MURCIA.- La Consejería de Política Social ha
demandado la incorporación de 85 trabajadores de la Comunidad Autónoma
para reforzar la labor desempeñada por el Instituto Murciano de Acción
Social (IMAS) en las siete residencias públicas de mayores y los cinco
centros de personas con discapacidad, también de titularidad pública, de
la Región de Murcia.
Fuentes del Gobierno regional han indicado hoy que, en
concreto, el IMAS quiere incorporar mientras dure esta situación 2
médicos, 4 psicólogos, 9 fisioterapeutas, 10 enfermeros, 2 educadores y
18 auxiliares, así como 10 empleados de cocina y 5 ayudantes, 4 para
mantenimiento, un ayudante de servicio y un ordenanza.
El secretario general de la Consejería, Antonio Sánchez, ha
explicado que el objetivo no es suplir carencias en las residencias y
centros de personas con discapacidad, sino "reforzar" el servicio
prestado desde ellos para abordar "con mayor solvencia" la situación
provocada por la crisis sanitaria ante la expansión del coronavirus.
Otras consejerías como la de Empleo, dirigida por Miguel Motas,
han recurrido a la misma fórmula de captación de profesionales de otros
departamentos para poder hacer frente al ingente número de Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados por las empresas
murcianas desde la declaración del estado de alarma.
Los profesionales serán convocados mediante llamamientos
atendiendo a criterios de localidad y antigüedad, y no podrán ser
apelados ni educadores de educación infantil ni profesionales con una
categoría reconocida A2 o C1, según ha informado el sindicato Comisiones
Obreras de la Región de Murcia.
Por otro lado, Sánchez ha explicado que desde la Consejería se ha
elaborado un informe en el que se pone de manifiesto el incremento de
personas que van a pasar, a raíz de las consecuencias labores y sociales
de la pandemia, a encontrarse en situación de exclusión y pobreza.
"Colectivos que antes eran vulnerables ahora van a pasar a estar
en riesgo de exclusión, y los que estaban en riesgo de exclusión a la
pobreza severa", ha indicado Sánchez, quien ha especificado que en esta
última situación se encontraban unas 23.000 personas en la Región de
Murcia antes de la crisis.
Este escenario requiere, a juicio del secretario general, un
"refuerzo" en las partidas que sustentan las políticas sociales
impulsadas por el Gobierno regional, entre las que se encuentran el
apoyo a las familias y la infancia; la empleabilidad para personas
vulnerables; la lucha contra la pobreza y la Renta Básica de Inserción
(RBI).
Esta última cuenta en los Presupuestos Generales de la Comunidad
para 2020, todavía sin aprobar, con una partida de 18,5 millones de
euros que la Consejería de Política Social, dirigida por Isabel Franco,
quiere incrementar hasta los 37 millones para cubrir las necesidades de
quienes se encuentran en situación de pobreza severa.
Sánchez ha explicado que recientemente se han flexibilizado los
criterios para acceder a estas ayudas, cuyo número de demandantes ha
crecido en 500 personas desde el inicio de la crisis, y que, incluso se
están otorgando por vía telemática ante las restricciones presenciales
propias del estado de alarma.
Por último, el secretario general ha informado de que desde
Política Social barajan la posibilidad de adelantar el estudio que se
elabora anualmente sobre la situación de la pobreza en la Región para
tener datos, cuanto antes, de cómo ha afectado la pandemia en términos
cuantitativos.
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