miércoles, 11 de octubre de 2006

El pollo de Lo Poyo (por un testigo de cargo)



Informe anónimo recibido en nuestro e.mail y presuntamente remitido por un supuesto testigo de cargo

"Fue José A. Alonso “el camotín”, entonces Alcalde socialista de Cartagena y hoy prospero promotor inmobiliario y Andrés Ayala “el pajarito” entonces abogado y asesor urbanístico de la familia Armengol, además de ex asesor jurídico del Ayuntamiento, de Tomás Olivo y de la mitad de los promotores de La Manga y hoy flamante Diputado nacional por el PP, los que pertrechan la Reclasificación de LO POYO con anterioridad al año 1995 en que por primera vez da la cara tras la Aprobación inicial de la Modificación Nº 55 del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena (PGMO) que versa sobre Lo Poyo.

La reclasificación de Lo Poyo es paradigmática no solo por lo que se ha escrito sobre el asunto, sino porque fue la primera gran reclasificación de terrenos de carácter estructural que se tramitó y que hasta entonces nadie se había atrevido a proponer porque no caviar en el ordenamiento jurídico-urbanístico la posibilidad de modificar-reclasificar los planes de ordenación en las magnitudes y envergadura de LP. El PGMO de Cartagena así como otros muchos planes de ordenación determinaban claramente que asuntos como este debían esperar a la Revisión de los planes si es que no suponían en si mismo suficiente justificación para iniciar la Revisión del PGMO.

Lo Poyo supuso la ruptura de las buenas formas y prácticas de la cosa urbanística y el inicio de una desaforada carrera de reclasificaciones que perdura hasta nuestros días y que se significan objetivamente por tratarse de actuaciones urbanísticas al margen de lo que es un PGOU y de los elementos que definen la estructura territorial y orgánica de un municipio.

Pero volvamos a los orígenes, hablábamos del ex alcalde Alonso que desde entonces y hasta nuestros días, junto a otros ex funcionarios del Ayuntamiento, al frente de la Sociedad Cartagena Casco Antiguo, que funciona como otro cohete gracias a las buenas relaciones con el actual Ayuntamiento del que consigue importantes concesiones de obras y terrenos, como los del PERI CA-4 o nuevo barrio universitario. Alonso posteriormente y a raíz de aquello fue vetado por la cúpula socialista en su intento de repetir a la alcaldía que pasó a manos del PP en las siguientes elecciones por razones más que justificadas.

Alonso y Ayala preparan el terreno para la tramitación de Lo Poyo trajinándose a dos personajes que tenían que ser claves en la operación, por un lado el Secretario General de la Consejería de Política Territorial, cuyo Consejero era Ramón Ortiz, Rafael Martínez Campillo, abogado oriolano, exdiputado por el CDS y exfuncionario de la casa (DG Urbanismo) que nadie supo como había llegado a ganarse la confianza del PSOE para llegar a ser Director General de Urbanismo primero y Secretario General después. El otro personaje era Miguel Garulo, arquitecto alicantino y también exfuncionario de la casa que apadrinado por Martínez Campillo es nombrado Director General de Urbanismo.

El trabajo de estos dos “fontaneros” y nunca mejor empleado el apelativo, no se hizo esperar, tenían como misión preparar el terreno para el paso triunfal de Lo Poyo por la Comunidad Autónoma. El tandem M. Campillo & Garulo paralizan la tramitación de las “Directrices del Mar Menor” que suponían un obstáculo para la tramitación de LP cuyo expediente había entrado en la Comunidad Autónoma en abril de 1995. (La Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, el Acuerdo de la Asamblea Regional de 5-7-90 que instaba al Consejo de Gobierno para que L.P. fuera declarado espacio natural de especial protección en la Ley del territorio, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16-12 94 por el que se convalidaban los trabajos existentes de las Directrices del Mar Menor y se fijaba el plazo de finalización en Octubre 95).

Pero no era suficiente con la paralización de las directrices mencionadas, quedaba un cabo suelto que iba a ser difícil de sortear y era que la Ley de Atribuciones atribuía al Consejo de Gobierno la competencia para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana y de sus modificaciones. El Consejo de Gobierno no iba a pasar por ello porque entre otras cosas uno de sus hombres fuertes, Fuentes Zorita que había sido el impulsor de las Directrices del Mar Menor, alertado de lo que se pertrechaba no iba a consentir la reclasificación. Muy sutilmente y como por lo bajini M. Campillo & Garulo aprovechando la buena fe del Consejo de Gobierno, de los servicios jurídicos de la Comunidad y la inopia de R. Ortiz, modifican la Ley de Atribuciones para pasar las competencias de aprobación de los planes y sus modificaciones al Consejero de Política Territorial, competencia que se mantiene hasta nuestro días y que hace a nuestra Comunidad Autónoma una singularidad entre las comunidades autónomas del resto de España.

Lo Poyo empieza a tener trascendencia mediática tras su presentación en abril de 2005 en la CARM y tras la propuesta favorable del Consejo Asesor de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CAOTU) tras una escandalosa sesión en la que el Director General de Urbanismo M. Garulo que preside el Consejo, toma la palabra para que, de una forma insólita y sin precedentes y antes de oír el informe del ponente, hacer una ardorosa defensa del proyecto Lo Poyo y descalificar previamente el informe del ponente. El informe desfavorable del técnico responsable de informar los asuntos del área de Cartagena y ponente del CAOTU era demoledor y suficientemente motivado como para que Lo Poyo no hubiera sido aprobado. Sin embargo tras la beligerancia del Director General y la encendida defensa del proyecto en la intervención del Alcalde Alonso y la descalificación del ponente, los miembros del CAOTU que habían sido aleccionados en gran parte por Alonso (representantes socialistas de las consejerías y delegaciones ministeriales) callan y otorgan informando favorablemente el asunto no sin antes taparse las narices.

El paso siguiente era ya la aprobación definitiva por el Consejero Ortiz, pero este avisado o aleccionado por quien fuera, paraliza la tramitación y no llega a aprobar Lo Poyo. Las elecciones municipales y autonómicas estaban próximas y el asunto queda sobre la mesa.

Tras las elecciones y la consabida llegada del PP al poder, tanto en el Ayuntamiento de Cartagena como en la Comunidad Autónoma, es nombrado Consejero de Política Territorial J.R. Bustillo, ex concejal del Ayuntamiento de Cartagena que se lleva como Secretario General al ex asesor jurídico del ayuntamiento de Cartagena y de Lo Poyo, Andrés Ayala que a su vez se lleva como Director General de Urbanismo a su amigo y compañero de fatigas Rafael Amat, arquitecto del estudio Amat-Gadea-Amat.

Desde ese momento se produce la entrada a saco de estos personajes en la Consejería y en la DG de Urbanismo produciéndose una autentica serie de estragos por llamarlo de alguna forma que se suceden impunemente bajo la indiferente mirada y tancredismo del Consejero Bustillo, en forma anterior, posterior y contemporánea a Lo Poyo. Algunos de estos ejemplos antes de volver a Lo Poyo fueron:

    • Recalificación de terrenos de uso terciario a uso residencial en Cabo de Palos, propiedad de la Madre y familia de Federico Trillo Figueroa, proyecto del estudio Amat-Gadea.
    • Concesión del puerto deportivo de Puertomayor a Tomás Maestre. Difícil de entender que una vez hecha la cama por Ayala se le acueste Sánchez Carrillo y aparezca como consejero de Maestre, cuando es sabido, que no comulgan juntos. ¿Quién filtró la pertenencia de S. Carrillo al Consejo de Administración?
    • Reclasificación de “El Vivero” en La Manga y aprobación de un Plan Parcial inexistente en contra de los informes desfavorables de DG de Costas que es anulado por Sentencia de la Sala de Lo Contencioso después de varios apercibimientos de obstrucción a la Justicia por no remitir documentación. Recientemente aprobado se trata de terrenos propiedad de los conocidos promotores cartageneros Mariano Roca y Alfonso García “Portman Golf”
    • Tolerancia y archivo del expediente sancionador a Alfonso “Pandehigo” por construir y vender puntos de amarre en un muelle ilegal en el Club Náutico La Isleta de La Manga.
    • Liquidación de hecho, del Consejo Asesor de Urbanismo CAOTU al eliminar a los ponentes técnicos y limitar el número de sus miembros a representantes “oficiales” de las consejerías, eliminando a los miembros externos representantes de colegios profesionales, sindicatos, ecologistas, consumidores, etc. ¡Testigos no!. Ayala preside o asiste continuamente el CAOTU sin ser miembro del mismo ni ostentar delegación alguna. Ver Actas del CAOTU.
    • Invento del “peaje en sombra” para la ejecución y financiación de la Autovía del Noroeste, invento que ha hipotecado por 25 años los presupuestos de la DG de Carreteras al comprometer el pago durante esos años de más de 60.000 millones de pesetas por una obra que costó en torno a los 14.000 millones de pesetas.
    • Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, Ley singular donde las haya hecha por y para beneficiar el interés privado y de los promotores por encima del interés público, circunstancia que queda claramente expuesta en el art. 171 dando preferencia a la iniciativa privada frente a la iniciativa pública que en su caso tiene que justificar su actuación. ¡Insólito!

La lista podría ser interminable, pero como botón de muestra otras dos cuestiones, El estudio Amat-Gadea que como vulgarmente se dice no se había comido una rosca, pasa a liderar los estudios de arquitectura merced a la oportunidad que le brindan fundamentalmente las grandes reclasificaciones y las recomendaciones de Ayala-Amat. Hacienda El Álamo, La Glorieta, Cooperativa Monte príncipe, etc., etc.

Y también son muy significativas las continuas y veladas interferencias que el equipo Trillo-Ayala-Amat como lobby cartagenero hace sobre el aeropuerto de Corvera. Para ellos Corvera es Provincia de Murcia y San Javier es Provincia de Cartagena, por lo tanto y ya desde el Ministerio del Ejército tratan de favorecer con grandes inversiones el Aeropuerto de San Javier y boicotear subrepticiamente el de Corvera.

La salida de Trillo y Amat del Ministerio de Defensa supuso que se les jodiera el negocio que tenían muy avanzado de venta de la Ciudad del Aire en San Javier, en colaboración con el ínclito Alcalde Pepe Hernández y sus socios promotores. Por un lado se hace una Ley (militar) para desahuciar a los inquilinos históricos, que más o menos dice que cuando el Plan Urbanístico conceda una mayor edificabilidad que la existente a los solares estos podrán ser desalojados sin indemnización. Naturalmente el Plan urbanístico que es el nuevo PGOU de San Javier da mayor aprovechamiento a la Ciudad del Aire.

Ayala entre sus múltiples facetas es también empresario en actividades náuticas y en negocios de juego, con su socio, el aparejador Pedro J. Martínez Vidal (Presidente de la Agrupación Regional del juego o de maquinas tragaperras o como se llame), circunstancia de sobra conocida en Cartagena. Esta circunstancia que parece no tener mayor importancia, si la tiene si se tiene en cuenta que el Director General de Urbanismo es miembro nato de la Comisión Regional del Juego, que la Comisión Regional del Juego es la que adjudica los casinos de juego y la que adjudicó El Gran Casino Rincón de Pepe, al Grupo Orenes, fabricante de máquinas tragaperras y socio años después del ínclito Ayala en los Casinos de Juego de Logroño y Gijón, asunto ampliamente difundido en la prensa. Solo faltaba que las mercantiles de Ayala dedicadas al juego compraran por entonces sus máquinas tragaperras al Grupo Orenes y comprobar quien asistió a la sesión de la Comisión Regional del Juego, si el amigo Amat o el mismo Ayala para dejar claramente establecida la relación Ayala-Grupo Orenes.

Pero volvamos al asunto Lo Poyo propiamente dicho. Tomadas las riendas de la Consejería de Ordenación del Territorio, después Obras Públicas, Ayala & Amat comienzan la labor de zapa, acoso y derribo.

    • Suprimen la Sección de Planeamiento Urbanístico y trasladan a su Jefe, responsable y ponente del Informe Lo Poyo a otro departamento sin competencias urbanísticas.
    • Consiguen informes favorables del Jefe de Servicio de Urbanismo el arquitecto José M. Rodenas que debido a su rango “desautoriza” el informe del ponente. Rodenas, verdadero cerebro gris o factotum de la actual situación urbanística, de la Ley del Suelo y de las dos modificaciones de la misma necesarias para justificar todas las tropelías que se vienen haciendo desde entonces, es “recompensado” por su informe favorable y posteriormente es nombrado Director General de Infraestructuras Turísticas tras la salida de la Consejería de Bustillo&Ayala&Amat que se van todos a Madrid y la llegada del equipo de Ruiz Abellán.
    • Pero necesitaban el informe y la propuesta jurídica de la Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo y ello no solo no era posible que les fuera favorable sino que ni siquiera se atrevían a demandárselo, dada la independencia, rectitud y profesionalidad de la responsable del Servicio. Ante esta tesitura, puentean a la Jefa del Servicio Jurídico a la que ni siquiera pasan el expediente y encargan el informe jurídico y la propuesta de aprobación a un jurídico, funcionario interino con un pié en la calle, que ejerce de Jefe de Sección subordinado al Servicio. Su informe y propuesta favorable da lugar a la Aprobación Definitiva de la Modificación Nº 55 del PGMO de Cartagena conocida como Lo Poyo que es firmada por el Consejero Bustillo el 2 de agosto de 1996.

A partir de ese momento, verano y otoño del 96 se produce el gran escándalo de Lo Poyo, ampliamente recogido en los medios y denunciado fundamentalmente por organizaciones ecologistas encabezadas por ANSE y por IU que interpusieron Recurso Contencioso Administrativo. No existía Estudio Ambiental, se afectaba al Saladar de Lo Poyo y la reclasificación estaba afectada por el PORN del Mar Menor que estaba en tramitación.

Tras un Dictamen de la Comisión Europea al respecto, Valcárcel se ve obligado a pactar con los grupos ecologistas y se compromete con ellos a “echar” las casas mas atrás (se habla de un mínimo de 500 metros) para mayor protección del Saladar de Lo Poyo, pero no a disminuir el número de viviendas. Para ello da instrucciones a los responsables de Medio Ambiente encargados de tramitar el PORN del Litoral del Mar Menor.

Ayala no traga y no está dispuesto a modificar ni un ápice lo aprobado y para ello “envía” a la Secretaría General de la Consejería de Agricultura donde entonces radicaban las competencias de Medio Ambiente a su Vicesecretario en Política Territorial, Juan F. Martínez Oliva q.e.p.d. para que se oponga a las recomendaciones del Presidente y para que paralice el PORN o cualquier cosa que se mueva en torno a cuestiones ambientales que le pudieran suponer impedimentos legales. Así se hace y desde entonces no ha habido cojones a aprobar el PORN del MarMenor, ni ningún otro, dicho sea de paso. El mencionado PORN se llegó a aprobar inicialmente para con ello justificar la reclasificación de lo que podemos llamar Lo Poyo 2 o Nueva Cartago en San Ginés de la Jara pero no definitivamente, por lo que Nueva Cartago se encontraría en la misma o parecida situación a Lo Poyo. Lo que sucede es que la participación e intervención de la CAM en el asunto ha propiciado que los medios no hayan tomado cartas en el asunto ni tenga “interés” periodístico. Pero debe quedar claro que a efectos urbanísticos y medioambientales Lo Poyo y San Ginés de la Jara son la misma cosa.

El recurso contencioso de ANSE prospera y en el año 2000 el TSJ de Murcia Sentencia ordenando la suspensión de la Aprobación Definitiva de la Modificación de Lo Poyo, motivada fundamentalmente en la falta de evaluación y declaración de Impacto Ambiental.

Mientras tanto los propietarios Armengol, tramitan y consiguen la aprobación del Ayuntamiento con el visto bueno de la CARM del PAU y Plan Parcial correspondiente, que quedan en suspenso tras la Sentencia del TSJ. Todo queda paralizado mientras tramitan el Estudio de Impacto Ambiental y Lo Poyo es puesto en venta quedando en manos de numerosos intermediarios, corredores, tratantes, oportunistas y demás fauna, entre los que han trascendido nombres famosos como el de J.A. Roca (el de la operación Malaya y Marbella) y Paqui-Chelo Cano (cortesana murciana) sobre los que volveremos posteriormente. Sin embargo no se vuelve ha hablar de la intermediación de A. Ayala que supuestamente está apartado del asunto ¿Alguien cree que Ayala, conociendo su interés por la “pomada” se iba a quedar otra segunda vez, como en el caso de Puertomayor, fuera del negocio?.

Durante años, nadie es capaz de garantizar a los compradores la efectiva reclasificación de los terrenos hasta que solo o en compañía de otros aparece el hortera de J.A.Roca dándose abrazos con el Concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillen, abrazo que debió ser muy presenciado o incluso fotografiado ya que el propio Guillen ha tenido que reconocerlo muy recientemente aunque dejando bien claro “que le tuve que parar los pies”. La cosa es que Roca intermedia, compra o simplemente a través de opciones de compra se lleva el gato al agua y obtiene las garantías suficientes de que los terrenos van a ser reclasificados como para revenderlos por 213 millones de euros al grupo de “incautos” vascos.

Es evidente que ningún incauto por muy incauto que sea paga cerca de 40.000 millones de pesetas por unos terrenos sin las garantías efectivas de reclasificación y más aun si entre los incautos está un banco como la Kutxa y el resto de socios son conocidos y procesados por sus tropelías en Marbella donde ya se sabe como actúan. Como las garantías no pueden estar escritas, tienen que ser verbales (pacto entre canallas) y Roca no era nadie para dar ese tipo de garantías. Las garantías verbales solo las puede dar quien tiene poder de decisión y el poder de decisión lo tienen como es más que evidente en este caso LOS POLITICOS, ya sean del Ayuntamiento de Cartagena ya sean de la Comunidad Autónoma o altos cargos a nivel nacional.

Como todo el mundo entiende, las garantías tienen un precio y un pacto entre canallas, si tu reclasificas yo pago y aquí paz y después gloria, pero si tu no reclasificas yo canto porque el dinero ya sé que no lo voy a recuperar (salvo que se trate de mafias violentas, que esos si que lo recuperan). Y llegados a este momento obsérvense las similitudes existentes entre Lo Poyo y La Cerrichera, espacios naturales protegidos, intermediarios listillos, tramitación conflictiva, políticos en entredicho y al final los mismos compradores la Kutxa y sus atlatares.

Al payo listo de La Cerrichera cuando le llamó cobarde a Valcárcel, solo le falto añadirle si le iba a devolver las perras o el piso del Banco Exterior en la Gran Vía murciana.

Hecha ya la venta formalmente y escriturados los terrenos (marzo de 2004) a favor de los ya mentados y conocidos incautos (El Tony Leblanc de Los Tramposos se estaría descojonando en ese momento) el Ayuntamiento de Cartagena reinicia la tramitación, es de suponer que a instancias de los nuevos propietarios, primero activando el Estudio de Impacto Ambiental que como era de prever es aprobado por Medio Ambiente en Enero de 2005 sin que esté aprobado previamente el PORN del Mar Menor como ya ocurrió también con la EIA de Nueva Cartago y como también ocurrió con la EIA de La Cerrichera donde tampoco estaba aprobado el PORN correspondiente y después con la formulación por el propio Ayuntamiento de la Nueva Modificación 55 del PGMO de Cartagena en Lo Poyo que se encuentra pendiente de aprobación definitiva por la Comunidad Autónoma.

Se ha insistido mucho en lo de los PORN, porque estos son los que establecen los usos del suelo en las zonas protegidas y prevalecen sobre los planes de ordenación. Quiere ello decir que en tanto en cuanto no se hayan aprobado definitivamente los PORN los planes de ordenación no pueden establecer ningún tipo de uso sobre el territorio protegido y su ámbito de protección ni los EIA pueden ser aprobados por falta de marco legal de referencia. En el caso de Lo Poyo, Nueva Cartago y Cerrichera se han pasado los PORN por el forro y alguien se la ha jugado si el Fiscal llega a actuar conforme a Ley.

Quien está detrás de todo, el concejalillo del abrazo, la alcaldesa, el director general, el consejero, el hermano, el diputado o el gran hermano. La clave está en ¿quién mando a Paqui-Chelo de intermediaria?.

La huida hacia delante de la alcaldesa remitiendo el expediente de Lo Poyo al fiscal, es algo más que un gesto, es un sálvese quien pueda que yo no me llevado ni un euro, que esto ya no va de responsabilidades políticas, que esto va de carcel".

Continuará........

lunes, 9 de octubre de 2006

Rebelión a bordo


El secretario general del PSRM, Pedro Saura, no termina de hacerse del todo con la organización. Tras cerrar de algún modo en falso el último congreso regional de los socialistas murcianos por medio de un consenso minado en su esencia, ahora se encuentra con muchas resistencias internas de la vieja guardia a la hora de elaborar unas candidaturas municipales y autonómica casi sin mediar un proceso de primarias. Este profesor universitario de Economía no está, en cambio, para nada desanimado ante semejante rebelión a bordo y las contundentes críticas de una prensa independiente y más que impaciente con él para ver la estrategia desplegada para intentar captar desde el centro los votos de una derecha regional muy avergonzada con su desgastado líder. El único riesgo, menor, de tanto contorsionismo es ceder votos por la izquierda a IU.

Además, gentes como Abellán, Sanes, Navarro o Escudero (miembros de la anterior ejecutiva regional y anclados en los viejos clichés del pasado) más en línea con su antecesor, Ramón Ortiz, no parecen dispuestos a ser laminados del todo por la aplicada política de Zapatero con Bono y Rodríguez Ibarra. Nuestros “barones” han planteado batalla a Saura para quedar, al menos, como diputados regionales y ejercer así de caciques en sus respectivas comarcas de cara a un casi seguro triunfo socialista para poder gobernar desde San Esteban en muy probable coalición con otros. Saura representa el camino para reemplazar a una extrema derecha regional, en la que se mezclan, muy confundidos y en connivencia, poder político y poder económico, y eso significa conceptualmente corrupción para el saqueo. Valcárcel parece ha convertido nuestra región en un particular patio de Monipodio para sus amigos y familiares.

Aquel se encuentra ante el falso dilema de ceder algo y dar una imagen pública de estancamiento por falta de voluntad de renovación, o abrir el partido a la sociedad para poder prescindir de los retardatarios por patrimonialistas y enredados en la corrupción urbanística más reciente. La fuerza moral está de parte de un Saura, que deberá buscar, además, financiación electoral en otras entidades distintas de las habituales y entre un pequeño y mediano empresariado al que ser útil de llegar al poder. Aquí no tiene opción, como tampoco la tiene a la hora de asumir planteamientos del siglo XXI, como la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, asumir a las minorías étnicas de nuestra inmigración y la lucha contra la pobreza, y apostar por la máxima calidad en la educación pública y en el Servicio Murciano de Salud, todo desde una decidida responsabilidad para lo social que es tradición en el pensamiento político europeo.

En medio de esa tensión interna, los conocidos de tiempo como los “enanos” tratan de ganar cuota de poder ante la reciente indecisión o imposibilidad de Saura de asumir efectivamente el liderazgo del PSRM y ahora aspirarían a convertirse en la piedra sobre la que apoyar una definitiva renovación, controlada también “ex aequo” por alguno de ellos, ante el debilitamiento del secretario general por mor de un “aparato” residual que sabotea cada paso de avance en el inaplazable cambio de caretos para poder concurrir a las urnas tal como desea Ferraz. Ellos tienen la mejor conexión con José Blanco y cierta infraestructura de apoyo mediático, muy engrasada ya y en trance de ofrecerle a Saura la difusión de sus mensajes político-ideológicos casi con el mismo alcance o más que los rancios medios en manos de la reacción.

En ese sentido, la silenciada deserción de personalidades independientes en la redacción del programa electoral socialista por la creciente confusión reinante y las decisiones precipitadas sobre candidatos en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina, habrían instalado a la sede de Princesa en un punto de inflexión del que ahora se trata de salir a toda costa, dando un impulso al partido, que pasaría por rescatar lo perdido y trufar de simpatizantes sin hipotecas unas listas municipales que se iban a dar a conocer en septiembre y de las que se sigue sin tener ni idea de cómo terminarán siendo en su composición final. La bola está en el tejado de Saura pese a la presión a que le somete el viejo “aparato” del PSRM, precisamente aquel firmante de un pacto de tolerancia y reparto de influencias con el postfranquismo murciano y que ahora Saura debería liquidar en línea con la estrategia de Zapatero a nivel nacional. Ese residuo del pasado se enroca en la CROEM y “Cajamurcia”, y es responsable intelectual de la estrategia sin concesiones del PP.

En ese envite se juega Saura el ser o no ser dentro de la política murciana de la próxima década. Si defrauda a su base social natural, no llegara a la meta porque la abstención lo minará más todavía que a un Valcárcel abandonado por la derecha más decente pese a las mayores posibilidades del PP para las municipales en Murcia y Cartagena a pesar de los escándalos de “Nueva Condomina” y “Lo Poyo”. De progresar en la prensa un desgaste por ambos “pelotazos”, el pronóstico se iría tornando a favor del PSRM y el resultado sería más incierto cuanto más cerca del 27 de mayo. Es una estrategia casi obligada mientras los viejos camaradas de las épocas Juma, Amat y Ortiz prosperan en los negocios al ver alejarse la posibilidad objetiva de seguir en política con Zapatero.

En cuanto al programa electoral, y dados esos abandonos no definitivos de “cerebros” intelectuales de la izquierda no militante murciana, nada se sabe ni se comenta para evitar reconocer esta fatal circunstancia, por lo que una recomposición de la situación deberá pasar por una conexión urgente de la organización socialista con los presupuestos conocidos de una avanzada sociedad civil, que sigue dando muestras de vigor y representación simbólica de una numerosa población regional, absolutamente inclinada por el cambio de progreso en el gobierno de la Comunidad Autónoma y de nuestros municipios más necesitados y concienciados con los valores de la modernidad. Si Saura tiene la visión de buscar, y la suerte de encontrar, la clave rápida de esa concertación, su identificación con las bases sociales en marcha por el cambio estará más que asegurada y lo catapultará a un triunfo electoral, puede que relativo, pero triunfo.

La capacidad demostrada por IURM al proponer al líder social aguileño Costa Morata como candidato a la Asamblea Regional, obliga a los socialistas a no quedar descolgados de una conexión comprometida públicamente con las plataformas civiles que conservan todavía una demostrada capacidad de movilización frente a los excesos de una derecha en proceso de criminalización, radicalización, y extremismo, que hace preocupar en Bruselas y desear un cambio democrático hacia la moderación en tierras murcianas. Zapatero no puede permitir que este PP siga gobernando la cuenca del Segura por las mayores posibilidades de dar aquí el vuelco electoral que en la Comunidad Valenciana. Y en eso está.

El más que aparente parón en la Fiscalía del TSJ sobre los casos de presunta corrupción que parecen atenazar al PP murciano y la más que, parece, ausencia de investigación policial autóctona al respecto, debiera ser un aviso serio a la Oposición de que la campaña electoral es cosa de los políticos y no de unos jueces murcianos muy inclinados al conservadurismo. En la actual dirección del PSRM no existe en puridad ahora mismo, moral absoluta de victoria, aún a sabiendas de que una derrota significaría su desaparición de la escena, más por decisión de Zapatero que por venganza de una vieja guardia irritada y a la expectativa para arrebatarle el control. Los socialistas tienen ahora en su mano, y por mucho tiempo, la probabilidad de desalojar al PP del palacio de San Esteban si se ponen a ello sin más dilaciones y con la suficiente generosidad como para que se forje la unidad de todas las fuerzas que aquí están por el cambio.

Los errores enmendables cometidos por Saura con el nombramiento de Fuentes Zorita al frente del PSRM y, tal vez, de un muy centrista delegado del Gobierno y catedrático de la UMU, poco decidido a hacer pasar a los populares por el desgaste de una investigación policial que justifique inmediatas actuaciones de la Fiscalía, dificulta todavía, en gran medida, la marcha de Saura hacia San Esteban, después de confiar, evidentemente en exceso por desconocimiento o adecuada falta de asesoramiento experto, en el único apoyo mediático de la SER de aquí a las elecciones, tras descartar a corto y medio plazo la neutralidad de “La Verdad” y “La Opinión” por los compromisos publicitarios contraídos con la turbia pirámide de intereses que, cada vez, más groseramente sostiene a un Valcárcel desahuciado para el futuro.

La Región de Murcia necesita reformas en profundidad, menos pragmatismo degenerador, y una revolución moral en contra del “stablishment” político-económico-mediático, que ha devenido finalmente en una suerte de mafia para someter, al margen de los votos, a la debilitada democracia murciana. Ahora se demuestra la imposibilidad de profundizar en esa democracia sobre los cimientos de un postfranquismo regional en descomposición y sin purgar desde los sucesivos gobiernos que formó en su día el PSRM. Ese engendro es el que ha venido expoliando nuestro medio físico en beneficio de espurios intereses privados y el que Saura tiene toda la obligación de desactivar desde la legitimidad que se le otorgue como ala moderada de la izquierda.

Las tramas de corrupción deben ser, pues, su primer objetivo de saneamiento para acabar con los compadreos de políticos y hombres de negocios, y los funcionarios que son cooperadores necesarios, para conseguir más transparencia en la gestión pública murciana. Esta región necesita con urgencia una Fundación para la Promoción y Protección de la Sociedad Democrática tras la larga “noche” del PP. Saura tiene la vez para sacarnos a todos del “shock” a que nos ha sometido un capitalismo más que salvaje. Se trata, nada menos, de que los murcianos recuperemos la plena soberanía sobre lo nuestro.