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murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
lunes, 13 de noviembre de 2006
La sociedad civil al rescate de "Cajamurcia"
17 medidas contra la corrupción y especulación urbanística
Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que las propuestas del Gobierno
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, valora
dar ejemplo ante al ciudadanía".
Dávila afirmó que "es por ello que hacemos llegar las presentes propuestas a
la opinión pública y a las administraciones competentes para su estudio y
debate, como aportación para que se adopten las medidas legales y políticas
que consigan paralizar esta vorágine urbanística, que eviten nuevos casos de
equilibrado".
Los ecologistas entienden que es necesario un compromiso político, social e
institucional para que estas medidas puedan ponerse en práctica y evitar así
que la especulación y la corrupción urbanística siga extendiéndose de forma
irreversible en nuestro archipiélago.
Algunas de las medidas que proponemos son las siguientes:
1ª. Prohibición legal de los convenios urbanísticos, que son puras
compraventas de recalificaciones urbanísticas.
2ª. Prohibición de venta de los aprovechamientos urbanísticos de los
Ayuntamientos y de suelos públicos para usos que no sean equipamientos
públicos o viviendas protegidas.
3ª. Prohibición de Modificaciones Puntuales que tengan por objeto
reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables, o recalificar suelos
terciarios, industriales, de equipamientos, zonas verdes... a usos
residenciales.
4ª. Obligatoriedad de construcción de los equipamientos con carácter
previo a los desarrollos inmobiliarios.
5ª. La protección de un suelo debe suponer la imposibilidad de su
reclasificación como suelo urbanizable, y más en las condiciones de
limitación de nuestro territorio insular.
6ª. El crecimiento urbanístico de los pueblos y ciudades debe tener un
límite legal, en base a las necesidades de vivienda protegida y de
equipamientos públicos. No permitir a ningún Ayuntamiento reclasificaciones
y/o recalificaciones que supongan más de un 10% de aumento de viviendas y
suelo urbano/urbanizable por cada década, con la única excepción de las
necesidades de vivienda protegida.
7ª. Los crecimientos urbanísticos deben realizarse como ampliación de
los actuales núcleos urbanos, recogiendo estrictamente la filosofía al
respecto de las Directrices Generales de Ordenación, prohibiendo las
urbanizaciones segregadas de los núcleos urbanos.
8ª. Aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo
Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros,
para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas, este
aumento se podría realizar donde no haya núcleos urbanos consolidados.
9ª. Retirada total o parcial de las competencias sobre suelo que no sea
urbano a los Ayuntamientos.
10ª. Exigencia de certificación de la legalidad de las inversiones antes
de aprobar cualquier plan urbanístico o licencia de obras para impedir el
blanqueo de dinero.
11ª. Obligatoriedad de realizar una declaración anual de bienes de los
cargos electos y de libre designación de los Ayuntamientos, si es que
existen, y de sus familiares directos, con acceso público.
12ª. Compromiso político de un pacto anticorrupción, que incluya la
destitución inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación, que
esté imputado, procesado o condenado por la justicia.
13ª. Modificación legal para hacer responsable económico directo a los
cargos públicos que aprueben planes u obras ilegales, y a los técnicos que
las informen favorablemente. Exigir el pago de los gastos de su defensa a
los cargos públicos que sean condenados, al margén de sus responsabilidades
penales.
14ª. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y contra los delitos
medioambientales y urbanísticos con dedicación exclusiva. Crear juzgados
insulares o provinciales especializados en este tipo de delitos.
15ª. Facilitar el ejercicio de la acción pública a las asociaciones
entre cuyos fines se encuentran la defensa de la legalidad, del territorio
y/o del medio natural, así como la exigencia de responsabilidad a los
miembros de dichos tribunales y fiscalías si hicieran dejación de las
funciones encomendadas.
16ª. Promoción de la participación pública en los procedimientos
administrativos, facilitando el acceso a la información de las normas,
planeamiento municipal y de todo tipo de proyectos de construcción, así como
de los informes técnicos y jurídicos que lo justifican, implementando la
posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular
sobre los proyectos importantes de cada municipio o isla.
17ª. Potenciación del suelo rústico como principal valor de nuestro
territorio y facilitar la posibilidad de la recalificación de suelo urbano a
suelo rústico o de protección ambiental.
El ladrillo
domingo, 12 de noviembre de 2006
La hipótesis Trillo/El Minarete
http://www.vegamediapress.com
viernes, 10 de noviembre de 2006
Reflexión sobre cómo engaña el PP
Cajamurcia pierde, gana o no juega, ¿cómo lo sabemos?
¿Se podrá hacer algo en esta Región en lo que no tenga nada que ver Cajamurcia o simplemente en lo que actúe como entidad financiera que es, nada más? Si lo vemos será en el futuro, porque al día de hoy, ni de broma.
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jueves, 9 de noviembre de 2006
Sánchez Carrillo "en capilla"
Autoridades gubernativas de la Región ha viajado esta semana a Madrid para ser informados de los operativos policiales especiales diseñados para combatir la delincuencia de "cuello blanco" y la corrupción urbanística entre los murcianos.
domingo, 5 de noviembre de 2006
La corrupción mancha la imagen de España
El informe 2006, recién publicado, parte de la base de que “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.
Transparencia Internacional recuerda un informe del Defensor del Pueblo en el que se indica que los convenios urbanísticos permiten que el titular de unos terrenos se comprometa a llevar a cabo determinadas cesiones de suelo, independientemente de lo que exige la ley, o incluso a pagar dinero, a cambio de que el municipio afectado reclasifique o aumente la edificabilidad mediante la firma del correspondiente convenio urbanístico. Esta práctica, según la citada ONG, ha hecho posible que en la actualidad “se estén generando situaciones de corrupción muy numerosas”.
En concreto, se citan nueve formas de operar:
1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.
2. La modificación de los planes es frecuente.
3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.
4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.
5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.
6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.
7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.
8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan; en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.
9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias.
Financiación de los partidos políticos
El informe recuerda que en España, como en otros países europeos, aún está pendiente una adecuada regulación de la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, hasta que se resuelve esa cuestión, “será normal que sigan surgiendo escándalos sobre sobornos y extorsiones en las obras públicas”.
La conclusión que saca Transparencia Internacional no deja lugar a dudas: “El problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos. Éste es el principal cáncer y en el que el nuevo Gobierno deberá demostrar voluntad moralizadora”, concluye el documento.
El informe está firmado por el profesor Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien apunta que las administraciones locales, especialmente las que gobiernan los pueblos costeros, son las más vulnerables a la corrupción por su dependencia del urbanismo.
Este hecho, constatado a través de los procedimientos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción y las sentencias del Tribunal Supremo, tiene su origen en la dependencia de los ayuntamientos de los ingresos urbanísticos.
Por esta razón, en opinión de Villoria, los alcaldes son tan proclives a firmar convenios urbanísticos. Además, la vigilancia sobre las construcciones ilegales "es poco intensa", mientras que las sanciones no tienen capacidad disuasoria "porque consisten en una multa y rara vez en la demolición".
En este contexto, Villoria cree esencial que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo de financiación municipal para cortar esta dependencia de los ingresos urbanísticos. También entiende imprescindible que se endurezca la ley de incompatibilidades para prohibir taxativamente que un constructor o un empresario que contrate con las administraciones sea alcalde.
En el informe se pone de manifiesto que aproximadamente el 30% del precio de las casas en España se paga con dinero negro, un dato que, a juicio de Villoria, no pasa desapercibido en Hacienda. En su opinión para poner freno a esta práctica sería necesario actualizar el catastro e investigar todas aquellas ventas que se produzcan formalmente por debajo de los precios establecidos.
En el informe se pone de relieve cómo la corrupción va vinculada a la inestabilidad política y a la aparición de partidos independientes con fuerte dependencia de grupos inmobiliarios, aunque también destaca que los partidos tradicionales se ven asaltados por militantes que responden a intereses ajenos al político.
Villoria sospecha que los sucesivos gobiernos realmente no ponen en marcha las medidas precisas para impedir la corrupción vinculada al urbanismo porque "la construcción representa un porcentaje importante del Producto Interior Bruto (PIB) y es difícil, por tanto, que se tomen medidas drásticas que se sabe que penalizarían una actividad clave".
Este panorama se cierra, según resalta el estudio de Transparencia Internacional, con la corrupción judicial. "La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna. Así, donde es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias", sentencia. Villoria precisa, además, que la judicatura española es una de las que peor imagen, "sino la peor", transmiten en Europa. "En teoría los jueces se autocontrolan, pero no lo hacen y muestran gran corporativismo".
Para Villoria 'negocios y política cada vez van más unidos' y destaca el sector de la construcción en España como 'el más peligroso para la ética empresarial, influye en el blanqueo de capitales de los grupos criminales, se conecta con la corrupción política de los ayuntamientos y con la financiación de los partidos políticos'.
Ya en su informe de 2005, TI decía que la retención de bolsas de suelo en el entorno de las ciudades más pobladas y con mayor densidad, a la espera de recalificaciones, viene a ser el denominador común de unas prácticas que sitúan a España entre los países más corruptos de la UE por obra y gracia del fraude inmobiliario. De acuerdo con esta organización, se trata de los lodos que arrastran las aguas de un sistema de ingresos “preconstitucional” de los ayuntamientos y las corporaciones locales en España. Según este análisis, la exigencia de que los promotores cedan hasta un 10% de los terrenos a la Administración local sin que se especifique en qué condiciones se ha convertido en “un impuesto revolucionario” que genera “irregularidades y desigualdades”, ya que favorece a los grandes constructores y propietarios.
El Gobierno planea ahora aumentar la cesión de suelo obligatoria a los ayuntamientos, lo que, de acuerdo con el análisis de este organismo fiscalizador, se traducirá en mayores riesgos de prácticas corruptas. Gran desproporción entre el peso del sector público y el privado. Pero siempre hay más recursos al alcance de los ayuntamientos. Los planes parciales son, a juicio de muchos, el parche idóneo para retocar a la medida la estructura urbana de una ciudad sin tener que llegar al meollo de unos planes generales que, en muchos casos, datan de los ochenta. Sobre ese escenario, con políticas de remiendos, es donde muchos promotores entran en acción. Éstos son sólo dos botones de muestra de un sector que ni se inmuta ante los planes del Ejecutivo de liberar suelo público para promover hasta 28.000 pisos protegidos al año.
El contraste de otros dos datos sirve para ilustrar grandes desequilibrios: durante el último año, auspiciado por el Plan de Vivienda (se ejecuta exista ministerio del ramo o no), se ha aprobado la construcción de algo más de 51.400 viviendas protegidas para su venta. Mientras, en el mercado libre se han empezado a levantar más de 650.000. El 51% de la inversión extranjera en España, destinada a inmuebles. Mucho tiene que ver en todo esto ese urbanismo a toda costa del sol y playa que ha convertido la costa mediterránea en la más amenazada por un boom sin precedentes. ¿Las causas? Pues, entre otras, una de peso. Y es que la compra de inmuebles copa ya el 51% de la inversión extranjera en España.
Según datos de Caixa Catalunya, en el año 2000 las adquisiciones de pisos por no residentes representaban tan sólo un tímido 9% del total. Es esta tendencia lo que marca un inédito furor urbanístico en la costa mediterránea y que se salda, por ejemplo, con una previsión para levantar hasta medio millón de viviendas en Murcia y Almería. Pero estos planes se dan de bruces con la tozuda realidad que muestra la Confederación Hidrográfica del Segura. En esta cuenca, según Medio Ambiente, no hay un litro de agua para el desarrollo urbanístico de hasta un total de 23 municipios. Pero si la urbanización del litoral mediterráneo se encuentra en el dique seco, no es menor el auge que están experimentando las zonas costeras del norte peninsular. Sólo en la comunidad gallega está previsto construir más pisos que en toda la Costa del Sol.
Un total de 76 municipios costeros están revisando sus planes generales para aumentar la edificabilidad y abrir hueco urbanístico a nada menos que 600.000 nuevas viviendas. Otro tanto sucede en Asturias y Cantabria, mientras que en el centro, en comunidades como Madrid, es tal la presión urbanística que son los municipos del área metropolitana los que desde hace años albergan a auténticos magnates del suelo. La nómina vuelve a ser tan reducida como heterogénea la procedencia de estos empresarios, algunos originarios del mundo del fútbol; otros, antiguos concejales, como sucede en Getafe. Sus negocios se suman a las grandes del sector (ACS, Acciona, Fadesa, Ferrovial, Obrascón, con grandes bolsas) que, además, ven ahora en las filiales de las cajas de ahorros a un nuevo competidor.
martes, 31 de octubre de 2006
La vuelta de Javier Guillamón a Murcia
lunes, 30 de octubre de 2006
Los hombres de Ramón Luis/Hemeroteca para amnésicos
Begoña García Retegui
Diputada regional del PSRM
Hace una semana la portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique preguntaba al Presidente Valcárcel en la Asamblea Regional si este conocía la relación entre su hermano, Carlos Valcárcel, un concejal de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo y los propietarios de Polaris, empresa presente en la vida diaria de los murcianos, a raíz de los últimos acontecimientos acontecidos en Alhama, en donde la aritmética democrática frustró las expectativas de la empresa de construir miles de viviendas. Todo ello aderezado con singulares ruedas de prensa y declaraciones amenazantes en los medios de comunicación por parte de los dirigentes de la mencionada empresa.
En los últimos días se había añadido a la polémica urbanística la noticia sobre la sociedad mercantil tan peculiar que al parecer mantienen los dueños de Polaris con el hermano de Valcárcel y con el concejal. En un primer momento cuando se desveló esta relación el Gobierno del Partido Popular en declaraciones públicas se apresuró en considerar la noticia como una mentira, una infamia.... pero una vez supieron que era cierta, se apresuraron a hablar de ciudadanos liberales ejerciendo su profesión libremente, sin incompatibilidades....Todo muy legal se encargaban de proclamar a los cuatro vientos. Legal........ Pero si nadie había cuestionado la legalidad. ¿porqué se pusieron la venda antes de que tener herida?
Quizás sea porque aún pudiendo ser legal todo ello da mayor idea del entramado empresarial y político, de la confusión entre lo privado y público y todo ello siembra la duda más que razonable sobre posibles connivencias y tratos de favor.
Todo lo que por otra parte ya se venía comentando en los mentideros públicos: que los grandes negocios y las grandes inversiones en la región pasan siempre por determinados despachos
Para añadir más salsa a la cosa, el propio presidente y sin cambiar de camisa tras un viaje desde Berlín convoca la tarde de un viernes a los medios de comunicación en el Palacio de San Esteban, sede de la presidencia regional, para dar una rueda de prensa en la que defiende el honor familiar, la honradez de su hermano. ¿Es normal convocar una rueda de prensa en la sede presidencial para informar de un asunto al parecer sólo familiar?
El presidente regional vino a la Asamblea para contestar a las tres preguntas de rigor, una por grupo parlamentario con las que se despacha una vez al mes y no todos los meses. La contestación a la pregunta socialista la esperada: el no conocía las actividades del ciudadano Carlos Valcárcel, al que en ningún momento se refirió como su hermano. Y rápidamente pasamos a escuchar la pregunta del portavoz del grupo popular: valoración de la visita del presidente a La Moncloa el día anterior..
Zapatero no había dejado pasar la oportunidad. Su compromiso con la región dejaba sin argumentos las demandas de Valcárcel. Este se vio pillado. Por un lado la valoración de la reunión con Zapatero era positiva . Por otro el temor de que los titulares de la prensa ahondaran en los negocios de su hermano y en su débil posición marcaron la estrategia. Valcárcel como quien saca un conejo de la chistera anunció, sin venir a cuento, que acababa de pedirle al consejero de presidencia que estudiara la posibilidad de poner en marcha, unas brigadas de apoyo a la policía local, apodados hoy ya por algunos como "los hombres de Ramón Luis". Ni policía nacional ni local ni guardia civil. Ni carne ni pescado.
Nunca en las dos últimas legislaturas el PP ha permitido debatir sobre seguridad ciudadana en la Asamblea Regional.
Durante 8 años de gobierno de Aznar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han disminuido en la Región de forma significativa.
El PP ha incumplido su programa electoral y después de 8 años de vigencia de la Ley de coordinación de Policías Locales sigue sin aprobar las normas que posibiliten su cumplimiento.
Las plantillas de Policías municipales siguen muy por debajo de las necesidades de la población. Se estima que la región necesita por lo menos unos 600 efectivos más sólo para la población actual.
El "No modelo de desarrollo" de Valcárcel, con miles de viviendas aisladas y complejos privados nos condenan a ser una sociedad dividida en pobres y ricos. Y eso va siempre asociado a mayor inseguridad.
Valcárcel nos arrastra hacia ese modelo. El que ha prendido la mecha quiere aparecer con una manguera intentando convencernos de que ahora es el bombero.
Los sindicatos nos recuerdan que esa propuesta de Brigadas Policiales está fuera de toda legalidad. Ni siquiera lo permite nuestro Estatuto de Autonomía.
Primero fueron Los hombres de Harrelson. Después "Los hombres de Paco". Ahora los de Ramón Luis: Vaya parodia. Una mentira. Un invento de última hora para fabricar una noticia con la que pretende tapar los escandalosos negocios de algunos de sus familiares y amigos.
viernes, 27 de octubre de 2006
El capital amortiza a Valcárcel/El Minarete
El PP murciano se desangra a borbotones, herido de muerte por la rampante supuesta corrupción, que no le cede, desde Águilas a Cartagena y desde Ulea a Murcia. (Al alcalde aguileño Juan Ramírez, ya no lo presentan a la reelección ante todo lo que le espera en el TSJ de aquí a mayo, y le reemplaza de urgencia, Inmaculada García, la actual consejera de Hacienda).
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