amplió su objeto social para incluir la 'gestión de suelo, urbanística e inmobiliaria', ya que hasta entonces sólo figuraba 'las asistencias técnicas en ingeniería', el 'control de calidad y ejecución de obra civil y de edificación' y, de acuerdo con otra ampliación del objeto social realizada en marzo del 2004, la 'promoción y construcción de viviendas'.

A pesar de que el alcalde de Librilla, José Martínez (PP), aseguró que la contratación del Plan General se hizo mediante concurso, lo cierto es que en el Boletín Oficial de la Región de Murcia no aparecen publicadas ni la convocatoria ni la resolución de ningún concurso para la elaboración de este trabajo, tal y como establece la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas para un contrato de este tipo, que puede superar los 200.000 euros.

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, en junio de 2006, provocó una sonora polémica, ya que convertía en urbanizables 2.800 hectáreas de regadíos dotados con unos 40 millones de euros en subvenciones para su modernización concedidas por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Ahora, Peñalver, administrador único de ACADI, ha reconocido haber pagado cuantiosas comisiones al alcalde, José Martínez, y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, por la adjudicación de contratos municipales. Ambos han negado rotundamente cualquier actuación irregular respecto de los 30 planes parciales urbanísticos concedidos a esta empresa.

Peñalver sostiene, en cambio, que estaba obligado a abonar entre el 10% y el 20% del importe de todos los contratos públicos que se le adjudicaban; en total, entre 200.000 y los 600.000 euros.

Asegura este ingeniero que actualmente era presionado por los dos políticos de Librilla, que le conminaban a que siguiera pagando comisiones si quería percibir los cobros que tenía pendientes por parte de las arcas municipales.

(José Martínez; la consejera de Economía y el director del INFO

con el ahora imputado alcalde de Librilla)

La Asamblea General de Caja Mediterráneo aprueba una nueva emisión de cuotas participativas

ALICANTE.- La Asamblea General de Caja Mediterráneo celebró hoy una sesión ordinaria en la que aprobó la propuesta del consejo de administración de autorización de la emisión de cuotas participativas de la entidad con amplia delegación en dicho consejo.

Los detalles de la aprobación contemplan una única emisión, en un plazo máximo de 3 años y por importe no superior al 17,5% --que si se suma con la primera supone un máximo del 25%--, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Además, la entidad aprobó hoy en su asamblea las líneas estratégicas de actuación para 2009.

Dichas líneas anticiparán que el compromiso con la calidad de servicio al cliente y la vinculación del ahorro de familias y empresas "son dos de las premisas básicas", junto a la ratificación de la banca minorista, "como eje fundamental de la actividad financiera, que favorecerá la creación de una mayor oferta de productos y un asesoramiento más personalizado".

Del mismo modo, la entidad mantendrá la búsqueda de la eficiencia mediante un control más exhaustivo de los gastos.

El director general, Roberto López, comentó que 2008 "ha sido un año especialmente complejo", pero se mostró "orgulloso de haber afianzado la posición de CAM entre las entidades más fuertes y mejor preparadas del sistema financiero español".

En esta etapa, la entidad salió a Bolsa mediante la emisión de cuotas participativas, lo que aporta "una ventaja competitiva fundamental", permitiéndole acudir a los mercados de capitales para obtener recursos propios en el futuro.

Por otra parte, la "adecuada gestión de la cartera de participadas ha aportado grandes plusvalías al cerrar las operaciones de venta en máximos históricos de cotización". Caja Mediterráneo mejoró su ratio de eficiencia hasta situarse como "una de las más eficientes del sector".

Desde la entidad financiera se destacó que "el esfuerzo realizado por CAM para alcanzar esta posición servirá para afrontar con garantías un año 2009 en que el entorno económico será complicado, y nos permitirá seguir apoyando a nuestros clientes en sus necesidades financieras".

Es por ello que la entidad quiso enfocarse a su negocio tradicional, tanto familias como empresas.

Dentro de estas líneas estratégicas para 2009, la Caja centrará su programación de Obras Sociales en tres ejes primordiales: Cultura, Medio Ambiente y Solidaridad, que en estos momentos de dificultades asociadas a la crisis implican una línea de trabajo básica.

Asimismo, en la asamblea se aprobó la creación de una Fundación para el fomento de la cooperación empresarial, iniciativa que busca lograr la participación en actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de empresas proveedoras, clientes y participadas, relacionadas con CAM, mediante la financiación conjunta de acciones solidarias y medioambientales.

De esta manera, CAM refuerza el compromiso que ha mantenido a lo largo de la historia con su entorno.

Cascos dice que su implicación en los SMS "es una cortina de humo para ocultar los problemas de Sacyr"

MADRID.- El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos afirmó hoy que su supuesta implicación en el envío de SMS contra Sacyr Vallehermoso "es una cortina de humo para esconder los problemas de la constructora y la responsabilidad de sus directivos".

Cascos realizó estas declaraciones tras su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López, por su presunta relación con un envío masivo de mensajes a móvil advirtiendo de una posible suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso en vísperas de las pasadas elecciones generales y que afectó a su cotización.

"Las dos justificaciones de la denuncia son falsas. Es un ejercicio de cinismo y una cortina de humo para desviar la atención de los problemas de Sacyr y la responsabilidad exclusiva de sus directivos", afirmó Cascos, en referencia a los presuntos delitos denunciados de maquinación para alterar el precio de las cosas e injurias.

El ex ministro, que no quiso concretar el contenido de su declaración ante el juez, explicó que el mensaje "no provocó" la caída de las acciones, ya que los títulos de la constructora llevaban cayendo "vertiginosamente" desde un mes y medio antes del envío, que tuvo lugar el 20 de febrero.

"Nunca, jamás he sido autor de un mensaje, sin embargo, he sufrido algunos, todos hemos visto la sede del Partido Popular asediada", declaró Álvarez-Cascos, quien matizó que "jamas ha promovido" un envío de SMS de estas características, y que "sacar el nombre del PP y de Álvarez-Cascos les viene de perlas".

Según informaron fuentes jurídicas cercanas al caso, por el momento, no existe ningún imputado por estos hechos, ya que el procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas de investigación, en la que ya han declarado varios testigos.

El ex ministro explicó que se enteró ayer "por la prensa" de su citación a declarar "requerida por el letrado de Sacyr", y que su condición de testigo le ha impedido "tener información previa sobre el proceso".

El juez llamó a declarar al ex ministro a raíz de las investigaciones realizadas por la Brigada de Información Tecnológica de la Policía Judicial tras detectar que el envío de uno de estos mensajes se produjo supuestamente desde un móvil contratado por Aqualium Spain, empresa de su propiedad.

Álvarez-Cascos destacó la "capacidad" del presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, "para obtener favores en connivencia con el Gobierno", una cuestión "difundida por todos los medios de comunicación", declaró antes de leer varios artículos al respecto.

"Podría haber venido con una furgoneta de documentos periodísticos", enfatizó.

El ex ministro acusó a Del Rivero de "ser amigo de Zapatero" y de "jugar sus bazas y recibir el apoyo de Moncloa" en el proceso de compra del 3% del BBVA en 2005. El mensaje acusaba al Partido Socialista de pactar con los directivos de Sacyr que silenciaran la situación de insolvencia hasta pasadas las elecciones generales.

Por otro lado, Álvarez-Cascos explicó que el SMS no provocó la caída de las acciones de Sacyr Vallehermoso, ya que éstas "llevaban un mes y medio descendiendo vertiginosamente", en mayo, "remontaron" pero a partir de ahí "han descendido hasta ahora".

Sacyr Vallehermoso registró los mayores descensos de su cotización los días 3 y 4 de marzo, en los que el valor de sus acciones cayó un -6,93%, -5,74%, respectivamente. El valor de las acciones de la constructora creció un 8,60% dos días después de los comicios del 9 de marzo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid admitió a trámite la denuncia presentada por el grupo Sacyr Vallehermoso el pasado mes de marzo por el envío de estos mensajes, que incluso recibieron empleados de la propia compañía.

En fuentes oficiales de Sacyr Vallehermoso explicaron que el grupo tan sólo presentó una denuncia contra el envío de mensajes y no contra una persona en particular, según subrayaron.

En concreto, el SMS recogía el siguiente texto: "Próxima suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso. El PSOE responsable de pactar inmunidad y pagar a los responsables de dicha compañía a cambio de aguantar hasta después de las elecciones. Zapatero se ha jugado el puesto. Pásalo".

Detienen a dos personas más por la presunta corrupción urbanística en Librilla y ponen en libertad a Gil de Pareja

LIBRILLA.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, en la denominada operación 'Biblioteca', según informaron fuentes de la investigación.

Al parecer habrían emitido facturas falsas para Acadi S.L. y su identidad no ha trascendido.

Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Por otra parte, ha abandonado ya la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, el abogado urbanista, Cesáreo Gil de Pareja (a la derecha en la imagen), detenido ayer. Su abogado, José Antonio Martínez Moya presenció durante una hora el interrogatorio de su cliente y compañero. Había sido asesor jurídico del Ayuntamiento de Librilla hasta 2006 y contratado por Acadi para redactar el PGOM hasta junio de mismo año, en que se despidió por impago de 450.000 euros. Denunció a los propietarios de Acadi en 2006 y un juez los condenó el pasado 27 de octubre a pagarle toda la cantidad que requería, más los intereses, el IVA y las costas del juicio.

El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; al ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOM de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, ayer, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y a un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.

No obstante, la mujer del funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Josefa B.; así como la esposa de José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, Francisca G., han sido puestas en libertad aunque están imputadas.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Murcia ha remitido al juzgado de instrucción nº 6 el procedimiento administrativo que abrió al ingeniero funcionario José Luis Cano (en excedencia voluntaria desde el 1 de junio de 2007) a raiz de una alerta mediática dada en 2007 por los socialistas murcianos, en la Oposición desde hace más de tres lustros.

Fueron remitidos además otros documentos y todo ello se ha enviado de forma proactiva y sin necesidad de requerimiento judicial, por si pudiera ser de interés en la investigación.

Al término del procedimiento, que incluyó la toma de declaración del funcionario, 'no se detectó ninguna irregularidad administrativa', según asegura ahora María de Pedro Reverte, consejera de Presidencia y de la que dependen directamente los más de 45.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Martínez Andreo anuncia la condonación de un millón de euros a una cooperativa agraria

TOTANA.- El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, anunció hoy la condonación de una deuda de casi medio millón de euros por parte de la Comunidad Autónoma a la Sociedad Cooperativa de Agraria del Pimentón del Guadalentín "para fomentar el empleo en el sector y así paliar los efectos de la crisis".

En este sentido, explicó que esta condonación será "gracias a que el Grupo Parlamentario Popular elevará a la Asamblea Regional una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales del 2009", según informaron fuentes del Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

Asimismo, añadió que los agricultores que componen la Cooperativa "no tendrán que devolver el importe de varias subvenciones que la organización solicitó en 1998, momento en el cual el sector del pimiento se encontraba sumado en una terrible crisis".

La condonación de la deuda "repercutirá directamente en los trabajadores que son los responsables subsidiarios contra los que deberían dirigir la petición de reintegro por lo que teniendo en cuenta la actual crisis, la condonación debe interpretarse como una medida indirecta de fomento del empleo", añadió.

El expediente de la deuda "asciende a un total de 460.552 euros" y, según Martínez Andreo, este importe "deviene de la no justificación en tiempo y forma de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Agricultura y Agua".

Así, recordó que, en el año 1998, el sector del pimiento en la Región de Murcia "se encontraba sumado en una profunda crisis derivada de la importación del producto y de los altos precios ruinosos del mercado", mientras que en el año 1999 se constituyó la Sociedad Cooperativa, que está compuesta por 275 socios y la mayoría de ellos son vecinos del municipio de Totana.

Martínez Andreo explicó que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, se puso en contacto con el Equipo de Gobierno municipal para conocer el estado en el que se encuentra el sector agrícola en el municipio para intentar obtener una solución, ya que el presidente de Coag-Ir, Pedro Lencina, también estaba "muy interesado" en buscar una alternativa al expediente.

Ante esta solicitud, el alcalde y el equipo de Gobierno "apostaron por ofrecer una solución al problema y mantuvieron reuniones con la Administración regional para llegar a un acuerdo que repercutiera lo más mínimo a los agricultores y con ello a sus familias".

El Gobierno español aprueba el 'Plan Renove' para el Turismo

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy el 'Plan Renove Turismo' con una inversión de 400 millones de euros destinados a obras de rehabilitación y de mejora de las infraestructuras turísticas para 2009.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el plan de préstamos, dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas y aquellas empresas del sector que quieran modernizarse o rehabilitar sus establecimientos, se articulará a través de una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con la nueva línea ICO aprobada hoy se persiguen dos objetivos, "mejorar el nivel de infraestructuras a largo plazo y a corto plazo, propiciar un efecto anticíclico como consecuencia de la inversión pública y la privada inducida que lleva consigo".

De la Vega defendió que el Plan permitirá "elevar el nivel y atractivo de la oferta turística" de España y, en concreto, la calidad del producto para atraer a más turistas con capacidad de gasto, al tiempo que facilitará la internacionalización del producto mediante su promoción en el exterior e impulsará el turismo sostenible.

La vicepresidenta destacó que esta medida contribuirá a mantener el liderazgo de España, segundo país en turismo vacacional, y a fortalecer un sector que constituye una de las fuentes de riqueza de la economía española que aporta el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y representa el 12% de empleos directos. Además, subrayó que la campaña de promoción en los mercados internacionales servirá para dar una imagen consolidada del país como destino turístico y líder mundial.

El Plan entrará en vigor desde el momento de la suscripción del convenio entre el ICO y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009. El importe máximo a financiar será del 90% de la inversión neta y el límite máximo acumulado por beneficiario será el que corresponda aplicar al plazo de amortización elegido.

El Estado cederá esta financiación al cero por cien y el tipo de interés final aplicable al beneficiario será del 1,5%, margen que será establecido por las entidades de crédito.

Los plazos de amortización propuestos son cinco años sin período de carencia o con un período de carencia de un año para una inversión máxima de un millón de euros; siete años sin carencia o con carencia de dos años para un máximo de un millón de euros; diez años sin período de carencia o con carencia de tres años para un máximo de 660.000 euros y doce años sin carencia o con carencia de cuatro años para un límite de inversión de 660.000 euros.

Podrán acogerse a este Plan establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos turísticos y alojamientos rurales como empresas de restauración, de oferta turística complementaria o agencias de viajes.

Entre los criterios para su concesión se valorarán aquellas inversiones que contribuyan a incrementar el valor añadido del producto como "mejoras para la sostenibilidad de los establecimientos, en especial para el ahorro energético y la conservación y mejora del medio ambiente; inversiones encaminadas a la implantación de sistemas de calidad, mejoras de accesibilidad e implantación de nuevas tecnologías".

El Gobierno informó que el Plan responde a las necesidades del sector, porque persigue "mejorar el equilibrio entre el turismo y el entorno ambiental y urbanístico y adaptar la actividad turística al nuevo modelo turístico, a través de la diversificación del producto y segmentación de la demanda".

Pasan a disposición judicial tres de los primeros cinco detenidos en Librilla por presunta corrupción

MURCIA.- Tres de los cinco detenidos en la primera fase de la denominada operación 'Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, pasaron hoy a disposición judicial, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Fue el pasado martes cuando se inició la primera fase de la operación 'Biblioteca', en la que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007.

También el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de José Andrés Cortes.

Están últimas han sido puestas en libertad esta misma mañana.

Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que, por presunta pertenencia a una trama de corrupción, está realizando el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, que ha abierto un procedimiento.

Los populares murcianos a “verlas venir” / Juan Redondo

Tras los “pajarillos” parece que los UCOs ha cogido en Librilla “caza mayor”. El tema de supuesta corrupción urbanística en el municipio se complica, el popular José Martínez es el cuarto alcalde de la Región que es conducido esposado en un vehículo oficial a unas instalaciones poco apetecibles.

Cuando actúan estas fuerzas de seguridad, especialidad en investigar presuntos delitos sobre corrupción, con la fiscalía por medio y con intervención judicial, es porque los indicios razonables de grave delito son muy elevados.

Tras la trama de funcionarios y amigos con extraños negocios, parecía lógico que por connivencia o por negligencia, estuvieran cargos públicos al menos en la corporación municipal, por no hablar de la supuesta libertad de actuación de alto técnico del Gobierno Regional.

Sin embargo, en este caso, más sorprendente que la detención de los principales cargos municipales de Librilla, ha sido la reacción de la cúpula regional de los populares murcianos.

Dicen que si en lugar del alcalde y primer teniente de alcalde de Librilla, el esposado hubiera sido un concejal socialista en la oposición, las peticiones de responsabilidades políticas hubieran sido inmediatas, tanto por el nuevo portavoz regional del PP, Ruiz Vivo, que ayer eludía su pronunciamiento al estar en Estrasburgo, pasando por el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez o el secretario ejecutivo de Justicia regional, el ex fiscal Manuel Campos.

“Apoyo firme a la intervención judicial y apoyo firme a los derechos de los detenidos”. Ni una referencia a una posible suspensión cautelar de militancia o evitar politizar la acción judicial, con movilizaciones vecinales, como en Totana o Torre Pacheco. A “verlas venir”, como sí José Martínez no fuera uno de “los suyos”.

El Defensor del Pueblo puede empezar a buscar despacho

La creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región supone un ejemplo de agilidad y consenso entre los tres grupos políticos de la Asamblea. La Ley se aprobó ayer, se hará oficial en los próximos días con su publicación en el BORM y el miércoles, con el pleno que incluye el debate presupuestario a la totalidad, se aprobará el nombramiento por cinco años de José Pablo Ruiz Abellán para hacerse cargo de quejas de los ciudadanos de la Región, que se supone serán abundantes.

Nadie se explica porque está figura ha tardado tantos años en sustanciarse. Los populares van para 16 años de mayoría amplia absoluta.

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¿Aeropuerto de Corvera? ¡Que vienen los rusos! / José Antonio Martínez-Abarca

La verdad es que aquella señalización tan particular que nos indicaba por dónde ir al nuevo aeropuerto regional de Corvera nos debió hacer sospechar. Habíamos esperado años para el gran día de la inauguración. Y, cuando el gran día de la inauguración llega, cierto día de verano del 2008, a la gran obra del siglo XXI en la Región de Murcia resulta que se llega pasando la venta del Cojo, estrechándose en una carreterita comarcal (viendo tantos “haigas” con los cristales tintados por aquellos andurriales, adelantándose unos a otros en las curvas, daba toda la impresión de que íbamos a una balacera oficial de los narcos mexicanos) para al final, en un cruce entre bancales, llegar a un tipo más bien desharrapado bajo el implacable “Lorenzo” con un cartel con mala caligrafía de los que suelen decir “hecha jargo, tengo ambre” pero que decía: “aeropuerto”, y una flechita.

Lo que se dice un lujo de primeras impresiones de la magna obra. No habían empeñado las alhajas de la abuela para causar sensación, no. Pensé que los turistas extranjeros que aterrizaran en Murcia en esas condiciones creerían ser los primeros visitantes de una atracción mundial temática basada en el período Cámbrico. Luego la cosa mejoraba, aunque tampoco escandalosamente. Una enorme carpa donde hacía mucho calor alojaba la primera piedra del aeropuerto, en realidad un bloque de cemento que tenía más o menos el tamaño de un señor pequeñito al que se le hubiese hecho un pijama de concreto para inmortalizarle en los cimientos.

El máximo exponente de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero, también primer espada de la sociedad creada para el aeropuerto, se dirigió a los presentes con un buen discurso, en el que obvió la palabra crisis económica y se mostró obligadamente optimista, señalando que el objetivo, no sé si futuro o más bien futurista, es que medio millón más de extranjeros pudientes se establezcan en una segunda residencia en Murcia.

Si llegamos a saber por entonces la situación real de su empresa, sus palabras hubiesen resonado tétricas. Lo que le debe a los bancos supera la deuda total de algunos países pequeños. Su empresa, arrastrada por malas elecciones inversoras y la debacle propia del sector inmobiliario, está tan a la penúltima pregunta que Del Rivero puede causar un problema de seguridad nacional vendiéndole deprisa y corriendo el veinte por ciento que tiene en Repsol a la inquietante autocracia rusa (en Rusia todo depende, al final, de un solo señor que se llama Putin), de modo que lo poco que nos queda de energía propia dependería de las caprichosas cuando no peligrosas decisiones del Kremlin.

Sacyr necesita urgentemente dinero fresco. Así que no parece que sacar la financiación necesaria para construir el aeropuerto internacional de Corvera sea una de las primeras preocupaciones de Del Rivero en el momento presente. Tampoco parece, a cambio, que los turistas se están dando de codazos por venir volando a una Región que todavía no tiene desarrollada la infraestructura turística que quedó apenas enunciada antes de la crisis. Aparte de la crisis de los propios turistas, claro.

No parece que nadie pueda tener demasiada prisa en la actualidad: unos porque no parece que estén en condiciones de construir mucho, y otros porque no creen que tal y como está el turumaje vaya a servir para mucho lo que se construya, a lo menos hasta que remita la crisis. Los únicos "aviones" que de momento van a planear por allí son aquellos a los que también se les llama vencejos. El tío del cartelito con la flechita aún debe estar plantado en aquel cruce.

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