miércoles, 23 de enero de 2008

El PP de Los Alcázares, sorprendido porque no se haya convocado un pleno para explicar el caso 'Ninette'

LOS ALCÁZARES.- La presidenta del Partido Popular en Los Alcázares, María del Carmen Vigueras, se mostró hoy sorprendida porque el ayuntamiento no haya convocado todavía un pleno municipal para dar explicaciones por la operación 'Ninette' por un supuesto caso de corrupción urbanística en el municipio.

Indicó que "la cúpula del consistorio está bajo sospecha, con varios imputados", entre los que destacó, además de los ya conocidos, al jefe de los servicios jurídicos.

"Lo normal -según Vigueras- hubiera sido que al día siguiente" de iniciada la operación Ninette la alcaldesa hubiera convocado un pleno para dar explicaciones.

Recordó que los plenos ordinarios de octubre y diciembre no se celebraron, y que a la fecha de hoy no se ha convocado ningún otro pleno.

Se preguntó quién puede adoptar en estos momentos decisiones en el ayuntamiento después de lo que ha ocurrido, y señaló que el comentario que le llega es que "los funcionarios están a verlas venir sin mucho que hacer".

Del concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, también imputado en este caso, comentó que posiblemente tome declaración ante el juzgado número 2 de San Javier que instruye el caso el próximo día 30, ya que desde ayer se encuentra de guardia y está atendiendo los asuntos de la guardia.

A Blanco el PSOE le ha retirado las competencias de Urbanismo, pero Vigueras se pregunta quién las ostenta actualmente.

En el caso de que Blanco pase al grupo mixto, el PSOE se quedaría con 8 concejales, 7 el PP, 1 Izquierda Unida.

Vigueras indicó que el ex alcalde Juan Escudero, que el pasado lunes quedó en libertad bajo fianza, "paseaba por el pueblo", pero no se acercó a las dependencias municipales, "como solía hacer" antes de que fuera detenido.- (EFE)



La alcaldesa de Cartagena asegura que la gestión de Novo Cartago ha sido "escrupulosa"

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, aseguró hoy que la tramitación municipal seguida en el proyecto urbanístico 'Novo Cartago', que promueve la inmobiliaria Hansa Urbana y que investiga la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, ha seguido "escrupulosamente" el proceso administrativo que contempla la legislación vigente.

Barreiro señaló al ser preguntada sobre este asunto que el Ayuntamiento de Cartagena "ha dado todos los pasos, ha pedido los informes que establece la ley y que son obligatorios y no hemos hecho nada más".

La alcaldesa aseguró desconocer la petición del portavoz del grupo municipal socialista, Juan Luis Martínez, de paralizar la tramitación de este proyecto urbanístico en el consistorio.

Martínez ha pedido hoy, a través de un comunicado, que el ayuntamiento no continúe con los trámites administrativos para construir las 7.000 nuevas viviendas del proyecto 'Novo Cartago' en el Mar Menor, tras conocer que la fiscalía del TSJ investiga posibles irregularidades.

Martínez solicitó al equipo de gobierno popular "máxima cautela con el fin de evitar posibles perjuicios para el ayuntamiento y los cartageneros".

En la página web de 'Novo Carthago Beach and Golf Resort' se indica que cubre un área de casi 5,7 millones de metros cuadrados, y que solo el 22 por ciento (1,2 millones de metros) serán usados para usos residenciales, y que de esos metros 265.000 será el terreno para construir 5.000 viviendas y el resto áreas verdes en el corazón del complejo residencial.- (EFE)

Española de Zinc advierte a la CNMV de factores de riesgo en su negocio

CARTAGENA.- Española de Zinc dijo en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existen factores de riesgo que pueden afectar el negocio y la situación financiera, económica y patrimonial de la sociedad.

La compañía indicó que su actividad productiva, que está condicionada a la obtención de materia prima, depende de los préstamos de socios, de terceros y de la ejecución de la ampliación de capital.

Además la empresa explicó que en opinión de su auditor Deloitte hay errores en la cuentas de la compañía al contabilizar como beneficios 116 millones de euros procedentes de la venta de los terrenos sin cumplirse la totalidad de las condiciones de la operación.

"La contabilización de este ajuste supondría transformar los fondos propios positivos mostrados en el balance a diciembre de 2006 en fondos negativos de 65,52 millones de euros", añadió.

Por otra parte la compañía está pendiente de la resolución definitiva de la Audiencia Provincial de Murcia sobre el requisito de abonar a Iberdrola la parte de un crédito pendiente de ejecución de 4,5 millones de euros.

En el comunicado la compañía reiteró al órgano regulador su petición para dejar sin efecto el acuerdo de suspensión de negociación que pesa sobre sus títulos desde enero de 2005 tras declarar un Tribunal su situación concursal.

Para hacer pago a sus acreedores la compañía acordó la venta de los terrenos de 90.000 metros cuadrados donde se ubicaba su fábrica por un importe de 142 millones de euros, de los que ya ha ingresado una parte.

Sin embargo, para completar la operación será necesario obtener unos permisos por parte de Sepes, entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda, para ubicar su nueva fábrica.

Española de Zinc señaló la necesidad de que sus títulos vuelvan a cotizar para que los accionistas puedan negociar la ampliación de capital acordada el 27 de junio de 2007 con total transparencia y seguridad.

Esta ampliación supondría la emisión de 11,7 millones de acciones a un euro de valor y una prima de emisión de 1,4 euros por acción.- (Agencias)

Sacyr pignora un 21% de Testa para cubrir garantías de préstamo

MADRID.- El grupo constructor Sacyr Vallehermoso, presidido por el ingeniero murciano Luis del Rivero, comunicó hoy miércoles al regulador (CNMV) que ha pignorado un 21,22% del capital de su filial patrimonialista Testa a favor del sindicato bancario que en su día financió parcialmente la compra de un 20% de Repsol.

La pignoración (entregar en prenda las acciones como garantía) se produce después de que la acción de Repsol haya cotizado durante tres días seguidos por debajo de determinado precio (que se calcula en proporción al precio de la acción de Repsol por el número de acciones entre el saldo vivo del crédito).

El contrato del crédito de 5.175 millones de euros firmado el 21 de diciembre de 2006 para comprar las acciones de Repsol establecía que Sacyr debería aportar garantías adicionales si se daban las mencionadas condiciones que, sin tomar en cuenta amortizaciones, habría sido que la acción bajase hasta 20,79 euros.

Hasta ahora, el crédito estaba garantizado fundamentalmente por las propias acciones de Repsol, que han perdido en las últimas tres sesiones un 11,63 por ciento de su valor hasta 19,45 euros por título en un mercado convulso.

Sacyr, que en su día invirtió 6.500 millones de euros en la compra, acumula unas minusvalías sustanciales ya que, a precios del miércoles, el valor de su participación en la petroquímica es de 4.750 millones de euros.

En una comunicación al regulador en la que detalla las condiciones del préstamo, Sacyr no desvela si estas nuevas garantías supondrán costes adicionales.- (Reuters)

La CAM sortea parcialmente una crisis al aplazar su salida a Bolsa porque pierde 15,8 millones de €

ALICANTE.- El desplome de los índices bursátiles tras el «lunes negro» condicionará, a pesar del repunte del Ibex registrado ayer, los planes de futuro de las cajas de ahorros para obtener nuevas vías de liquidez.

La CAM, comandada por Vicente Sala, ha optado por emitir cuotas participativas. Sus directivos resaltan los «criterios de prudencia» que han guiado esta operación, a la espera de tiempos mejores en los parqués, y han evitado un cataclismo de consecuencias imprevisibles.

El consejo de administración de la CAM se dotó de un colchón suficientemente amplio -tres años- para su salida a Bolsa ya que, de acuerdo con las mismas fuentes, ya se percibía la posibilidad de un declive bursátil cuando se aprobó la salida a los mercados de una parte de su capital.

Como marca la ortodoxia económica, la CAM se encuentra en periodo de «wait and see» (esperar y ver), aunque en esta fase no podrá cumplir con sus objetivos de obtener recursos adicionales. Habrá de esperar para inyectar en sus balances los 1.500 millones de euros previstos por la venta del 20% de su valor.

A la espera de que amaine el temporal bursátil, el consejo de administración de la Caja se reunirá mañana en Murcia para dar el visto bueno a las cuentas de 2007.

Sin embargo, las inversiones de Caja Mediterráneo en empresas cotizadas habían reducido su valor un 9,91% hasta ayer. No es intención de la Caja desprenderse de acciones de ninguna empresa, sino mantenerse en ellas. Al menos de momento, ya que el escenario coyuntural tampoco permite poner en venta la cartera.

Desde comienzos de año, el valor de las participaciones de Caja Mediterráneo en la Bolsa de Madrid ha bajado un 9,915%. Y ha tenido suerte gracias al repunte de ayer de parte de casi todos los valores en que tiene dinero.

El "lunes negro", la caída acumulada de Abertis (autopistas, -10,44%), Enagás (energía, -8,20%), Unión Fenosa (energía, -6,24%) y Sol Meliá (turismo, -14,78%) sumaba un 11,38% de media. La devaluación de sus inversiones pivotó alrededor de 2,5 millones de euros en Sitreba (a través de la cual participa en Abertis); 8,3 millones en Fenosa; 4,5 en Enagás; y 440.000 euros en el grupo hotelero.

En total, 15,8 millones de euros que, aseguran convencidas fuentes de la entidad de ahorro, se recuperarán en los próximos meses.- (Agencias)

Se prepara en Los Alcázares un pleno extraordinario sobre la "Operación Ninette"

LOS ALCÁZARES.- La alcaldesa socialista de Los Alcázares, Encarna Gil, convocará próximamente un pleno extraordinario en el que el concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfredo Blanco, dejará de serlo, después de desempeñar el cargo durante varias legislaturas y, además, pasará al Grupo Mixto.

En el pleno también se dará todo tipo de explicaciones sobre la Operación Ninette y el papel jugado en ella por el ex-arquitecto municipal, Mariano Ayuso, al que la juez envió a prisión el pasado lunes y que fue apartado de su cargo por el anterior alcalde, JoséAntonio Martínez Meca, tras estallar el escándalo de la Operación Malaya.

Con la marcha de Blanco, el PSOE se quedará con 8 concejales y por lo tanto perderá la mayoría que consiguió con mucho esfuerzo en las últimas elecciones municipales. El PP tiene 7 concejales e IU cuenta con una edil y con la incorporación de Blanco al Grupo Mixto, los socialistas tendrán que gobernar en minoría.

Los alcaldes de Torre Pachecho y Fuente Álamo se congratulan del levantamiento parcial del secreto del sumario

FUENTE ÁLAMO.-La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, afirma en un comunicado que “las puertas del ayuntamiento están abiertas para todo aquel que quiera acceder a cualquier documento de interés público” y niega “rotundamente” estar implicada en “cualquier delito de fraude fiscal, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación”.

De hecho, pasadas 24 horas desde que se alzó la declaración de secreto en la instrucción, su abogado Luis Ruipérez confirmó que Conesa aún no sabe de qué se le acusa.

La primera edil hizo estas declaraciones después de que la titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Arantxa Moreno, levantara parcialmente, el pasado lunes, el secreto de sumario de las diligencias que instruye por presuntas irregularidades administrativas en los consistorios de Fuente Álamo y Torre Pacheco.

La alcaldesa manifestó su “satisfacción” por el levantamiento parcial del secreto de sumario “porque, así, todo el mundo sabrá qué es lo que ha ocurrido y quiénes son los verdaderos culpables”.

También quiso dar un mensaje de tranquilidad y de prudencia a los vecinos el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, con respecto a la apertura parcial del secreto del sumario que se instruye contra los consistorios de Torre Pacheco y Fuente Álamo por parte de la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier.

Para el primer edil esta apertura parcial del secreto de sumario es “una medida que llevábamos pidiendo para que todo el mundo pudiera conocer en profundidad lo que forma parte del mismo y para que pudiéramos dar respuestas reales a la sociedad ”.

García añadió que “hasta ahora cuando hemos hablado nos hemos basado en hipótesis y conjeturas”.

El alcalde de Torre Pacheco indicó que “estamos a la espera de que se pueda conocer el contenido de la documentación para que se conozcan las materias sobre las que se levanta el secreto de sumario”. Asimismo, reiteró su mensaje de “tranquilidad”, a la espera de conocer el contenido del mismo para dar las “explicaciones necesarias”.

García se refirió a la gran cantidad de documentos, datos y cuestiones que tendrán que ser analizados por los abogados en los próximos días. Precisamente indicó que serán posiblemente los letrados quienes, en algunos casos, tengan que hacer las aclaraciones correspondientes.

Por último, destacó, de nuevo, el mensaje de tranquilidad a la “sociedad pachequera, y de prudencia y confianza en el Ayuntamiento y en aquellos que rigen los destinos de este pueblo”.

En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la juez tomó declaración a catorce personas, entre las que se encontraba la alcaldesa de Fuente Álamo.

Según fuentes judiciales, en el marco de este caso se investigan los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

El procedimiento “continúa parcialmente bajo secreto de sumario” y las intervenciones judiciales comenzaron el 3 de julio de 2007, cuando una delegación judicial se personó en el Ayuntamiento de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio. En concreto se trataba de una serie de expedientes relacionados con la sociedad “Construcciones Torre Pacheco”, del empresario Facundo Armero.

El abogado Luis Ruipérez afirmó a "El Faro" que esta investigación está dando resultados sustancialmente distintos a la que la Fiscalía realiza en Totana y en Los Alcázares.

Ruipérez, que representa a la alcaldesa de Fuente Álamo, Antonia Conesa, y a la concejal de Obras, Inés Mendoza, esperaba que el tribunal accediese a ampliar a quince días el plazo que se daba, inicialmente, para hacer copias de la parte del sumario que ya no es secreto.

Los seis procuradores del caso pidieron quince días para fotocopiar parte del sumario. Desde ayer, comenzaron a realizar turnos en la fotocopiadora de los juzgados de San Javier para reproducir los 17.000 folios de la parte del sumario que ya no es secreta.

En concreto, de los siete tomos en total que forman el sumario, solamente un tomo, de forma parcial, mantiene el secreto sumarial. Los documentos citados incluyen un CD con grabaciones telefónicas.

La Policía investiga la notaría de San Javier en la que trabaja la pareja de Mariano Ayuso

SAN JAVIER.- Una de las prácticas que se atribuye al arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, se refiere a la adjudicación de parcelas municipales a sociedades vinculadas a la trama que, tras pasar a manos de los presuntos testaferros, resultaban tener más metros que cuando fueron vendidas.

Durante la operación, los agentes investigaron si Ayuso se sirvió de la notaría en la que trabajaba su pareja, también imputada en el caso, para sacar adelante estas segundas mediciones que beneficiaban a sus empresas, según "La Opinión".

Una de las denuncias que han desembocado en la Operación Ninette hacía referencia a la adjudicación de una parcela de titularidad municipal. Entre otras irregularidades, se realizó una primera medición -cuando aún era de titularidad municipal-, en la que se hablaba de una superficie de 7.000 metros cuadrados.

Una vez que el suelo estuvo en manos de la cuñada de Mariano Ayuso, Inmaculada Camacho Escudero, se realizó una segunda medición en la que se agrandaba la superficie de la misma.

Fuentes próximas al caso revelaron que la notaría de San Javier en la que trabaja la pareja de Ayuso, Florentina Sánchez -también imputada-, habría estado en el punto de mira de los agentes de la investigación judicial.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, las sospechas empezaron cuando los agentes descubrieron que gran parte de los cambios en las mediciones de las fincas -siempre de segunda adjudicación-, eran aprobadas en la citada notaría.

Al parecer, estos cambios en las mediciones de los terrenos habrían generado unas importantes plusvalías a las sociedades vinculadas a Ayuso. En la operación citada -referida a una parcela en el Plan Parcial Las Claras del Mar Menor-, el consistorio habría perdido cerca de 120.000 euros.

La finca fue adjudicada a una empresaria -aparentemente falsa-, que después la cedió a la sociedad Ilka Baley, regentada por Inmaculada Camacho Escudero. Fue entonces cuando se realizó la segunda medición que beneficiaba a Ilka Baley. El solar, finalmente, acabó en manos de los empresarios de la construcción detenidos en la operación, Valero y Francisco Javier Garcerán.

Otro de los casos que han trascendido tiene relación con una parcela en el Plan Parcial La Dorada. En este caso, un Pleno municipal celebrado a finales del año 2003 decidió la adjudicación directa de una finca de 1.300 metros cuadrados a la sociedad Masdevallía S.L., propiedad de Juan Antonio Roca.

A principios de junio, esta empresa la cedió a la sociedad Dorma Golf S.L., en la que Inmaculada Camacho Escudero -prima lejana del ex alcalde-, figuraba como administradora única. Meses después, Dorma Golf volvió a hacer una segunda medición.

El resultado de esta nueva prueba arrojó un total de 1.515 metros cuadrados, 215 metros cuadrados más de los que vendió el ayuntamiento. Posteriormente, Dorma Golf vendió la parcela -esta vez sí, con 1.515 metros cuadrados-, a la empresa Urbaclaras S.L.- (EPI)

IURM propone que los partidos suscriban un acuerdo democrático contra la corrupción

MURCIA.- Izquierda Unida de Murcia ha redactado un documento titulado "Acuerdo democrático contra la corrupción" que va a enviar a los partidos con representación parlamentaria con el objetivo de que lo suscriban para "atajar de raíz" este problema, dijo hoy su coordinador, José Antonio Pujante.

El documento, que también va a ser entregado a las organizaciones sociales, entre ellas a los grupos ecologistas y los sindicatos, incluye una serie de "acciones de ética y transparencia de los partidos políticos y cargos públicas", entre ellas la elaboración de un "Código ético de conducta del cargo público".

También incluye el compromiso de los partidos de denunciar ante la Fiscalía y colaborar con la Justicia "ante cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos".

El reforzamiento del "Pacto anti transfuguismo" suscrito a nivel nacional y el impulso de mecanismos de participación democrática para luchar contra la opacidad son otros de los puntos que contiene la propuesta.

Pujalte indicó que el documento propone la adaptación de la Ley del Suelo regional a la estatal por medio de un proyecto de ley "consensuado"; el estudio de una moratoria urbanística para las zonas saturadas con proyectos urbanísticos que puedan ser insostenibles; la persecución de las recalificaciones indiscriminadas y el establecimiento de límites al crecimiento urbano.

El documento recoge además acciones a realizar desde el Gobierno central que fueron dadas a conocer por el candidato de esta formación política al Congreso de los Diputados, Joaquín Dólera.

Entre esas acciones destaca la potenciación de los recursos materiales y personales de la judicatura, fiscalía y fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado y la creación de dos registros públicos relativos a recalificaciones y a los tenedores de billetes de 500 euros.

La propuesta contiene asimismo diversas "acciones de modificación legislativa", como una Ley Básica de Gobierno y Administración local para que los ayuntamientos cuenten con financiación suficiente, y cambios en la ley electoral para apartar de las instituciones de modo preventivo a quienes sean procesados por delitos cometidos como funcionarios públicos, entre otras.

Para Dólera, se debe hasta modificar la Ley Electoral para evitar que personas imputadas, "con el aliento de la Justicia en el cogote", puedan acceder a la función pública, puedan borrar pruebas y desprestigiar a las instituciones. Finalmente se mostró partidario de una ley estratégica de ordenación del territorio.- (Agencias)

El alcalde de Puerto Lumbreras dice que está tranquilo y que confía en la Justicia

LORCA.- El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, del PP, compareció hoy en los juzgados de Lorca para responder a las acusaciones de prevaricación urbanística y tráfico de influencias derivadas de una querella interpuesta contra él por el PSOE en el año 2007, y antes de su declaración dijo estar "muy tranquilo" y "confiar en la Justicia".

Sánchez, acompañado por sus abogados, llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno, que ha admitido a trámite la querella criminal del PSOE, a las diez de la mañana, y atendió a los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas de los juzgados, en el que también declararon ex concejales del PP y técnicos del consistorio.

El alcalde manifestó que acudía "voluntariamente" al juzgado, ya que podía haberse negado a hacerlo por su condición de aforado al ser diputado regional, y explicó que su deseo es "que las cosas se aclaren cuanto antes". Durante su comparecencia ni el juez ni la fiscal le hicieron preguntas.

Recordó que la querella que hoy le llevó ante el juez fue interpuesta a dos meses de las elecciones municipales de 2007 por el anterior grupo municipal del PSOE en el consistorio lumbrerense, y que en la misma "acusaban a todo el equipo de Gobierno y a técnicos de unos delitos que tenemos ganas de aclarar".

Esos presuntos delitos, junto con los de prevaricación y tráfico de influencias, son los de negociación prohibida a funcionarios y falsedad de documento público.

Sánchez se comprometió a dar al juez "toda la información que requiera y a colaborar con la administración de Justicia en que su labor sea lo más transparente y nítida posible, para que las cosas queden en su justo lugar y medida".

El alcalde abundó en que su citación judicial no responde "a ninguna investigación policial, ni ha habido registros ni escuchas" y añadió que solo obedece "a la denuncia de los concejales del PSOE a dos meses de las elecciones y de la que ahora el juez quiere saber nuestra opinión".

Calificó el caso de "clara denuncia preelectoral", y consideró como "curioso" el hecho de que el PSRM-PSOE "no se haya pronunciado sobre esta cuestión de una forma clara".

En este sentido, dijo querer saber "qué opina de esto y si está de acuerdo con la denuncia Pedro Saura, secretario general de los socialistas murcianos, que al final es el jefe de los que denunciaron, que ya no son concejales y que ahora guardan silencio".

El político del PP también anunció que una vez que la justicia se pronuncie sobre el caso "hablaremos nosotros", y que exigirá también por la vía judicial responsabilidades a los denunciantes y la restitución de los perjuicios que la querella haya causado en su imagen pública y en su derecho al honor.

Sobre la judicialización de la política, dijo que "es preocupante" y exigió "rigor y seriedad a todos los partidos políticos y a las instituciones, también la jurídica, porque no podemos seguir sembrando la duda permanente en los ciudadanos. No vale todo y en política tampoco", concluyó.

Criticó las "estrategias judiciales" en política y el usar a los tribunales "para el pim-pam-pum de la política, porque eso perjudica la imagen de las instituciones".

Sánchez dijo confiar en que la querella interpuesta en febrero de 2007 por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sea archivada, al igual que ocurrió con otra contra él por el ex alcalde socialista José Cerrillo, en la que le acusaba de injurias y falsedad documental, entre otros delitos.

El alcalde dijo tener "la conciencia muy tranquila y ser muy consciente de lo que he hecho y de lo que no he hecho".

El PSOE en su querella le acusa, junto al resto de los concejales del equipo de Gobierno del PP, de conceder con trato de favor licencia de obras a un concejal popular siendo ésta presuntamente contraria al planeamiento urbanístico, así como de conceder licencia de construcción de un edificio de ocho viviendas, bajos comerciales y garajes en beneficio de una empresa mercantil, en una zona clasificada como zona verde en el planeamiento municipal.- (EFE)

El fiscal del TSJ pide que se tome declaración al diputado Juan Morales como imputado

MURCIA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal que asuma el caso de la presunta corrupción urbanística de Totana y que llame a declarar como imputado al anterior alcalde y diputado regional Juan Morales.

El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó hoy el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el que se indica que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal, indicaron fuentes judiciales.

En su escrito, la Fiscalía afirma que en la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de la "Operación Tótem" han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que exigen extender la investigación a este ex alcalde.

Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo manifestado por otros imputados.

De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.

En consecuencia, pide que la Sala proceda al nombramiento de un instructor y que se cite a declarar a Morales, además de solicitar al tribunal que se dirija al Juzgado para reclamarle el envío de todas las actuaciones.

Igualmente, aconseja que se mantenga el secreto del sumario para que la investigación no se vea perjudicada.

La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado 26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a cabo después.

De todos los investigados, el único que permanece en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo.- (EFE)

Tres funcionarios declaran en la investigación del fiscal sobre Novo Carthago

CARTAGENA.- La Fiscalía del TSJ, que investiga posibles delitos en la tramitación urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos, ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos, según confirman fuentes del Gobierno regional y de la propia Fiscalía.

Según "La Verdad", han prestado declaración dos jefes de servicio y un técnico de la Dirección General de Medio Natural. Se trata de Miguel Ángel Martínez-Aedo, encargado hasta hace dos semanas del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, y tenía a su cargo los planes de la Red Natura 2000. Éste fue apartado del cargo, junto a otros dos jefes de servicio, el pasado día 11. Asimismo fue citada a declarar Inmaculada Ramírez, jefa de servicio de Información e Integración Ambiental. El tercero es Ramón Ballester, biólogo de Medio Natural. Este departamento se opuso a la recalificación de La Zerrichera.

Según denunció el PSOE, varios técnicos del Gobierno regional pudieron recibir presiones para no poner reparos ambientales a este proyecto, en una reunión a la que fueron convocados al parecer en el palacio de San Esteban.

Al lado de Lo Poyo

El proyecto de Lo Poyo puede poner en dificultades al Gobierno regional, puesto que circula el secreto a voces de que «algo se hizo mal» dentro de la Consejería de Medio Ambiente, después llamada de Desarrollo Sortenible, cuando se efectuó la tramitación urbanística.

La Fiscalía requirió a la Consejería en dos ocasiones para que aportara toda la documentación sobre este caso. Una fue el 10 de julio del año pasado, y la otra en septiembre, cuando reclamó información adicional. A juicio del PSOE, se efectuó «una recalificación a la carta» en beneficio de la promotora Hansa Urbana.

El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a 5,5 millones de metros cuadrados y que hacían posible esta gran urbanización de 7.000 viviendas y dos campos de golf.

El PSOE se abstuvo, según se publicó en su día. Siete meses antes, el PSOE votó a favor en una Comisión de Urbanismo que abordó el mismo proyecto. Los promotores se comprometían a rehabilitar el Monasterio de San Ginés de la Jara, que queda dentro del futuro enclave turístico.

Novo Carthago linda con la finca de Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional. La diputada socialista Teresa Rosique declaró que en la tramitación de Novo Carthago «se obviaron dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en suelos de interés agrícola existente en la zona».

La diputada denunció asimismo la existencia, al parecer, de presiones desde el Gobierno regional hacia los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en una reunión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban

martes, 22 de enero de 2008

El Obispado de Ávila paga con la venta de una donación cerrada las deudas de su Universidad Católica

ÁVILA.- El Obispado de Ávila ganó 19 millones de euros al vender unos terrenos rústicos que el Ayuntamiento había recalificado como industriales. Pues bien, según ha podido saber la Cadena SER, la venta vulnera la voluntad de la Marquesa de Muñoz, que fue la que donó los terrenos a la Iglesia para financiar, entre otros fines, tres misas diarias perpetuas en una parroquia de la ciudad.

La Marquesa cedió los terrenos para ser arrendados, nunca vendidos, pero el Obispado desobedeció y utilizó el dinero para pagar las deudas de la Universidad Católica de Ávila impulsada por el Obispo Cañizares y el entonces alcalde del PP, Ángel Acebes.

En los estatutos de la Fundación Marquesa de Muñoz, creada en el momento de la donación, se especifica que el dinero que maneje esta entidad provendrá del arrendamiento de los bienes que cede la donante, exclusivamente el arrendamiento, no la venta.

Además los propios estatutos, a los que ha tenido acceso la SER, fijan unos fines a los que se debe dedicar el dinero obtenido, fines concretos y jerárquicos. El primero de ellos es la celebración de tres misas rezadas diarias y perpetuas en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de la ciudad de Ávila.

En los propios estatutos se establece que mientras no se cumpla este fin no se puede destinar ningún dinero para los otros, que son un total de seis que incluyen becas para pobres que estudien para sacerdotes, ayudas a vocaciones religiosas, atención a las parroquias pobres de la diócesis y otros, pero en ningún caso se establece que los fondos obtenidos se dediquen a saldar deudas de la Universidad Católica, como se ha hecho, ni a vender los terrenos cedidos por la donante, como también se ha hecho.

La Fundación Marquesa de Muñoz se creó en el año 1969 por deseo expreso de Francisca Muñoz y Frías, Marquesa de Muñoz, en su testamento. En el decreto de erección de la misma se la dota de tres fincas y una casa en la ciudad de Ávila, una de esas parcelas es la que ha vendido el obispado para saldar la deuda de la Universidad Católica.

Felipe González y Zapatero arroparán a Bermejo en Murcia / Juan Redondo

Quizás sea por la batalla por el décimo o por la notoriedad del cabeza de candidatura, lo cierto es que los socialistas murcianos van a contar un apoyo especial de Ferraz de cara a las generales de marzo y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, va a contar con la presencia en la circunscripción de los amigos y pesos pesados del socialismo nacional. Un apoyo muy superior con el que contó Saura hace cuatro años.

De entrada el desembarco de ministros y compañeros de gabinete del candidato, en los últimos meses ha sido notorio, especialmente los fines de semana. También es cierto que hace cuatro años los socialistas estaban en la oposición y Saura sólo tenía amigos “ministrables” y no contaba mucho, ya que ni siquiera era secretario general del PSRM y que la entonces cabeza lista del PP, la entonces ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez, también tuvo visitas de sus compañeros y amigos.

Pero entonces los socialistas estaban en retirada y los populares, confiados en la victoria, daban a Murcia como feudo seguro y tampoco hicieron un esfuerzo mayor. Rajoy y Zapatero, como sucede en esta convocatoria, protagonizaron en acto central de la campaña, con una notable diferencia de asistentes a los respectivos mítines. Ahora parece que las cosas se han invertido. Los populares han roto su tradición de cabezas de listas “paracaidistas” y han apostado por Cartagena y los socialistas han vuelto a lo habitual, candidato “cunero”.

Mientras los populares terminan de confeccionar las listas, los socialistas tiene practicamente cerrado el calendario de grandes actos públicos hasta el viernes, siete de marzo. Bermejo, que de momento esta por aquí los fines de semana, tiene intención de instalar su tienda de campaña y empezar a recibir visitas. Felipe González, Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, Caldera, Pérez Rubalcaba, se irán sumando a la habitual Cristina Narbona.

Felipe González, presidente del Gobierno durante doce años a partir de 1982, estará en la Región el próximo 18 de febrero. El estadista socialista tiene un tirón especial y no sólo en los militantes del PSRM. Diez días después Rodríguez Zapatero protagonizará el acto central de la campaña, que tendrá lugar el jueves 28, en un lugar por decidir entre el Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros. Prácticamente a mitad de la campaña, ya que esta arranca el 22 y termina el 7 de marzo. La presencia de Solbes también es segura.

Los populares aún tiene la agenda más verde. Mariano Rajoy protagonizará el acto central en la Plaza de Toros como es habitual, aunque la fecha está por concretar. Podría suceder como en las autonómicas que hubiera contraprogramación y los dos candidatos se sucedieran en fechas. De Pizarro, así como de otros líderes nacionales de momento se desconoce su presencia y agenda.

Valcárcel ya no pone la mano en el fuego

El presidente de la Comunidad, tiene una cosa clara, no pone la mano en el fuego por nadie, tras el empate entre populares y socialistas en temas relacionados con tramas de corrupción urbanísticas. Un veterano político, ya en la reserva, comentaba hace años que es una práctica tonta y peligrosa. “Si al final fulano te sale rana, vas por la calle con un muñón siendo el azmereir de la gente”. Valcárcel que en su momento apostó fuerte por Morales, utilizando frases similares, parece que ha quedado escaldado. “Son casos aislados, aunque surjan tres o cuatro más”, insistió en Madrid, en contra de la tendencia a “marbellizar” el fenómeno de la corrupción en la Región, aunque aventuró que “podemos estar en un suma y sigue”. Apunta un veterano sindicalista que para generalizarse tendría que afectar a los 45 ayuntamientos. Valcárcel de momento ha modificado su discurso de hace un año cuando la presunta corrupción era un invento de Saura y Teresa Rosique.

“Ni plataformas, ni cazas de brujas”

Los socialistas no quieren historias paralelas en Los Alcázares y que ex alcalde Escudero sea un versión popular de Martínez Andreo en Totana, a pesar de que el segundo sigue en la cárcel y el primero puede dormir en su casa previo pago de una fianza de 60.000 euros. “Ni plataformas, ni camisetas, ni concentraciones, que trabaje la Justicia”, es la consigna de Princesa. Tampoco dicen que se trata de hacer una caza de brujas contra los amigos personales que individualmente apoyan a un imputado, porque hay que respetar la presunción de inocencia. Sin embargo para los observadores algo profanos en aspectos procesales no deja de resultar chocante que Martínez Andreo no pueda eludir la prisión con fianza, y los empresarios y técnicos municipales de Los Alcázares tampoco y Escudero sí disfrute de esta medida. Ambos sumarios están bajo secreto judicial y en ellos se recogerán las explicaciones pertinentes.

Martínez Pujalte se impone de número dos en la candidatura del PP por Murcia al Congreso

MURCIA.- El portavoz adjunto del PP en el Congreso y hasta ahora diputado por Valencia, Vicente Martínez Pujalte, ocupará el segundo lugar en la candidatura del PP por la circunscripción de Murcia, que lidera la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

El Comité Electoral regional de esta formación política aprobó hoy la propuesta de las candidaturas del PP por Murcia al Congreso de los Diputados y al Senado en las próximas elecciones generales, que deberá ser ratificada por el Comité Electoral Nacional.

Tras Barreiro y Martínez Pujalte, la candidatura al Congreso incluye en tercer lugar a Andrés Ayala, portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados; en cuarto lugar a Jaime García-Legaz Ponce, secretario general de la Fundación FAES; y en el quinto a la diputada Lourdes Méndez.

En los puestos seis y siete figuran los también diputados nacionales Alberto Garre y Arsenio Pacheco, en tanto que los últimos tres puestos lo ocupan Dolores Bolarín, presidenta del Centro de la Mujer del barrio murciano de San Antolín, Rubén Martínez y Patricia Fernández, secretarios de las áreas Territorial y de Violencia de Género, respectivamente, de Nuevas Generaciones.

La candidatura del PP al Senado por Murcia la integran María José Nicolás, vocal del Comité Ejecutivo Regional del PP, y los senadores José Joaquín Peñarrubia y Pedro José Pérez Ruiz, que optan a su reelección.- (EFE)

La Audiencia Nacional ordena reabrir la investigación sobre el Yak-42

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por familiares de los soldados fallecidos en el accidente del Yakolev- 42 contra el archivo de la causa relativa a la contratación del aparato cuando Federico Trillo era ministro de Defensa.

Esto supone que el juez Fernando Grande Marlaska se verá obligado a reabrir la citada investigación, según fuentes jurídicas.

El accidente del Yakolev- 42, que tuvo lugar en Turquía en mayo de 2003, acabó con la vida de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.- (Agencias)

Valcárcel no descarta que aparezcan nuevos casos de corrupción urbanística en la Región de Murcia

MADRID.- El presidente Ramón Luis Valcárcel afirmó ayer que no conoce nuevos casos de corrupción urbanística en Murcia, después de destaparse el último en el Ayuntamiento de Los Alcázares, aunque admitió que no pone «la mano en el fuego por nadie».

Valcárcel hizo estas declaraciones durante un almuerzo informativo organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Allí dijo que no tiene información sobre posibles nuevos casos de corrupción.

«No tengo conocimiento de ninguno más pero no pongo la mano en el fuego por nadie», aseguró.

Dicho esto, el presidente mostró su «preocupación» por el «deterioro» que, a su entender, estos casos provocan en la Administración. Abogó así por que salgan a la luz y los culpables «lo paguen».

Agregó que siente «indignación y tristeza por el daño que hacen a la región».

En todo caso, observó que se trata de «casos aislados» y pidió que no se «generalice aunque surjan tres o cuatro más».

«Se trata de acciones individuales que no tienen por qué contaminar al resto de alcaldes ni militantes de uno u otro partido», concluyó.- (EP)

lunes, 21 de enero de 2008

Un convenio obligará a 14 países a no construir a menos de 100 metros de la línea de costa

MADRID.- Un total de 14 países mediterráneos han firmado en Madrid el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, en el que se establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa, según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras el acto protocolario.

La suscripción de este acuerdo sucede a la celebración la semana pasada en Almería de la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera de esta área (Convenio de Barcelona), y se convierte en el primer instrumento legal vinculante a nivel internacional sobre protección integral del litoral.

Sólo Turquía ha presentado una reserva de estudio al protocolo, según explicó el jefe de la División de Protección de Medio Ambiente y los Ecosistemas Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Cachón, en relación a la gestión integrada del litoral de las islas. Ahora, este país tiene dos opciones: firmar el resto del documento e inhibirse en esta parte o no firmarlo. En todo caso, Cachón recordó que basta con la ratificación de seis países para que la norma entre en vigor.

Tampoco firmaron ni la Comunidad Europea (que requiere de más trámites burocráticos) ni Líbano, Libia, Chipre, Bosnia-Herzegovina ni Egipto, que podrán hacerlo a lo largo del próximo año. Sí han firmado ya el protocolo Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, Siria, Túnez y España.

Narbona subrayó la importancia de esta protección teniendo en cuenta que se prevé un retroceso entre 20 y 60 metros de la línea de costa en el litoral mediterráneo en 50 años por efecto del cambio climático. "Este es el desafío al que se enfrenta España", aseguró.
Afectados de la Ley de Costas

Por otra parte, la ministra aseguró que "aún no ha recibido el informe", que la plataforma de afectados por la Ley de Costas señaló que le había remitido y que hará llegar a la UE, y que sólo conoce el texto a través de los medios de comunicación.

La ministra explicó que "analizará con todo el rigor que merece un planteamiento que parte de unos ciudadanos que se ven afectados por dicha ley" y que espera obtener una "respuesta satisfactoria" por parte de la UE, si finalmente la Plataforma dirige ese informe a las autoridades europeas.

Narbona apuntó que cuando tenga el estudio intentará "poner de manifiesto, de forma documentada, cada uno de los casos de supuesto abuso que se contemplen en el texto y de cómo se ha llevado, en estos años, la Ley de Costas".

La titular de Medio Ambiente mantuvo que "en ningún caso se está aplicando la Ley de Costas con retroactividad" y añadió que "la Ley contempla situaciones transitorias que afectan a concesiones obtenidas antes de su aprobación".

Además, explicó que el proceso de deslindes es "garantista", ya que los ciudadanos que se consideren afectados pueden recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión del deslinde correspondiente.

La ley establece garantía de derechos para los ciudadanos: tanto para los propietarios y para los que no siendo propietarios, tienen derecho al uso publico del litoral de acuerdo con la legislación vigente. Para la ministra el problema reside en que ha habido una insuficiente aplicación de la ley que ha llevado a la privatización al margen de la ley de un espacio público y que ahora hay que preservar, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.

Asimismo, explicó que el Convenio de Barcelona, que nace para reducir la contaminación, combatir la pérdida de diversidad y preservar las zonas costeras, tiene mucho que ver con la Ley de Costas, ya que supone la incorporación de determinados principios a la protección del litoral.

En concreto, al igual que con la ley aprobada en 1988, este convenio establece el compromiso de todos los países del mediterráneo de evitar la construcción en los primeros 100 metros de las costas.-(EP)

Suspende pagos la propietaria del Centro Comercial "Mandarache", el último abierto en Cartagena

CARTAGENA.- Unión Desarrollos, empresa propietaria de Parque Comercial y de Ocio Mandarache, se encuentra desde el pasado 28 de noviembre en una situación de concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos), según ha confirmado a "El Faro" la gerencia del centro.

La propiedad de Mandarache, con el fin de preservar su actividad mercantil, se ha acogido a los beneficios de la Ley Concursal.

En este sentido, la gerencia del parque señaló que “la actual situación de proceso concursal asegura los pagos a proveedores, así como el mismo nivel de servicios que hasta ahora se ha mantenido”. Asimismo, la gerencia de Mandarache aseguro que tiene “contratados suficientes ingresos para poder cubrir sus gastos operativos”.

Unión Desarrollos, que pertenece al fondo europeo Europa Fund I y a dos accionistas minoritarios, “continuará trabajando normalmente con todas las empresas prestadoras de servicios del parque comercial”, añadió la gerencia.

El parque comercial, cuyos primeros establecimientos abrieron hace un año y medio, se levantó con una inversión de 35 millones de euros y ha generado más de 500 puestos de trabajo, directos e inducidos. Parque Comercial y de Ocio Mandarache cuenta con una superficie de 28.000 metros cuadrados, desarrollados en dos niveles.

El primero de ellos, de 19.500 metros cuadrados, acoge a Menaje del Hogar, los supermercados Plus e Intermarché, la tienda de decoración Quomo, Forum Sport, Juguetilandia, Phone House y Brico Asuar.

En el segundo nivel del Parque Comercial, dedicado a la restauración y el ocio, han ido abriendo sus establecimientos las firmas Burguer King, Foster´s Hollywood, Patatín Patatán, Chen Lei y Juanes’s Café. Además, en septiembre abrió Bowling West, que anteriormente se encontraba en el polígono industrial Cabezo Beaza como Bowling Carthago.

Por contra, ya hace meses que cerró Big Kebab. Pero, sin duda, el negocio más rentable de la planta alta de Mandarache ha sido Neocine, cuya cifra de negocio ha cubierto las expectativas de los propietarios.

Actualmente, los locales abiertos representan el 60% de la superficie, elevándose en el caso de los alquilados hasta un 78%, según informó la gerencia del centro.

En la actualidad, tal y como incidió la gerencia de Mandarache, “continúa el proceso de comercialización y se espera la incorporación de primeras marcas al proyecto, lo que continuará asegurando la viabilidad del centro”.

La gerencia añadió que la campaña navideña en el Parque Comercial Mandarache “se ha desarrollado con toda normalidad, incrementándose considerablemente el número de visitantes con respecto al año anterior”.

El club deportivo que tiene previsto abrir la empresa Virgin Active, cadena internacional –propiedad del magnate británico Richard Branson– y con centros funcionando a pleno rendimiento en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, ha retrasado su fecha de apertura, inicialmente prevista para esta primavera.

Según indicó Ana Marugán, directora de Marketing, el centro deportivo no abrirá sus puertas, al menos, hasta junio. El proyecto de Virgin Active, que tiene una inversión de 8 millones, ya ha sido presentado en el Ayuntamiento.

El director general de Caixa Cataluña anuncia su dimisión por motivos personales

BARCELONA.- El director general de Caixa Cataluña, Josep Maria Loza, anunció hoy su dimisión alegando motivos personales y compromisos familiares, según explicó él mismo tras la presentación de resultados del ejercicio 2007 de la caja de ahorros catalana. Accedió al cargo en 1998 y toda su vida profesional --más de 36 años-- ha estado ligado a la entidad.

Loza, que no precisó quién será su sucesor ni si procederá de Caixa Cataluña o del exterior, aseguró que presentará su dimisión durante el consejo de administración que se celebrará mañana, aunque no efectuará su salida hasta el 29 de febrero.

El todavía director general, de 59 años, argumentó que al asumir el cargo directivo, en 1998, mostró su voluntad de estar un "máximo" de diez años. Además, aseguró que ya recordó hace un año esta intención al presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho.

Su voluntad era abandonar el cargo "en la segunda mitad de 2008", pero la situación económica actual requiere hacer el relevo "cuanto antes mejor", porque éste "es un año en el que se deberán tomar muchas decisiones", dijo.

Marcha voluntaria

Loza hizo hincapié en que su marcha es de carácter "voluntario" y "no viene de tres o cuatro meses", en referencia a que ha adelantado la fecha de su salida de Caixa Cataluña pero que de todas formas la hubiese hecho efectiva a mitad de año.

Con su marcha, Caixa Cataluña no sólo deberá elegir a un nuevo director general, sino que deberá nombrar nuevos representantes de la caja de ahorros en Abertis (donde la entidad financiera participa en un 5,69%) y Gas Natural (3,03%).

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, en mayo de 1991 fue nombrado subdirector-interventor general de Caixa Cataluña. Desde noviembre de ese año y hasta febrero de 1996 fue director de la División Técnica. Fue nombrado subdirector general en febrero de 1992 y director general adjunto en enero de 1993. Desde noviembre de 1998 es director general.

Asimismo, es miembro del consejo de Ahorro Corporación y del consejo asesor de la Cámara de Comercio de Barcelona. En diciembre de 2003 fue nombrado vocal del Círculo de Economía y también es vicepresidente de los patronatos de las fundaciones de Caixa Cataluña, Territorio y Paisaje y Un Sol Món.- (EP)

La juez investiga presuntos cohecho y fraude en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo

MURCIA.- La Justicia investiga en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.

Fuentes judiciales informaron hoy además de que la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de la localidad murciana de San Javier, Arantxa Moreno, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de las diligencias que se instruyen en este caso, tras los requerimientos judiciales efectuados el pasado verano en ambos ayuntamientos.

En este caso, iniciado por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por presuntas irregularidades administrativas en ambos consistorios, la jueza ha tomado declaración a 14 imputados, y el procedimiento "continúa parcialmente bajo secreto de sumario".

Luis Ruipérez, abogado de la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, dijo hoy que los procuradores designados para este caso han pedido que se amplíe de tres a quince días el plazo para poder fotocopiar todos los expedientes y proyectos de los tomos del sumario cuyo secreto se levantó hoy en parte, debido a que la ingente cantidad de información no permite hacer las copias en tan poco tiempo.

El 19 de junio de 2007 funcionarios judiciales se personaron en el ayuntamiento de Torre Pacheco para recabar documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004 referida a planes parciales, expedientes sancionadores, de contratación de obra pública y de proyectos de urbanización realizados en el término municipal.

El pasado 27 de junio el juzgado devolvió parte de la documentación que se había llevado del ayuntamiento.

Pocos días después, el 3 de julio, una delegación judicial se personó en el consistorio de Fuente Álamo para recoger documentación sobre planes parciales de urbanismo tramitados en el municipio, expedientes relacionados con la sociedad Construcciones Torre Pacheco, del empresario Facundo Armero, que el pasado 6 de noviembre declaró ante la jueza por este caso.

Ese mismo día lo hicieron también la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, del PP; la edil de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza; el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y la ex concejala de Urbanismo, María del Mar Pedreño, que salieron en libertad sin cargos.

No obstante, Armero y Martini tienen la obligación de comparecer mensualmente ante la Justicia.- (Agencias)

Ambientación previa / Apunte de Argárico

Los murcianos estamos que no nos creemos lo que está pasando. Parece un sueño. Para los menos, un mal sueño. Pero, esta vez, parece verdad. Las puertas de Sangonera, abiertas de par en par, para que entren promotores inmobiliarios, políticos, funcionarios y técnicos de Urbanismo. Y los jueces, empezando por las sustitutas de Totana y San Javier, a tope. Algo mágico debe tener la presencia cercana del ministro de Justicia que anima a los debutantes, en sus primeros destinos, simplemente a aplicar el Código Penal sin contemplaciones.

Pero toda la morralla que estamos viendo no es la pesca de altura que exigen las circunstancias de la Región de Murcia. ¿Una región de “chorizos” para estos investigadores policiales procedentes de otras regiones de España? No se debe generalizar pero la criminalización de nuestra sociedad parece muy extendida y así se entiende tanta “solidaridad” con los alcaldes y ex alcaldes cuestionados por la Policía. Y alguien hace caer en la cuenta de que el letrado murciano Martínez Escribano defiende a imputados en los dos sumarios abiertos, y que más han prosperado, sobre la corrupción urbanística. Quizás algún antiguo empleado está recomendando este prestigioso bufete.

De frío a caliente. De Santa Lucía a San Valentín. Todo lo visto parece la ambientación previa de lo que se avecina. Hasta los encofradores ecuatorianos saben, a estas alturas, cuál es el verdadero objetivo por elevación. En las subcontratas no se habla de otra cosa. Hay apuestas de doble contra sencillo de que Torre Pacheco es el trueno gordo de la primera fase. Parece verosímil porque, tras las elecciones, se dice, que viene Lorca y una entidad privada, pero de fundación pública, muy conocida como tan mal gestionada para los intereses generales de los murcianos. “Todo se andará”, dice un acreditado fiscal, después de confirmar la obstrucción a la Justicia de un ex consejero regional.

Si Zapatero vuelve a ser presidente del Gobierno, a la Región no la reconocerá nadie a la vuelta del final de su segundo mandato, con un ministro de Justicia con enorme sentido del Estado de Derecho y, además, previsible diputado por Murcia en el nuevo Congreso. El PSRM está ahora al borde de su refundación por mor de este abulense sin esqueletos en el armario y que llega a la política con las manos absolutamente limpias. Ya está él recomendando limpiar las propias sentinas de Princesa para dar ejemplo a la cloaca de la calle González Adalid. Pero, ¿qué hace un presunto corrupto, como Manuel Hurtado, en sus listas? La izquierda volátil, tal vez, se movilizaría mejor con alguna sorpresa a tiempo, señor ministro.

Hasta Ginebra ha llegado, entretanto, una brigada policial española en busca de las cuentas cifradas de un político murciano, y tal vez su hermano, que presume demasiado de no haber firmado jamás algo que lo comprometa. Ya veremos porque, al menos, dos documentos clave en manos de la Fiscalía podrían probar lo contrario y comprometer, de paso, a una entidad de crédito. Particulares tampoco faltan para colaborar con los investigadores en busca de que se haga justicia. Aunque bien es cierto que luego los agentes especializados se las tienen que ver con los jueces, afincados y arraigados, para que se comprometan seriamente en esa búsqueda con la expedición de mandamientos operativos.

Da la sensación desde fuera, por ejemplo, de que el magistrado instructor del “caso Zerrichera” lo está manoseando de más. Pero hay quien piensa también que redondea la instrucción, hasta agotar plazos si es menester, con el objetivo de que su pulcritud y esmero garanticen luego un procedimiento impecable y rotundo en su conclusión. Y esto se llega a plantear ante las dificultades y objeciones de algunos jueces murcianos, menos comprometidos con la democracia y la sociedad, a las fuerzas de Seguridad por una exigencia mal entendida y que luego resulta ralentizadora, y hasta estéril finalmente.

El presidente del TSJ, Juan Martínez Moya y el nuevo fiscal superior, Manuel López Bernal, ambos murcianos de nacimiento y pertenecientes a sagas familiares que hicieron grande y próspera esta región a partir de sus abuelos, son los últimos responsables a pié de obra de que nada interrumpa el proceso de saneamiento y regeneración de nuestra vida pública, política y económica. Deben dejar aparte, si los tienen, eventuales compromisos morales con algunos de los sospechosos y verificar por la ventana de su ordenador cual es el clamor de la vanguardia social. Ningún delincuente de “cuello blanco” debe quedar en la impunidad por presiones o amenazas sobre cualquier estamento. Hay que ejemplarizar para que todo esto no resulte ser una flor en el desierto.

¿Habrá en esta región un solo hombre justo de los 36 que dice el Talmud siempre existen en el Mundo para evitar el triunfo absoluto del Mal? Parece que no hay dudas de que sí aunque no sepamos quien es y él mismo ni siquiera se auto identifique. Tiene que haberlo aunque lleve poco tiempo porque la pesadilla de la última década parece que se resuelve con la vuelta a la normalidad y la desaparición de los peores de nuestros demonios familiares. ¿Cuántos inversores extranjeros acuden a Sicilia? Ninguno. Esa debiera ser la principal de las alarmas sociales que provocan estos casos de corrupción.

El fiscal, defensor del interés público, representa al Estado de Derecho. Pero instancias más conservadoras no parecen estar con los que deben. Y así no habrá inversiones, no habrá exportaciones y no hay futuro si, quienes lo tienen en su mano, no demuestran que aquí existe seguridad jurídica en vez de estar al albur de las mafias.

La información hoy fluye rápida, libre y velozmente por Internet. Ahora la imagen pública percibida sobre la Región de Murcia está bajo mínimos porque aún no se sabe bien que, según parece, ha comenzado la limpieza de corruptos y el Estado recobra el control que nunca debió casi perder, y no perdió del todo gracias al asesoramiento experto de sectores determinantes de la Abogacía del Estado.

¿Se puede consentir el permanente desacato y obstrucción a la Justicia de un alcalde, niñato y aforado, ante las solicitudes de un juez de Lorca? Se ha creado un ambiente de impunidad tal en esta región que, cosas que nos parecen increíbles, suceden pese a la fuerza del Estado de Derecho. ¿Se pueden ir de rositas destacados políticos de Murcia y Cartagena, que han hecho todo tipo de desmanes y, encima, aparecen chulos y arrogantes cuando se les echa en cara sus fechorías? Nada de todo esto puede humillar un minuto más al poder democrático y está en manos de la Justicia que aquí cada “señor de su guerra” no campe a sus anchas sin respetar el ordenamiento jurídico de todos.

En el tiempo que vivimos, ya lo hemos dicho, la información fluye libremente por Internet pero, si es veraz, resulta, además, un poder en manos del ciudadano y la sociedad a la hora de exigir sus derechos, para que nada puede ahogar su clamor. Poco o nada puede quedar oculto hoy por mucho que se empeñen estructuras caducas, egoístas y anquilosadas. Es lo que ahora toca.

La juez envía a prisión a Mariano Ayuso y opta por libertad con fianza para Escudero y Sánchez

SAN JAVIER.- La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, decretó hoy prisión provisional, comunicada y sin fianza para el arquitecto municipal, Mariano Ayuso; y prisión provisional, eludible con fianza de 60.000 euros, para el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero; y de 27.000 euros para el ex secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez. Ambas fianzas ya se han hecho efectivas.

El ingreso en prisión del arquitecto se decretó después de que declarara durante el día de ayer y toda la mañana de hoy ante la juez, que dirige la instrucción por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, entre otros, según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en un comunicado de prensa. Ayuso se encuentra ya internado en el Centro Penitenciario de Sangonera.

A su salida de los juzgados, el ex alcalde Juan Escudero dijo a los medios de comunicación y simpatizantes que aguardaban en la entrada y que le recibieron con aplausos: "Por primera vez voy a tener la oportunidad de defenderme donde procede, que es aquí en el Palacio de Justicia".

Tras comentar que ha sido "durante dos años continuamente vilipendiado, insultado y desprestigiado socialmente", Escudero afirmó que confía en la Justicia "que es la que pone a cada cual en su lugar".

El turno de comparecencias de los seis detenidos en el marco de la operación 'Ninette', de corrupción urbanística en la localidad de Los Alcázares, comenzó el pasado viernes, con el ex secretario del Ayuntamiento de Los Alcázares, para quien se acordó, en un primer momento, el arresto domiciliario por motivos de salud y atendiendo a su edad.

La resolución de la juez Algar se produce después de la toma de declaraciones del ex primer edil, que gobernó la alcaldía de Los Alcázares entre 1991 y 2007, y de Mariano Ayuso, que comenzó ayer y han finalizado este mediodía. Al arquitecto municipal, considerado el máximo responsable de la trama, se le cita en varias ocasiones en el sumario del caso Malaya de Marbella por recibir supuestamente pagos de Roca. Ambos acordaron la construcción de un hotel en el centro de esta localidad murciana de 14.000 habitantes.

Por su parte, el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez, que se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado viernes por motivos de salud y de edad, tras prestar ese día declaración judicial, fue hoy requerido de nuevo por la juez Algar, que decretó para él prisión provisional eludible con fianza de 27.000 euros.

La juez Eva María Algar García, que dirige la instrucción, reinició esta mañana la toma de declaración del arquitecto municipal Mariano Ayuso, para el que anoche prorrogó su detención, y la del ex alcalde, Juan Escudero.

Ambos prestaron ayer declaración durante más de trece horas en los juzgados de San Javier.

Escudero y Ayuso están siendo investigados por una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Los Alcázares.- (Agencias)

Aznar gana en el partido, en la Alcaldía y en la carrera por la sucesión / José Oneto


Casi toda la prensa internacional, especialmente la europea, se hace amplio eco de la crisis que esta viviendo el Partido Popular, a raíz del affaire Esperanza Aguirre-Gallardon, de la abierta lucha por la sucesión de Mariano Rajoy de cara a las elecciones generales del 2012, del debilitamiento que durante la semana pasada ha sufrido Mariano Rajoy y del poder creciente que en el partido puede tener el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Desde el “Giro a la derecha del Partido Popular español” que titula el Suddeutshe Zeitung, hasta el “Castigado el alcalde de Madrid” (Corriere della Sera) o “El alcalde de Madrid, prohibido por su propio partido” (Financial Times) hasta “La derecha española se desgarra ante las legislativas de marzo” (Le Figaro), “El Partido Popular gira a la derecha” (Handelsblad), “Una guerra entre los dos príncipes herederos debilita a Mariano Rajoy y provoca una crisis en el partido de la oposición” (Frankfurter Allemaigne Zeitung) o “Victoria para la derecha del PP, cercana al ex presidente Aznar” (Il Sole 24 Ore)

Aunque la mayoría de los analistas consideran vencedora de la crisis a la presidenta de la Comunidad madrileña, que es la que ha desencadenado el conflicto final, el auténtico ganador, apuntan muchos, es precisamente el ex presidente del Gobierno José María Aznar, que permanece expectante en su despacho de la poderosa Fundación FAES, un laboratorio de ideas a su servicio y, secundariamente a su partido, y desde el que sigue teniendo una importantísima influencia.

Si bien Rajoy ha insistido en la “independencia de sus decisiones”, especialmente la última que descartaba la presencia de Gallardón en las listas, la realidad es que el auténtico número dos es en estos momentos Manuel Pizarro, el ex presidente de Endesa, ideólogo de las privatizaciones que durante su mandato hizo José María Aznar, el que proporcionó la lista completa de los distintos presidentes de las empresas públicas privatizadas, y el hombre fuerte para la dura etapa económica que se avecina y que se ha convertido en el principal tema de debate de la campaña.

No se entiende por que, hace meses, Rajoy no pudo convencerle para que fuese en las listas populares y, de pronto, se ha producido su incorporación, precisamente cuando acababa de aceptar el cómodo y bien remunerado puesto de consejero de Telefónica que tendrá ahora que rechazar.

Según fuentes del Partido Popular, el único que ha podido convencer a Pizarro para incorporarse al proyecto popular es precisamente su íntimo amigo José María Aznar, al que ha prestado siempre una importante financiación para FAES y al que ha seguido aconsejando antes, durante y después de la grave crisis que sufrió Endesa opada por Gas Natural con el beneplácito y la colaboración del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Considerando a Gallardón y a Esperanza Aguirre “príncipes herederos” (todo dependerá del resultado del 9 de marzo y del análisis de los votos, especialmente en Madrid), el que se ha convertido de hecho en príncipe heredero es precisamente Manuel Pizarro, un hombre que ha demostrado su capacidad de liderazgo durante la pelea por el futuro de Endesa y de sus accionistas.

Aznar gana posiciones con Pizarro pero, además, gana también en la Alcaldía madrileña si, efectivamente, Ruiz-Gallardón dimite después de las elecciones del mes de marzo, junto con su hombre de confianza, Manuel Cobo (el vicealcalde), y deja en su puesto a Ana Botella, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegada de Medio Ambiente.

Gallardón, que después de muchos desencuentros con Aznar ha tendido puentes en los últimos años hacia el ex presidente, ha tenido en Ana Botella una excelente aliada aunque ella, excesivamente prudente, no ha querido manifestarse a favor de nadie en la lucha por el poder que se ha producido en Madrid.

Es decir, Aznar gana en el Partido, gana en la Alcaldía y coloca a uno de sus hombres más fieles en un lugar privilegiado para optar a la sucesión de Rajoy, en caso de un fracaso electoral en marzo.

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domingo, 20 de enero de 2008

La juez de San Javier comienza a enviar a la cárcel a los imputados en la trama de Los Alcázares

SAN JAVIER.- Los empresarios de la Construcción en Santiago de la Ribera, Valero Garcerán y su hijo Francisco José Garcerán, así como Juan Ignacio Ayuso, hermano del arquitecto municipal de Los Alcázares, están, desde anoche, en prisión comunicada y sin fianza, según fuentes del TSJ. Se espera que mañana lunes se dicte igual resolución para el ex alcalde, Juan Escudero, y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y duerman ya en una celda del Centro Penitenciario de Sangonera en vez de en los calabozos de la Comisaría de Policía de Cartagena, donde estrenaron colchonetas y mantas.

Tres de los veinticinco imputados por la Operación Ninette, a los que ayer tomó declaración en San Javier la sustituta del Juzgado nº 2 de 1ª Instancia e Instrucción, Eva María Algar, están desde las diez de la noche en el Centro Penintenciario de Sangonera. El ex secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, está en igual situación pero en arresto domiciliario debido a su estado de salud y mientras un médico forense no dictamine que ya se encuentra en condiciones de acompañar a los otros detenidos aunque sea en la Enfermería de la prisión murciana.

En el auto de prisión, la juez les imputa los delitos de blanqueo de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y fraude fiscal. Además, al empresario Valero Garcerán le acusa de un delito de atentado por resistirse a los agentes durante su detención. Valero Garcerán intentó huir cuando varios agentes le cortaron el paso con sus vehículos. Esta actitud puede haber aconsejado una medida extrema de la juez ante el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y la alarma social que ha generado el caso en toda la Región de Murcia.

La juez investiga, en el caso de los Garcerán, si las numerosas contratas de obra pública que realizaron en el municipio se ajustan a la legalidad y si se respetaron los sistemas de adjudicación y de concurso público. Los dos constructores, padre e hijo, son muy conocidos en la zona por haber llevado a cabo ellos solos el edificio consistorial de Los Alcázares, el teatro, la piscina cubierta y el centro integral de seguridad.

Desde las diez de esta mañana, y hasta las cinco de la tarde de hoy domingo, ha declarado Juan Escudero ante la juez y posteriormente lo hizo Mariano Ayuso hasta las diez y media de la noche. Eva María Algar ha prorrogado poco después su detención policial antes de terminar mañana lunes de interrogar a Mariano Ayuso, por lo que ambos han vuelto a la Comisaría de Policía de Cartagena, para pasar esta noche, en dos vehículos policiales distintos, ya que se intenta evitar al máximo el contacto entre ambos detenidos para disuadirles de la posible coordinación de sus declaraciones ante la juez.. Para el mediodía de mañana lunes se espera una resolución judicial sobre la suerte procesal del ex alcalde, el ex secretario y el arquitecto municipal.

Vistos los antecedentes con el resto de detenidos ya no hay la más mínima duda de que adoptará con ellos la misma o más dura resolución mañana, en un precedente muy esperanzador, junto con Totana, para la suerte de otros casos ya abiertos en la Región de Murcia, por cuestiones de corrupción urbanística, en los municipios de San Javier, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras y Águilas, entre otros.

La Policía Nacional está ahora reuniendo pruebas para imputar a cuatro personas más, todos ellos conocidos constructores de la comarca del Mar Menor, a partir del exámen de toda la documentación recogida en el área de Urbanismo y Hacienda del Ayuntamiento de Los Alcázares, casi unas 40 cajas.

Por otra parte, tres directivos de banca están imputados en este caso por un presunto delito de obstrucción a la Justicia por poner en alerta a los principales implicados al recibir los requerimientos judiciales sobre el movimiento de sus cuentas. No se descarta que la juez decrete su ingreso en prisión la próxima semana, una vez que comparezcan a declarar en el juzgado en presencia del fiscal Anticorrupción, José Luis Díaz Mananera, y éste presente cargos y solicite medidas cautelares por avisarles de que estaban siendo investigados por el juzgado de San Javier y por la Policía Nacional.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) llevan año y medio con la investigación de la 'Operación Ninette', que ha incluido un seguimiento de todos los sospechosos a través de 'pinchazos telefónicos' autorizados judicialmente, y ahora cuentan el refuerzo de los agentes de una Unidad de Intervención Policial (UIP) desplazados desde Valencia.

Los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial están investigando intensamente las propiedades de Juan Escudero tras buscar, sin suerte, maletines con dinero en su domicilio. Ahora rastrean la pista de posibles cuentas o propiedades que Escudero pudiera tener en paraísos fiscales. Todas las cuentas conocidas en España del ex alcalde y su esposa, Aurora Martínez Zapata, permanecen embargadas por orden judicial, y ella está igualmente imputada.

Opiniones desde el PP y el PSRM

La presidenta del Partido Popular en Los Alcázares, Mari Carmen Vigueras, ha recordado que la oposición de los populares en el Consistorio ya había mostrado su sorpresa por el hecho de que “todas las obras mayores municipales fueran adjudicadas a Construcciones Garcerán”.

Vigueras ha recordado también la vinculación de Francisco Javier Garcerán con la sociedad Ilka Balley, que estaría siendo investigada por la presunta adquisición de suelo propiedad del Ayuntamiento a un precio por debajo de su coste real, para una posterior presunta especulación urbanística con su venta final.

A la hora de valorar la trayectoria del ex-secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez, al frente de la secretaría general del Ayuntamiento de Los Alcázares, la presidenta local del PP afirmó que su partido siempre ha mantenido que su labor como técnico “dejaba mucho que desear”.

En cuanto a la posible vinculación de Sánchez con los expedientes urbanísticos que son objeto de la investigación judicial, Vigueras recordó que “determinadas cuestiones en materia de urbanismo no las puede hacer un político por sí solo, sin contar con un técnico”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha pedido “tolerancia cero” contra la corrupción porque, aseguró, “ataca la médula misma del sistema democrático y es uno de sus grandes enemigos”. Fernández Bermejo expresó su deseo de que todas las fuerzas políticas se den cuenta, sobre todo aquellas que todavía no lo han hecho, de lo importante que es llevar a cabo este tipo de tolerancia.

Indicó que se debe respetar la actuación de los jueces y eso, prosiguió, “exige primero que cada vez que un juez o fiscal estén actuando en relación con alguno de estos temas, hay que respetarlos y se debe dar por sentado que estos están defendiendo a la sociedad contra un modelo de criminalidad totalmente agresivo”.

En la misma línea pidió a todos los partidos que tengan algún miembro imputado, “que limpien sus casas” y elogió al PSRM-PSOE por haber haber expulsado al ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero y al concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, por estar implicados en la operación ‘Ninette’.

viernes, 18 de enero de 2008

El botín acumulado por la trama de Los Alcázares asciende a más de 100 millones de euros

CARTAGENA.- La ‘Operación Ninette’ ha llegado hasta el Principado de Andorra, donde se ha efectuado registro en una propiedad inmobiliaria perteneciente a Mariano Ayuso, arquitecto municipal de Los Alcázares, según fuentes de la investigación. Además, la cantidad de dinero inmovilizada ya en varias cuentas corrientes asciende a 35 millones de euros pero el botín acumulado por la trama no baja de los 100 millones. Ayuso (en la imagen) era conocido como el hombre de confianza en la Región de Murcia de Juan Antonio Roca y la Policía Nacional lo señala como el "cerebro" de toda la trama ahora descubierta y en proceso de desmantelamiento.

Todos los detenidos han pasado ya a disposición judicial y se espera que en los próximos dias, al menos el ex alcalde, Juan Escudero, y el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, ingresen en el Centro Penitenciario de Sangonera para evitar riesgo de fuga, destrucción de pruebas y ante los graves delitos que se les imputan, entre ellos presunto cohecho, y la alarma social producida en toda la Región de Murcia.

El resto, casi con toda seguridad, quedará libre, con cargos y bajo fianza, en el caso de los otros cuatro detenidos, y sin fianza para el resto de los imputados. Ahora también se debe determinar si existe o no un presunto delito fiscal y en qué casos.

La Policía Nacional ultimó esta misma mañana los informes inculpatorios para entregar a la juez y que, a partir de esta misma tarde, pudiera tomar declaración a los seis detenidos y resto de imputados en la sede del juzgado nº 2 de San Javier, lo que se podría prolongar hasta el domingo por la tarde, antes de dictar un auto conjunto.

La magistrada ha ordenado, de momento y excepcionalmente, arresto domiciliario para el ex secretario de la Corporación, Diego Sánchez, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, evitándole así dos nuevas y penosas noches en el calabozo, tras ser el primero en declarar por espacio de cuatro horas. Durante el sábado lo harán José Ignacio Ayuso y los Garcerán mientras el domingo está prevista la comparecencia de Mariano Ayuso y Juan Escudero.

Escudero, como el resto de detenidos, salió hoy esposado de la Comisaría de Cartagena. Al ir a montar en el furgón policial que lo trasladó a San Javier, el ex alcalde socialista de Los Alcázares dijo a quienes le interpelaron que "respeto a la Justicia y colaboraré con ella".

A partir de las seis de esta tarde ya comenzaron las declaraciones en el despacho de la titular del juzgado nº 2 de San Javier y, según parece, Escudero lo hará en último lugar la mañana del domingo. En las comparecencias está presente el fiscal Anticorrupción, José Luis Díaz Manzanera, quien acusa a los principales implicados, además de cohecho y blanqueo de capitales, de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude fiscal.

Los otros cinco detenidos salieron también esposados de la Comisaría y fueron introducidos en el mismo furgón en el que viajaba el ex primer edil, vehículo escoltado por otros dos más pequeños y que entró a los juzgados de San Javier por el garaje del sótano.

Escudero no compartía esposas con su compañero de calabozo, el secretario Diego Sánchez, visiblemente afectado al igual que los promotores Garcerán, sino con el arquitecto municipal, Mariano Ayuso. En las puertas del Palacio de Justicia les esperaban un notable grupo de amigos, vecinos, familiares y ya ex compañeros de partido.

El estado general de los seis detenidos es bueno, aunque varios de ellos aparentan estar muy afectados por su situación actual, mientras otros se han mostrado enfadados y hasta arrogantes en el trato con los policías que los detuvieron y/o interrogado. Escudero ha sido el último en declarar, durante unos noventa minutos, ante la Policía Nacional tras dos noches durmiendo en los calabozos de la Comisaría de Cartagena.

Resultado de las investigaciones

Cuatro inspectores de la Agencia Tributaria, especialistas en blanqueo de capitales, investigan, por otra parte, el patrimonio global de los 25 interrogados que, además de numerosos solares, bajos comerciales, viviendas y vehículos de lujo, incluye cuentas bancarias y una vivienda en Andorra. El patrimonio de los detenidos podría superar con creces los 100 millones de euros, en una primera estimación.

La juez de San Javier, Eva María Algar, considera que los arrestados podrían ser autores de malversación y blanqueo de capitales, si bien la investigación parece haber determinado que cometieron también presunto cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios.

La Policía Nacional trata de conocer ahora si los detenidos adjudicaron terrenos municipales a bajo precio, e incluso sin ninguna contraprestación económica, a empresas propiedad del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y su hermano, Juan Ignacio Ayuso. Entre los imputados se encuentra la cuñada de Mariano Ayuso, Inmaculada Camacho Escudero, prima segunda del ex alcalde Juan Escudero, y que figuraba hasta hace unos meses como la administradora única de numerosas empresas.

Las investigaciones realizadas por la Brigada de Blanqueo de Capitales (BBC) de la UDEV (Unidad de Delincuencia Económica y Violenta), con sede en Madrid, cifran en torno a la cantidad de 100 millones de euros el valor real de las propiedades descubiertas por los agentes en manos de los principales implicados aunque su valor catastral sea sensiblemente inferior.

Técnicos de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), requeridos por el juzgado nº 2 de San Javier, han sacado a la luz las propiedades y el dinero que los supuestos integrantes de la trama delictiva habrían tratado de ocultar bajo una red de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos paraísos fiscales.

Los especialistas calculan que el valor catastral de estos bienes es cuatro o cinco veces menor que su valor de mercado. El grueso lo componen parcelas de gran valor, la mayoría situadas en el término municipal de Los Alcázares, que los presuntos implicados habrían recibido de empresarios como supuestos pagos por la adjudicación de obra pública o por recalificación de terrenos. Luego eran puestos a nombre de sociedades instrumentales, al igual que solares públicos que fueron enajenados por adjudicación directa a esas mercantiles cuya administradora única era Inmaculada Camacho Escudero.

Entre los nuevos imputados se encuentran también tres directivos de entidades bancarias de la comarca del Mar Menor; cuatro arquitectos; la empleada de la Notaría de San Javier, Florentina Sánchez, a la vez, novia de Mariano Ayuso, y un ama de casa, Carmen Pérez, a cuyo nombre pusieron una valiosa finca.

Dos empleados del BBVA y otro de Caixa Nova, alertaron a los presuntos responsables de la trama de corrupción de que estaban siendo investigados cuando les llegó un requerimiento de la juez de San Javier para que entregasen todos los movimientos de varias cuentas bancarias. La ley les obliga a guardar silencio y a colaborar con la Justicia en las investigaciones sobre blanqueo de capitales.

El concejal de Urbanismo y Hacienda de Los Alcázares, Alfredo Blanco, es sospechoso, por su parte, de haber consentido las supuestas irregularidades urbanísticas y ahora dificilmente puede alegar ignorancia por llevar tres legislaturas con las competencias de Urbanismo en sus manos, dos de ellas con Juan Escudero como alcalde. El PSRM lo ha expulsado ya de sus filas y exigido que deje la concejalía conseguida en la candidatura socialista.

Entre los imputados están, igualmente, el técnico municipal de Urbanismo Salvador Galián, y Segismundo Martínez Pardo, contable de la empresa Garcerán Construcciones S.L., cuyo propietario, Valero Garcerán, y su hijo Francisco Javier se encuentran entre los detenidos.

Y cuatro arquitectos figuran entre la veintena de nuevos imputados, como sospechosos de haber incurrido en prácticas profesionales contrarias a la deontología profesional e ilegales, tras prestar su firma y sello a proyectos en Los Alcázares realizados, en realidad, por Mariano Ayuso, lo que resulta legalmente incompatible dada su condición de arquitecto municipal.

Aurora Martínez Zapata, esposa de Juan Escudero y directora de la academia "Las Claras", ha acudido, sorpresivamente a Comisaría, acompañada por su hermana y abogada, Piedad Loreto, y por la hermana del ex alcalde, Ana Escudero, con la excusa de visitar a su marido pero tuvo que prestar declaración ante la Policía.

Aunque el ex alcalde llevaba una existencia aparentemente modesta, la Policía Nacional ha detectado numerosos viajes suyos a Andorra con Mariano Ayuso. Por eso buscan en ese país pirenaico, y en otros paraísos fiscales, cuentas bancarias y propiedades a su nombre ya que no se le conoce una gran afición al esquí. Los investigadores buscan ahora cuentas de Escudero en Andorra y posibles inversiones en otros países del norte de Europa

Mariano Ayuso viajaba a Andorra con cierta frecuencia y ahora se le han descubierto cuentas allí por más de 600.000 euros (cien millones de pesetas), que se sospecha que el arquitecto municipal habría obtenido de forma ilícita y tratado de esconder.

Patrimonio detectado de los principales imputados

Juan Escudero. El ex alcalde Los Alcázares es junto con su mujer, Aurora Martínez Zapata, el propietario de numerosos bajos comerciales en la zona de Los Narejos.

En concreto, el ex diputado en la Asamblea Regional posee cinco locales comerciales y dos fincas urbanas con una superficie que supera los 5.000 metros cuadrados. También es dueño del colegio de Las Claras, del que es directora su mujer, junto con otros socios. En el PP aseguran que uno de sus sobrinos, que es estudiante, es dueño de tres fincas en Toledo, Huelva y Córdoba.

Mariano Ayuso. La investigación agrupa todas las propiedades del arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, incluyendo las sociedades que están a nombre de su hermano, Juan Ignacio Ayuso, y de la mujer de este, Inmaculada Camacho Escudero. Según el PP de Los Alcázares, las sociedades Ilka Baley, Dorma Golf y Dekema Bull, además de otra denominada Prett Iberia, estaban administradas hasta hace un año por Inmaculada Camacho.

Todas estas empresas son propietarias de más de 40.000 metros cuadrados de terreno recalificado. Ayuso es dueño, al menos, de una vivienda en el centro de Murcia, así como de una casa en Los Alcázares y de una mansión en Torrevieja. Los empresarios Garcerán, también detenidos, son dueños de algunas de las empresas asociadas a Ayuso.

Diego Sánchez. El secretario municipal, que se retiró con 70 años el pasado mes de diciembre, es el propietario de una decena de parcelas y viviendas en los municipios de Los Alcázares, Cartagena y Murcia, concretamente en El Palmar, pedanía en la que vivía con su mujer, recientemente fallecida. Muchas de las fincas se encuentran en la Urbanización "Nuevo Principado", en la que Escudero tiene locales comerciales.

Mano dura de los socialistas contra sus políticos imputados / Juan Redondo

Dicen los eclesiásticos que una cosa es predicar y otra dar limosna. Los socialistas pidieron a los populares medidas políticas contundentes contra los imputados en la “Operación Tótem” y en otras instituciones, dejando a los tribunales las posibles responsabilidades penales. “Tolerancia cero contra indicios racionales de presunta corrupción”, era su máxima.

Los Alcázares, histórico feudo socialistas del Mar Menor, era el gran recurso del PP en la batidora para equiparar comportamiento públicos presuntamente irregulares. Y el “avispero” malayo de nombre “Ninette” ha explotado con las generales a la vuelta de la esquina.

En esta ocasión los dirigentes regionales del PSOE han sido coherentes y han aplicado la “medicina” que recomendaban a los populares en Totana. Ante la duda razonable, militante fuera del partido y que los tribunales decidan. El primero fue Escudero, ayer le tocó el turno al concejal de urbanismo, Alfredo Blanco, a quién tras declarar unas horas dicen que se le plantea un futuro más bien oscuro. Tiene las horas contadas para entregar el acta de concejal o será enviado directamente al grupo mixto municipal. Y su militancia en el PSOE, al igual que la de Juan Escudero, pasa a formar parte de la memoria histórica.

Mientras tanto los populares mantienen sus apoyos al alcalde de Totana, con concentraciones incluidas, que cumple semanas en prisión y tardaron días en reaccionar ante la posible implicación de Morales en el escándalo totanero. Y no son los únicos imputados en procesos judiciales, ya que casi un tercio de sus alcaldes y algunos altos cargos regionales tiene asuntos pendientes con la Justicia.

En esta ocasión parece que la presencia de Bermejo en las listas del PSOE y la teoría de “tolerancia cero y caiga quien caiga” se está aplicando con rigor con los “ninettes” y “malayos”. Claro que las diferencias entre la trama totanera y la alcazareña es notable tanto la organización como por cuantías. En los “Totem” se habla de maletines de tres millones de euros y de improvisaciones de novatos con retirada de hasta una multa de tráfico. Los “ninettes”, según las filtraciones, estabáan perfectamente organizados, con sociedades interpuestas y aparentemente in operativas, y las cifras de las cantidades lucradas multiplican por algún cero las totaneras, con cuentas bancarias de miles de millones de pesetas inmovilizadas y depósitos en Andorra.

Pero como dice un veterano político, aspectos prosaicos con la misma raíz, un presunto comportamiento deleznable y delictivo, condenable y repudiable por políticos y ciudadanos. “Sí la han hecho que lo paguen en la perrera”, dice mi vecino. Y en eso están los jueces de Totana y San Javier. El PSOE ha sido contundente aplicando su norma en las responsabilidades política y no se ha andado con chiquitas con sus imputados.

La alcaldesa firme y trabajo para Paca Baraza

Los Alcázares ha funcionado en los últimos doce años como un feudo socialista de Juan Escudero y su equipo. Controlaba la agrupación local, el ayuntamiento y era un barón de mucho peso en la dirección regional dentro del sector llamado “jumista-ramoncista” tremendamente beligerante contra los “enanos”. La alcaldesa Encarna Gil contó con su beneplácito como candidata tras la retirada de su heredero político Martínez Meca.

Los socialistas han constituido una gestora y han puesto a Paca Baraza al frente. Trabajo tiene la militante socialista. Porque Los Alcázares no son San Javier, ni San Pedro, con estructuras precarias, en cuanto a la organización interna de los socialistas murcianos, aquí los tentáculos de Escudero eran largos y poderosos. La alcaldesa dice que se encuentra firme y decidida a luchar contra la corrupción, en la que se han visto implicados pesos pesados de la administración municipal.

Tras la sorpresa de Barreiro en el PP queda la pedrea

Tras la sorpresa inicial por el alumbramiento de Valcárcel para las generales, los populares están más contentos que un día de fiesta con Pilar Barreiro de cabeza de lista. Las llamadas y felicitaciones a la alcaldesa de Cartagena se cuentan por millares, incluso dicen que superan las que en su día recibió el ministro Bermejo de los simpatizantes socialistas. Parece que a Valcárcel le ha costado decidirse pero ha acertado con la tecla a la hora de sacar el premio gordo de la chistera.

Ahora queda la pedrea y el ajuste de piezas. Si Saura se preocupó de un reparto de la lista por territorios, en el caso del PP parece que importa más la calidad de los candidatos que su lugar de nacimiento. Murcia ciudad no va a tener en esta ocasión representantes destacados, si acaso alguna pedrea, en forma de quinto puesto y un lugar en el Senado. Para este puesto se habla de una mujer residente en Murcia, con experiencia parlamentaria, y son muchos los que apuntan a Diana Asurmendi.