MURCIA.- La historia reciente de Murcia evidencia que seis meses en política son una eternidad. El intento del PSOE y Ciudadanos de desbancar al Partido Popular del Gobierno regional el pasado marzo, tras 25 años ininterrumpidos ostentando el poder, forzó un giro de 180 grados en la composición del Ejecutivo murciano y también en el parlarmento regional, a juicio de www.eldiario.es
La entrada de tres de los cuatro tránsfugas del partido de Arrimadas a las consejerías –que dinamitaron la moción–, además de uno de los expulsados de Vox a la cartera de Educación, supuso un revulsivo que consolidó el poder de los populares al no depender de aliados externos para aprobar las medidas y mociones que propusieran.
Una de las detonantes de la moción fue Isabel Franco, actual vicepresidenta de la Región de Murcia, además de consejera de la cartera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Cinco meses después, la dirigente ha mantenido sus competencias, y ha tenido que lidiar con varios frentes. La investigación sobre el posible fraude en las primarias que la hicieron candidata a la presidencia de la Comunidad en las elecciones de 2019 por Ciudadanos –partido del que fue expulsada por reventar la moción– continúa y de momento la evolución del caso no le ayuda.
Intentó, al igual que su expartido, personarse como víctima del pucherazo en las primarias. Un extremo que el juzgado murciano competente rechazó rotundamente. Mientras tanto, la UDEF ha reclamado información sobre los comicios a la formación política en reiteradas ocasiones, llegando a acusarlos de obstaculizar la investigación intencionadamente.
A nivel institucional, Franco ha tenido que lidiar con los contagios en las residencias de mayores y discapacitados en la última ola. Hace escasos días, comenzaban con el cribado diario de los trabajadores de dichos centros que hubieran optado por no vacunarse (solo un 4% según fuentes oficiales). Según datos del 11 de agosto, se han registrado 72 contagios, con 20 trabajadores y 72 usuarios con positivos, además de seis fallecidos.
Por otra parte, la vicepresidenta dio luz verde en abril a un plan de siete millones de euros para fomentar la conciliación familiar, además de ratificar 414.000 euros para la atención a las víctimas de violencia sexual. Hasta finales de junio, Franco tuvo que compaginar su agenda habitual con la de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, hasta que su compañero Antonio Sánchez Lorente –un quinto dirigente de Cs que se alió con el PP en la moción– volviera a ocupar su puesto de parlamentario.
Si bien no se sacaron adelante nuevas medidas dentro de dicha cartera, participó en más de una decena de eventos: desde dar la bienvenida a nuevas promociones de bomberos, hasta coordinar desde el 112 los recursos disponibles ante la posibilidad de los fenómenos meteorológicos adversos.
Franco tuvo que capear otro temporal cuando a finales de mayo el observatorio LGTBI murciano dio sus primeros pasos. Dos colectivos del sector, No Te Prives y Galactyco, criticaron que una de las hijas del presidente de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, tuviera un puesto dentro del observatorio.
El máximo dirigente de la UCAM llegó a calificar el matrimonio homosexual como "una abominación ante los ojos de Dios". Al poco tiempo, desde la Católica aseguraron que no sabían cómo su representante había acabado ahí y fue retirada. No obstante, las quejas no cesan a día de hoy, teniendo en cuenta que quien preside el organismo es la consejera de Educación, Mabel Campuzano, una de los tres ex de Vox que bloquearon la moción de censura.
La 'superconsejera'
María del Valle Miguélez Santiago, otra de las diputadas que firmó la moción y luego se echó atrás, ha aprovechado todas las ocasiones posibles para ensalzar las bonanzas del Gobierno del PP al que hoy representa tras traicionar a sus excompañeros de Ciudadanos.
"El Gobierno regional está viviendo uno de sus mejores momentos", aseguró hace unas semanas en una de las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, en las que comparece semanalmente como portavoz del Ejecutivo en sustitución de su excompañera Ana Martínez Vidal, líder de los naranjas afines a Inés Arrimadas y cabeza visible de la moción de censura del pasado marzo junto al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa.
Miguélez, apodada la 'superconsejera' aglutina áreas de dos consejerías y preside seis carteras: Empresa, Industria, Portavocía, Empleo, Investigación y Universidades, departamentos en los que ya ha impulsado planes para fomentar la economía social, la creación de empleo o la reactivación de la industria en la Región.
Entre los asuntos incómodos que ha tenido que lidiar se encuentran las acusaciones al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), dependiente de Empresa, por un presunto caso de corrupción en la concesión de subvenciones a empresas vinculadas al productor de televisión José Luis Moreno en la en la Operación Titella. Grupos de la oposición han pedido la comparecencia urgente de Miguélez ante el pleno de la Asamblea Regional, pero no han obtenido respuesta.
Además, se le ha criticado también por actuar dentro de la Consejería de Universidades imponiendo su autoridad para beneficiar a la UCAM. La consejera evitó que se votase en el Consejo Interuniversitario la ampliación del grado de Medicina de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) para impartir esta formación el próximo curso en su campus de Cartagena. La Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), contrarias a su implantación, habían pedido manifestarse sobre ese punto en la reunión pero no se llevó a cabo por orden suya.
Desde la Consejería que ocupa Miguélez destacan entre los logros de la ex de Ciudadanos la firma del V Pacto por la Economía Social, con un presupuesto de más de 24 millones de euros para el periodo 2021–2024, con el objetivo de generar 5.000 puestos de trabajo (80% indefinidos) y la creación de 1.000 empresas; la firma de la Estrategia de Empleo para alcanzar en cuatro años la cifra de 640.000 personas ocupadas en la Región; el Plan de recualificación del sector industrial de Cartagena o el desbloqueo de la Zona de Actividades Logísticas de la ciudad portuaria.
En la misma línea, fuentes de la Consejería señalan que se han creado programas para ayudar a aquellas personas que se quedaron en desempleo con motivo del COVID–19, o que tuvieron que cerrar negocios o se han visto afectados por un ERTE.
El consejero fugaz y el presidente tránsfuga
Francisco Álvarez, el tercer diputado de Cs que sentenció la moción con su voto contrario, entró como consejero de Empleo, Investigación y Universidades, pero a los 26 días se marchó. Los planes de los tránsfugas cambiaron: decidieron tomar el control del grupo parlamentario de Ciudadanos, al ser mayoría –cuatro de seis–. Para ello, precisaron que Álvarez cesara de su cartera y así ser su nuevo coordinador. Álvarez ostentó la cartera durante 26 días, un corto espacio de tiempo que no le ha permitido dejar legado alguno.
Alberto Castillo, el cuarto dirigente de Ciudadanos en discordia, fue quien receló hasta último momento de explicar cual sería el sentido de su voto en la moción de censura. Finalmente se abstuvo: se escudó en que su cargo era el de presidente de la mesa en la Asamblea Regional y en que, siendo el último en votar, ya se sabía que la moción no saldría adelante, por lo que quería mantener su "objetividad". Ciudadanos terminó por expulsarlo al poco tiempo. A mediados de julio, Castillo se revolvió e interpuso una demanda civil contra el partido, en la que reclama que se anule su proceso de expulsión y su incorporación inmediata en la formación de Arrimadas.
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