domingo, 23 de noviembre de 2008

La corrupción política tenía atenazada a Librilla desde dos administraciones públicas

MURCIA.- José Luis Cano Valverde, funcionario en excendencia de la Consejería de Presidencia, lo debió ver claro desde su privilegiada atalaya de responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios cuando, corriendo el año 2001, un terremoto causó daños muy cuantiosos en la comarca del río Mula y la Administración Regional pronto estableció una línea de ayudas a los damnificados. Fue entonces cuando, según diversos datos que surgen de la investigación realizada con motivo de la Operación Biblioteca, Cano decidió supuestamente constituir una trama dirigida a lucrarse con ese dinero público.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a La Verdad que fue entonces cuando el funcionario buscó a un ingeniero conocido suyo, Domingo Peñalver Rojo, y le ofreció constituir entre ambos una sociedad llamada Asesores de la Calidad y Desarrollo de la Ingeniería S.L. (ACADI), dirigida a elaborar informes para los ayuntamientos -en los que Cano tenía buenos contactos por razón de su puesto en la Comunidad Autónoma- con los que solicitar y obtener esas subvenciones públicas.

Para evitar posibles incompatibilidades, Cano habría convencido a Peñalver para que sólo éste figurase al frente de la sociedad, aunque él tuviese el 50% de las acciones, que tampoco declaró ante el Registro Mercantil.

Tal es el germen de la presunta trama de corrución desmantelada esta semana por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo.

OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Una vez que la sociedad Cano-Peñalver comenzó a funcionar, fue ampliando con el paso de los años sus actividades, siempre orientadas a seguir lucrándose presuntamente de sus privilegiadas relaciones con la Comunidad Autónoma y con diversos ayuntamientos.

Según relata textualmente el fiscal en los autos de prisión dictados este viernes, y a los que La Verdad ha tenido acceso, contra el alcalde de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora y el referido José Luis Cano (sólo Peñalver quedó en libertad con cargos), «la presunta trama se habría urdido por José Luis Cano, con la colaboración de Domingo Peñalver, para constituir una serie de sociedades con las que enriquecerse mediante la adjudicación de contratos públicos a través de esas empresas, bien utilizando el puesto de don José Luis en la Consejería de Presidencia o bien favoreciéndose de los contactos de este último con otros funcionarios públicos, a los que se habrían pagado comisiones ilegales por esas actividades».

Es en este punto donde entran en escena el alcalde y el concejal de Urbanismo de Librilla, así como el gerente de IDL, José Andrés Cortés.

Aprovechándose supuestamente de las buenas relaciones que Cano tenía con el equipo de gobierno de Librilla, el funcionario de la Comunidad consigue lo que el juez llama «el desembarco de Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla». Primero, como técnico municipal; y después, al conseguir que «a una empresa con tan poco bagaje económico como ACADI -presidida por Peñalver-, se le adjudique la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio».

«BENEFICIOS MUY IMPORTANTES»

Para completar la trama, el equipo de gobierno habría situado al frente de la sociedad municipal IDL a un hombre de confianza, José Andrés Cortés, quien acabó convirtiéndose en funcionario en unas oposiciones de cuyo tribunal formó parte José Luis Cano.

Con este panorama, al juez Carrillo no le extraña que ACADI -la sociedad que era propiedad de Cano y Peñalver- «haya extraído beneficios tan importantes como los obtenidos de la sistemática adjudicación de los contratos de IDL a esa ACADI. Y ello en repetidos concursos que, según refiere el mismo Domingo Peñalver, no eran tales por fijarse unos perfiles específicos para el adjudicatario que prácticamente sólo encajaban con la referida empresa».

Es decir, que según el instructor, los contratos públicos estaban amañados de antemano para que fueran siempre a parar a ACADI.

«SOBRES CON DINERO»

¿Qué habrían ganado el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, así como el gerente de IDL, con esa adjudicación sistemática de los concursos públicos a la sociedad controlada por Cano y Peñalver? Tal es la pregunta que se hace el juez y que se contesta de la siguiente forma: dinero. Dinero obtenido en forma de comisiones, que constituirían un presunto delito de cohecho.

Así, el magistrado otorga gran credibilidad a las confesiones de uno de los imputados y presuntos integrantes de la trama, Domingo Peñalver, quien ha reconocido haber abonado cuantiosas comisiones al gestor de IDL y al alcalde y al edil de Urbanismo. El instructor considera que no parece que existan «intereses espurios» en las acusaciones de Peñalver, ya que él mismo está autoinculpándose de delitos tan graves como el cohecho y la falsedad en documento.

En concreto, el administrador de ACADI relató en su declaración ante la Guardia Civil, luego ratificada en el juzgado, que hizo diversos pagos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros (entre cinco y diez millones de pesetas) a José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés. Peñalver contó además que, de entrada, IDL se quedaba ya con el 10% de todos los contratos, y que luego Cortés y Pedro Martínez comenzaron a exigirle otro 20% para ellos y para el alcalde.

«ME TIENES QUE DAR LO MÍO»

El juez sigue señalando que la credibilidad indiciaria de Peñalver en su relato es elevada y que «se aprecian muy serios indicios sobre la comisión de delitos graves, como lo es sin ir más lejos el cohecho de José Martínez García y de Pedro Martínez Muñoz. Domingo Peñalver da datos concretos acerca de circunstancias temporales y espaciales relativas a la entraga de cantidades a estos últimos, como medio para conseguir desbloquear el pago de cifras a favor de ACADI».

Y es que el gerente de ACADI declaró que los responsables municipales y el gerente de IDL le retrasaban los pagos de dinero público, con el presunto fin de forzarle a entregarles más comisiones. De esta forma, durante un año y medio casi no habría percibido dinero alguno; una circunstancia que el alcalde, el teniente de alcalde y el responsable de IDL admiten, pero que achacan a otras circunstancias de procedimiento y no a un intento de extorsionarle.

Respecto a la aportación de datos concretos sobre el pago de comisiones a que se refiere el instructor, Peñalver llega a relatar cómo en una ocasión se reunió en una cafetería llamada Mulligan's con su socio Cano, el alcalde y el edil de Urbanismo, y él mismo le entregó un sobre con dinero a su amigo para que a su vez se lo entregase a los dos cargos públicos de Librilla.
Cuando a lo largo del interrogatorio el juez le pregunta si José Martínez le pidió directamente dinero, el administrador de ACADI responde: «Me dijo que le tenía que dar lo suyo».

-«¿Y usted a qué cree que se estaba refiriendo con esa expresión?», le insistió.
-«Pues a que le diera su dinero, aunque no lo nombró de esa forma expresa», aclaró.

UN ESTADO CASI DEPRESIVO

Habrían sido presuntamente las continuas e imperiosas solicitudes de dinero las que habrían llevado a Domingo Peñalver a querer apartarse totalmente de Cano y de sus relaciones con Librilla. Tanto es así que en el último año no había vuelto por el pueblo y que había regalado ACADI a su socio, después de haber despedido e indemnizado a los empleados.

Ese estado casi próximo a la depresión es el que habría llevado a Peñalver a confesar de plano cuando la Guardia Civil le anunció que estaba detenido y lo condujo al cuartel para tomarle declaración. La misma que le llevó este viernes a ratificar su testimonio ante el juez instructor. Y la misma que, por colaborar con la justicia, le ha permitido eludir por ahora una prisión en la que ya están cuatro de quienes, durante años, fueron sus presuntos compinches.

RECHAZAN LAS ACUSACIONES

No, no, no. Y, además, no. Los cuatro encarceladso por su presunta pertenencia a la trama desmantelada con la Operación Biblioteca han negado, tanto en sus declaraciones ante la Guardia Civil como en el juzgado, cualquier implicación en hechos delictivos. Por supuesto, el alcalde y el teniente de alcalde de Librilla, así como el gerente de IDL, niegan haber percibido cualquier comisión por la adjudicación de contratos públicos, mientras que el también encarcelado Cano rechaza haber pagado a los otros tres, o tener conocimiento de que su socio Peñalver lo hubiera hecho.

Sin embargo, entre ellos cuatro incurren en ocasiones en algunas contradicciones. Así, y según han confirmado fuentes próximas a la investigación, Cano admite que recomendó a su socio Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla, mientras el alcalde afirma que «Cano no apadrinó a Domingo».

Otro dato importante está en la declaración del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, cuando reconoce que la empresa pública IDL, gestionada por José Andrés Cortés, le cobraba el 9% del importe de todos los contratos adjudicados a ACADI. Aunque aseguró que ello estaba contemplado en contrato e insistió en que todo se hacía legalmente, «se enredó en algunas explicaciones sin sentido a preguntas del fiscal», según las mismas fuentes. Ese dinero que recaudaba IDL iba a parar, según el concejal, al Ayuntamiento de Librilla y no a los bolsillos de ninguno de ellos.

El empresario Peñalver denuncia ´el chantaje de años´

"Me he quitado de encima un chantaje que ya duraba muchos años" y me alegro "de ser parte y haber colaborado con la investigación de los guardias civiles". Así se expresaba el joven empresario de 27 años Domingo Peñalver, a cuyo nombre se encuentra la sociedad Acadi, con la que se benefició de contratos del ayuntamiento de Librilla por un valor superior a los seis millones de euros, recoge hoy "La Opinión".

Este testimonio de uno de los detenidos el martes ha sido fundamental para que el juez Andrés Carrillo decidiera enviar a prisión como presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios al alcalde de Librilla, José Martínez; al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Pedro Martínez.

También el funcionario de la consejería de Presidencia en excedencia José Luis Cano, y considerado el cerebro de la trama y copropietario de la empresa Acadi, fue trasladado a la cárcel de Sangonera la Verde, al igual que el empleado del Ayuntamiento y consejero delegado de la sociedad municipal del suelo José Andrés Cortés.

Por el contrario, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Murcia acordó libertad con cargos y sin fianza, con obligación de presentarse ante el juez cada 15 días, para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, que también fue la adjudicataria de la redacción del PGOM de Librilla.

En su declaración, tal y como confirman fuentes del caso, Peñalver aseguró que los dirigentes del ayuntamiento de Librilla le exigían entre el 10% y el 20% de los pagos realizados por el Consistorio a la sociedad Acadi, cuyo titular era Peñalver, pero que también pertenecía a Cano, tal y como ha confirmado la investigación desarrollada por la Guardia Civil.

Las mismas fuentes aseguraron a "La Opinión" que el magistrado interrogó al alcalde y al concejal de Urbanismo sobre una presunta reunión celebrada en una cafetería de Murcia en la que habrían participado los dos políticos, José Luis Cano y el propio Domingo Peñalver, en la que habrían recibido varios sobres con dinero, términos que ambos rechazaron.

El primer edil y el responsable de Urbanismo también fueron interpelados por el presunto cobro de comisiones a la empresa Urvisán, que fue registrada por los agentes.

El letrado Francisco Valdés, defensor de José Luis Cano, aseguró: "Nos vamos un poco decepcionados porque nuestro defendido no tenía que soportar una medida tan dura", añadió, aunque "por suerte se ha tomado bien" la decisión de su envío a provisional a prisión.

Ello se debe en parte, aclaró, a que desde esta mañana "le venía diciendo que esto podía ocurrir, que era lo más probable, para que estuviera psicológicamente preparado, porque luego es más fácil llevarse una alegría que esperar lo contrario y, de pronto", decidan enviarlo a la cárcel, como ha ocurrido. Valdés dijo estar de acuerdo con la decisión del juez de liberar a Peñalver.

El abogado que representa al primer edil y al concejal de Urbanismo, José Ángel González Blanco, aseguró que recurrirán la decisión de prisión sin fianza, según "El Faro", pero que esperarán a que se cumpla el plazo de cinco días que tienen para apelar para ver si modifica su criterio el juez que lleva el caso.

Según González Blanco, “esperamos que en este plazo el juez tome declaración a todos los que ha llamado, y en el caso de que no se produzca una modificación una vez hecho esto, pediremos la libertad de los dos por la vía del recurso”. Y es que González Blanco opinó que “la prisión es para que los detenidos no hablen con los que faltan por declarar”.

El concejal de Juventud y Deportes, Manuel Solana Sánchez, se hará cargo de la alcaldía en funciones de Librilla a partir de mañana lunes. También tuvo que dar las claves de su ordenador a los agentes de la UCO para la investigación.

PRINCIPALES IMPLICADOS

José Martínez García: Alcalde de Librilla entre los años 1991-1999 y desde el 2003 a la actualidad. Conocido en su localidad como Pepe El Mecánico. Se le imputa haber recibido comisiones por la adjudicación de contratos a ACADI. En situación de prisión preventiva.

Pedro Martínez Muñoz: Teniente de alcalde de Urbanismo y concejal de Librilla desde el 2003. Se le imputan los mismos hechos que a su alcalde. En prisión preventiva.

José Luis Cano Valverde: Funcionario de la Consejería de Presidencia en excedencia desde junio del 2007 y ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. Presunto cerebro de la trama creada para lucrarse con contratos públicos. Socio de ACADi junto a Domingo Peñalver. En prisión.

José Andrés Cortés Otálora: Gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.). Se le acusa de recibir comisiones por influir en la adjudicación de contratos públicos a ACADI. En prisión.

Domingo Peñalver: Socio de Cano en ACADI S.L.. Se le acusa de pagar comisiones a cargos públicos. Ha confesado. En libertad provisional.

(Alcalde de Librilla)

sábado, 22 de noviembre de 2008

“Extrañas ausencias” de los dirigentes populares / Juan Redondo

Desde Estrasburgo, Ruiz Vivo, portavoz de los populares murcianos, reiteraba que está en sus cosas como presidente de la Comisión de Empleo de la Asamblea y que no “tiene ni idea de lo que está pasando en Librilla”.

En la puerta del Palacio de Justicia, por la noche, sólo esperaban al alcalde y al concejal popular de urbanismo del ayuntamiento los familiares más directos. Llevaban cerca de treinta horas detenidos por un supuesto delito de cobro ilegal de comisiones en una trama urbanística en la que estarían implicados un alto funcionario de la Comunidad y otros del Ayuntamiento de Librilla.

Mientras la investigación judicial se pronuncia, los responsables populares han hecho mutis. Al fin y al cabo “Pepe, el Mecánico” es ese alcalde entrañable que luce en una convención del partido o que organiza una matanza para Nuevas Generaciones. Para llenar sus posibles carencias está el partido o los funcionarios. Caza menor; dicen los que le conocen bien que es un personaje predispuesto para el asesoramiento: “porque tú, de esto no entiendes”; o para volar el primero delante de las escopetas de los cazadores mientras otros más elegantes se convidan en el casino.

De ser ciertas las imputaciones, los vecinos dicen que le han engañado, porque él no es un lince o un joven proyecto político de futuro como sus compañeros alcaldes de Totana, o de Torre Pacheco, ahí la respuesta de apoyo del PP fue rápida y clara. Parece que no sabe mucho de la trama o desconoce quién tiene enterrados “muertos en el jardín”.

En San Esteban se supone que los consejeros y directores generales están más cualificados que “El Mecánico”, y asistimos a metidas gordas por parte de algunos altos funcionarios sin escrúpulos.

Para los populares en ocasiones las cosas cambian si las hace “Agamenón o las hace el porquero”. Y dicen que si el alcalde de Librilla, por un casual, saliera con una imputación menor, en la fiesta estarían en primera línea todos los dirigentes del partido, empezando por los ahora “ausentes”.

El bufete de Martínez Andreo

De la defensa del alcalde de Librilla, José Martínez, se ha encargado María Pascual del bufete que lleva a Martínez Andreo, el edil totanero, que pasó un tiempo en la cárcel y está en libertad previo pago de fianza, con baja temporal del PP.

Dicen que el despacho dirigido por el catalán González Franco a este paso va a tener que montar una franquicia en la Región. Y es que a los penalistas en estos tiempos que corren no les falta trabajo.

Evaristo Llanos lleva a uno de los imputados de Librilla y tiene clientes en Los Alcázares, Totana y Torre Pacheco. José María Caballero se multiplica por días y Pardo Geijo se reserva para las grandes ocasiones.

www.elfarodemurcia.info

La UCO de la Guardia Civil se presenta en San Esteban en busca de documentos concretos

MURCIA.- La investigación que la Guardia Civil desarrolla dentro de la Operación Biblioteca, y que ha supuesto la desarticulación de una supuesta trama de corrupción urbanística en Librilla, se trasladó ayer al palacio de San Esteban, sede de la Consejería de Presidencia y del Consejo de Gobierno, según revela hoy "La Verdad".

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), responsables de la investigación del caso de Librilla, se personaron ayer por la mañana en el edificio, que acoge también las oficinas del presidente del Gobierno regional, en busca de determinados documentos relacionados con la investigación.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia, los dos agentes fueron atendidos por el secretario general de la Consejería, José Gabriel Ruiz, quien facilitó la documentación reclamada por los agentes, aunque no toda, ya que una parte había sido remitida de forma voluntaria por la propia Consejería al Juzgado que instruye el caso un día antes.

Los papeles que no pudo llevarse ayer la Guardia Civil del palacio de San Esteban son los que componen el expediente de información reservada abierto por la Consejería a José Luis Cano, ex jefe de la Oficina de Asistencia Técnica a los Municipios de la Dirección General de Administración Local y considerado como uno de los cabecillas de la trama de corrupción.

Dicho expediente, tramitado en abril del pasado año, se archivó tras no detectar ninguna irregularidad. Dos meses después, el 1 de junio, el funcionario en cuestión pidió la excedencia voluntaria.

Este expediente forma parte de la documentación enviada por propia iniciativa anteayer al Juzgado por la Consejería de Presidencia.

La presencia de los agentes de la Guardia Civil en el palacio de San Esteban se llevó a cabo con la máxima discreción y, según fuentes de la Administración, en todo momento predominó el diálogo y la colaboración entre los encargados de la investigación y los responsables de la Consejería.

Se da la circunstancia de que ayer, en el mismo edificio, aunque en distintas plantas en las que se encontraban los miembros de la Guardia Civil, se celebró la reunión ordinaria de los viernes del Consejo de Gobierno, presidido por Ramón Luis Valcárcel, tras la que la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, ofreció la habitual rueda de prensa.

Con el palacio de San Esteban ya son tres, junto con el Ayuntamiento de Librilla y las dependencias de la Dirección General de Administración Local, las sedes institucionales que han recibido la visita de los agentes de la UCO a causa de la Operación Biblioteca.

El máximo dirigente socialista regional, Pedro Saura, ha revelado que su grupo político pedirá que comparezca en la Asamblea Regional la persona que dirigía la Consejería de Presidencia en la época investigada, en el caso de Librilla, para que aporte toda la información y saber qué ha pasado con el dinero público. Se trata de Fernando de la Cierva, hoy en la empresa "Polaris World".

Bajas cautelares

La dirección del Partido Popular de la Región de Murcia, a la vista de las informaciones trascendidas sobre la denominada operación ‘Biblioteca’, ha decidido dar de baja cautelar en el partido como afiliado al actual alcalde de Librilla, José Martínez, y al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

También ha querido expresar su "más absoluto respeto por las actuaciones judiciales y ha pedido a la Justicia que actúe con diligencia para esclarecer los hechos de esta investigación y así conocer el alcance de los mismos".

El PP considera que las actuaciones de los ediles "están refrendadas por los votos que avalan ideologías pero no conductas que pueden ser contrarias a la defensa de los valores democráticos de los Ayuntamientos".

viernes, 21 de noviembre de 2008

La Ejecutiva Federal del PSOE descarta la provincialidad de Cartagena

CARTAGENA.- La Ejecutiva Federal del PSOE expresó hoy su postura contraria a cualquier nueva división territorial de España, como la eventual creación de una segunda provincia con cabecera en Cartagena, al considerar su secretario de Política Municipal, Antonio Hernando, que “el mapa está cerrado y es responsable y estable, tanto a nivel autonómico como municipal”.

En una toma de postura radicalmente contraria a una nueva subdivisión, que contrasta con la tibia posición a favor de ese debate manifestada por la dirección regional, el responsable de organización municipal en la Ejecutiva Federal aseguró, en Murcia, que no ve “una reforma, ni a corto ni a largo plazo, en ese sentido”, según versión de "El Faro".

Se trata de la primera declaración tajante de un responsable federal respecto a un debate en el que los dirigentes regionales de su partido han fluctuado entre el apoyo entusiasta a la provincia y la petición de un diálogo abierto sobre el particular.

El secretario del PSRM-PSOE, Pedro Saura, lleva años pidiendo que esa cuestión se incluyera en el debate del nuevo Estatuto de Autonomía.

Ya en enero, el número 1 del PSOE en la lista electoral al Congreso de los Diputados por Murcia, el actual ministro de Justicia Javier Fernández Bermejo, calificó de «regresivo» pedir la provincia cuando la tendencia internacional es la contraria.

Ahora, el portavoz de Movimiento Ciudadano, Luis Carlos García Conesa, tacha a Hernando de «desinformado» y de tener un desconocimiento «profundo de los asuntos de Cartagena», sus demandas y «sentimientos mayoritarios».

También ataca el «doble lenguaje» del PSOE.

Prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla y el alto funcionario de Presidencia


MURCIA.- El juez Andrés Carrillo de las Heras ha dictado esta noche prisión incondicional sin fianza para el alcalde de Librilla, José Martínez García (PP); el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz (PP); el gerente de la empresa municipal del Suelo, José Andrés Cortés Otálora, y el alto funcionario autonómico de Presidencia, ahora en excedencia, José Luis Cano Valverde, tras más de diez horas de interrogatorios. Poco después todos ingresaban, ya de madrugada, en el Centro Penitenciario de Sangonera, muy cercano a Librilla, al que llegaron en un furgón de la Guardia Civil escoltado por otros dos vehículos policiales.

En el transcurso de las declaraciones, algunos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se acercaron hasta el despacho del juez para hacerle entrega de diversa documentación.

El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Murcia acordó también libertad sin fianza, aunque con obligación de presentarse a firmar cada 15 días en sus dependencias, para el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo, de 28 años, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Librilla, aunque la petición de cárcel por parte del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, también le incluía. Su abogado defensor ha sido el penalista murciano Evaristo Llanos.

Todos ellos fueron puestos hoy a disposición judicial después de ser detenidos el martes y el jueves por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en Murcia y Librilla, por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los que pudieron obtener ilegalmente beneficios por casi siete millones de euros.

Poco antes, tras haber escuchado a los cinco detenidos, el fiscal solicitó la prisión incondicional sin fianza para cuatro de ellos. El magistrado-juez titular del nº 6, después de los alegatos presentados por los abogados defensores, en el sentido de pedir la libertad de sus clientes aunque fuese bajo fuertes fianzas, anunció su esperada decisión, sólo revocable ahora mediante la estimación de un eventual recurso de reforma presentado por los letrados defensores María Pascual y Francisco Valdés Albistur. El juez volverá a pronunciarse la próxima semana sobre la situación procesal de todos los imputados tras una segunda ronda de nuevas declaraciones.

Los hechos

El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector.

La sociedad beneficiaria era Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos, Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre.

Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.

En junio del año 2005, dos meses antes de la presentación del avance del Plan General de Ordenación de Librilla, ACADI amplió su objeto social para incluir la 'gestión de suelo, urbanística e inmobiliaria', ya que hasta entonces sólo figuraba 'las asistencias técnicas en ingeniería', el 'control de calidad y ejecución de obra civil y de edificación' y, de acuerdo con otra ampliación del objeto social realizada en marzo del 2004, la 'promoción y construcción de viviendas'.

A pesar de que el alcalde de Librilla, José Martínez (PP), aseguró que la contratación del Plan General se hizo mediante concurso, lo cierto es que en el Boletín Oficial de la Región de Murcia no aparecen publicadas ni la convocatoria ni la resolución de ningún concurso para la elaboración de este trabajo, tal y como establece la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas para un contrato de este tipo, que puede superar los 200.000 euros.

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, en junio de 2006, provocó una sonora polémica, ya que convertía en urbanizables 2.800 hectáreas de regadíos dotados con unos 40 millones de euros en subvenciones para su modernización concedidas por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente.

Ahora, Peñalver, administrador único de ACADI, ha reconocido haber pagado cuantiosas comisiones al alcalde, José Martínez, y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, por la adjudicación de contratos municipales. Ambos han negado rotundamente cualquier actuación irregular respecto de los 30 planes parciales urbanísticos concedidos a esta empresa.

Peñalver sostiene, en cambio, que estaba obligado a abonar entre el 10% y el 20% del importe de todos los contratos públicos que se le adjudicaban; en total, entre 200.000 y los 600.000 euros.

Asegura este ingeniero que actualmente era presionado por los dos políticos de Librilla, que le conminaban a que siguiera pagando comisiones si quería percibir los cobros que tenía pendientes por parte de las arcas municipales.

(José Martínez; la consejera de Economía y el director del INFO

con el ahora imputado alcalde de Librilla)

La Asamblea General de Caja Mediterráneo aprueba una nueva emisión de cuotas participativas

ALICANTE.- La Asamblea General de Caja Mediterráneo celebró hoy una sesión ordinaria en la que aprobó la propuesta del consejo de administración de autorización de la emisión de cuotas participativas de la entidad con amplia delegación en dicho consejo.

Los detalles de la aprobación contemplan una única emisión, en un plazo máximo de 3 años y por importe no superior al 17,5% --que si se suma con la primera supone un máximo del 25%--, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

Además, la entidad aprobó hoy en su asamblea las líneas estratégicas de actuación para 2009.

Dichas líneas anticiparán que el compromiso con la calidad de servicio al cliente y la vinculación del ahorro de familias y empresas "son dos de las premisas básicas", junto a la ratificación de la banca minorista, "como eje fundamental de la actividad financiera, que favorecerá la creación de una mayor oferta de productos y un asesoramiento más personalizado".

Del mismo modo, la entidad mantendrá la búsqueda de la eficiencia mediante un control más exhaustivo de los gastos.

El director general, Roberto López, comentó que 2008 "ha sido un año especialmente complejo", pero se mostró "orgulloso de haber afianzado la posición de CAM entre las entidades más fuertes y mejor preparadas del sistema financiero español".

En esta etapa, la entidad salió a Bolsa mediante la emisión de cuotas participativas, lo que aporta "una ventaja competitiva fundamental", permitiéndole acudir a los mercados de capitales para obtener recursos propios en el futuro.

Por otra parte, la "adecuada gestión de la cartera de participadas ha aportado grandes plusvalías al cerrar las operaciones de venta en máximos históricos de cotización". Caja Mediterráneo mejoró su ratio de eficiencia hasta situarse como "una de las más eficientes del sector".

Desde la entidad financiera se destacó que "el esfuerzo realizado por CAM para alcanzar esta posición servirá para afrontar con garantías un año 2009 en que el entorno económico será complicado, y nos permitirá seguir apoyando a nuestros clientes en sus necesidades financieras".

Es por ello que la entidad quiso enfocarse a su negocio tradicional, tanto familias como empresas.

Dentro de estas líneas estratégicas para 2009, la Caja centrará su programación de Obras Sociales en tres ejes primordiales: Cultura, Medio Ambiente y Solidaridad, que en estos momentos de dificultades asociadas a la crisis implican una línea de trabajo básica.

Asimismo, en la asamblea se aprobó la creación de una Fundación para el fomento de la cooperación empresarial, iniciativa que busca lograr la participación en actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de empresas proveedoras, clientes y participadas, relacionadas con CAM, mediante la financiación conjunta de acciones solidarias y medioambientales.

De esta manera, CAM refuerza el compromiso que ha mantenido a lo largo de la historia con su entorno.

Cascos dice que su implicación en los SMS "es una cortina de humo para ocultar los problemas de Sacyr"

MADRID.- El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos afirmó hoy que su supuesta implicación en el envío de SMS contra Sacyr Vallehermoso "es una cortina de humo para esconder los problemas de la constructora y la responsabilidad de sus directivos".

Cascos realizó estas declaraciones tras su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, Pedro López, por su presunta relación con un envío masivo de mensajes a móvil advirtiendo de una posible suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso en vísperas de las pasadas elecciones generales y que afectó a su cotización.

"Las dos justificaciones de la denuncia son falsas. Es un ejercicio de cinismo y una cortina de humo para desviar la atención de los problemas de Sacyr y la responsabilidad exclusiva de sus directivos", afirmó Cascos, en referencia a los presuntos delitos denunciados de maquinación para alterar el precio de las cosas e injurias.

El ex ministro, que no quiso concretar el contenido de su declaración ante el juez, explicó que el mensaje "no provocó" la caída de las acciones, ya que los títulos de la constructora llevaban cayendo "vertiginosamente" desde un mes y medio antes del envío, que tuvo lugar el 20 de febrero.

"Nunca, jamás he sido autor de un mensaje, sin embargo, he sufrido algunos, todos hemos visto la sede del Partido Popular asediada", declaró Álvarez-Cascos, quien matizó que "jamas ha promovido" un envío de SMS de estas características, y que "sacar el nombre del PP y de Álvarez-Cascos les viene de perlas".

Según informaron fuentes jurídicas cercanas al caso, por el momento, no existe ningún imputado por estos hechos, ya que el procedimiento se encuentra en fase de diligencias previas de investigación, en la que ya han declarado varios testigos.

El ex ministro explicó que se enteró ayer "por la prensa" de su citación a declarar "requerida por el letrado de Sacyr", y que su condición de testigo le ha impedido "tener información previa sobre el proceso".

El juez llamó a declarar al ex ministro a raíz de las investigaciones realizadas por la Brigada de Información Tecnológica de la Policía Judicial tras detectar que el envío de uno de estos mensajes se produjo supuestamente desde un móvil contratado por Aqualium Spain, empresa de su propiedad.

Álvarez-Cascos destacó la "capacidad" del presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, "para obtener favores en connivencia con el Gobierno", una cuestión "difundida por todos los medios de comunicación", declaró antes de leer varios artículos al respecto.

"Podría haber venido con una furgoneta de documentos periodísticos", enfatizó.

El ex ministro acusó a Del Rivero de "ser amigo de Zapatero" y de "jugar sus bazas y recibir el apoyo de Moncloa" en el proceso de compra del 3% del BBVA en 2005. El mensaje acusaba al Partido Socialista de pactar con los directivos de Sacyr que silenciaran la situación de insolvencia hasta pasadas las elecciones generales.

Por otro lado, Álvarez-Cascos explicó que el SMS no provocó la caída de las acciones de Sacyr Vallehermoso, ya que éstas "llevaban un mes y medio descendiendo vertiginosamente", en mayo, "remontaron" pero a partir de ahí "han descendido hasta ahora".

Sacyr Vallehermoso registró los mayores descensos de su cotización los días 3 y 4 de marzo, en los que el valor de sus acciones cayó un -6,93%, -5,74%, respectivamente. El valor de las acciones de la constructora creció un 8,60% dos días después de los comicios del 9 de marzo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid admitió a trámite la denuncia presentada por el grupo Sacyr Vallehermoso el pasado mes de marzo por el envío de estos mensajes, que incluso recibieron empleados de la propia compañía.

En fuentes oficiales de Sacyr Vallehermoso explicaron que el grupo tan sólo presentó una denuncia contra el envío de mensajes y no contra una persona en particular, según subrayaron.

En concreto, el SMS recogía el siguiente texto: "Próxima suspensión de pagos de Sacyr Vallehermoso. El PSOE responsable de pactar inmunidad y pagar a los responsables de dicha compañía a cambio de aguantar hasta después de las elecciones. Zapatero se ha jugado el puesto. Pásalo".

Detienen a dos personas más por la presunta corrupción urbanística en Librilla y ponen en libertad a Gil de Pareja

LIBRILLA.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy a dos personas más, por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Librilla, en la denominada operación 'Biblioteca', según informaron fuentes de la investigación.

Al parecer habrían emitido facturas falsas para Acadi S.L. y su identidad no ha trascendido.

Con estas, se elevan ya a diez los arrestos que la UCO ha practicado desde el martes. Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Por otra parte, ha abandonado ya la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, el abogado urbanista, Cesáreo Gil de Pareja (a la derecha en la imagen), detenido ayer. Su abogado, José Antonio Martínez Moya presenció durante una hora el interrogatorio de su cliente y compañero
. Había sido asesor jurídico del Ayuntamiento de Librilla hasta 2006 y contratado por Acadi para redactar el PGOM hasta junio de mismo año, en que se despidió por impago de 450.000 euros. Denunció a los propietarios de Acadi en 2006 y un juez los condenó el pasado 27 de octubre a pagarle toda la cantidad que requería, más los intereses, el IVA y las costas del juicio.

El martes pasado, en la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; al ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOM de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, ayer, en la segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y a un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.

No obstante, la mujer del funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Josefa B.; así como la esposa de José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, Francisca G., han sido puestas en libertad aunque están imputadas.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Murcia ha remitido al juzgado de instrucción nº 6 el procedimiento administrativo que abrió al ingeniero funcionario José Luis Cano (en excedencia voluntaria desde el 1 de junio de 2007) a raiz de una alerta mediática dada en 2007 por los socialistas murcianos, en la Oposición desde hace más de tres lustros.

Fueron remitidos además otros documentos y todo ello se ha enviado de forma proactiva y sin necesidad de requerimiento judicial, por si pudiera ser de interés en la investigación.

Al término del procedimiento, que incluyó la toma de declaración del funcionario, 'no se detectó ninguna irregularidad administrativa', según asegura ahora María de Pedro Reverte, consejera de Presidencia y de la que dependen directamente los más de 45.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Martínez Andreo anuncia la condonación de un millón de euros a una cooperativa agraria

TOTANA.- El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, anunció hoy la condonación de una deuda de casi medio millón de euros por parte de la Comunidad Autónoma a la Sociedad Cooperativa de Agraria del Pimentón del Guadalentín "para fomentar el empleo en el sector y así paliar los efectos de la crisis".

En este sentido, explicó que esta condonación será "gracias a que el Grupo Parlamentario Popular elevará a la Asamblea Regional una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales del 2009", según informaron fuentes del Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

Asimismo, añadió que los agricultores que componen la Cooperativa "no tendrán que devolver el importe de varias subvenciones que la organización solicitó en 1998, momento en el cual el sector del pimiento se encontraba sumado en una terrible crisis".

La condonación de la deuda "repercutirá directamente en los trabajadores que son los responsables subsidiarios contra los que deberían dirigir la petición de reintegro por lo que teniendo en cuenta la actual crisis, la condonación debe interpretarse como una medida indirecta de fomento del empleo", añadió.

El expediente de la deuda "asciende a un total de 460.552 euros" y, según Martínez Andreo, este importe "deviene de la no justificación en tiempo y forma de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Agricultura y Agua".

Así, recordó que, en el año 1998, el sector del pimiento en la Región de Murcia "se encontraba sumado en una profunda crisis derivada de la importación del producto y de los altos precios ruinosos del mercado", mientras que en el año 1999 se constituyó la Sociedad Cooperativa, que está compuesta por 275 socios y la mayoría de ellos son vecinos del municipio de Totana.

Martínez Andreo explicó que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, se puso en contacto con el Equipo de Gobierno municipal para conocer el estado en el que se encuentra el sector agrícola en el municipio para intentar obtener una solución, ya que el presidente de Coag-Ir, Pedro Lencina, también estaba "muy interesado" en buscar una alternativa al expediente.

Ante esta solicitud, el alcalde y el equipo de Gobierno "apostaron por ofrecer una solución al problema y mantuvieron reuniones con la Administración regional para llegar a un acuerdo que repercutiera lo más mínimo a los agricultores y con ello a sus familias".

El Gobierno español aprueba el 'Plan Renove' para el Turismo

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó hoy el 'Plan Renove Turismo' con una inversión de 400 millones de euros destinados a obras de rehabilitación y de mejora de las infraestructuras turísticas para 2009.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el plan de préstamos, dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas y aquellas empresas del sector que quieran modernizarse o rehabilitar sus establecimientos, se articulará a través de una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con la nueva línea ICO aprobada hoy se persiguen dos objetivos, "mejorar el nivel de infraestructuras a largo plazo y a corto plazo, propiciar un efecto anticíclico como consecuencia de la inversión pública y la privada inducida que lleva consigo".

De la Vega defendió que el Plan permitirá "elevar el nivel y atractivo de la oferta turística" de España y, en concreto, la calidad del producto para atraer a más turistas con capacidad de gasto, al tiempo que facilitará la internacionalización del producto mediante su promoción en el exterior e impulsará el turismo sostenible.

La vicepresidenta destacó que esta medida contribuirá a mantener el liderazgo de España, segundo país en turismo vacacional, y a fortalecer un sector que constituye una de las fuentes de riqueza de la economía española que aporta el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y representa el 12% de empleos directos. Además, subrayó que la campaña de promoción en los mercados internacionales servirá para dar una imagen consolidada del país como destino turístico y líder mundial.

El Plan entrará en vigor desde el momento de la suscripción del convenio entre el ICO y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2009. El importe máximo a financiar será del 90% de la inversión neta y el límite máximo acumulado por beneficiario será el que corresponda aplicar al plazo de amortización elegido.

El Estado cederá esta financiación al cero por cien y el tipo de interés final aplicable al beneficiario será del 1,5%, margen que será establecido por las entidades de crédito.

Los plazos de amortización propuestos son cinco años sin período de carencia o con un período de carencia de un año para una inversión máxima de un millón de euros; siete años sin carencia o con carencia de dos años para un máximo de un millón de euros; diez años sin período de carencia o con carencia de tres años para un máximo de 660.000 euros y doce años sin carencia o con carencia de cuatro años para un límite de inversión de 660.000 euros.

Podrán acogerse a este Plan establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos turísticos y alojamientos rurales como empresas de restauración, de oferta turística complementaria o agencias de viajes.

Entre los criterios para su concesión se valorarán aquellas inversiones que contribuyan a incrementar el valor añadido del producto como "mejoras para la sostenibilidad de los establecimientos, en especial para el ahorro energético y la conservación y mejora del medio ambiente; inversiones encaminadas a la implantación de sistemas de calidad, mejoras de accesibilidad e implantación de nuevas tecnologías".

El Gobierno informó que el Plan responde a las necesidades del sector, porque persigue "mejorar el equilibrio entre el turismo y el entorno ambiental y urbanístico y adaptar la actividad turística al nuevo modelo turístico, a través de la diversificación del producto y segmentación de la demanda".

Pasan a disposición judicial tres de los primeros cinco detenidos en Librilla por presunta corrupción

MURCIA.- Tres de los cinco detenidos en la primera fase de la denominada operación 'Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, pasaron hoy a disposición judicial, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Fue el pasado martes cuando se inició la primera fase de la operación 'Biblioteca', en la que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007.

También el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de José Andrés Cortes.

Están últimas han sido puestas en libertad esta misma mañana.

Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que, por presunta pertenencia a una trama de corrupción, está realizando el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, que ha abierto un procedimiento.

Los populares murcianos a “verlas venir” / Juan Redondo

Tras los “pajarillos” parece que los UCOs ha cogido en Librilla “caza mayor”. El tema de supuesta corrupción urbanística en el municipio se complica, el popular José Martínez es el cuarto alcalde de la Región que es conducido esposado en un vehículo oficial a unas instalaciones poco apetecibles.

Cuando actúan estas fuerzas de seguridad, especialidad en investigar presuntos delitos sobre corrupción, con la fiscalía por medio y con intervención judicial, es porque los indicios razonables de grave delito son muy elevados.

Tras la trama de funcionarios y amigos con extraños negocios, parecía lógico que por connivencia o por negligencia, estuvieran cargos públicos al menos en la corporación municipal, por no hablar de la supuesta libertad de actuación de alto técnico del Gobierno Regional.

Sin embargo, en este caso, más sorprendente que la detención de los principales cargos municipales de Librilla, ha sido la reacción de la cúpula regional de los populares murcianos.

Dicen que si en lugar del alcalde y primer teniente de alcalde de Librilla, el esposado hubiera sido un concejal socialista en la oposición, las peticiones de responsabilidades políticas hubieran sido inmediatas, tanto por el nuevo portavoz regional del PP, Ruiz Vivo, que ayer eludía su pronunciamiento al estar en Estrasburgo, pasando por el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez o el secretario ejecutivo de Justicia regional, el ex fiscal Manuel Campos.

“Apoyo firme a la intervención judicial y apoyo firme a los derechos de los detenidos”. Ni una referencia a una posible suspensión cautelar de militancia o evitar politizar la acción judicial, con movilizaciones vecinales, como en Totana o Torre Pacheco. A “verlas venir”, como sí José Martínez no fuera uno de “los suyos”.

El Defensor del Pueblo puede empezar a buscar despacho

La creación de la figura del Defensor del Pueblo de la Región supone un ejemplo de agilidad y consenso entre los tres grupos políticos de la Asamblea. La Ley se aprobó ayer, se hará oficial en los próximos días con su publicación en el BORM y el miércoles, con el pleno que incluye el debate presupuestario a la totalidad, se aprobará el nombramiento por cinco años de José Pablo Ruiz Abellán para hacerse cargo de quejas de los ciudadanos de la Región, que se supone serán abundantes.

Nadie se explica porque está figura ha tardado tantos años en sustanciarse. Los populares van para 16 años de mayoría amplia absoluta.

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¿Aeropuerto de Corvera? ¡Que vienen los rusos! / José Antonio Martínez-Abarca

La verdad es que aquella señalización tan particular que nos indicaba por dónde ir al nuevo aeropuerto regional de Corvera nos debió hacer sospechar. Habíamos esperado años para el gran día de la inauguración. Y, cuando el gran día de la inauguración llega, cierto día de verano del 2008, a la gran obra del siglo XXI en la Región de Murcia resulta que se llega pasando la venta del Cojo, estrechándose en una carreterita comarcal (viendo tantos “haigas” con los cristales tintados por aquellos andurriales, adelantándose unos a otros en las curvas, daba toda la impresión de que íbamos a una balacera oficial de los narcos mexicanos) para al final, en un cruce entre bancales, llegar a un tipo más bien desharrapado bajo el implacable “Lorenzo” con un cartel con mala caligrafía de los que suelen decir “hecha jargo, tengo ambre” pero que decía: “aeropuerto”, y una flechita.

Lo que se dice un lujo de primeras impresiones de la magna obra. No habían empeñado las alhajas de la abuela para causar sensación, no. Pensé que los turistas extranjeros que aterrizaran en Murcia en esas condiciones creerían ser los primeros visitantes de una atracción mundial temática basada en el período Cámbrico. Luego la cosa mejoraba, aunque tampoco escandalosamente. Una enorme carpa donde hacía mucho calor alojaba la primera piedra del aeropuerto, en realidad un bloque de cemento que tenía más o menos el tamaño de un señor pequeñito al que se le hubiese hecho un pijama de concreto para inmortalizarle en los cimientos.

El máximo exponente de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero, también primer espada de la sociedad creada para el aeropuerto, se dirigió a los presentes con un buen discurso, en el que obvió la palabra crisis económica y se mostró obligadamente optimista, señalando que el objetivo, no sé si futuro o más bien futurista, es que medio millón más de extranjeros pudientes se establezcan en una segunda residencia en Murcia.

Si llegamos a saber por entonces la situación real de su empresa, sus palabras hubiesen resonado tétricas. Lo que le debe a los bancos supera la deuda total de algunos países pequeños. Su empresa, arrastrada por malas elecciones inversoras y la debacle propia del sector inmobiliario, está tan a la penúltima pregunta que Del Rivero puede causar un problema de seguridad nacional vendiéndole deprisa y corriendo el veinte por ciento que tiene en Repsol a la inquietante autocracia rusa (en Rusia todo depende, al final, de un solo señor que se llama Putin), de modo que lo poco que nos queda de energía propia dependería de las caprichosas cuando no peligrosas decisiones del Kremlin.

Sacyr necesita urgentemente dinero fresco. Así que no parece que sacar la financiación necesaria para construir el aeropuerto internacional de Corvera sea una de las primeras preocupaciones de Del Rivero en el momento presente. Tampoco parece, a cambio, que los turistas se están dando de codazos por venir volando a una Región que todavía no tiene desarrollada la infraestructura turística que quedó apenas enunciada antes de la crisis. Aparte de la crisis de los propios turistas, claro.

No parece que nadie pueda tener demasiada prisa en la actualidad: unos porque no parece que estén en condiciones de construir mucho, y otros porque no creen que tal y como está el turumaje vaya a servir para mucho lo que se construya, a lo menos hasta que remita la crisis. Los únicos "aviones" que de momento van a planear por allí son aquellos a los que también se les llama vencejos. El tío del cartelito con la flechita aún debe estar plantado en aquel cruce.

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jueves, 20 de noviembre de 2008

¿Clases privadas para alumnos de periodismo?


periodistas.jpgINFORMACIÓN PROPIA En crisis cualquier ingreso adicional es bueno. De esta manera, un grupo de periodistas, profesionales y titulados universitarios ofrece clases privadas de prácticas a alumnos de Periodismo. Este es el anuncio que hemos encontrado en los blogs Murcia Confidencial y Valencia Confidencial. prnoticias ha llamado al teléfono de contacto para interesarse por la propuesta.



¿Para qué clases particulares? Uno de los cinco profesores del curso -que quiso mantener el anonimato- nos cuenta que la idea surge del vacío de formación práctica que encuentra la mayoría de los periodistas jóvenes cuando salen al mercado laboral. De esta manera, desde el año pasado han puesto en marcha cursos para ‘adiestrar profesionalmente' a los alumnos. En estos momentos, el curso que pone el acento las clases personalizadas, se imparte en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.



EL ANUNCIO DE INTERNET

CLASES PRIVADAS PARA ALUMNOS DE PERIODISMO: Un grupo de periodistas, profesionales y titulados universitarios, de Madrid, Valencia, Alicante y Murcia, con dilatada experiencia, damos clases privadas de prácticas a alumnos de Periodismo (preferentemente de 4º y 5º curso) y en grupos con un máximo de cinco miembros.




El año pasado ya tuvo lugar esta iniciativa en la que participaron 30 jóvenes. Para que se repita este año, en enero, tiene que haber un mínimo de cinco personas por grupo. El profesor con el que hemos contactado, es reacio a confesar la identidad de los docentes, aunque nos cuenta que todos tienen experiencia en medios y que algunos dan clase en la universidad. El curso tiene una duración aproximada de nueve meses y asegura ‘trabajo de calidad a los participantes'.

En cuanto a la temática, nos dice que se trata de una formación profesional y un adiestramiento en que enseñan a los jóvenes a utilizar correctamente los géneros periodísticos y a afrontar las distintas situaciones ante las que te pone la profesión. Básicamente temas de redacción práctica.

El PP reclama los 240 millones de euros que el Estado debe a la Región de Murcia por el aumento de población

MADRID.- La senadora del Partido Popular por Murcia, María José Nicolás, ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales para 2009 en la que se reclama al Gobierno la inversión de 240 millones de euros que el Estado debe a la Región cada año por no reconocer el aumento de la población.

La senadora del PP por Murcia argumenta que "queremos hacer visibles los 300.000 murcianos que no existen para Zapatero y a los que el Ejecutivo socialista Estado no financia para servicios tan elementales como la sanidad, la educación o la política social".

"Reclamamos lo que es justo y reivindicamos lo que nos corresponde. Nuestro objetivo con esta enmienda es que la Región de Murcia no se vea perjudicada".

Cámara propone nombrar Hija Adoptiva de Murcia a Pilar de la Cierva, Camarera de la Virgen de la Fuensanta

MURCIA.- La dedicación de Pilar de la Cierva Kirkpatrick a la Virgen de la Fuensanta, imagen de la que es camarera desde 1963, ha sido una constante en su vida, fruto de una devoción que comparte con miles de familias murcianas y que le ha permitido velar por la conservación de la talla que simboliza a la Patrona de Murcia.

Estas son algunas de las razones que ha argumentado el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para proponer al próximo Pleno Ordinario la concesión a De la Cierva del título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Murcia.

El Alcalde destaca que la camarera oficial de la Patrona de Murcia, “además de velar por aumentar la devoción a esta advocación dentro y fuera de Murcia, conserva en su hogar los trajes que la Fuensanta luce a lo largo del año, durante sus visitas a la capital, un auténtico museo que atesora piezas de gran valor histórico e interés para la ciudadanía”.

Siempre dispuesta a fomentar el conocimiento de la Patrona, Pilar de la Cierva ha cuidado estas obras de arte y abordado su rehabilitación en numerosas ocasiones, demostrando de esta forma la responsabilidad, el cariño y esfuerzo que su cargo requiere.

La dedicación a su noble cargo de camarera, durante casi medio siglo ininterrumpido, se inició cuando apenas tenía 7 años y portó en sus manos la corona del Niño durante la ceremonia de coronación de la Fuensanta como patrona de la ciudad.

Desde entonces, su compromiso con la Patrona, en representación de todos los murcianos, ha permitido mantener e incrementar la devoción y el culto a la Virgen.

Miguel Ángel Cámara añade que Pilar de la Cierva “ha ostentado con orgullo y atención su responsabilidad, recibiendo el agradecimiento de varias generaciones de murcianos”.

Entretanto, Pilar de la Cierva ha mantenido durante estos años una colaboración continua y ejemplar con los Caballeros de la Fuensanta, custodios de la talla, institución que apoya la concesión del título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Murcia.

El alcalde de Librilla es el tercer regidor en activo detenido en la Región por corrupción urbanística

MURCIA.- El alcalde del municipio murciano de Librilla, José Martínez, es el tercer regidor en activo arrestado por presuntas tramas de corrupción urbanística que los agentes de la Guardia Civil han venido desarrollando desde el pasado año en la Región de Murcia. Los tres alcaldes pertenecían al PP cuando fueron detenidos.

El primero de ellos fue el regidor de Totana, José Martínez Andreo, en el marco de la operación 'Tótem', que investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.

En concreto, se trata de una operación contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en Totana, y a través de la cual, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 4.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura. El Grupo Nuaria era el encargado de desarrollar el que sería el mayor complejo residencial del municipio.

Martínez Andreo fue ingresado en prisión sin fianza el 3 de diciembre del pasado año, quedando en libertad dos meses después bajo fianza de 70.000 euros, decretada por la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana.

Igualmente, dentro de la operación 'Tótem', el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Julián Pérez Templado, llamó a declarar al ex alcalde de Totana y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, para quien se acordó prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros. Morales, que declaró durante más de 12 horas sobre su posible relación con el caso 'Tótem', pagó la fianza días después.

La razón por la que Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ tomó declaración al ex alcalde, así como al actual regidor y otras 16 personas relacionadas con la trama de corrupción urbanística de la localidad, se debe a que asumió la competencia para conocer el asunto en relación al ex primer edil totanero, ya que está aforado, al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por Morales, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".

Fue el 3 de diciembre cuando la Junta Directiva del PP, reunida en sesión extraordinaria, aceptó y dio trámite a la solicitud de baja voluntaria de militancia presentada por Martínez Andreo; así como la baja cautelar, también voluntaria, en la militancia del partido de Juan Morales.

Y es que, el sumario revela que la relación entre Martínez Andreo y el ex alcalde, Juan Morales, tanto personal como política, estaba muy deteriorada llegando incluso a acceder Andreo a la alcaldía pese a que Morales quería seguir ejerciendo como primer edil.

El segundo de los alcaldes arrestados del PP fue el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, para quien el juez del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Salvador Calero, ordenó el 3 de abril de este año prisión provisional sin fianza.

La detención se enmarcaba en el procedimiento que se instruye en dicho juzgado por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

En el marco de esta trama de corrupción urbanística destapada tanto en el Consistorio de Torre Pacheco como en el de Fuente Álamo, la primer edil de este último municipio, María Antonia Conesa, fue a declarar a principios de noviembre de 2007 y quedó en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier, Arantzazu Moreno, por presuntas irregularidades urbanísticas en su Ayuntamiento.

A pesar de la presunta implicación de los regidores de Totana y Torre Pacheco, éstos siguen, a día de hoy, ejerciendo las labores propias de la Alcaldía, sin abandonar sus cargos.

A estas detenciones por presuntas corrupciones urbanísticas se une la del ex alcalde del PSOE de Los Alcázares, Juan Escudero, el 21 de enero de este año, para quien la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, decretó prisión provisional, eludible con fianza de 60.000 euros, que se hizo efectiva. Las investigaciones se originaron por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, entre otros.

La actual crisis global se analizará en Murcia la próxima semana dentro del Foro de la Mundialización

MURCIA.- Los expertos en política internacional Sami Naïr, Ignacio Ramonet y Lluís Bassets analizarán la situación mundial ante la actual crisis en la decimoctava edición del Foro de la Mundialización que se celebrará los días 24, 25 y 27 de noviembre en la ciudad de Murcia.

El catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y organizador del ciclo, Francisco Jarauta, destacó hoy que las crisis han generado una sensación de incertidumbre y desasosiego en la sociedad".

Jarauta dijo que "estamos asistiendo al final de un periodo de casi 30 años de crecimiento continuado y entramos en una época distinta caracterizada por la recesión".

"Nos encontramos ante una crisis económica que se une a otras como la medioambiental o la alimentaria y, sobre todo al déficit de instituciones políticas que gobiernen un mundo tan complejo como el actual", señaló Jarauta.

Jarauta indicó también que las expectativas sobre Obama se centran en la restauración de la política de pactos y en ver como hace frente a los problemas económicos internos de su país.

El ciclo se centrará este curso en la crisis económica y financiera, el déficit de liderazgo político internacional y las expectativas generadas ante el mandato de Barack Obama en Estados Unidos.

Sami Naïr abordará la crisis financiera internacional y se planteará el origen de esta situación y las posibles soluciones.

Ignacio Ramonet se centrará en la nueva geopolítica mundial, que es el tema de su último ensayo titulado "La crisis del siglo".

Lluis Basset analizará los retos de la presidencia de Obama y las expectativas que la política mundial ha depositado en este liderazgo.

El Foro de la Mundialización lleva este año el título "El nuevo escenario internacional".

Caja Murcia y la CAM ven crecer su morosidad relativa

MADRID.- La tasa de morosidad de las Cajas de Ahorro españolas prosigue su escalada al alza. A 31 de octubre pasado, la media del sector se elevaba ya al 3,23%, por encima del listón del 3% que había llegado a rozar a finales de septiembre (exactamente el 2,917%), según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), facilitados a las propias entidades, según Cotizalia.

Siete Cajas de Ahorro contabilizaban a finales de septiembre una mora superior al 4,5%. En tres de ellas, la tasa se situaba entre el 5% y el 6%. Dos entidades rebasaban ya el 6%, y una en concreto estaba instalada en el 6,40%. Y las cosas tienden a empeorar como consecuencia del ‘efecto Tremón’.

La subida se advierte con claridad si tenemos en cuenta que esa tasa media del 3,23% en octubre sucede a otra del 2,19% en septiembre, después de haber sido del 2,84% en agosto, del 2,60% en julio, y del 1,81% en junio. Las expectativas que se manejan dentro del propio sector hablan de una tasa de morosidad media que podría alcanzar el 4% a finales de año, guarismo que la CECA reduce al 3,5%, y que eleva, sin embargo, hasta el 5% para finales del 2009.

El ‘Grupo uno’ de Cajas, donde se encuentran las entidades con mayor tamaño, caso de La Caixa y Caja Madrid, superaba la media sectorial para situarse en el 3,40% (frente al 3,07% de finales de septiembre).

Las entidades englobadas en el ‘Grupo dos’ (Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, Ibercaja -con el 1,79%-, Unicaja, Caixa Galicia, Caja Murcia y BBK), contabilizaban a finales de octubre una mora media del 3,22% (sobre el 2,875% en septiembre), inferior, por tanto, a la de las dos grandes.

Sin embargo, son las entidades integradas en el ‘Grupo tres’ (Caixanova, Cajasol, Castilla-La Mancha, Caja España, Caja Duero, Penedés, Kutxa, entre otras), las que se llevan la palma, con una morosidad media del 3,47% (frente al 3,16% que registraban en septiembre).

Rescinden el acuerdo con Urvisán para peatonalizar el centro de Cartagena

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena confía en que las obras de peatonalización del centro no sufran grandes retrasos, pese a que ha rescindido el contrato a la empresa adjudicataria, Urvisán S.L. de Los Alcázares, una de las empresas investigadas en la operación anticorrupción que las Fuerzas del Orden llevaron a cabo el martes en la Región, dice hoy "La Opinión".

El concejal de Infraestructuras, José Vicente Albaladejo, explicó que el pasado jueves se celebró una mesa de Contratación para tramitar la resolución del contrato "ya que la empresa se ha declarado en concurso de acreedores (antes suspensión de pagos) y el juzgado la ha aceptado".

La Guardia Civil registró el martes las instalaciones de la sociedad constructora Urvisán, situada en el polígono industrial de Los Alcázares, dentro de la operación anticorrupción llevada a cabo hace dos días en la Región.

El edil indicó que en estos momentos, el proceso se encuentra en el trámite de audiencia, que incluye un plazo de diez días para dictar la resolución del contrato y aseguró que la rescisión del contrato se decidió antes de que se iniciara la operación policial.

La adjudicación a la empresa Urvisan S. L. tuvo lugar el pasado octubre por 1,6 millones de euros.

El Ayuntamiento ha propuesto ahora la adjudicación de las obras de peatonalización de las Puertas de Murcia a la empresa Faustino Marín, propuesta que está en estos momentos en fase de presentación de alegaciones, procediéndose inmediatamente después a la adjudicación e inicio de dichas obras.

Esta empresa es la tercera del listado que se presentó en su día al concurso de esta actuación, descartándose la primera que se propuso inicialmente por encontrarse actualmente en concurso de acreedores, y la segunda por haber recibido informes negativos de los servicios jurídicos municipales.

Según la alcaldesa, Pilar Barreiro, este cambio en la empresa propuesta permite salir del impas en el que podían entrar estas obras, de manera que hemos sido ágiles rescatandolas para que no haya variación en el contrato, se mantiene todo el procedimiento, el precio y los plazos.

El proyecto afectará a ocho calles -Puertas de Murcia, plaza de San Sebastián, Santa Florentina, Conducto, plaza Castellini, La Seña, Intendencia y Villamartín-, que suman una superficie de 9.500 metros cuadrados.

La primera parte de esta fase de peatonalización ha consistido en una serie de catas y prospecciones para determinar los entronques de la nueva red de alcantarillado y pluviales con los colectores ya existentes.

El importe total del proyecto es de 2.132.968 euros distribuidos en dos anualidades, de las que 1.200.000 euros corresponden a 2008 y 932.000 euros al año 2009.

Caritas critica que "1.000 personas sigan sin tener un hogar en la Región de Murcia en pleno siglo XXI"

MURCIA.- El director de Caritas Diocesana en Murcia, José Luis Leante, criticó, durante la presentación de su campaña nacional de concienciación en Navidad 'No tener hogar significa mucho más que estar sin techo', que "cerca de 1.000 personas sigan sin tener un hogar en la Región de Murcia en pleno siglo XXI".

Leante estuvo acompañado en la presentación de la nueva campaña de Navidad por el secretario general de Cáritas Diocesana en Murcia, Antonio Sánchez, quien recordó que en la Región existen familias que se encuentran en situación de pobreza extrema que subsiste con tan solo 300 euros al mes.

En este sentido y ante la celebración, el domingo, del 'Día de los sin techo', Leante lamentó que "en un país como España que se proclama fuerte económicamente sigan sin tener una vivienda más de 30.000 personas, un derecho que ampara la Constitución Española en su artículo 47".

Además, explicó que la campaña nacional de Caritas quiere ser una llamada al interior de las personas, de las administraciones públicas, de las organizaciones e instituciones, para denunciar públicamente el difícil acceso que existe a una vivienda digna y adecuada, primer paso para construir un hogar".

Y es que para, Caritas, más allá de las definiciones económicas y sociales utilizadas por organismos oficiales, "hogar significa que me puedo trasladar sin renunciar a mi identidad; es donde tengo mi espacio y mi intimidad, conformado por bienes, mis vecinos, mis amigos; es parte de mi formación y educación, donde aprendo y ayudo a aprender".

Al hilo, Sánchez señaló que desde que comenzó la crisis económica "Caritas ha sufrido un incremente del 40 por ciento en la petición de ayudas, es decir, que de las 60.000 peticiones recibidas en el año 2007 se ha pasado a las 84.000 recibidas en lo que llevamos de año", al tiempo que añadió que "también han aumentado la peticiones de ayudas de personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas".

En este sentido, el secretario general de Caritas recordó que según el último informe de la fundación Foesa "el cuatro por ciento de la población vive en situación de pobreza extrema, una cifra de exclusión que, pese al crecimiento económico registrado en los últimos años, se ha mantenido en España y en la Región de Murcia".

Igualmente, señaló que la crisis actual "ha hecho que los colectivos habituales con los que Caritas trabajaba (inmigrantes y excluidos socialmente), se amplíen a otros que, antes de la crisis, estaban en una situación de vulnerabilidad y que ahora se encuentran en situación de pobreza".

Respecto a las medidas que las administraciones públicas adoptan frente a estos colectivos que sufren pobreza extrema, el director de Caritas afirmó que, "nunca, ni si quiera cuando la economía estaba en situación de bonanza, los presupuestos destinados a estas acciones sociales han sido suficientes y así lo hemos venido denunciando públicamente".

Desde los 140 centros que Caritas tiene distribuidos por la Región de Murcia "no podemos hacer frente a todas las peticiones de ayuda, aunque sí procuramos estar cerca de los necesitados para escucharlos y brindarles la ayuda de expertos", una ayuda que para Leante "es, en ocasiones, más efectiva que las económicas".

Finalmente, y con motivo de la celebración el domingo del 'Día de los sin techo', Caritas se ha sumado a la iniciativa de la ONG 'Solidarios para el desarrollo' de realizar hoy una 'dormida en la calle' en el jardín de Santo Domingo de Murcia, "para reivindicar y solidarizarse con todos los que viven sin hogar", subrayó Sánchez.

Por otro lado, Sánchez explicó que además de las plazas que Caritas tiene en la Región de Murcia para que los solicitantes puedan dormir, comer, asearse, y recibir ayuda psicológica, existen una serie de pisos alquilados por la entidad católica para hacer frente a esta demanda.

En este sentido, hay que destacar la labor que Caritas realiza con los menores de edad que lleguen a las costas murcianas en patera, "unos jóvenes que al cumplir los 18 años son considerados por la Administración como autónomos y, por lo tanto, dejan de ser tutelados".

Con estos jóvenes, Caritas realiza una labor de formación en centros como el que tienen las Hermanas Reparadoras en la pedanía murciana de El Raal, donde les ayuda a completar su labor formativa para, después, ir derivándolos a talleres educacionales para que encuentren empleo.

De este modo, el total de plazas de acogida que tiene Caritas en la Región de Murcia, entre pisos alquilados e instalaciones propias, asciende a 300, "una cantidad insuficiente" por lo que Leante hizo un llamamiento a la Administración regional para que, en el 2009, se pueda ampliar el número.

El Coordinador Comarcal de IU en el Guadalentín exige a Valcárcel que actúe, sin contemplaciones


TOTANA.- Tras la detención, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del alcalde y el primer teniente de alcalde del municipio de Librilla, "se pone de manifiesto que, los casos de corrupción ligados con el Urbanismo, implantado por el PP, no son casos aislados, ante los que el Presidente de la Comunidad y del PP regional, no puede seguir mirando hacia otro lado como si el asunto no tuviese graves responsabilidades políticas", dice un comunicado de IU en la comarca del Guadalentín.

A las detenciones en Totana, las graves imputaciones a Juan Morales, se suman la de otro cargo público que, "como mínimo, tiene una grave responsabilidad política en los repugnantes hechos que están investigando la Justicia y la Guardia Civil".

“Los ciudadanos de los pueblos de la comarca se preguntan cuál será el próximo Ayuntamiento registrado por la UCO y hasta cuando va a permitir los desmanes urbanísticos el presidente, Valcárcel…”, ha manifestado Juan José Cánovas, el coordinador comarcal de IU.

"La exigencia de honestidad y transparencia en la función pública, exige la paralización de los Planes Urbanísticos “contaminados” por la corrupción y la separación inmediata de políticos y funcionarios sobre los que recaen las sospechas de actuaciones corruptas", concluye el también responsable de Política Municipal de IU en la Región de Murcia.

Desde IU, se recuerda que el Gobierno Regional, anunció hace un año, una querella contra Juan José Cánovas, por denunciar los casos de corrupción que hoy, de nuevo, son portada en los medios regionales y nacionales. La querella, contra el concejal de IU en Totana, anunciada por el entonces portavoz, De Heras, no llegó a presentarse.

La Guardia Civil detiene al alcalde de Librilla por el presunto cobro de comisiones ilegales

MURCIA.- La Guardia Civil ha detenido hoy a mediodía, en su despacho oficial, al alcalde de Librilla, José Martínez García, del PP, y posteriormente al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, del PP, y en Murcia a un asesor jurídico del Ayuntamiento y profesor de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Cesáreo Gil de Pareja Otón, por el supuesto cobro de comisiones ilegales y por su presunta pertenencia a una trama de corrupción, según habrían declarado los otros cinco detenidos.

Gil de Pareja, director del máster de Urbanismo que se imparte en la UCAM y director del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Mula, ha sido cesado hoy mismo por acuerdo de los tres grupos municipales, PP, PSOE e IU, presentes en el Consistorio. Los datos aportados por este letrado sirvieron de base en su día para iniciar estas pesquisas a instancias de la Fiscalía del TSJ. Ahora, los detenidos anteriormente pueden, en sus declaraciones ante la Guardia Civil, haberle imputado alguna práctica delictiva. Su domicilio también ha sido registrado.

Las detenciones se enmarcan en las investigaciones de la denominada "Operación Biblioteca", que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, porque su titular, Andrés Carrillo de las Heras, ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y blanqueo de capitales, tras un supuesto beneficio ilegal cercano a los siete millones de euros.

Las detenciones, practicadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han producido a raíz de las declaraciones prestadas por las cinco personas arrestadas el pasado martes en la misma operación, en la que se investiga una trama de corrupción urbanística, y de la relevante documentación intervenida y analizada.

Según las fuentes consultadas, los indicios que han provocado las tres detenciones de hoy han sido hallados por los investigadores en las últimas horas, entre la documentación incautada en la primera fase de la operación.

Entre los cinco primeros detenidos estaban el ex funcionario autonómico José Luis Cano Valverde, considerado el cerebro de la trama, y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa Acadi (ahora en suspensión de pagos) que redactó el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla, así como su gerente, Domingo Cabrera.

José Martínez, alcalde de Librilla desde 1991 a excepción de una legislatura socialista entre los años 2003 y 2007, ha acompañado posteriormente a los agentes de la UCO en el registro de su vivienda, una casa antigua en planta baja, por espacio de más de cuatro horas, al igual que el teniente de alcalde al registro de la suya.

El primer edil, dueño de una administración de lotería de la localidad, también acompañó el pasado martes, durante cuatro horas, a la Guardia Civil en el registro que ésta efectuó en la sede consistorial a raíz de la detención de los primeros cinco implicados.

Ese día, el alcalde aseguró a los periodistas que había colaborado "voluntariamente" con la Justicia, y que "en ningún momento" había estado detenido.

Librilla, población de casi 4.000 habitantes, es un municipio agrícola situado en el valle del Guadalentín, en las faldas de Sierra Espuña, y su Ayuntamiento está integrado por seis concejales del PP y cinco del PSOE.

IU exige la dimisión

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, exigió hoy la dimisión "inmediata" del alcalde de Librilla y del concejal de Urbanismo de esa localidad --ambos detenidos hoy por la Guardia Civil por su presunta relación con un caso de corrupción en ese municipio-- e instó al presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, a que "ataje con contundencia" la corrupción en esta comunidad autónoma.

Pujante hacía estas declaraciones tras conocer que el regidor del municipio librillano, José Martínez, el edil Pedro Martínez y un asesor jurídico del Ayuntamiento han sido detenidos hoy por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presunto cobro de comisiones ilegales, según informaron fuentes de la coalición de izquierdas en un comunicado de prensa.

Es este sentido, lamentó que el caso de Librilla sea "uno más de los registrados en la Región en los últimos años", y consideró que, con independencia de la decisión judicial que se adopte en torno a esta trama, "la ética fundamental que debe respetar todo cargo público no permite mezclar los intereses públicos y los privados".

Asimismo, indicó que Izquierda Unida "luchará contra las actuaciones corruptas y en defensa de la transparencia y el cumplimiento de la ley", al tiempo que calificó de "lamentable" que "el nombre de instituciones públicas se hayan visto involucradas en este turbio asunto de corrupción".

El PSOE "exigirá responsabilidades"

El PSOE de Librilla pidió hoy el "máximo respeto a las actuaciones judiciales" en relación al caso por el que el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y han sido detenidas, hasta el momento, ocho personas. Al mismo tiempo, aseguró que "exigirá responsabilidades", llegado el momento.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Librilla, María del Mar Hernández, hizo estas declaraciones tras tener conocimiento de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo al alcalde de dicha localidad, José Martínez; así como al teniente de alcalde, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, por su presunta pertenencia a una trama de corrupción.

En este sentido, desde el PSOE municipal se pidió el "máximo respeto a las actuaciones que el juez está llevando a cabo en la localidad en su labor de aclarar los hechos" que "presuntamente son constitutivos de delito".

Y es que, advirtió, "de mostrarse como aciertos estos hechos supondrían un grave daño económico y moral al pueblo de Librilla", con lo que, incidió, una vez que se sepa quiénes son los "responsables" en este supuesto caso de corrupción "exigiremos responsabilidades".

Las obras del Nuevo Aeropuerto y la crisis / Juan Redondo

Sale ahora Valcárcel diciendo que las obras del futuro aeropuerto regional, uno de los buques insignia de su gestión, puede ralentizarse por la crisis económica. Vaya contradicción.

Hace meses que nos tienen dicho los poderes públicos y los empresarios que contra esta recesión que afecta especialmente a la construcción hay que agilizar la inversión en obra pública. Y que el sector servicios, empezando por el turismo es apuesta de futuro.

Hace unas semanas ya los los vecinos de las pedanías y las casas de comidas de la zona empezaron a extrañarse por una repentina ausencia de operarios.

Que si eran unos restos romanos, que un replanteamiento en el proyecto, que sí alguna subcontrata tenía problemas económicos; que sí Sacyr, la adjudicataria más importantes dentro de un consorcio formado entre otros por el Grupo Fuertes, Cajamurcia y la CAM, anda metida en operaciones financieras de activos y pasivos para tener una buena capitalización.

Y que con la apertura de plicas para la concesión de las obras, hubo polémica y recursos por parte de otro grupo de empresas encabezadas por Acciona.

Dicen que no hace muchos días hubo una reunión importante del grupo adjudicatario y encargado de la construcción y a consecuencia de ello han surgido las declaraciones de Valcárcel.

En teoría la obra y la puesta en marcha del Aeropuerto Regional de Corvera anunciado para 2011 supone la gran ruptura de uno de los cuellos de botella, junto con los ferrocarriles, para el desarrollo regional en infraestructuras de comunicaciones.

Su puesta en funcionamiento parece más prioritaria con la recesión económica.

Las palabras de Valcárcel sobre su posible aplazamiento resultan inquietantes tanto para la Comunidad como para los las empresas y entidades componentes del consorcio.

Los ruidos levantan las liebres

Tras la intervención de los UCOs en Librilla se han vuelto a disparar las alarmas con nombres de municipios y de personas a visitar por los enviados especiales de Madrid en temas de anticorrupción.

Hace un año con la “Operación Totem” un largo listado de ayuntamientos de los dos colores circulaba concretando fechas y hasta días. Con tanto ruido y se levantan las liebres de lejos, comenta un amigo cazador, que afirma que la Justicia tiene que trabajar lenta pero segura.

“Aunque los anuncios muy adelantados también permiten que se puedan borrar las huellas y adecentar la casa, suponiendo que hubiera ropa sucia”.

www.elfarodemurcia.info